CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CATALUÑA: Figuras emblemáticas del PSC y CiU unidas por la corrupción

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El 'caso Pretoria 2'
Figuras emblemáticas del PSC y CiU unidas por la corrupción

Entre los detenidos por la trama de Santa Coloma están el alcalde y miembro del Comité Federal del PSOE, Bartomeu Muñoz, y su edil de Urbanismo. La redada también incluye a dos históricos colaboradores de Pujol. El juez Garzón les acusa a unos y a otros de cobrar comisiones de constructoras, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y delito fiscal

JORDI RIBALAYGUE / XIANA SICCARDI

Santa Coloma de Gramanet / Barcelona

Una operación dirigida por el juez Baltasar Garzón derribó ayer dos de los grandes iconos de la política catalana al implicarlos en una trama de blanqueo de dinero mediante operaciones inmobiliarias, tráfico de influencias y cohecho.

La Guardia Civil detuvo al alcalde y al concejal de Urbanismo de uno de los históricos feudos socialistas de Cataluña, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). En la misma operación, también cayeron dos de los hombres de máxima confianza de Jordi Pujol mientras ocupó la Presidencia de la Generalitat.

La investigación, que ha llevado a la detención de ocho personas entre políticos, ex cargos de la Generalitat y constructores, se ha denominado operación Pretoria 2 y se centra en sospechas sobre adjudicaciones amañadas de obras públicas, tráfico de influencias, cobro de comisiones, blanqueo y delito fiscal.

La operación tiene su origen en el caso BBV Privanza, también relacionado con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales. La investigación arrancó en el año 2000 tras un registro en las oficinas de BBV Privanza, en el que se halló un folleto que ofertaba una serie de fórmulas para eludir impuestos a través de sociedades off-shore en la isla de Jersey, controladas por el banco. La investigación llevó a una lista de más de 600 clientes que habrían contratado esos productos. Algunos bufetes de abogados como el catalán Pretus, que aparece relacionado con alguno de los detenidos, resultaron implicados.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que algunos de estos clientes que evadían impuestos a través de la isla de Jersey habrían blanqueado cantidades millonarias a través de promociones urbanísticas irregulares.

Durante el día de ayer, hubo 13 registros en sedes municipales, domicilios particulares y empresas, todas constructoras o inmobiliarias. Los primeros comenzaron sobre las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, terminando a mediodía en el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres.

Por la mañana fue detenido el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC), que fue trasladado por la tarde al Ayuntamiento para realizar el registro en su presencia. Fuentes cercanas al caso explicaron que pudo tener, durante los dos últimos años, el teléfono pinchado, lo que ha permitido a los investigadores de la Guardia Civil avanzar en sus pesquisas.

Junto al alcalde fue detenido también el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, que es presidente de la empresa Gramepark, la firma municipal de aparcamientos y servicios.

Otro arrestado relacionado con el entorno socialista es Luis García Sáez, ex diputado del PSC y ya imputado a finales de los años 90, cuando presidía la inmobiliaria AGT, aunque su caso acabó archivado. El juez investigaba una supuesta estafa con obras públicas adjudicadas por ayuntamientos socialistas.

También fue detenido el director de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, Pascual Vela.

Pero la más arraigada cuna socialista catalana -junto a la del Baix Llobregat y formando parte del cinturón rojo de Barcelona- no fue la única afectada por la operación de Garzón. Entre los arrestados figuran, asimismo, dos antiguos miembros de la guardia pretoriana del pujolismo. Uno de ellos es Lluís Prenafeta, quien fuera entre 1980 y 1990 secretario general de la Presidencia durante el Gobierno de Jordi Pujol, y considerado, también, su mano derecha durante sus 10 primeros años al frente de la Generalitat. Y, con él, cayó Macià Alavedra, que fue conseller de Economía, también con Pujol de president.

Se da el caso de que la noche anterior al registro, el mismo Jordi Pujol señalaba en una entrevista televisiva: «Si alguien tira de la manta en los asuntos de financiación de partidos, todos nos haremos daño».

La Guardia Civil también detuvo a dos importantes empresarios inmobiliarios catalanes. Uno es el constructor y presidente de la inmobiliaria Proinosa, Josep Singla; y el otro, el del grupo inmobiliario Espais, Lluís Casamitjana.

Los registros judiciales se extendieron a Sant Andreu de Llavaneres, una población costera situada a unos 40 kilómetros de Barcelona. Su alcalde, Bernat Graupera (CiU), se limitó a decir que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional le había requerido un convenio urbanístico de la zona, y precisó que fue rubricado por el anterior Gobierno municipal. Éste estaba liderado por el PP con el apoyo del PSC.

El convenio urbanístico solicitado hace referencia a la zona residencial de Can Rivière y ya había sido objeto de investigación en el año 2006, cuando la Plataforma SOS Llavaneres lo denunció ante la Fiscalía por «la sospecha de irregularidades».

Pero el caso fue archivado. La Generalitat, por su parte, lo aprobó al entender que se ajustaba a la legalidad vigente y ayer aún podían verse grúas trabajando en la zona, situada cerca del Ayuntamiento.

En Sant Andreu de Llavaneres no hubo detenciones. La vinculación de esta población con la presunta trama podría residir en alguna de las empresas que trabajaron para el Ayuntamiento. De hecho, determinadas construcciones que se llevaron a cabo en Sant Andreu de Llavaneres, como la zona deportiva construida delante del colegio Serena Vall, fue adjudicada a Proinosa, una de las empresas registradas ayer y cuyo presidente fue arrestado.

Todos los detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en la población de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Los ocho detenidos por el 'superjuez'

>Luis García Sáez. Diputado autonómico del PSC de 1980 a 1992. Entonces, 'Luigi' -su alias- se dedicó a la construcción. En el 99 fue imputado de estafa por impago a 26 empresas que subcontratró en obras adjudicadas a su sociedad, AGT, en ayuntamientos de Barcelona. El 'caso AGT' le costó la expulsión del PSC.

>Bartomeu Muñoz (PSC). Alcalde de Santa Coloma desde 2002, cuando sucedió en el cargo a Manuela de Madre, de quien es un estrecho colaborador. Muy cercano a José Zaragoza, secretario de Organización del PSC.

>Manuel Dobarco (PSC). Teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Coloma. Es el presidente de Gramepark, la matriz de la trama.

>Pascual Vela (PSC). Director gerente de Servicios del Ayuntamiento.

>Luis García Sáez. Ex diputado autonómico del PSC. Estuvo imputado en el 'caso AGT'.

>Macià Alavedra (CiU). Fue 'conseller' de Economía y Hacienda con los gobiernos de Pujol entre 1989 y 1997, y antes lo había sido de Industria. Se le relacionó con el financiero encarcelado Javier de la Rosa y con el juez prevaricador Luis Pascual Estevill, lo que le obligó a dimitir.

>Lluís Prenafeta (CiU). Ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990 y 'mano derecha' del entonces 'president', Jordi Pujol. Estuvo inculpado en el 'caso Casinos', la presunta financiación ilegal de CDC.

>Josep Singla. Presidente de la constructora Proinosa.

>Lluís Casamitjana. Presidente de la constructora Espais.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Indignación ciudadana
La modesta Santa Coloma se erige en «Marbella 2»

Un centenar de vecinos reclama a gritos la dimisión del alcalde

-->JORDI RIBALAYGUE

Santa Coloma

Ayer fue el día del desquite en Santa Coloma de Gramanet. El día del «esto se veía venir». Más de un centenar de vecinos se apostaron durante horas en cada una de las puertas del Ayuntamiento para avistar, aunque fuera por unos segundos y a través de los cristales tintados de un furgón policial, el rostro de Bartomeu Muñoz. Los pocos que lograron reconocerle sobre las 16.15 horas en un paseo fugaz custodiado por la Guardia Civil antes de entrar por la puerta del garaje del Consistorio le lanzaron los insultos que caldearon el ambiente durante toda la jornada. Cuando los agentes se llevaron el Audi de Muñoz, no pocos empezaron a gritar: «¡Ese coche es del pueblo!».

Contados fueron los que se atrevieron a salir en defensa del alcalde en una jornada ajetreada hasta bien entrada la noche. Sólo lo probó una mujer de avanzada edad, que se plantó delante del Ayuntamiento acompañada de su perro cargando una bolsa de plástico con el logo del PSC. «¡Vosotros sois los ladrones!», espetó la anciana a un grupo de jóvenes estudiantes que reprendían a coro y entre risas a la mujer con eslóganes como «chorizos» o «sociatas corruptos». A la vecina incluso le intentaron arrancar la bolsa mientras la blandía a modo de bandera. «Hasta que se sepa todo lo que hay, nadie debe insultar al alcalde», opinó, nerviosa, la mujer.

En los numerosos corrillos que se formaron para saber qué sucedía se relataban capítulos de especulación y corrupción. «Esto es Marbella 2», repetía un vecino al mediodía, cuando muchos se acercaron a la plaza de la Villa para curiosear la muchedumbre que empezaba a desentrañar lo que se vivía dentro de las dependencias municipales.

Cuando empezó a extenderse que Muñoz podía estar involucrado, dos vecinos, Teresa Franco y Antonio Enrique se fundieron en un abrazo. «Siento mucha alegría», declaraba Teresa, que se lamentaba de que la operación llegara, a su juicio, tarde: «Esto debe despertar a la gente». Antonio compartía la misma opinión: «Esto sigue siendo una ciudad dormitorio; un amigo me ha dicho que sólo viene a dormir a Santa Coloma y que no sabía lo que se cocía en el Ayuntamiento».

Minutos más tarde, y entre las múltiples carreras de los periodistas para captar imágenes en cualquier frente del Ayuntamiento, un grupo de vecinos del barrio de Singuerlín se presentaron en la plaza pertrechados con pancartas en las que pedían la dimisión de Muñoz. «No me sorprende nada, toda la mierda estaba aquí dentro metida», aseguró Andrés, uno de los más de 100 ciudadanos amenazados con ser expropiados por Gramepark, la firma municipal de vivienda de protección cuyo presidente fue arrestado ayer. «A mí me han querido engañar: me prometieron dos pisos, pero nada de nada», explicaba por la tarde Juan José, otro de los afectados por la reforma de Singuerlín.

Muchos de los implicados en la reforma urbanística de este barrio tomaron la palabra el lunes en el Pleno municipal, al que no acudió el alcalde. «Algunos concejales del PSC nos dijeron que estaba de viaje en Londres», comentó el portavoz de ICV, Siscu Sánchez, que valoró la intervención ordenada por la Audiencia Nacional como «sorprendente y desagradable para la imagen de la ciudad». Otros explicaban que durante la tarde del Pleno se rumoreó con que Muñoz se había quedado en casa enfermo.

No pocos recordaban ayer al padre del primer edil, Blas Muñoz, el último alcalde franquista de Santa Coloma. José señalaba las conocidas casas coloreadas de uno de los barrios del extrarradio, Les Oliveres. «¿Ve esos pisos? Todos eran de su padre, porque Santa Coloma era de él. De tal palo tal astilla», zanjaba el hombre. Le secundaba Isabel, muy crítica con las actuaciones urbanísticas protagonizadas por el Ayuntamiento en los últimos años: «Han desfigurado Santa Coloma, ya no se ve ni la montaña».

Presunción de inocencia y dureza

«Presunción de inocencia». El PSC y CiU lanzaron ayer un mensaje similar ante la actuación de Garzón. Los socialistas catalanes quisieron advertir de que actuarán con dureza si se confirman las acusaciones. En el caso de Bartomeu Muñoz, perderá la Alcaldía de Santa Coloma de Gramanet si «la autoridad judicial toma medidas», según dijo José Zaragoza, secretario de Organización del PSC. El 'número dos' de Convergència, Felip Puig, evitó hablar de medidas disciplinarias pero se escudó en que Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, más allá de su militancia, no tienen nada que ver con CDC desde hace 10 años

A CONTRAPELO
La virtud más transversal

-->SANTIAGO GONZÁLEZ

El 24 de febrero de 2005, el honorable Pasqual Maragall se enfrentó al jefe de la oposición en el Parlament de Cataluña y, es de suponer que, mirándole a los ojos, le dijo: «Vostés tenen un problema i aquest problema es diu tres per cent». Aquel extraordinario alegato me produjo una considerable incertidumbre: la de no saber si el president tachaba de corrupto a Artur Mas o le estaba acusando de hacer dumping. Las primeras palabras del interpelado no ayudaron a llevar claridad al fondo del asunto: «Usted ha perdido los papeles», dijo. Y la tabla de multiplicar, podría haber añadido, pero acertó al señalar que así íbamos mal si queríamos Estatut. Maragall, un caballero sin lagunas por aquel entonces, tardó menos de un minuto en retirar lo dicho y pelillos a la mar.

Mira que estábamos tranquilos pelando el caso Gürtel y derivados sin prisas y sin pausas. Los trajes de Camps y sus charlas obscenas con gente inadecuada. Las amistades de Costa con la misma gente y su gusto por las cosas caras. Los cargos del PP que cobraban sus adjudicaciones a Correa & Associated en especie y en metálico. Y héte aquí que el juez Garzón, en el ecuador de su aventura equinoccial, ha tirado de la manta que cubría la memoria y han vuelto los nombres del ayer al primer plano: detenidos el ex conseller Macià Alavedra, Lluís Prenafeta, dos manos derechas de Pujol, aunque no es probable que a éstas las esposen una con otra para dar espectáculo en los telediarios.

¿Recuerdan Casinos de Catalunya, una supuesta financiación de CiU, equivalente en pasta al caso Millet, 3.000 millones de pesetas de los 90? La causa se archivó, porque la financiación no estaba tipificada en aquel tiempo. No era corrupción, sólo negocios. Luego vino Grand Tibidabo y la conexión con Javier de la Rosa: 10.000 millones; nuevo archivo. Sólo falta la resurrección de Banca Catalana y Pujol doblando las campanas.

Es la visita de la vieja dama, la corrupción de siempre, el único rasgo de la política española verdaderamente transversal. Está también el PSC, con la detención del alcalde de Santa Coloma y vicepresidente de la Diputación de Barcelona. Bartomeu Muñoz, que así se llama, es hijo de un alcalde franquista del mismo pueblo y sucedió en el cargo a Manuela de Madre.

Urge una reflexión ante el avance del sarcoma, pero no se hará. Camps y el PP suspirarán con alivio hasta la próxima, mientras Convergència opta por la discreción y los socialistas anuncian la virtud socialdemócrata. Expulsarán al imputado, mientras dure su lío con la Justicia. Después ya se verá. Si ha usado de su cargo y del partido para enriquecerse, quedará apartado para siempre. Nosotros, tolerancia cero, no como el PP, ha venido a decir el ecuánime portavoz Alonso. Si ha sido para financiar el partido, una vez cumplida la pena será elegido por aclamación para la Ejecutiva, como pasó con Josep Mª Sala, condenado por Filesa, en los dos últimos congresos del PSC. Tolerancia cero contra la corrupción, sí, pero esto no es corrupción, sino patriotismo de partido

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Los protagonistas / BARTOMEU MUÑOZ Alcalde de Santa Coloma de Gramanet
Un intelectual con posibles que gobierna a los humildes

-->LEONOR MAYOR

Barcelona

Santa Coloma de Gramanet está sorprendida. Y también dividida entre los que no esperaban que su alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, compartiese algo más que apellido con otro edil, Julián, el de Marbella, y los que sospechaban que detrás de algunas de sus decisiones urbanísticas se escondía lo peor.

A favor o en contra, el nombre de Muñoz -El Bartu, como le llaman sus allegados- estaba ayer en boca de los casi 120.000 habitantes de Santa Coloma de Gramanet, una población obrera que colinda por el norte con Barcelona. Muñoz, nacido en 1957, es su alcalde desde 2002, cuando sustituyó a Manuela de Madre, también del PSC, que se vio obligada a dejar la Alcaldía al serle diagnosticada una fibromialgia.

Pero la relación de El Bartu con el consistorio de este municipio es mucho más antigua. Se remonta a 1983, cuando ocupó una concejalía sin cartera. A nadie le sorprendió que aquel joven licenciado en Derecho fuese a parar al Ayuntamiento, al fin y al cabo, su padre, Blas Muñoz, fue el último alcalde franquista de la ciudad, aunque el hijo prefiere recordar a su progenitor como el alcalde de «la transición democrática».

Y es que Muñoz se distanció del franquismo desde su primera juventud. Con sólo 19 años fue detenido por su oposición al régimen. En esa época, ya era militante de la federación catalana del PSOE. Poco después, en 1981, fue elegido primer secretario de la Federación del PSC en la comarca del Barcelonés Norte. Un cargo que todavía conserva.

Sobre la vocación política de Muñoz también hay opiniones contradictorias. Muchos de quienes le conocen lo consideran un hombre entregado al servicio público: «Es rico, si se ha metido en política es para servir a la ciudad», dicen.

El origen de su fortuna no está bajo sospecha. Se habla de que Muñoz, cuya esposa también parece ser mujer de posibles, heredó el dinero de su padre. A Blas Muñoz lo recuerdan los ancianos de Santa Coloma de Gramanet como el alcalde de los 1.000 pisos. Cuenta la leyenda que Blas acumuló un patrimonio más que generoso en inmuebles que adquiría gracias a su amistad con subasteros.

Debido a lo saneado de sus finanzas, no es extraño que El Bartu viva en el Parque del Turó, el mejor barrio de Barcelona, pues es residencial, pero al mismo tiempo céntrico y está poblado por un vecindario selecto, lo más granado de la sociedad catalana. Félix Millet, imputado por el caso del Palau de la Música, también es vecino del Turó.

Lo que puede parecer contradictorio es que un hombre que vive en el Turó sea alcalde de Santa Coloma de Gramanet, pues entre ambas zonas hay un abismo. Santa Coloma es una ciudad poblada por la inmigración de los años 70, que ahora trata de asimilar una nueva oleada de extranjeros procedentes, sobre todo, de China, Marruecos y Rumanía.

Sea como sea, hay quien sostiene que Muñoz, que se declara aficionado a la música clásica, la ópera, el cine y la novela negra, se ha entregado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del municipio que gobierna. Otros discrepan y explican que su entrega política no ha sido precisamente un ejemplo. Narran, por ejemplo, que acudía a viajes oficiales organizados por la Diputación de Barcelona acompañado de su mujer y que, una vez en el lugar de destino, se dedicaba más a hacer turismo que a comparecer en las sesiones de trabajo.

En lo que sí hay coincidencia es en que Muñoz no es un hombre movido por la ambición política. Su carrera ha transcurrido siempre por los mismos derroteros: el Ayuntamiento de Santa Coloma, la Federación del PSC del Barcelonés Norte y la Diputación de Barcelona, una institución de la que forma parte desde 1983 y de la que ahora es vicepresidente.

El año pasado hubo un momento en que su carrera pareció a punto de despegar. Celestino Corbacho dejó la presidencia de la Diputación para irse a Madrid como ministro y todas las quinielas daban a Muñoz como sucesor. Pero el PSC prefirió a Antonio Fogué, marido de Manuela de Madre y concejal, también, en Santa Coloma de Gramanet.

No parece que Muñoz sufriese demasiado al ver cómo el cargo se esfumaba; al fin y al cabo, Fogué y De Madre, vicepresidenta del PSC, son sus íntimos y sus principales valedores en el seno del partido, en el que el alcalde no tiene un peso específico más allá de ser uno de sus barones territoriales en una zona de gran tradición socialista.

El Bartu ni siquiera forma parte de la Ejecutiva del PSC, aunque sí es miembro del Comité Federal del PSOE y, hasta hace un par de años, pertenecía a la Comisión de Control Financiero de esta formación. Sus horas en el partido al que siempre ha pertenecido pueden estar contadas. La dirección del PSC dejó ayer muy claro que no le temblará la mano si tiene que destituir a Muñoz de sus cargos y echarlo. Lo hará con «celeridad» si el juez lo imputa. Su amigo Fogué podría sustituirle

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Los protagonistas / LLUÍS PRENAFETA Ex secretario de Presidencia con Pujol
El hombre que mandaba en empresas desde el 'Govern'

-->DANI CORDERO

Barcelona

Lluís Prenafeta (Ivars d'Urgell, Lleida, 1939) llegó a la Generalitat en 1980 de la mano de Jordi Pujol. Fue un desembarco precipitado. Hasta poco antes, ambos ni se conocían, y cuando el president supo que necesitaba a alguien de confianza, cedió la elección a su esposa, Marta Ferrusola, con quien Prenafeta había coincidido en la campaña electoral de 1977. Desde entonces y hasta 1990, el perito industrial se convirtió en el fontanero de la Generalitat, hasta el punto de ser el que presionó para que el ex presidente Josep Tarradellas abandonara la residencia oficial del Palau.

Prenafeta procedía del mundo de los negocios, y nunca renunció a ellos pese a ser secretario de la Presidencia a las órdenes directas de Jordi Pujol. Fue por ello que accionistas de la aseguradora Iberia, de la que era consejero, lo denunciaron por utilizar su posición en la Generalitat para ofrecer contratos a empresas vinculadas con su círculo familiar. El caso, como tantos otros en los que se vio envuelto en aquellos años, fue archivado. En esta ocasión, gracias a la intervención de un buen amigo suyo. Javier de la Rosa pagó 10 millones de pesetas al juez corrupto Pascual Estevill por un cuadro que, como mucho, valía tres, y el caso se cerró.

La anécdota sirve para ilustrar con quién se relacionaba el que fuera mano derecha de Jordi Pujol entre 1980 y 1990. De un modo u otro, formaba parte del denominado sector negocios de Convergència Democràtica (CDC). De hecho, fue investigado junto a Casinos de Catalunya -una de las empresas históricamente vinculada a los nacionalistas- por un presunto caso de financiación ilegal que también acabó archivado.

Fue uno de los encargados de poner en marcha el aparato de comunicación de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio, dos medios que contaron con recursos ilimitados para hacer llegar el mensaje de CiU. Una vez dejó la Generalitat, intentó repetirlo con el diario El Observador, un proyecto fallido desde el principio, para cuya supervivencia no faltaron las ayudas de empresas privadas que trabajaban con la Administración

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Los protagonistas / MACIÀ ALAVEDRA Ex consejero de la Generalitat con CiU
El delfín que se echó a perder por sus turbios contactos

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

Esta vez, Macià Alavedra (Barcelona, 1934) no ha podido esquivar los grilletes. Historia viva de Convergència, este «liberal, católico y catalanista» -según su biografía- se había librado de todos los escándalos de la década de los 90 en Cataluña, pese a que se le relacionó con la inmensa mayoría de ellos. Declaró en los casos abiertos contra el financiero Javier de la Rosa y el ex juez prevaricador Lluís Pascual Estevill. «Al final, en la sentencia ni siquiera se me menciona», se jactaba Alavedra, conspicuo miembro del sector negocios de CiU.

Su vida política había empezado mucho antes de esa década. Hijo del poeta Joan Alavedra, que también fue secretario de los presidentes de la Generalitat Francesc Macià y Lluís Companys durante la Segunda República, se afilió al clandestino Front Nacional de Catalunya a los 18 años. En 1974, Alavedra fundó junto a Ramon Trias Fargas Esquerra Democràtica de Catalunya, que posteriormente se integró en Convergència. Diputado en el Congreso en las dos primeras legislaturas, fue uno de los negociadores de CiU en el Estatut de 1979, donde abogó sin éxito por un sistema de financiación similar al concierto vasco.

Fue consejero de Gobernación (1982-1988) y de Industria de Jordi Pujol, hasta que sustituyó a Trias Fargas en Economía y Hacienda cuando éste murió en pleno mitin en 1989. En 1997, se vio obligado a dimitir por su estrecha relación con De la Rosa -con su ayuda financiera construyó Port Aventura- y Estevill.

En gran parte de esos 15 años en la Generalitat fue, de facto, número dos de Pujol, hasta el punto de que llegó a ejercer la presidencia en funciones cuando el jefe del Ejecutivo estaba de viaje. En el segundo tomo de sus memorias, de reciente aparición, el propio Pujol lo señala -como a Josep Maria Cullell y, sobre todo, a Miquel Roca- como uno de los políticos con posibilidades de sucederle al frente de Convergència.

Pero Alavedra se acercó demasiado al lado oscuro y su estrella se apagó. Había conseguido tener un retiro tranquilo. Hasta ayer.