DELINCUENCIAS ZP: SITEL, mucho más que un sistema de interceptación de las comunicaciones electrónicas

Voz, mensajes, localización, movimientos...

El 'software'de Sitel 'logra' muchos más datos que con el anterior sistema de escuchas

-->PEDRO BLASCO

Madrid

El Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) es un software que adquirió el Ministerio del Interior cuando el Partido Popular de José María Aznar aún estaba en el poder en 2004, pero que no llegó a poner en marcha por la complejidad legal que entrañaba su puesta en funcionamiento. Costó unos 36 millones de euros y ha sido utilizado por los gobiernos de Zapatero, entre otras operaciones, en las investigaciones del 11-M y la operación Gürtel.

El proceso se inicia cuando la Policía pide al juez permiso para una interceptación de comunicaciones. Hasta la fecha, con el sistema tradicional sólo se escuchaba la voz. Los jueces después de muchos años comprendían y sabían cómo funcionaba. Pero ahora, se pueden conocer, además de las conversaciones, los mensajes y la localización del individuo, sus movimientos...

El teléfono va enviando, aunque esté apagado, unas señales a las antenas de las operadoras, lo que permite conocer el recorrido del sujeto. Es decir, que la autorización que daban los jueces no solicitaba estos datos y ahora tienen acceso a ellos. «No nos han dado ni un curso, ni nos han explicado nada de cómo funciona este sistema que todos sabemos que funciona, pero del que ignoramos muchas cosas», decía a este periódico un magistrado que conoce la dinámica de Sitel.

La Policía, cuando recibe la autorización del juez, envía a la operadora la orden y esta empresa remite la señal al servidor, al ordenador donde está el software Sitel. Las Fuerzas de Seguridad, con un número clave, acceden a las conversaciones y al resto de datos y trabajan con ellos.

Los policías envían al juez un disco con lo que consideran interesante, pero el total se queda en el disco duro. No se conoce si hay protocolos sobre si debe borrarse el material que no se ha enviado al juez.

Este mismo magistrado señaló que es muy importante controlar en los procesos la cadena de custodia y tener la seguridad de que si se ordena se destruya la información que está archivada en el disco duro. «En un pen drive se puede obtener una información en poco tiempo y hacer muchas maldades con ella», afirmó este mismo juez.

Un agente sin escrúpulos puede manipular los discos, según personas que conocen cómo se trabaja con un sistema digital. Estos discos no están encriptados y son fáciles de copiar, lo que favorece incluso la filtración a los medios.

Las personas que conocen estos sistemas y que son críticas con este gran hermano llaman también la atención sobre la Ley de Interceptación y Conversación de datos, que obliga a las compañías telefónicas a guardar los datos durante un año.

Hace algunos años, por 300 euros algunos detectives privados obtenían información sobre teléfonos móviles, lo que hace suponer que hay mucha gente que puede tener acceso a algunos de esos datos.

Los críticos con este sistema no están a favor de su desaparición. Saben que es útil para luchar contra la delincuencia, y sólo quieren que se regule con una ley orgánica por considerar que Sitel afecta a derechos fundamentales. «Nos da igual el PP que el PSOE, lo que queremos es garantizar las libertades», dijo uno de ellos

Rubalcaba también quiere controlar los móviles prepago y obliga a que se identifiquen

Más de tres millones de líneas de teléfonos prepago se desactivarán mañana

-->MARÍA VEGA

Madrid

Los más de tres millones de usuarios de telefonía móvil prepago en España que mañana, lunes, se queden sin línea por no haber facilitado a su operador sus datos personales, tendrán un plazo de seis meses adicionales para recuperar su número. Así lo anunció ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras mantener una reunión con la asociación de las grandes empresas de telecomunicaciones Redtel y representantes de Movistar, Vodafone y Orange, que hace dos semanas pidieron esta medida de gracia ante la gran cantidad de clientes que no se han identificado conforme a lo establecido en la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas.

Aunque Interior se había mostrado reacio a ceder a esta demanda de telecos y asociaciones de consumidores, el argumento de que los usuarios sin identificar son en su mayoría personas mayores con poco acceso a la información y muchos jóvenes convenció a última hora al ministro.

«La ley se va a cumplir», afirmó Rubalcaba, tras confirmar que la madrugada de mañana se cortarán todas las líneas anónimas de móviles prepago en España. Sin embargo, gracias al acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y las operadoras, cuando los afectados intenten llamar con sus móviles recibirán de manera inmediata un SMS en el que se les explicará que deben facilitar sus datos personales al proveedor del servicio si quieren recuperar su número de teléfono.

Hasta que no lo hagan, sólo podrán llamar desde su celular al servicio de emergencias 112.

Telefónica, Vodafone y Orange consideran que el plazo de seis meses concedido por Interior será suficiente para que todos los clientes se identifiquen. De hecho, estiman que en menos de dos meses, todos los interesados ya habrán tramitado la reactivación de la línea.

Aunque Gobierno y telecos llevan más de dos años advirtiendo de la necesidad de identificar todos los móviles prepago para cumplir con esta ley, que se aprobó con el fin de evitar que grupos terroristas y organizaciones delictivas se beneficien del uso anónimo del teléfono celular, cerca de un millón de usuarios han esperado a las últimas dos semanas para contactar con su operador.

Esto ha provocado que se formen grandes colas en algunas tiendas de telefonía y se colapsen las líneas de atención telefónica, según reconocían ayer las operadoras consultadas por este diario.

El propio Rubalcaba señaló que «existe la mala costumbre de dejarlo todo para el último momento» para explicar el alto número de usuarios que ayer, cuando faltaban menos de 48 horas para la desconexión de su línea, no se habían identificado.

El ministro subrayó que el fin de esta «opacidad que beneficiaba a la delincuencia» facilitará el trabajo de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, desde el PP, el vicesecretario de información, Esteban González Pons afirmó ayer que la medida coacciona a «cientos de miles de usuarios de móviles que compraron esas tarjetas porque sabían que eran anónimas», informa EFE.

En España existen 20,7 millones de líneas prepago, de las que un 43% son de Movistar, un 28,9% de Vodafone y un 20,5% de Orange