DELINCUENCIAS RUBALCABIANAS: El partido denunciará hoy a los policías de Rubalcaba que elaboraron el dossier

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La reacción de los 'populares'
«El informe vulnera el secreto de sumario de Madrid»

El partido denunciará hoy a los policías que elaboraron la investigación

HÉCTOR SANJUAN / MARIANO GASPARET

Valencia

El PP presentará hoy ante los tribunales una denuncia contra los redactores del informe policial que apunta a una financiación irregular del partido en la Comunidad Valenciana. Los populares basarán su escrito en tres grandes líneas argumentales para intentar desacreditar las acusaciones que se vierten sobre la formación.

SECRETO DE SUMARIO. El PP considera que el propio informe levanta parte del secreto de sumario del caso que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, puesto que las partes personadas en la causa valenciana tuvieron acceso a una gran parte de las investigaciones que se realizan en Madrid gracias al extenso escrito de la Policía. El propio secretario general del PP, Ricardo Costa reconoció en la rueda de prensa que conocía el contenido del documento. Así, en su denuncia, la formación de centro-derecha remarcará la gravedad de vulnerar informaciones de una causa para la que se ha pedido en reiteradas ocasiones el secreto de sumario.

SIN REQUERIMIENTO PREVIO. Los dirigentes valencianos recordarán en su escrito que el informe no se realiza a petición de ningún juez ni tribunal. Ni siquiera el Ministerio Fiscal demanda la labor realizada por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Incluso en el último auto del TSJ valenciano, fechado este mismo mes, se rechaza el informe aduciendo que no se pidió para incorporarlo a la causa investigada (un presunto delito de cohecho). Los tribunales valencianos no han creído necesario en ningún momento ampliar la investigación a otras posibles irregularidades.

VOLUNTAD POLÍTICA. Por último, los populares consideran que el documento incriminatorio tiene una actitud «tendenciosa y parcial» y así lo explicitarán en su denuncia contra los funcionarios policiales que interpondrán hoy. Alegan que el informe de la Brigada de Blanqueo se envió a la Sala de lo Civil y lo Penal presidida por Juan Luis de la Rúa para evitar el inminente archivo de la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el propio Costa, un ex vicepresidente del Gobierno valenciano y el jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo. El informe se envió el 31 de julio, según el PP, para torpedear el archivo de la causa que finalmente, se decretó unos días más tarde (3 de agosto).

---

La estrategia de la oposición

>Golpe al PP. Los dirigentes del PSPV-PSOE dan por hecho que el informe elaborado por la Policía supondrá un golpe de gracia al PP pese a que la causa abierta contra Camps por el 'caso Gürtel' fue archivada.

>Debate de Política General. Los socialistas quieren aprovechar la celebración del debate autonómico para cargar contra la gestión de Camps aprovechando los datos del informe de la Brigrada de Blanqueo.

>Piden expedientes. El grupo socialista solicitará el martes una copia de los expedientes de las adjudicaciones efectuadas por la Generalitat a la empresa Sedesa, vinculada a la familia de Juan Cotino.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El 'caso Gürtel'
4 constructoras acusadas de pagar medio millón por gastos del PP

La Policía de Rubalcaba sostiene que aceptaban que Orange Market hinchara el coste de los servicios prestados para compensar deudas del partido

MARIANO GASPARET / HÉCTOR SANJUÁN

Valencia

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía interceptó en el registro efectuado el 6 de febrero en la sede de Orange Market nueve facturas libradas a nombre de cuatro constructoras que -según la Policía- pagaron, sólo en el ejercicio 2008, un total de 480.000 euros de la supuesta deuda oculta del PP con la empresa de El Bigotes. Los investigadores cotejaron los apuntes de tres archivos informáticos y de un documento impreso en los que la filial valenciana de la trama Gürtel registraba su contabilidad y, tras analizar y comparar los apuntes, concluyeron que estas facturas prueban que «existe una financiación de actos del PP por parte de empresarios, siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente» de la organización.

La Policía cree que la supuesta deuda en negro del PP por los actos de 2008 se sufragó mediante «aportaciones directas de dos empresarios de la Comunidad Valenciana que ya se anotan en julio como cobradas y que posteriormente se enmascaran mediante la emisión de facturas de Orange Market para justificar el pago realizado», y también mediante otros ingresos efectuados por otras empresas con los que El Bigotes mantenía relaciones contractuales.

Se supone que estas empresas declaraban a Hacienda estos conceptos, puesto que sus facturas incorporaban el IVA, si bien la Policía sospecha que aceptaban que El Bigotes hinchara artificialmente el coste de los servicios prestados para compensar la deuda del PP. A cambio, según los investigadores, las firmas implicadas obtenían contrataciones públicas a dedo de las administraciones populares de esa comunidad.

En el informe, los investigadores sostienen que Orange Market «incrementa artificialmente sus ingresos» hinchando el coste de sus servicios, y que «actos realizados para el PP se transforman en facturas emitidas a nombre de empresarios que abonan el coste de la misma y por ende del acto».

En el análisis de los ingresos de Orange Market en 2008, la Policía detecta que aportaciones de fondos B de los empresarios valencianos para sufragar la deuda secreta del PP estarían camufladas en las nueve facturas incautadas en el registro de Orange Market. Así, la Brigada de Blanqueo entiende que el ingreso en negro de 200.000 euros a nombre de EG [Enrique Gimeno, propietario de Facsa] podría estar encubierto por tres extractos a nombre de esta mercantil castellonense que ascienden a 199.714 euros sin IVA.

Además, la Policía resalta que en dos de las tres facturas se cambió el importe y también el cliente, que pasó de ser el PP a la firma de Gimeno.

La documentación también desvela la aparición de una factura a nombre de Enrique Ortiz e Hijos por valor de 116.000 euros -100.000 sin IVA- que la Policía cree que se usó para cubrir la aportación de la constructora alicantina para pagar la deuda del PP con El Bigotes.

En la factura de Ortiz aparece el concepto «Diseño, Producción y material publicitario para un stand en Urbe 2008» -la feria de urbanismo de Valencia-. Fuentes del sector aseguran que «este concepto es tan ambiguo como para justificar un pago de 100.000 euros o de una cantidad muchísimo inferior».

De este déficit contraído por los populares, Orange Market descontó 130.000 euros de una tercera empresa, el grupo Sedesa, que los agentes consideran camuflados en otras cuatro facturas de 40.600, 40.484, 34.800 y 34.800 euros. También encuentran paralelismo entre los 50.000 euros supuestamente aportados por la constructora Lubasa -la cuarta- y una factura redonda por ese mismo importe de agosto de 2008.

Por otro lado, la asesoría técnica de urbanismo PIAF aparece citada en el informe de la Policía como receptora de una factura por 4.400 euros que debía desembolsar el PP.

Orange Market organizaba casi en exclusiva los actos del PP de la Comunidad Valenciana y muchos de la Generalitat. Sobre todo desde que Francisco Camps llegó a la Presidencia, en 2003. El hombre de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, cobraba una parte de lo que facturaba al PP de forma legal, a través de una caja bautizada como Alicante, y otra parte en B o «dinero fuera del curso legal» -según la terminología empleada por la Policía- a través de la caja Barcelona. En su contabilidad B, Orange Market registró una supuesta deuda oculta del PP de 547.948 euros por una veintena de eventos realizados en los tres primeros meses de 2008, coincidiendo con la campaña de las generales. De ser ciertas las sospechas de la Policía, buena parte de los actos celebrados por el PP en una veintena de pueblos fueron sufragados irregularmente.

La Policía sostiene que estas empresas acabaron pagando la deuda irregular del PP con Orange Market a cambio de contratas públicas adjudicadas por la Generalitat, y cree que las facturas incautadas constituyen la clave de la supuesta financiación irregular del PP.

Tras analizar la contabilidad en negro de Orange Market y las grabaciones y los correos electrónicos interceptados a los organizadores de la trama, la Policía detectó «alteraciones en las facturas», como el incremento de la base imponible o que el cambio de clientes, de tal modo que algunos recibos emitidos al PP pasaban a ser facturas de empresas privadas, lo que refuerza su sospecha de financiación ilegal.

Sin embargo, el PP y las empresas señaladas por la Policía sostienen que jamás han participado en ninguna operación de financiación ilegal y se desentiende de los motivos por los que Orange Market llevaba una doble contabilidad.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La reacción de los 'populares'
Costa descarta dimitir y augura otra mayoría absoluta del PP

Varios cargos valencianos respaldan a su secretario general

AMPARO GARCÍA

Valencia

Ricardo Costa se mantiene en el cargo. No se va de la Secretaría General del partido en la Comunidad Valenciana y se muestra convencido de que el martes seguirá como portavoz del PP en el debate de política general en las Cortes valencianas. Frente a los nuevos datos del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, Costa se mantiene firme y asegura que a los dirigentes del PP «no hace falta que nos digan cuándo hay que dimitir». «Si se demuestra alguna irregularidad, ese dirigente automáticamente abandonará su cargo», reiteró.

Y es que el mandatario popular no se arruga pese a la tormenta política que ha desatado el expediente policial. Si el mismo día en que se publicó el contenido del informe salió a porta gayola a defender su honradez, ayer convocó una rueda de prensa para sacar pecho con una encuesta que le daría al PP el 54% en las autonómicas.

Firme en sus palabras, y ante las preguntas de los periodistas sobre si se sentía cuestionado en el partido, el secretario general del PP respondió que nadie se lo ha comentado. Sin embargo, por si alguien levantaba la voz fuera de micro, Costa subrayó que «el único» que puede cuestionar su labor es su presidente, por ser quien ostenta el liderazgo del partido.

Cuestionado sobre las conversaciones transcritas en el informe, Costa se remitió a las declaraciones efectuadas ayer en un comunicado por el vicesecretario de organización, David Serra, a quien dijo respaldar «plenamente» [Serra afirmó que las transcripciones no revelan ninguna irregularidad].

Asimismo, Costa aprovechó su intervención para criticar que el PP está «en los últimos ocho meses, recibiendo filtraciones de sumarios secretos y ataques contra la imagen y dirigentes».

Paralelamente a las declaraciones que hacía el secretario general de los populares valencianos, diversos líderes del partido lanzaron comunicados de «respaldo absoluto» a Ricardo Costa. El vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps, la vicesecretaria de Comunicación, Marta Torrado y los tres alcaldes de las capitales provinciales, Alberto Fabra, Rita Barberá y Sonia Castedo se manifestaron en la misma línea que marcaba el secretario general en la rueda de prensa. Insistieron en que «no hay fisuras en el partido», criticaron «las filtraciones de sumarios secretos» y los «ataques contra la imagen y dirigentes» del partido. En los escritos ensalzaron la «honradez» y la «incuestionable labor» de Costa al frente del partido