PROHIBIDO HABLAR ESPAÑOL: 6.000 euros por ir a estudiar en castellano a otro pueblo

6.000 euros por ir a estudiar en castellano a otro pueblo

Un padre denuncia al Gobierno vasco por el coste del transporte escolar al tener que enviar a su hija a cursar dos años a Ermua

LEYRE IGLESIAS

Bilbao

Cuando José Luis Fidalgo y Yolanda Colinas comenzaron a buscar un colegio para su hija de tres años se toparon con que no existe ningún centro público que imparta la enseñanza en castellano (modelo A) ni en su localidad, Abadiño, ni en toda la comarca, el Duranguesado, en Vizcaya. Extrañados, preguntaron al Departamento de Educación, gobernado entonces -año 2005- por Tontxu Campos (EA) bajo la batuta de Juan José Ibarretxe. «No sabíamos», apunta Fidalgo, «la que se nos venía encima».

En la respuesta del jefe territorial de la Inspección de Educación les explicaron que la comarca carecía de aulas públicas en castellano. Sólo un colegio en Ermua, concertado, contaba con ellas. Y les conminaron a matricular a su hija en alguno de los colegios supervivientes de Bilbao, donde se encuentran 24 de los 25 centros que ofrecen en Vizcaya Educación Infantil en castellano.

En aquella respuesta, el jefe territorial reconocía que «quizás transportar desde Abadiño a Bilbao a un niño de tres años diariamente no sería lo más adecuado, ni pedagógico». «Pero», añadía irónicamente, «usted tiene derecho a ello». La carta concluía: «Posiblemente la respuesta que le doy no le satisfaga suficientemente, pero esto es lo más correcto que le puedo decir dentro del ejercicio real y concreto del derecho a la escolarización del alumnado».

La familia se resistió a embarcar a la niña en un trasiego agotador -cuatro viajes diarios desde Abadiño hasta Bilbao suman 200 kilómetros en menos de 12 horas para una menor de tres años- y decidió enviarla al único colegio que enseña en castellano en el Duranguesado: el centro concertado San Pelayo de Ermua, a 15 kilómetros de su residencia. La decisión les ha costado cara. El Departamento no reconoce su derecho a escolarizarla en este colegio y, en consecuencia, les niega la subvención por transporte escolar a la que tienen, de nuevo, derecho: casi 6.000 euros en los dos últimos años.

En teoría, según la normativa vigente, los padres que quieran el modelo A y deban remitir a sus hijos a un colegio concertado porque no exista ninguno público que lo ofrezca en su comarca, pueden acogerse a estas subvenciones. Sin embargo, parece que, al menos hasta la fecha -y a la espera de lo que pueda hacer el nuevo Gobierno del cambio-, la teoría no se cumple. Hoy, la niña tiene seis años y sus padres se enfrentaron la semana pasada al primero de los dos juicios contra el Ejecutivo.

Tan sólo ocho de las 20 comarcas vascas tienen algún colegio -público o concertado- que imparta la Educación Infantil en modelo A. Por eso, no extraña que los traslados kilométricos a los que obliga el supuesto derecho a elegir la lengua de aprendizaje empujen a muchas familias a desistir y matricular a sus hijos en el modelo D (íntegramente en euskara, con una asignatura en castellano).

La semana pasada, la familia celebró su primer juicio contra el Gobierno en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; la fecha del segundo recurso está aún por definirse. «Lo primero que pedimos es que reconozcan que el centro en el que está nuestra hija es el que nos corresponde. Y lo segundo, que nos asignen las ayudas por transporte a las que tenemos derecho». Si la Justicia le da la razón, el Gobierno podría verse obligado a devolver a la familia 2.825 euros por cada curso.

Montilla sienta las bases para un tercer mandato nacionalsocialista

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

Ni un paso atrás. El presidente de la Generalitat, José Montilla, no sólo está convencido de que la apuesta que hicieron los socialistas hace ya seis años, la de gobernar Cataluña junto a independentistas y ecosocialistas, es la correcta, sino que ayer envió un claro mensaje de continuidad. El año que viene hay autonómicas, y Montilla parece dispuesto a reeditar el tripartito.

El presidente de la Generalitat inauguró el séptimo periodo de sesiones de la legislatura con un discurso de casi dos horas tan rocoso como se esperaba. A falta de brillantez expositiva, Montilla tiró de gestión, con enumeraciones de logros que recordaron a las diatribas de Jordi Pujol.

Era el Debate de Política General y el presidente se guardó un cuarto de hora para hablar del futuro de Cataluña en clave electoral. «Contra los que quieren ver la gobernación de las izquierdas como un paréntesis de lo que sería una especie de orden natural, afirmo con total convencimiento la validez y la solidez de la opción que hemos construido», dijo. Según él, tres eran los objetivos que el PSC perseguía cuando unió su suerte a la de ERC e ICV: demostrar que era posible la alternancia, mejorar el autogobierno y cambiar las «principales políticas públicas». Todos se han cumplido, dijo. «Y esa conclusión valida y justifica la opción de gobierno que represento y defiendo para mi país».

Muy duro con ERC

Todo ello no impidió que Montilla fuera, en varios pasajes de su discurso, muy duro con ERC. Fue cuando se refirió al nuevo Estatuto y alertó de que «Cataluña no puede ser como un niño malcriado que desea con insistencia un juguete magnífico y cuando lo tiene lo abandona para pedir otro, sin ni siquiera abrir la caja».

En una alocución eminentemente dedicido a demostrar que la Generalitat no se ha quedado inmóvil en la lucha contra la crisis, Montilla no ofreció sorpresas en el capítulo identitario. Su «amor» por Cataluña se manifiesta en la defensa del Estatuto y en una centralidad alejada de «aventuras e inventos» como las consultas independentistas que estos días ERC y CiU promueven en muchos municipios.

«Algunos quieren ir demasiado rápido. Pero la prisa nos puede perjudicar. Es tiempo de buena letra y líneas rectas. Yo también quiero ir lejos, pero con todos a la vez, y a tiempo», añadió, también en clave nacional. Y en cuanto a la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto, llamó a no adelantar acontecimientos y sugirió que confía en el diálogo con el Gobierno de España para minimizar los hipotéticos inconvenientes

LAS CUENTAS DEL ESTADO / La distribución por comunidades
Cataluña, la autonomía que recibirá más inversión

El Gobierno protege a Montilla del recorte y eleva las partidas para Baleares, Extremadura, País Vasco, Navarra y La Rioja

CARLOS SEGOVIA

Madrid

Las comunidades dotadas de estatutos de autonomía con capítulo financiero se protegen de los tijeretazos inversores, especialmente el Estatut catalán. Cataluña logró ayer, por tercer año consecutivo, ser la comunidad autónoma que recibirá más inversión en los Presupuestos Generales del Estado.

Recibirá un total de 4.446 millones de euros, contabilizando 661 millones «para proyectos por determinar». Esta cantidad es inferior a los 4.670 millones de 2009, pero aún puede igualar, o incluso superar, esa cifra, porque copará el grueso de un crédito extraordinario adicional previsto en los Presupuestos para Cataluña, Baleares y Castilla y León. La justificación es «posibilitar el cumplimiento en materia de inversiones de sus estatutos» y compensar «los posibles déficit de ejercicios anteriores».

La Generalitat catalana protestó ayer, no obstante, porque los Presupuestos recortan al 50% el Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes. La consejera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, Carme Capdevila, hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios para presentar enmiendas.

ANDALUCÍA. En la clasificación sigue Andalucía que, también con estatuto protector, cosecha 4.180 millones. El consejero andaluz de Presidencia, Antonio Ávila, resaltó que esta cifra representa un 29% más de lo que correspondería a esa comunidad por su peso en la economía nacional, además de que dobla lo obtenido por Galicia o la Comunidad Valenciana. También se jactó de que la inversión en Andalucía es superior en un 16% a la de Cataluña, pero obvió para esa comparación la cifra que recibe la Generalitat catalana en partidas adicionales.

CASTILLA Y LEÓN. La comunidad natal de José Luis Rodríguez Zapatero -gobernada por el PP- recibirá 2.412 millones del Estado, un 2,19% menos. Pero sube su peso en la tarta, al representar el 10,2% del total, y puede beneficiarse en parte del citado crédito extraordinario, cuyo grueso irá a Cataluña.

MADRID. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, criticó que «una vez más» su región quede por debajo de la media en las preferencias inversoras del Estado. Recibirá 2.319 millones de euros, un 5,84% menos que en 2009. Esta cifra supone recibir un 90% menos que Cataluña.

«Es un castigo sistemático», se quejó el consejero de Hacienda, Antonio Beteta. Éste aseguró que Madrid recibirá en 2010 un 28% menos que en 2004, mientras que en el conjunto de España la inversión ha crecido un 40%. «El madrileño recibe 190 euros menos que la media nacional o 240 euros menos que lo que recibe un catalán», sentenció Beteta tras afirmar que el proyecto de presupuestos del Gobierno está caracterizado por la «mayor subida de impuestos de la democracia» y por su «carácter antisocial».

COMUNIDAD VALENCIANA. Cayó tanto en cifras como en su peso en el reparto. Los 2.122 millones de euros que llegarán del Estado son un 8,21% menos que en 2009. «Como no puede ser de otra manera, ha vuelto a castigar a la Comunitat Valenciana. Vuelve a bajar la inversión en términos absolutos y relativos en nuestra comunidad. Mientras yo planteo una inversión de 25.000 millones de euros para el Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020, el PSOE vuelve a recortar las inversiones para la Comunitat», afirmó el presidente valenciano, Francisco Camps. Acusó a Zapatero de favorecer «a las comunidades autónomas socialistas».

LAS QUE SUBEN. Las autonomías que logran subir inversiones pese a la crisis económica son, en general, políticamente sensibles para el Gobierno. Baleares, gobernada por el socialista José Antich, verá crecer casi un 20% la inversión hasta llegar a 350 millones de euros. Por un lado, el presupuesto prevé 217 millones para el archipiélago, pero contempla también otros 133 «para proyectos por determinar».

También se incrementa la partida para Extremadura. Su presidente, Guillermo Fernández Vara, fue uno de los más reacios el pasado julio a aceptar el nuevo modelo de financiación autonómica. Pese a contar con uno de los mayores niveles de renta de España, el País Vasco mejora en un 0,89% las inversiones del Estado con el socialista Patxi López al frente del Gobierno. Navarra, cuyo presidente Miguel Sanz rompió el pasado año su pacto con el PP, cosecha también un incremento del 1,93%. La excepción popular en la lista de beneficiados es La Rioja, que pasa de 179 a 207 millones de euros, un 15,53% más.