CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CATALUÑA: Montilla trata de mantener la poltrona pidiendo perdón por la corrupción del PSC
CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CATALUÑA:
Montilla trata de mantener la poltrona pidiendo también perdón por la corrupción del PSC
Dice que creará un «contrato de transparencia» para los candidatos
DANIEL G. SASTRE
Barcelona
Montilla eligió como escenario de esa contrición pública la convención municipalista del PSC que ayer se celebró en Barcelona. El juez Baltasar Garzón dictó prisión incondicional
para el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, el socialista Bartomeu Muñoz, así que el auditorio, compuesto por alcaldes y concejales, estaba muy sensibilizado con el asunto.
El presidente de la Generalitat, que ayer ejerció como primer secretario del PSC, no escatimó en calificativos. Reconoció que la operación Pretoria 2 -aunque también se refirió a los casos Gürtel y Millet- ha provocado «un gran daño a las siglas del PSC» y «un gran daño en la imagen» de ese partido y de todos.
Dicho esto, Montilla se dedicó a marcar distancias con la oposición. En una alusión poco velada a Convergència -Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, dos tótems del pujolismo, acompañan en la cárcel de Soto del Real a Bartomeu Muñoz-, aseguró: «Ni todos somos iguales ni todos reaccionamos igual.
La gente que vive de cobrar
comisiones o evadir capitales no tiene cabida en nuestro partido, aunque no ocupen cargos públicos u orgánicos».
El presidente ya envió una carta el pasado jueves a los militantes del PSC en la que les instaba a no perder la confianza en la política, y anunciaba: «Estoy preparado y dispuesto a llegar hasta el fondo y hasta el final».
Se refería, obviamente, a la corrupción. Ayer anunció, en este sentido, un «nuevo contrato de transparencia» para todos los candidatos del PSC a las elecciones.
Queda un año para las autonómicas y, en este contexto, el presidente catalán cree que el 
«exigente» código ético del PSC se ha quedado corto porque, ahora más que nunca, «la ciudadanía espera un comportamiento ejemplar de los políticos».
Los candidatos del PSC, adelantó Montilla, se comprometerán a informar sobre sus «ingresos, patrimonio e intereses de cualquier tipo» y sobre su gestión en el cargo que ocupen, para que «la ciudadanía sepa en qué gastamos sus impuestos y a qué dedicamos nuestra jornada laboral».
El CAC destina seis millones de los 11 de su presupuesto a pagar a sus 104 funcionarios
El PP considera «exagerada» la cifra y cuestiona que vaya a convivir con el futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
CRISTINA RUBIO
Barcelona
El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) tendrá el próximo año un presupuesto de 11 millones de euros, un 10% mayor que el actual. De ellos, más de la mitad -seis millones- se destinan a pagar los salarios de sus 104 funcionarios, y sólo 300.000 euros, a elaborar informes. Hace un mes, el Gobierno aprobó el proyecto para poner en marcha una versión similar a nivel nacional.
La Generalitat tiene previsto que el CAC, pese 
a su elevado presupuesto, conviva con el futuro Consejo Estatal de Medios Audivisuales (Cema) que, como aquél, tendrá capacidad sancionadora para «garantizar la transparencia y pluralismo en el sector y los derechos de los ciudadanos». Es decir, para supervisar la idoneidad del contenido de los programas que se emiten por televisión y radio. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, definió el Cema en la presentación del proyecto de ley como «una necesidad democrática».
En el CAC, la mayor parte del pastel se la llevan los nueve consejeros y el presidente del organismo, Ramon Font. En total, la Generalitat destina más de un millón de euros en los sueldos de estos 10 altos cargos. Por tanto, la ecuación matemática parece bastante clara: cada conseller cobra al año algo más de 100.000 euros, mientras que el salario de Font es ligeramente superior al del resto. Una cifra que en su día ya criticó el diputado del Grupo Mixto José Domingo.
El sueldo de los consejeros no incluye las dietas de cada uno de ellos. De hecho, el presupuesto de la Generalitat contempla un gasto en dietas y traslados por valor de 55.000 euros, además de destinar otros 35.000 euros en ayudas para comida. Una suma que asciende a 90.000 euros y complementa el salario base de cada uno de los consejeros. A parte de estos 10 altos cargos, más de cuatro millones y medio van destinados a sufragar los sueldos de casi un centenar de trabajadores.
Otro de los gastos importantes que acarrea el ente regulador es el alquiler de su imponente sede, ubicada en la zona alta de Barcelona. La partida asciende a casi un millón de euros anuales, sin contar los gastos en material o el mantenimiento de las instalaciones. Sin embargo, la partida presupuestaria de la Generalitat destinada a los estudios e informes que emite el CAC de forma periódica apenas alcanza los 300.000 euros, una cifra menor si se compara con la de otros gastos que poco tienen que ver con la labor reguladora del organismo supervisor.
Si el presupuesto del CAC crecerá un 10% este año, la situación aún se puede agravar un poco más si por fin sale adelante la propuesta de crear un Consejo Audiovisual español. De esta manera, los catalanes deberían pagar el presupuesto del ente catalán, además de la partida correspondiente al organismo estatal, sin olvidarse de la inversión destinada a la televisión y la radio públicas de Cataluña. De hecho, varios partidos catalanes, como el PP o el Grupo Mixto, cuestionan la supervivencia del CAC cuando se cree el mismo órgano a nivel estatal.
Para el diputado José Domingo, el ente catalán será «innecesario». «Es un ente muy caro donde debería aplicarse una política de contención de gastos», aclara. Por su parte, el portavoz del PP catalán, Santi Rodríguez, también coincide con Domingo al encontrar «exagerado» el presupuesto. Además, cree que, con la creación del Cema, el CAC debería reformularse o perder definitivamente sus competencias.
Un camino repleto de claroscuros
Desde su creación, la trayectoria del consejo catalán del audiovisual está repleta de claroscuros. Aunque se ofició en 1996, el 'Parlament' no aprobó la ley del CAC hasta el año 2000, y lo hizo en medio de una polémica que enfrentó al PSC y a CiU. Los socialistas se abstuvieron de la votación final al oponerse de forma clara a que el 'convergente' Francesc Codina ocupara la presidencia del organismo, una decisión que al final no pudieron evitar.
Los fantasmas de politización siempre han planeado sobre el ente regulador. La ley marca que ninguno de sus consejeros debe pertenecer a la vida política activa para garantizar el principio de 'independencia'. Sin embargo, es el 'Parlament' quien siempre ha elegido a los nueve consejeros, con representantes 'afines' a todos los partidos políticos. Por su parte, el presidente de la Generalitat tiene el privilegio de nombrar al responsable del organismo.
En sus inicios, las críticas hacia el CAC fueron feroces por su carácter censurador, ya que se convirtió en el primer ente de estas características en España. Sin embargo, su etapa más convulsa coincidió con el mandato de Josep Maria Carbonell, responsable del Consejo desde 2005 a enero de este mismo año.
Uno de los episodios más polémicos fue la adjudicación de 83 licencias de radio, que favoreció a gigantes como el grupo Godó, Planeta, Flaix o Prisa. El propio Carbonell admitió haber recibido presiones por el reparto y dimitió poco después. Ha sido Ramon Font quien ha reconducido la labor del CAC, un organismo que ha recuperado sus valores gracias al 'savoir faire' de un presidente forjado en los medios.
Los detalles del presupuesto
>Durante este año 2009, en el CAC trabajan 104 personas, entre las que destacan sus nueve consejeros y el presidente, Ramon Font, elegido por el Gobierno de la Generalitat a principios de año. El gasto destinado a cubrir los sueldos de su centenar de trabajadores roza los seis millones de euros, más del 50% del total de su presupuesto anual.
>La mayor parte del pastel se la llevan los 10 consejeros, incluido Ramon Font. Cada uno de ellos cobra al año más de 100.000 euros, dietas aparte. El salario del presidente del organismo es algo superior y roza los 130.000 euros. 90.000 euros más están destinados a dietas y traslados.
>El alquiler de la sede del CAC, ubicada en la zona alta de Barcelona, se eleva hasta el millón de euros anuales, una cifra importante de la memoria anual del organismo. Por otro lado, la partida presupuestaria destinada a la elaboración de estudios e informes por parte del ente regulador apenas llega a los 300.000 euros
La luz vuelve a Barcelona
NAVIDAD. Podríamos estar de acuerdo con la idea de que son los comerciantes los que deben pagar la iluminación de las calles en Navidad, pero oscurecer la calle porque contamina es excesivo.
Estos días navideños, ya a la vuelta de la esquina, serán algo más alegres lumínicamente que los últimos años. Al menos en el paseo de Gràcia, donde se encuentra la redacción de este diario, unas lámparas imperiales que tienen muy buena pinta, colgarán junto a las mejores tiendas de la ciudad. Parece que el trabajo que está llevando a cabo la nueva junta de los Amics del passeig de Gràcia está dando resultados. Rambla Catalunya, otra de las vías que en los últimos años también se ha caracterizado por su oscuridad navideña, se apuntará a la moda de la luz. Ahora sólo habrá que ver cómo quedan los nuevos galets municipales, iluminados con ayuda de Hereu, que ha decidido acabar con la negrura de Noel.
Ignasi Guardans habla claro
SOBRE EL CATALÁN. La terapia de pasar por Madrid para tener las ideas claras y observar que nuestro análisis sobre la capital del oso y el madroño está equivocada es buena.
Miren sino qué claridad en las opiniones del convergente Ignasi Guardans, ahora director general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), a la hora de hablar del catalán en el cine. Dice que su problema es que no hay espectadores. Y lo dice un político que sigue teniendo el carnet de CDC aunque trabaje en el gobierno de España. Pero su argumentación no acaba aquí y conecta con lo que siempre hemos defendido en este diario. Que el Parlament se olvide del doblaje y se dedique a potenciar el cine hecho en Cataluña, sea en catalán o en castellano. Definitivo, para un catalán vivir en Madrid vacuna de muchas obviedades que ni son ni existen. Y la gana lo transversal.
Santa Coloma, contra el PSC
CORRUPCIÓN. Nada es eterno y, en todo caso, hay que trabajar por la eternidad cada día. Quién iba a decir que en Santa Coloma de Gramenet, feudo socialista de siempre, se iban a levantar voces.
Es cierto que hasta el día en que la Guardia Civil entró en el Ayuntamiento por orden del juez Garzón, muchos ciudadanos se concentraron en la plaza de la Vila para mostrar su apoyo al alcalde, Bartolomé Muñoz. Pero esas voces comienzan a acallarse. El jueves, digamos que más de un millar de personas, se manifestaron contra la corrupción urbanística. Es curioso que al menos 30 asociaciones ya hubieran denunciado situaciones irregulares en el ayuntamiento y sin embargo el silencio político embargaba por su profundidad. A eso se le llama lejanía política de la ciudadanía. Los socialistas tendrán que buscar nueva savia si no quieren en las próximas municipales pasarlo mal. El tiempo cura, pero no tanto.
LA VOZ POLÍTICA
Cataluña somos todos
El oasis catalán deberá hacerse el haraquiri y aceptar que no pueden seguir existiendo dos Cataluñas: la oficial y la real. Para ello necesitaremos que en 2010 se constituya un Ejecutivo que abandone la construcción nacional y gobierne pensando en todos los ciudadanos catalanes
ALBERT RIVERA
Se van a cumplir en breve 30 años de autonomía catalana, y hasta hace unos días que conocíamos los escándalos de corrupción política Palau y Pretoria, aún se llevaba esa vieja costumbre de repartir carnets de catalanidad; una práctica que instauró el presidente Pujol, que lamentablemente continuó Maragall y de una forma casi surrealista ha aplicado a rajatabla el presidente cordobés José Montilla.
Durante estas tres décadas, la Generalitat ha utilizado todos los resortes públicos para intentar crear un imaginario colectivo, el de la Cataluña oficial, que justificara primero la existencia de un hecho diferencial catalán, después de una nación cultural para acabar demandando ahora la existencia de un Estado catalán. A todos aquellos ciudadanos que han comulgado con ese credo se les ha concedido el carnet de buen catalán, y a todos aquellos ciudadanos que no hemos pasado por el aro y hemos demandado respeto a la identidad individual y al pacto constitucional se nos ha colgado la etiqueta de malos catalanes.
Desde los medios de comunicación públicos catalanes se ha trabajado a la perfección: hablar de «Estat espanyol» en lugar de España; instaurar el mapa del Païssos Catalans como espacio de referencia -hasta en el mapa del tiempo- al estilo de las siete provincias vascas, en vez de hablar de la comunidad autónoma; o no permitir que los profesionales y colaboradores hablen en castellano para ocultar el bilingüismo natural y oficial de nuestra sociedad ha sido parte de la estrategia.
En la educación no se han quedado atrás. Basta con leer un libro de texto de Historia o la exposición de motivos de la LEC para observar cómo han trabajado la «Formación del Espíritu Nacional».
El dirigismo cultural les ha permitido consolidar el equívoco de que cultura catalana sólo es aquella hecha en catalán, excluyendo a todos los artistas catalanes que realizan sus obras en castellano. Es decir, excluyendo a la mayor parte de la cultura catalana del apoyo o reconocimiento institucional, como ya vimos en el vergonzoso capítulo de la Feria de Fráncfort.
Y el clientelismo político se ha utilizado para callar todas las voces que pudieran romper esa Cataluña virtual que estaban construyendo. Las casas regionales, las entidades que representan a colectivos de inmigrantes, los sindicatos o buena parte de los medios de comunicación han sido objeto de premio o castigo en forma de subvenciones en función del apoyo o la crítica al poder, eliminando así cualquier obstáculo que pudiera entorpecer ese proceso de construcción nacional.
Pero los casos de corrupción descubiertos en las últimas semanas han desmontado de un plumazo buena parte de esa Cataluña oficial. Ellos mismos han hecho jaque mate al oasis catalán, y si para muchos ciudadanos aquellos que impartían lecciones de catalanidad nunca tuvieron legitimidad, ahora ya no la tienen para la mayoría de catalanes. Ya no podrán decir clásicos del nacionalismo como «España ens roba» ni «expolio fiscal», porque quienes nos roban y nos expolian están entre sus filas. Ni Pujol ni Montilla podrán acusar a Ciutadans de crear catalanofobia cuando digamos que el nacionalismo es negocio para unos pocos, porque los hechos y las cifras son inapelables. El president ya no será creíble cuando dé sermones de esfuerzo y austeridad en el discurso de la Diada a familias, trabajadores y empresarios, porque su Gobierno no ha controlado el expolio de Millet en el Palau o a altos dirigentes de su partido en Santa Coloma u otros municipios.
Es el momento de abrir una nueva etapa y acabar con esa dualidad entre la Cataluña oficial -que sólo se representa a sí misma, a una clase política desdibujada y enrocada en mantener el statu quo-, y la Cataluña real que está en la calle. Una Cataluña real en la que sus ciudadanos tienen como principal prioridad superar la crisis económica o educar mejor a sus hijos, y en la que éstos no ven incompatibilidad alguna en ser catalán y español, no quieren aventuras independentistas, y en la que hablar dos lenguas es una virtud y no un problema.
Cataluña sólo podrá superar esta grave crisis institucional y de confianza en sus representantes públicos si los que nos sentamos en un escaño conocemos, aceptamos y somos capaces de representar a esa Cataluña real y plural. El día en que las prioridades de los representantes sean las mismas que las de los ciudadanos, el día que ese stablishment en decadencia entienda que su proyecto político no sirve para el siglo XXI, y acepte la pluralidad catalana, ya no tendremos dos Cataluñas cada vez más alejadas, tendremos sólo una, la Cataluña de todos.
Albert Rivera es presidente de Ciutadans.
El Gobierno balear discrimina a los sindicatos bilingües
El Círculo Balear denuncia que les niegan el dinero para cursos de catalán
MANUEL AGUILERA
Palma
La Consejería de Educación del Gobierno balear dará el dinero para cursos de catalán a los sindicatos que opten por utilizar sólo esta lengua en sus comunicaciones y no por los que utilizan las dos. La asociación cultural Círculo Balear denunció ayer que esta medida «penaliza el bilingüismo» porque la subvención sólo se otorga a los sindicatos monolingües en catalán.
El Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicó el pasado 5 de noviembre la convocatoria de una ayuda de 128.000 euros para sindicatos que deseen contratar asesores o profesores de catalán para que impartan cursos a sus afiliados.
La sorpresa llega en los criterios para el acceso a la subvención. El primer punto dice literalmente: «Los sindicatos que definan como lengua vehicular, propia y/o oficial del sindicato el catalán, o que lo hagan en términos equivalentes y determinen políticas de normalización obtendrán cuatro puntos. Los que definan el catalán y el castellano como lenguas vehiculares, propias y/o oficiales del sindicato o que lo hagan en términos equivalentes y determinen políticas para la normalización obtendrán dos puntos. El resto de solicitantes no obtendrá ningún punto».
Para el presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, la medida revela «las verdaderas intenciones del actual Gobierno y de la Conselleria de Educación en manos del PSOE: penalizar el bilingüismo». En su opinión, esto demuestra que «el PSIB-PSOE se ha convertido en un partido nacionalista más».
Por otro lado, Campos opina que «resulta escandaloso» que con la crisis que se sufre en Baleares -récord histórico de 80.000 parados-, se concedan 128.000 euros «a planes de normalización lingüística en los sindicatos y promoción del uso del catalán en el mundo laboral».
El Plan de Normalización Lingüística que aprobó el pasado mes de marzo el Consell Social de la Llengua Catalana de Baleares contempla medidas tanto económicas como laborales y sindicales. Una de las propuestas que contempla para su desarrollo normativo es la creación de servicios de normalización lingüística en los sindicatos y que éstos valoren los conocimientos de catalán de los nuevos trabajadores a la hora de ser contratados.
El consejero de Educación, Tomeu Llinàs, expuso el miércoles en el Parlamento balear sus intenciones en Política Lingüística. Afirmó que el objetivo era «impulsar un plan de actuaciones para la normalización del uso de la lengua catalana en los sectores de actividad económica, social, de ocio... de la sociedad de las Islas Baleares».
Otro de los horizontes , dijo, es organizar «actividades específicas y ampliar el conocimiento del espacio geográfico y cultural del área lingüística catalana».
Etiquetas: Corrupción Psoe
posted by e-pesimo | 07:19
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