CORRUPCIÓN NACIONALSOCIALISTA EN CATALUÑA: De Filesa al alcalde 'pijo' de Santa Coloma

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La pasividad de los partidos
El Parlament rehusó investigar la corrupción de Santa Coloma

En 2007, la Sindicatura de Cuentas remitió a la Mesa un informe detallado de las prácticas urbanísticas que han dado pie a la 'operación Pretoria 2' / Ningún grupo político solicitó ni siquiera la comparecencia del síndico

-->LEONOR MAYOR / CAROL ÁLVAREZ

Barcelona

Con mucha más pena que gloria pasó por el Parlamento catalán el informe de la Sindicatura de Cuentas que alertaba sobre la existencia de irregularidades en la adjudicación de obra pública en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y que dos años después han desembocado en la operación Pretoria 2.

La auditoría pública, pese a poner de manifiesto a lo largo de 122 páginas un sinfín de anomalías, fue archivada por los diputados, que ni siquiera se molestaron en convocar al síndic mayor, Joan Colom, para que detallase en sede parlamentaria las incidencias halladas.

Colom no se extrañó, pues ése es el proceder habitual de sus señorías. En toda la historia de la Sindicatura, sólo uno de sus informes ha tenido consecuencias políticas inmediatas, la destitución de los responsables del Servicio de Emergencias (Semsa).

Otros dos informes, uno de ellos de contenido muy polémico, pues se refería al controvertido caso Pallerols, fueron devueltos a la Sindicatura tras muchas discusiones para que ampliase la investigación.

En el resto de los casos, la comisión parlamentaria correspondiente se ha limitado a hacer suyas las recomendaciones de la Sindicatura en un documento carente de valor, y a correr un tupido velo sobre las advertencias de esta institución, que se encarga de auditar las administraciones públicas.

Pese a las reiteradas peticiones de Joan Colom para que la Cámara acate y aplique las recomendaciones de la Sindicatura, los diputados han preferido mirar hacia otro lado, incluso en aquellos casos en que la entidad fiscalizadora alertaba sobre la existencia de posibles responsabilidades contables.

Algo así pasó con el informe sobre el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, que se refería al ejercicio de 2003, y que fue elaborado por la Sindicatura en 2007. Los auditores encontraron gran cantidad de anomalías en los tres aspectos de la gestión municipal que revisaron: las inversiones del Consistorio y su financiación, la contratación del personal y la liquidación del impuesto de plusvalías.

Ya en las primeras páginas del extenso informe, a los síndicos les llamaba la atención que el interventor del Ayuntamiento no fuera, como manda la ley, un funcionario del cuerpo local con habilitación estatal, sino un técnico prestado por la Diputación de Barcelona y carente de dicha habilitación. Y que, además, la plaza estuviera cubierta «accidentalmente» desde el año 1992.

Algo parecido ocurre con el tesorero de la corporación, que es «interino» desde 1989, pese a que su puesto de trabajo «también está reservado a funcionarios de la administración local con carácter estatal». La Sindicatura recordaba en el informe que la exigencia de que el tesorero y el interventor sean funcionarios no es gratuita, pues esa condición es la que garantiza «la objetividad, la imparcialidad y la independencia» a la hora de controlar el manejo del dinero público.

Además, en el estudio se detectaban dos actuaciones del Gobierno municipal, encabezado por Bartomeu Muñoz -que el martes fue detenido en el marco de la operación Pretoria 2-, que pueden considerarse especialmente graves. Por un lado, algunas obras se adjudicaron sin crédito, de lo que «se podría derivar responsabilidades» y provocar la «nulidad» de la adjudicación.

Por otro lado, el arquitecto municipal certificó que una obra estaba acabada, pese a que aún quedaban seis meses para que finalizase su ejecución. Debido a que «la falsedad de estos certificados podría afectar a terceros, se considera que esta práctica es especialmente grave, y que de ella podrían derivarse las correspondientes responsabilidades», señalaba el informe.

Pero hay mucho más: la Sindicatura también advirtió de que muchas obras se adjudicaban a dedo; no se penalizó a los contratistas por los retrasos en la entrega, pese a preverlo el contrato; los expedientes carecían del obligatorio replanteo; hubo retrasos en el pago a los adjudicatarios; se modificaron obras cuando éstas ya están acabadas...

Además, las empresas municipales Gramepark y Grameimpuls adjudicaron obras, pese a no tener competencia para ello, contrataron a dedo, registraron desviaciones de presupuesto, pagaron por permutas injustificadas y no completaron muchos de los expedientes, entre otras muchas cosas.

La clase política catalana no ha sido la única en mirar hacia otro lado ante las clamorosas evidencias de irregularidades en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. El Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, cuando era dirigido por el controvertido magistrado Adolfo Fernández Oubiña, archivó en 2003 la querella presentada por siete empresas en la que se denunciaba, entre otras, una serie de anomalías relacionadas con la adjudicación de obras del Ayuntamiento de Santa Coloma a AGT, empresa administrada por Luis García Sáez, Luigi, ahora detenido en el marco de la operación Pretoria 2.

Los querellantes, siete empresas subcontratadas por AGT que acusaban de estafa a la sociedad constructora ya extinguida, destaparon así las turbias relaciones entre Luigi y el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, a quien reclamaban una responsabilidad civil subsidiaria.

Las irregularidades, denunciadas en 1999, se extendían a otros destacados ayuntamientos socialistas, como el de Badalona, también objeto de la investigación de Garzón.

El proceso judicial, que llevó a la imputación de una docena de personas, entre alcaldes, concejales de urbanismo y otros cargos municipales de distintas poblaciones de Barcelona, fue archivado

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA
Con el abogado de Jordi Pujol

-->XIANA SICCARDI

Barcelona

El abogado que asistió a Jordi Pujol durante las pesquisas del 'caso Banca Catalana', entre 1984 y 1986, es el mismo que defiende a los dos implicados en la 'operación Pretoria 2' que tienen relación con el ex presidente de la Generalitat. El letrado Juan Córdoba, que defendió a Pujol junto a Juan Piqué, representa ahora al ex consejero Macià Alavedra y al ex secretario del 'Govern' Lluís Prenafeta.

Los ocho detenidos en la provincia de Barcelona -hay otro detenido en Madrid, el empresario Manuel Carrillo- declararon durante todo el día de ayer ante la Guardia Civil en el cuartel de Sant Andreu de la Barca (Barcelona). Varios de los abogados defendieron la inocencia de sus clientes y los alejaron de la trama de blanqueo de dinero, cobro de comisiones y tráfico de influencias de la que están acusados.

En principio, todos serán trasladados hoy por la mañana a Madrid para que declaren el viernes ante el juez Garzón. A las 20.00 horas, el abogado del alcalde de Santa Coloma, Fermín Morales, entró en las dependencias policiales con una maleta negra, probablemente para el viaje de su cliente. En el aparcamiento del cuartel esperaba a los detenidos un gran autobús de traslado con celdas separadas

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA
Luis García Sáez, un 'conseguidor'

-->>El ex diputado del PSC en el 'Parlament' Luis García Sáez desarrolló la mayor parte de su actividad a la sombra de las adjudicaciones de obras públicas de ayuntamientos del cinturón de Barcelona, aunque también se le conocen promociones en obras de Lérida y Gerona, feudos socialistas. Desde el 'caso AGT', su participación en empresas del sector se ha reducido. En 2007 sustituyó a un abogado del despacho Pretus, que resultó implicado en 2006 en el 'caso BBV-Privanza'

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La investigación
Una plataforma ya denunció las irregularidades de Santa Coloma

La investigación de Garzón confirma las sospechas de vecinos hacia Muñoz

-->>El ex diputado del PSC en el 'Parlament' Luis García Sáez desarrolló la mayor parte de su actividad a la sombra de las adjudicaciones de obras públicas de ayuntamientos del cinturón de Barcelona, aunque también se le conocen promociones en obras de Lérida y Gerona, feudos socialistas. Desde el 'caso AGT', su participación en empresas del sector se ha reducido.

En 2007 sustituyó a un abogado del despacho Pretus, que resultó implicado en 2006 en el 'caso BBV-Privanza'.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA/ Los precedentes / PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
De Filesa al alcalde 'pijo' de Santa Coloma

-->DANIEL G. SASTRE

Barcelona

Es evidente que quien controla la caja corre un riesgo mayor de sufrir la tentación de meter la mano, así que el PSC, que no controló la Generalitat hasta 2003, se encargó principalmente en los 23 años anteriores de denunciar las supuestas tropelías de CiU en el Govern. Aun así, el socialismo catalán estuvo seriamente implicado en uno de los mayores escándalos del felipismo: el llamado caso Filesa, vinculado con la financiación irregular del PSOE. Y, además, el PSC sí tuvo durante ese periodo un gran poder municipal en Cataluña

e 'Caso Filesa'. Entre 1988 y 1990, las empresas Filesa, Malesa y Time Export cobraron miles de millones de pesetas de bancos y empresas por realizar informes que nunca hicieron. Supuestamente, ese dinero sirvió para financiar tanto el referéndum de entrada a la OTAN de 1986 como la campaña electoral del PSOE de 1989, la de su última mayoría absoluta. El dinero entraba en el partido a través del PSC. Entre los implicados en la obtención ilegal de fondos se encontraban el ex senador del PSC y diputado autonómico Josep Maria Sala, el ex responsable de Finanzas del PSOE Gerardo Galeote y el ex diputado en el Congreso por Barcelona Carlos Navarro. También fueron procesados los gestores de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores. El Tribunal Supremo dictó sentencia en octubre de 1997, condenando a Sala a tres años de cárcel -posteriormente se le rebajó a dos años- y a pagar una multa de 350.000 pesetas por asociación ilícita y falsedad en documento mercantil. A Navarro, Oliveró y Flores les cayeron 11 años de prisión a cada uno, pero no llegaron a cumplirlos de forma íntegra por el indulto parcial que obtuvieron en 2000 del Gobierno de José María Aznar. Josep Maria Sala, que volvió a la dirección del PSC en 2004, sigue actualmente en la Ejecutiva de los socialistas catalanes como secretario de Formación.

e 'Caso Movilma'. El caso Movilma hace referencia a una supuesta financiación irregular del PSC y del Ayuntamiento de Barcelona entre 1986 y 1996, cuando estaba dirigido por Pasqual Maragall. La empresa Movilma recibió encargos de obra pública por valor de 4.000 millones de pesetas. Aunque el caso fue archivado, resucitó en el Parlament en 2003, cuando CiU acusó a Maragall de haber cometido en esa época casi 20 delitos.

e El crédito de La Caixa. El problema de la financiación de los partidos políticos volvió a quedar en evidencia poco antes de que José Montilla se proclamara candidato a la Generalitat. En noviembre de 2005 se conoció que La Caixa había condonado al PSC el 45% de la deuda vencida que el partido mantenía desde 1994. La entidad perdonó a los socialistas más de seis millones de euros, mientras el resto de la deuda (más de siete millones) se renegoció a un tipo de interés tres veces inferior al de 1994. El PSOE achacó la publicación del caso a una «irresponsable campaña anticatalanista» del PP.

eCollbató. En mayo de este año, Xavier Raventós, ex alcalde de Collbató, fue condenado a cinco años de cárcel por apropiarse, entre 2001 y 2003, de 76.426 euros de proveedores municipales.

e Bartomeu Muñoz. La última muesca en la lista es la que grabó el lunes el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, que en realidad vive en uno de los mejores barrios de Barcelona. Ha conseguido unir en la corrupción a PSC y CiU

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Los precedentes / CONVERGÈNCIA I UNIÓ
23 años de nacionalismo, escándalos y sospechas

-->
DANIEL G. SASTRE

Barcelona

Pese a que la oposición le atacó duramente, y pese a que dejó a su estela numerosos cadáveres políticos de sus consejeros, Jordi Pujol consiguió retirarse en 2003 sin perder unas elecciones. No parecía que fuera posible cuando, poco después de acceder a la presidencia de la Generalitat, estalló el caso Banca Catalana.

e 'Caso Banca Catalana'. Jordi Pujol había fundado Banca Catalana en pleno franquismo. Como todas las entidades financieras, fue muy castigada por la crisis de los 70, y esas dificultades pasaron cuentas a Pujol cuando llegó a la Presidencia de la Generalitat. Las investigaciones concluyeron cuando, en mayo de 1984, días después de que fuera reelegido por mayoría absoluta, Pujol fue incluido junto a otras 24 personas en la querella del fiscal sobre el caso. Tras proclamar que «el Gobierno central ha cometido una jugada indigna» e identificar los ataques que recibía como ataques a Cataluña, en medio de la gran manifestación de apoyo popular que le montó precisamente Lluís Prenafeta, Pujol declaró ante el juez en octubre de ese mismo año. Los fiscales presentaron en junio de 2006 la petición de procesamiento de 18 ex consejeros del banco, entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. Pero, en octubre de ese año, el pleno de la Audiencia de Barcelona decidió no procesar a Pujol.

e'Caso Casinos'. A finales de 1989, el ex director financiero de Casinos de Catalunya -holding que monopolizaba el dinero del juego- denunció que esta empresa había pagado unos 3.000 millones de pesetas a compañías afines a Convergència, de los cuales 600 habían acabado en el partido. En julio de 1997 el juez decidió archivar la denuncia por no ver delito en esa manera de proceder.

e 'Caso Planasdemunt'. El ex consejero de Economía de la Generalitat Jordi Planasdemunt se vio implicado en un fraude de unos 6.000 millones de pesetas con pagarés falsos. En la sentencia se le condenó a siete años de prisión y ocho de inhabilitación por estafa.

e 'Caso Pallerols'. En la legislatura 1995-1999 se denunció que las compañías del empresario andorrano Fidel Pallerols, vinculado a Unió Democràtica, habían recibido subvenciones que debían haber sido para la formación de empleo. Por este caso, aún sub iúdice, dimitió el consejero de Trabajo Ignasi Farreres.

e'Caso Turismo'. En la misma legislatura, y tras una denuncia de ICV, se investigó la mala gestión de dirigentes de Unió en el Consorcio de Turismo de la Generalitat, cuyo director, Joan Cogul, presuntamente se suicidó en Manila en 2007.

e 'Caso 3%'. Pasqual Maragall desató una tormenta política al acusar en sede parlamentaria a CiU de recibir comisiones ilegales en la adjudicación de obras en pisos por la empresa pública Adigsa en el último Gobierno de Pujol. La Fiscalía presentó querella en 2005, pero el principal representante político imputado es Ferran Falcó, ex presidente de Adigsa y actual líder de CiU en el Ayuntamiento de Badalona.

e Alavedra y Prenafeta. La investigación de Garzón en Santa Coloma implica a estos dos pesos pesados de los gobiernos de Pujol. Siempre sospechosos en asuntos turbios, ahora están detenidos

'Ustedes tienen un problema...'

-->Muchos dicen que el oasis catalán se terminó el 24 de febrero de 2005. Ese día, en el Parlament, el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acusó al líder de CiU, Artur Mas, de embolsarse comisiones de obras. La estructura institucional catalana tembló pero no llegó a caerse: Mas amenazó con boicotear el Estatut, Maragall pidió disculpas y el caso 3% quedó en casi nada por voluntad expresa de PSC y CiU, que abortaron cualquier investigación parlamentaria

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La reacción de los dirigentes
Montilla: «No todos somos iguales»

Mas dice que el caso afectará más al PSC, porque CiU no tiene cargos implicados

-->LEONOR MAYOR / DANIEL G. SASTRE

Barcelona

Llueve sobre mojado. Todavía no se ha cerrado la herida del desfalco millonario en el Palau de la Música cuando ha empezado a sangrar la de la corrupción en Santa Coloma de Gramanet. Cataluña está desolada y la clase política lo sabe.

Tanto es así, que los líderes de los partidos afectados por este último escándalo, José Montilla (PSC) y Artur Mas (CiU), decidieron ayer dar la cara ante la opinión pública. Aprovechando el Pleno parlamentario, el presidente de la Generalitat leyó una declaración institucional ante la prensa.

El president dijo entender «alarma social, sentimiento de rechazo, irritación e incredulidad», e invitó a los partidos afectados por casos de corrupción a reaccionar de forma «clara, contundente, transparente y ejemplar». También les invitó a «colaborar con la Justicia», aunque reiteró que en Derecho Penal existe algo llamado presunción de inocencia.

Pero la tesis que Montilla quiso hacer llegar a la ciudadanía es que «no todos somos iguales». Aseguró que «la política dignifica», y que «es un acto de servicio que vale la pena y es imprescindible en democracia».

Después de que hablase Montilla, fue Mas quien se lanzó al ruedo de la prensa. Lo hizo para dejar constancia de que este último escándalo de corrupción afecta mucho más al PSC que a su partido. «Hay una diferencia radical», subrayó, pues los implicados socialistas ocupan cargos públicos en la actualidad, mientras que los afectados convergentes son «militantes históricos, que actúan a título personal».

La tensión entre socialistas y nacionalistas es cada vez mayor. El PSC lleva semanas subrayando la supuesta implicación de CDC en el caso Millet. Resulta que el ex presidente del Palau de la Música entregó a través de un convenio 630.000 euros procedentes de la Fundació Orfeó a la Fundació Trias Fargas, vinculada a los nacionalistas.

Los socialistas han considerado que esta donación es poco ética y han exigido a CDC la devolución del dinero. Montilla incluso llegó a hablar de «corrupción» y a señalar que ésta no le pasa tanta factura a la derecha como a la izquierda. Y en esas estaba enzarzada la política catalana cuando el juez Garzón aterrizó en el corazón del socialismo catalán, en Santa Coloma de Gramanet, con la operación Pretoria 2.

Los convergentes podrían haber tenido la oportunidad de devolver a los socialistas todos sus agravios. Pero no pueden darse ese lujo, porque dos de los dirigentes históricos de su partido, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, hombres muy cercanos a Jordi Pujol, también han sido detenidos en el marco de esta operación junto al alcalde socialista Bartomeu Muñoz y otros dos cargos del PSC.

La política catalana se enfrenta, por tanto, a un presunto caso de corrupción transversal y eso complica las cosas para los unos y para los otros. Parece que la mejor opción ante una coyuntura tan compleja es el silencio. Montilla leyó su declaración y Mas dio su rueda de prensa; después, ambos callaron.

La sesión de control de ayer reflejó esa decisión. Los socios de Montilla, Esquerra e Iniciativa, optaron por no buscarle las cosquillas a su aliado, así que ambos grupos preguntaron por la situación de la empresa Lear, que ha anunciado el cierre de su planta de Roquetas, y obviaron cualquier referencia al escándalo de Pretoria, que era de lo único de lo que se hablaba en los pasillos del Parlament.

CiU también se interesó por Lear, mientras que el PSC preguntó por el reciente viaje de Montilla a Argel. Sólo Ciutadans y el PP se atrevieron a abordar el caso Pretoria 2 en el Pleno de la Cámara. Albert Rivera (Ciutadans) consiguió que Montilla le recordase que «hay que respetar el Estado de Derecho» en una respuesta a la que sólo dedicó dos minutos de los dos y medio de que dispone. Peor suerte corrió Daniel Sirera (PP). A Montilla le bastó un minuto para sacarle a colación el caso Gürtel y echarle en cara que el PSC no es como el PP, que atribuye la corrupción «a una conspiración de jueces y políticos, y a una trama de espionaje».

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La reacción de los dirigentes
El PP exige «no cerrar en falso»

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, exigió ayer a PSC y CiU la «máxima contundencia» ante los presuntos casos de corrupción, para no «cerrar en falso, como pasó con el 3%», en alusión al presunto cobro de comisiones por obra pública.

Camacho afirmó que José Montilla debe dar más explicaciones a la sociedad como máximo responsable de los socialistas catalanes, y le instó a impulsar más medidas de control para evitar casos de corrupción. La líder 'popular' dijo que la Justicia debe ser «implacable» con los responsables de esta trama de corrupción urbanística, y exigió a PSC y CiU que expulsen del partido a los cargos electos y militantes implicados. Reprochó también al 'Govern' no haber tenido en cuenta a la Sindicatura de Cuentas, que en 2003 detectó irregularidades, aunque ningún grupo quiso debatirlo cuando se recibió en 2007.