EDITORIALES: Cuando el Constitucional elude su deber

EDITORIALES DEL DÍA
CUANDO EL CONSTITUCIONAL ELUDE SU DEBER

EL TRIBUNAL Constitucional admitió ayer a trámite el recurso del PP contra 38 artículos y cinco disposiciones de la Ley de Educación de Cataluña, aprobada el 10 de julio pasado. En principio, el PP no iba a recurrir esta norma, ya que esperaba el fallo del Constitucional sobre su recurso contra el Estatuto de Cataluña, presentado en julio de 2006. Ha sido la demora del Alto Tribunal lo que aconsejó al PP recurrir específicamente la Ley de Educación el mes pasado con argumentos muy parecidos a los que ya utilizaba en su recurso contra el Estatuto, en el que se sustenta la nueva ley.

Esta situación no hace más que poner en evidencia por enésima vez el incomprensible retraso del Constitucional, que lleva tres años y cuatro meses deliberando sobre el recurso del PP. A lo largo de este tiempo, el Parlamento de Cataluña ha aprobado decenas de leyes, decretos y otras disposiciones que desarrollan el Estatuto, en flagrante contradicción con la letra y el espíritu de la Constitución. La Ley de Educación es una muestra de ello, pues ignora totalmente las normas educativas del Estado. De entrada, prevé la creación de un cuerpo docente catalán que impide que profesores de fuera de Cataluña puedan dar clases en esa comunidad.

«La cuestión más crucial que la Ley de Educación plantea es si el legislador autonómico puede regular a su arbitrio cualquier materia o debe constreñirse a las materias que la Constitución le atribuye como propias», dice el PP en el recurso. Tras un repaso exhaustivo de la norma, concluye que el Parlamento catalán se ha erigido como «un poder constituyente» que vulnera el artículo 27 de la Constitución sobre el derecho a la educación, así como el artículo 3, que establece que el castellano es la lengua oficial del Estado.

El repaso que hace el PP de los abusos y las incongruencias de la Ley de Educación es devastador, pero lo más grave -como insiste el recurso- es que se impide que los padres puedan elegir la lengua vehicular de la educación de sus hijos. Hasta ahora, la ley catalana de Política Lingüística, de 1998, garantizaba la escolarización en castellano hasta los ocho años. Ahora se impone el catalán como única lengua desde la enseñanza primaria -salvo en su primer curso- hasta la Universidad, en el contexto de unas políticas de normalización que intentan borrar el castellano de Cataluña.

Los populares advierten, con razón, de que se pretenden vulnerar derechos de una parte considerable de los ciudadanos, y todo en atención a un principio tan discutible como el de que la enseñanza «cultivará el sentimiento de pertenencia a la nación catalana». No puede ser más clara la evocación de aquella asignatura llamada Formación del Espíritu Nacional que el franquismo impartía como obligatoria o la de las ideologías nacionalsocialistas de los años 30 en Europa, que exaltaban la supeditación del individuo a la nación y a la raza. No es casual que, nada más aprobarse la ley en cuestión, ERC anunciara que ésta serviría para avanzar «en la construcción nacional» de Cataluña. Ése es el verdadero propósito de la Ley de Educación y del Estatuto, que tantos puntos en común tienen.

Lo que resulta incomprensible es la tardanza en pronunciarse - por decirlo de una manera benévola- del Tribunal Constitucional. Todo indica que intenta hacer encaje de bolillos para salvar lo esencial del Estatuto, madre de todas las arbitrariedades de un nacionalismo que, con la activa complicidad del PSC/PSOE, queda reflejado en esta bochornosa Ley de Educación

EL EJECUTIVO PLANTEA UN CAMBIO DE ESTRATEGIA:
Ahora toca desenredar la madeja de los piratas

EL GOBIERNO hace bien al explorar todos los medios que le permitan liberar a los tripulantes del Alakrana. Aunque la posibilidad de que la Justicia libere a los dos piratas detenidos en España, como reclaman los secuestradores, suscita posiciones encontradas -una mayoría de nuestros lectores (67%) se opone- y es jurídicamente casi un imposible, la presión que ejercen sobre las autoridades una parte de la sociedad y los amigos y familiares de los pescadores hace que el Ejecutivo tenga muy difícil ponerse de perfil. Más aún por cuanto él mismo ha contribuido a engordar el problema. El error de Garzón de traer a los piratas se produjo, sin ir más lejos, con la colaboración del abogado del Estado. La vicepresidenta De la Vega dejó claro ayer que el Ejecutivo no se va a «cerrar ninguna puerta». Es comprensible. Y ya se ve algún avance, como lo es el que los secuestradores hayan devuelto al barco a los tres marineros que habían llevado a tierra. Además, el Gobierno está empeñado en que no haya más casos, y para ello propondrá bloquear los puertos somalíes para evitar la salida de más barcos pirata.

LA JUSTICIA QUIERE ACABAR CON EL 'SHOW' ACTUAL:
Un paso acertado para proteger a los detenidos

LOS PRESIDENTES de los Tribunales Superiores de Justicia acordaron ayer adoptar «los protocolos necesarios» para preservar el derecho a la intimidad y al honor de los detenidos durante las conducciones policiales. La iniciativa se hacía necesaria tras el espectáculo que tanto se está repitiendo en algunos traslados. Eso sí, debería ser consensuada con el Ministerio del Interior, responsable último de esas actuaciones.

Es lamentable lo ocurrido la semana pasada, cuando fueron fotografiados esposados y con las bolsas con sus pertenencias los implicados en el escándalo de Santa Coloma. Lo mismo sucedió este verano con los imputados en el caso Palma Arena, víctimas de un show que aún hoy causa vergüenza ajena. Hay que recordar lo que dijimos entonces: esas personas son presuntos inocentes y por ello la Justicia debe evitar la condena que supone su exhibición en público, como si ya fueran culpables.

ZELAYA ROMPE EL PACTO AL QUERER SER A LA FUERZA EL ELEGIDO:
Más irresponsabilidad ya no cabe en Honduras

HONDURAS se encamina hacia el caos por la irresponsabilidad de sus dirigentes. Cuando parecía que el acuerdo entre el presidente depuesto, Zelaya, y el actual, Micheletti, iba a acabar con la crisis que sufre el país desde junio, la intransigencia y la pequeñez de Zelaya para cumplir con la letra del pacto ha dado al traste con todo. Zelaya, el títere hondureño de Hugo Chávez, se ha negado a respaldar un Gobierno de unidad nacional -que debía constituirse antes de la medianoche del jueves-, si no era restituido antes en la Presidencia. El acuerdo se ha hecho añicos, y ya no se ve salida para recomponer la legalidad, puesto que las elecciones presidenciales deben celebrarse el 29 de noviembre. Honduras, sumida además en una profunda crisis económica, es un volcán. Y su lava ya está fracturando a toda América, porque el anuncio de EEUU de que reconocerá el resultado de los comicios no ha gustado entre el resto de los chimpancés coloraos del continente, contrarios a validar la legitimidad de las urnas sin que el defenestrado títere del gorila rojo no esté en poder.