DELINCUENCIAS RUBALCABIANAS: Cospedal pide al PP valenciano que «actúe con contundencia» con Rubalcaba

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Una nueva estrategia
Rajoy emplaza a Camps a que 'explique mejor' sus cuentas

Cospedal pide al PP valenciano que «actúe con contundencia» en el 'caso Gürtel'

-->CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Madrid

Los trajes de Camps aguantaron toda la presión política del caso Gürtel sobre el PP. Pero el informe policial sobre la presunta financiación irregular en Valencia está a punto de romper por las costuras la cúpula del partido regional. Tras días de confusión entre sus contraataques a Rubalcaba y los largos silencios de Madrid, Génova movió ayer ficha. Por primera vez, la dirección nacional ha protagonizado un tímido desmarque del barón que apadrinó a Rajoy en el Congreso de Valencia y le ha presionado para que actúe con «contundencia».

En este súbito y aparente sálvese quien pueda, fue precisamente Rajoy el primero en emplazar a Camps, ayer, a «explicarse» en relación con el mismo informe policial que, el viernes pasado, Federico Trillo desde Madrid y Ricardo Costa desde Valencia calificaron de «montaje».

Se trató de un muy medido emplazamiento para que su gran aliado político haga «un esfuerzo» por «explicar mejor estas cosas, por lo menos de cara a la opinión pública, y para que no haya ninguna duda». Además, Rajoy no dejó de revalidar su «confianza en Camps». «Yo lo he apoyado, lo sigo apoyando», afirmó, sin renunciar a reseñar la situación en la que vive el PP de Valencia de «diabólica» porque «tiene que demostrar su inocencia sin que nadie demuestre su culpabilidad».

El caso es que, en su entrevista con Félix Madero en Punto Radio, Rajoy se olvidó de la «chapuza» y el «montaje» denunciados el primer día por Federico Trillo y habló del contenido del informe dándole una inédita carta de naturaleza. Dijo que «lo que dice sustancialmente, la conclusión a la que llega la Policía, es que algunos actos del PP los ha podido financiar alguien ajeno al PP».

A continuación, el presidente nacional del PP marcó límites regionales al problema, al dar la versión de los populares valencianos y afirmar que «el PP de Valencia dice que no, que han presentado sus cuentas y aquí nadie ha demostrado que eso sea así».

Y desde esa escrupulosa distancia -no ya «estaré detrás de ti, delante, al lado, da igual, Paco», como le dijo en el último mitin de la campaña europea en la Plaza de Toros de Valencia- Rajoy añadió por su parte: «Yo tengo que confiar en la gente de mi partido y en cómo llevan las cosas». «Creo», puntualizó, «en la presunción de inocencia».

Dicho lo anterior, no obstante, Rajoy lanzó su exhorto: «Espero que hagan un esfuerzo, por lo menos de cara a la opinión pública, para explicar estas cosas mejor y para que no haya ninguna duda».

También por la mañana, y a la misma hora, Esperanza Aguirre contribuyó involuntariamente a caldear el ambiente al marcar distancias entre el Gürtel de Valencia y el que afecta a Madrid. Preguntada por si se había sentido discriminada por Rajoy por sus reiteradas manifestaciones de apoyo a Camps, la presidenta madrileña puntualizó en TVE que «a Esperanza Aguirre no le han acusado de nada y al señor Camps sí le han acusado. Como a mí no me han acusado de nada, no necesito que me apoyen». Eso sí, dejó dicho que «por suerte», «el TSJ de Valencia ha dicho que el señor Camps no ha cometido cohecho impropio».

Pero el verdadero mensaje de Génova a Camps se visualizó con toda su crudeza en boca de María Dolores de Cospedal y desde la misma sede nacional del partido, minutos después de reunirse el Comité de Dirección. «Lo conveniente sería que el PP de Valencia actúe de manera libre y contundente», fueron las explícitas palabras de la secretaria general popular.

Unas palabras que, desde el primer momento, fueron interpretadas como una clara presión de Génova a Camps para que corte cabezas y, en particular, como una amenaza clara a la continuidad en el cargo del propio secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

Cospedal negó haber impuesto «plazos ni condiciones» para la adopción de medidas, pero dejó claro que su interlocutor en el velado emplazamiento de la dirección nacional había sido el propio Francisco Camps, con quien reconoció haber hablado, y no Ricardo Costa, pese a ser, como ella, número dos.

Al igual que Rajoy, Cospedal puso cuidado en marcar fronteras y puntualizar que la solución del problema le compete al partido regional. Y, en este sentido, expresó el apoyo de la dirección «a todo el PP de Valencia». «Estamos convencidos», dijo, «de que el PP de Valencia actuará convenientemente en este asunto, como lo hace siempre».

Más de cuatro y cinco veces repitió esta frase la número dos en su rueda de prensa con el claro propósito de no saltarse ni una coma del guión marcado por la dirección nacional del partido. A las primeras preguntas sobre la medida que sería «más conveniente» al partido, Cospedal contestó: «Si yo dijera cómo, no estaría confiando en el PP valenciano».

Sólo cuando fue replicada sobre la posible «conveniencia» de que se produzcan ceses en la dirección regional, Cospedal improvisó con su reclamo de «contundencia» en la «libre» actuación del partido regional.

La corrección del discurso popular de Cospedal le había llevado, igualmente, a afirmar al comienzo de la rueda de prensa que «quienes tienen que comprobar la veracidad del informe son los tribunales» y que, a falta incluso de constituir una actuación de la Fiscalía, no cabía «elevarlo» como se pretendía, «a la categoría de sentencia». Sin embargo, en el turno de preguntas se negó a calificarlo de «montaje», como, además de Trillo y, muy especialmente, hizo Ricardo Costa.

Las fuentes consultadas en la dirección nacional confirmaron las dudas sobre la continuidad de Costa en su cargo, pero negaron haber exigido su destitución y no descartaron la de otros dirigentes. En el partido, en todo caso, se comentaba que pedir la cabeza de Costa sería «una pequeña broma», porque el informe implicaría a toda la organización, a Camps y «al propio Rajoy»

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Tempestad en el PP valenciano
Costa cree que antes que él debe salir Rambla
El secretario general argumenta que no es el responsable de las adjudicaciones

-->MARISOL HERNÁNDEZ

Valencia

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana entró ayer en una espiral de posibles dimisiones tras asumir como inevitable la marcha de su secretario general, Ricardo Costa, y abrir el debate sobre si es necesaria también la salida del vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, para depurar todas las responsabilidades. Ambos se han visto salpicados por el informe policial que apunta a una posible financiación irregular en el PP y sobre ellos se han centrado todas las presiones para intentar atajar una crisis que amenaza de lleno al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

La dimisión de Ricardo Costa podría producirse en las próximas horas, posiblemente una vez finalice el debate de Política General que hoy comienza en las Cortes Valencianas y concluye mañana. Un debate que el PSPV va a aprovechar para pedir la renuncia de Camps y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Pero, según fuentes del PP, su cabeza no será la única. Costa condiciona su marcha a que dimita también Vicente Rambla y así lo ha transmitido a la cúpula del PP. Argumenta que él no tiene responsabilidad en las adjudicaciones. Su postura no es exclusiva. Algunos barones valencianos respaldan una solución drástica, que pasa por dejar fuera de la escena política a todos los afectados por el caso Gürtel -Costa, Rambla, David Serra (vicesecretario de Organización) y Yolanda García (tesorera del grupo parlamentario)-. De este modo, aunque con mucha más tardanza, copiarían el modelo seguido en Madrid por Esperanza Aguirre.

En el partido hay cierta unanimidad sobre que Costa «no debe pagar él solo el pato», aunque también se considera «injusto» que Rambla abandone el Consell por este asunto. Pero ayer todo el debate interno se centraba en la continuidad del vicepresidente primero, una vez aceptado que Costa está políticamente «muerto».

Francisco Camps, según fuentes de Presidencia, no descarta ninguna opción. En privado ha dado respaldo a su secretario general, y ayer su gabinete minimizó los mensajes de Génova pidiendo medidas contundentes. Presidencia pretende superar, como sea, el trámite del debate de Política General, en el que Camps anunciará una rebaja fiscal y desplegará su plan de austeridad.

Pese a la dureza de las decisiones, algunos dirigentes mantienen que sólo con las dimisiones de Costa y Rambla se podría evitar que este asunto perjudique a Camps. Sin embargo, el presidente se resiste porque hacerlo significa dar por bueno el informe policial, sobre todo en lo referido a las adjudicaciones y al supuesto papel de su vicepresidente.

Sus dudas no ocultan un mar de fondo en la organización, a todos los niveles, que ante el mutismo de Camps busca respuesta en los presidentes provinciales. Los tres dirigentes territoriales -Carlos Fabra (Castellón), Alfonso Rus (Valencia) y José Joaquín Ripoll (Alicante)- han mantenido intensos contactos en las últimas horas, en una extraña entente fruto de la necesidad de contrarrestar los silencios del presidente. Desde hace meses, los tres habían reclamado a Camps un encuentro conjunto que a estas alturas no se ha producido. Es una muestra más de la soledad con la que el presidente ha asumido la gestión de esta crisis y de la anterior -el proceso judicial del caso de los trajes

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Tempestad en el PP valenciano
Comisión, sólo si va Rubalcaba
-->El PP echó ayer agua al incendio provocado por el informe policial con el anuncio de que aceptaba la propuesta socialista de abrir una comisión de investigación en las Cortes Valencianas, pero sólo si se auditaban también las cuentas del PSPV y comparecían el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los agentes de la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales. «Si hay que ser transparentes debemos ser transparentes todos», aseguró el vicepresidente de Organización del PP, David Serra, implicado también por la investigación policial. Preguntado por este diario, Ricardo Costa indicó que ésta era la medida «contundente» a la que se refería Cospedal y negó que vaya a dimitir

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El informe policial
El PP usó al Grupo Parlamentario para 'fabricar' una factura para 'El Bigotes'

La Policía cree que abonó 123.000 euros más IVA por trabajos que no recibió

-->MARIANO GASPARET / GEMA PEÑALOSA

Valencia

El PP utilizó el presupuesto que las Cortes valencianas destinan a los grupos parlamentarios para pagar las deudas del partido con El Bigotes. La Brigada de Blanqueo de Capitales llegó a la conclusión de que los hombres de Francisco Correa en Valencia y los dirigentes del PP valenciano pactaban la elaboración de facturas «ad hoc» tras cotejar una decena de conversaciones telefónicas interceptadas entre los cabecillas de la trama y altos cargos del partido, e incautar un recibo por valor de 142.680 euros [123.000, más IVA] que la empresa Orange Market cobró al Grupo Parlamentario Popular por el concepto genérico de «servicios prestados al Grupo Parlamentario en el segundo semestre de 2008».

Los investigadores sostienen que este documento se hizo a medida para sufragar la deuda del PP con Orange Market; esto es, que se trata de un recibo precocinado. La Policía fundamenta su acusación en el contenido de unas conversaciones telefónicas de El Bigotes con el secretario general del PP valenciano y director del grupo parlamentario, Ricardo Costa; el vicesecretario regional, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García. Y otras entre los cabecillas de la trama.

Los políticos aludidos, sin embargo, consideran que existe mala fe en la interpretación que hace la Policía, insisten en que «en ningún caso se trata de una facturación ad hoc» y consideran «normal» que el Grupo Parlamentario Popular pagara esa cantidad tan elevada. Ante la sospecha de que se trata de una cifra desorbitada, arguyen que «se puede discutir, pero es una práctica habitual que los grupos parlamentarios sufraguen los actos de su partido porque, al fin y al cabo, se nutren de lo mismo». Los populares aseguran que con estos 142.680 euros «el PP en las Cortes Valencianas pagó la creación de una sala de prensa, la organización de unas jornadas parlamentarias y material de oficina».

Los agentes recogen en su informe que, a finales de diciembre del año pasado, Álvaro Pérez, El Bigotes se reunió con distintos responsables políticos del PP y con el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, «con el fin de conseguir que estos desbloqueen los fondos para atender las deudas que tienen contraídas con Orange Market tanto la Comunidad Valenciana como el propio PP».

Tras varias conversaciones en las que los hombres de Correa hacen referencia a las dificultades que tenían para cobrar, y a la resistencia de Rambla a «ayudar a Costa» -presumiblemente, a saldar la deuda del PP con Orange Market-, los agentes interceptan una llamada entre el secretario general del PP y El Bigotes en la que el dirigente popular le indica que esa misma semana le iba a dar todo lo que le faltaba.

Con posterioridad, El Bigotes explica a Pablo Crespo, uno de sus socios en la red Gürtel, las negociaciones para el cobro de la deuda y que «han llegado a un acuerdo y que les iban a dejar a deber ciento y algo».

Más tarde, inmediatamente después de salir del despacho de Ricardo Costa, El Bigotes ordenó a un colaborador que llamara a la secretaria del dirigente popular para obtener «los datos del grupo» -de lo que se puede inferir que no los tenían-, y añadió: «Haces una factura por los servicios prestados en el segundo semestre de 2008, poniendo como base imponible 123.000 euros, más el IVA». En otra conversación, David Serra y El Bigotes deciden verse «antes de determinar la cifra global, puesto que había dos conceptos que no querían que se pagaran». La Policía cree que amañaron la factura.

elmundo.es

Especial:

Quién es quién en la 'trama Gürtel'.

Historia de una factura

>22-12-2008, a las 15.45 horas. Ricardo Costa llama a 'El Bigotes'. Costa: Entre mañana y pasado te voy a dar todo lo que te falta que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente eso no lo sepa.

'El Bigotes': No te preocupes por eso, por supuesto [...].

Costa: Yo doy instrucciones hoy mismo de dónde tiene que estar el dinero, aunque me quede sin pagar el alquiler tres meses.

>22-12-2008, a las 21.18 horas. 'El Bigotes' llama a Pablo Crespo.

'El Bigotes': Acabamos de salir Cándido [Herrero, administrador de Orange Market] y yo de la reunión [con Costa] [...].

Crespo: ¿Habéis llegado a un acuerdo?

'El Bigotes': Nada, me van a dejar a deber ciento y algo.

Crespo: ¿No hay otra solución? 'El Bigotes': No tiene otra solución. Yo voy a ponerle un mensaje al 'presi' ahora, porque he pactado una cosa con Rich [Costa]. Me ha dicho que por favor le ayude. Y me voy a hinchar, claro.

>23-12-2008, a las 13.20 horas. Cándido llama a 'El Bigotes'. 'El Bigotes': Estoy en el despacho de Ricardo Costa [...].

>23-12-2008, a las 13.48 horas. 'El Bigotes' llama a Cándido. 'El Bigotes': Llama a Ana para que te dé los datos del grupo. Haces una factura al grupo parlamentario por los servicios prestados en el segundo semestres de 2008. Base imponible 123.000, más IVA.

>23-12-2008, a las 17.13 horas. 'El Bigotes' llama a Pablo Crespo. Crespo: ¿Con Rich, en qué quedaste?

'El Bigotes': La semana que viene queda todo a cero.

>23-12-2008, a las 19.45 horas. David Serra llama a 'El Bigotes'.

Serra (vicesecretario del PP): El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, ya fetén.

>26-12-2008, a las 10.22 horas. SMS de Yolanda García.

García (tesorera del PP): Llámame que tengo tu cheque del grupo para hoy y tú me tienes que dar la factura.

>26-12-2008, a las 19.54 horas. Ricardo Costa llama a 'El Bigotes'. Costa: Tienes ya el...

'El Bigotes': Me lo ha dicho Yolanda. El lunes vamos a por él.

Costa: Otra cosa, ya podéis llamar a Enrique para los otros 100

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El informe policial
Una de las constructoras acusadas quiso comprar la empresa de Correa

Sedesa pertenece a la familia del vicepresidente valenciano

-->MARIANO GASPARET / GEMA PEÑALOSA

Valencia

Orange Market y las constructoras acusadas de pagar gastos electorales del PP para beneficiarse de las adjudicaciones del Gobierno valenciano pulieron sus relaciones hasta crear lazos tan estrechos que llamaron la atención de la Policía. La prueba más fehaciente queda reflejada en el informe que señala que el Grupo Sedesa, el principal adjudicatario del Consell -participada por el sobrino del vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino- quiso comprar Easy Concept, la matriz de Gürtel.

El documento indica cómo Vicente Cotino habría entrado en negociaciones con Álvaro Pérez, El Bigotes, y con Pablo Crespo para hacerse con la principal sociedad de Francisco Correa y sostiene que la operación se frenó por la sospecha de que el fisco estuviera detrás de ella. Ante este extremo, los implicados llegaron a la conclusión de que «lo mejor sería indicar a Cotino que creara una empresa totalmente nueva».

La Policía señala que la operación de compra también atrajo la atención «en cierta medida» del ex director de la televisión pública valenciana (Canal 9), Pedro García. Entre los años 2007 y 2009, las distintas empresas ligadas a la familia Cotino, según la Policía, fueron beneficiarias de numerosos contratos públicos en la Comunidad Valenciana. En total, el Grupo Sedesa consiguió adjudicaciones por más de 500 millones de euros, según refleja el informe policial.

Easy Concept y Orange Market, filial valenciana de las empresas de Correa, eran los buques insignia del entramado societario orquestado por Correa, tal como se desprende de las investigaciones policiales. Ambas compañías, recoge el informe, nutrían la caja B.

Además, los investigadores sostienen que Orange Market buscó convenios estables con empresarios beneficiados por la Generalitat tras pagar gastos del PP, como es el caso del industrial alicantino Enrique Ortiz. Entre la documentación incautada en los registros del pasado febrero a la empresa de El Bigotes hay tres facturas con conceptos muy genéricos por valor de 116.232 euros que figura pagada por Ortiz.

Por ejemplo, un recibo de 58.000 euros aparece como «importe correspondiente al pago de la parte fija del acuerdo de colaboración suscrito el 30/12/07», según refleja el documento, sin especificar a qué corresponden. Documentos de esta naturaleza refuerzan la tesis de la Policía de que los empresarios pudieron «enmascarar» su aportación a la caja B de Orange Market para financiar al partido