SUBIDA IMPUESTOS, ZAPATERO EMBUSTERO: La reacciónde la sociedad acojona al Gobierno y le hace anunciar que descarta «por completo» subir el IRPF

EL NUEVO CURSO POLÍTICO / Un país en crisis
El Gobierno descarta «por completo» subir el IRPF

El ministro de Fomento Pepiño, que propuso subir el impuesto a los ricos, rectifica ahora y dice que «en ningún caso se modificará ninguno de los tramos» de la Renta

El Gobierno tiene descartado «por completo» subir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) «en ningún tramo».

Así lo confirmó ayer a este diario el ministro de Fomento, Pepiño Blanco, que fue precisamente quien hace diez días abrió el debate proponiendo una subida fiscal a las rentas más altas.

Blanco precisó que el Ejecutivo ha tomado ya la decisión política de que «en ningún caso» la subida de impuestos que prepara afectará al IRPF, por lo que se buscarán otras vías para incrementar los ingresos del Estado.

Todo indica, por tanto, que el Gobierno se inclinará por gravar las rentas de capital aunque, según fuentes consultadas, se sigue estudiando en qué porcentaje -se apunta a una subida en torno a tres puntos sobre el tipo del 18% que actualmente pagan estas rentas-. Además, se podrían tocar otras figuras tributarias.

El caso es que, a falta de menos de 20 días para presentar los Presupuestos Generales del Estado, Moncloa no tiene cerrada su subida impositiva y se siguen barajando varias posibilidades.

Esta indefinición ha provocado, en gran parte, la proliferación de globos sondas y declaraciones contradictorias de los ministros de Zapatero.

En el mismo día de ayer, el diario El Progreso de Lugo informaba, en una entrevista a Pepiño Blanco, que el también vicesecretario general del PSOE seguía apostando por subir los impuestos a las rentas más altas, que él considera que son las que superan los 50.000 euros.

No obstante, el ministro de Fomento aclaró posteriormente que dichas declaraciones fueron realizadas el pasado miércoles, 26 de agosto, dos días antes del Consejo de Ministros en el que José Luis Rodríguez Zapatero ya insinuó que el incremento de la presión fiscal no afectará a las rentas del trabajo. Por tanto, y según una nota hecha pública ayer por el Ministerio de Fomento, dichas afirmaciones «están descontextualizadas».

Según fuentes consultadas, el Gobierno ha renunciado definitivamente a subir el IRPF -como planteaba Pepiño y apoyan abiertamente los sectores más a la izquierda del PSOE- ante lo impopular de la medida, la gran baza política que le daría al Partido Popular y por no querer cerrar la puerta a eventuales apoyos parlamentarios, como CiU.

Aunque parece difícil el entendimiento con el nacionalismo catalán a un año vista de las elecciones autonómicas, hay que recordar que CiU puso como condición irrenunciable que el Gobierno no subiera el IRPF si quería tener alguna posibilidad de que este grupo parlamentario no presentara o no apoyara una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2010.

Sin embargo, la paradoja que se da es que, sin tocar el IRPF, es muy difícil incrementar los ingresos de un Estado que va camino de un déficit cercano al 10%.

De hecho, una elevación moderada de las rentas de capital significaría una subida ínfima de ingresos en las arcas del Estado.

Por ello, algunas fuentes apuntan que la cacareada subida de impuestos de Zapatero pudiera ser sólo una operación propagandística para lanzar el mensaje de que gravará al dinero, pero seguirá manteniendo la fiscalidad de los trabajadores.

En gran medida opina esto el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, quien ayer afirmó, tras ver las informaciones sobre Blanco, que es «una prueba más de que el Gobierno no sabe qué hacer. Vuelve a improvisar y a parchear, porque no encuentra fórmula para tapar ese enorme agujero que él ha provocado, y que no es otro que el déficit del Estado».

Montoro, en declaraciones a EL MUNDO, insistió en que su partido se sigue oponiendo radicalmente a cualquier subida de impuestos, «porque éstos están en lo de siempre, en el más propio razonamiento socialista, el razonamiento clásico. Ya lo hizo Carlos Solchaga en 1993 subiendo el IRPF en un momento de crisis y no sirvió de nada», afirmó.

El dirigente del PP, además, se preguntó: «¿Y qué hace el ministro de Fomento hablando de impuestos?».

Globos sonda

>Pepiño: «Es necesario elevar los tipos impositivos de los que tienen más rentas». (20-08-2009).

>Salgado: «Todos los impuestos están sometidos a revisión». (26-08-2009).

>Pepiño: «Las personas con ingresos de más de 50.000 euros bien pueden hacer una contribución». (El Progreso de Lugo, 30-08-2009).

EL NUEVO CURSO POLÍTICO / Un país en crisis
CiU prepara su propia propuesta fiscal

Los nacionalistas abogan por un nuevo modelo impositivo que no incremente la tributación de las clases medias, las pymes, los empresarios y los autónomos

El portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, señaló ayer que desde el comienzo de la legislatura su formación ha «moderado» la política fiscal del Gobierno para evitar un «disparate fiscal» como una «subida indiscriminada» de impuestos de «consecuencias muy nocivas» para la economía española, al tiempo que anunció su intención de trasladar al Ejecutivo una propuesta de reestructuración fiscal para la legislatura.

El proyecto de CiU pretende que no se incremente la tributación de las clases medias, pymes, empresarios y autónomos. «Yo creo que desde esta perspectiva, CiU va a jugar un papel importante», señaló.

El responsable económico de CiU reiteró las tres condiciones de su formación para prestar apoyo a las cuentas públicas: que éstas incluyan «medidas anticrisis», una «buena financiación» para Cataluña y que estén basadas en previsiones reales de las grandes cifras macroeconómicas para los próximos años. «Hasta la fecha no se ha cumplido ninguna de las tres», añadió.

Así, expresó sus dudas de que el Gobierno presente las reformas estructurales que necesita la economía española para lograr unas cuentas públicas «seguras y solventes» en los próximos años. «En estos momentos no sé cuál va a ser la decisión de CiU, pero veo muy difícil que podamos apoyar los Presupuestos para 2010», indicó.

Igualmente, Sánchez Llibre considera que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no está dispuesto a concertar la reforma del mercado de trabajo porque «es un rehén» de las propuestas de los sindicatos que le impiden aceptar una «modernización» de las relaciones laborales.

En una entrevista con Europa Press, Sánchez Llibre aseguró que los Presupuestos de 2009 son «utópicos» y han quedado desfasados y auguró que el Ejecutivo tampoco acertará con sus previsiones para el próximo año. «En estos momentos ya dicen que estamos saliendo de la crisis, lo que es una utopía y una falsedad», denunció.

En este sentido, recalcó la necesidad de una reforma laboral en el marco del diálogo social en el que cedan todas las partes, incluidos los empresarios, pero sin que se acepten «exclusivamente» las propuestas de los sindicatos. «Y si no se ponen de acuerdo, que Zapatero tenga el coraje de liderar una reforma en el Congreso», remachó.

A su juicio, España lleva demasiado retraso con respecto a otros países europeos en aplicar la reforma del mercado de trabajo, y auguró que el Gobierno socialista no se planteará abordarla hasta que se superen los cinco millones de parados. «Y entonces ya será demasiado tarde», apostilló.

No obstante, Sánchez Llibre mostró su confianza en entenderse con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, «en los temas relevantes», pese a su desencuentro por la financiación autonómica. «Ese tema ya le venía dado», concluyó.

EL NUEVO CURSO POLÍTICO / Un país en crisis
El Estado ingresó sólo 1.080 millones de euros por las rentas de capital

La intención de José Luis Rodríguez Zapatero de ir contra las rentas de capital -es decir contra aquellos ingresos que no proceden de las rentas del trabajo sino de la venta de acciones, dividendos e intereses- como medida para amortiguar el déficit público apenas servirá para un aperitivo. Según los datos correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, la recaudación por este concepto ascendió sólo a 1.080 millones de euros.

Esto supone que subir alrededor de tres puntos el tipo del 18% que actualmente grava las rentas de capital apenas incrementará en 30 millones de euros los ingresos del Estado. Expertos consultados por este diario subrayan que lo que único que pretende con esta medida es transmitir un mensaje de fuerza contra las rentas más altas a sabiendas de que la recaudación va a ser mínima.

Demuestra, además, que es una medida política y lo único que va a lograr es que el contribuyente decida no vender, por ejemplo, sus acciones para no generar rentas. Por otro lado, si como dice Zapatero, la medida va a ser temporal, los inversores no querrán mover su dinero hasta que la tempestad amaine. Ergo, si no se venden activos o no se ahorra, tampoco se generan rentas de capital.

Zapatero decidió, en cambio, en esta legislatura, suprimir de un plumazo el Impuesto del Patrimonio, una medida que ha costado a las comunidades autónomas unos 2.000 millones de euros anuales. Es decir, si el presidente hubiera mantenido intacto este gravamen ahora no haría falta penalizar el ahorro y la inversión en Bolsa.

A FONDO
El otoño más caliente


La expresión otoño caliente se identifica con grandes paros, manifestaciones; en fin, tensión social. La situación económica, con una caída del PIB sin precedentes del 4,2%; un porcentaje de paro que en los próximos meses alcanzará el 20% de la población activa, y una inversión que ha caído en términos interanuales un 17%, contiene todos los elementos que llevaron en otro tiempo a la convocatoria de sonoras huelgas generales. Todos, menos uno. La disposición de los sindicatos a provocar un enfrentamiento frontal con el gobierno de turno.
Y ése es, precisamente, uno de los activos de Zapatero: lograr contentar a diversos grupos de presión (los sindicatos lo son) y partidos minoritarios, cediendo a sus peticiones y convirtiendo al PP en el gran malo, el apestado, de la política española.

¿Significa esto que en otoño no se producirán momentos de tensión en las empresas o en la calle? No. Habrá movilizaciones, pero éstas no tendrán un fin político, como sí lo tuvieron las huelgas generales.

No es cuestión de añoranza, no. Ahora, una huelga general lo único que haría sería complicar aún más la salida de la recesión. Es, simplemente, la constatación de un hecho. Ni UGT ni CCOO le van a complicar la vida a Zapatero.

Y, sin embargo, el otoño será caliente. Políticamente caliente. Más que caliente, abrasador.

Para empezar, se conocerá durante el mes de septiembre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Si, como se espera, el texto cuestiona la constitucionalidad del preámbulo del mismo, en lo referente a la alambicada definición de Cataluña como nación y a la obligatoriedad del conocimiento y uso del catalán para todos los ciudadanos de esa comunidad, el Gobierno se va a encontrar con un plante institucional: la Generalitat está dispuesta a llamar a la insumisión. Es decir, a hacer caso omiso de la sentencia.

Si alguien tiene alguna duda de ello, no tiene más que leer el artículo publicado en El País por Ernest Maragall (consejero de Educación de la Generalitat y hermano del promotor del Estatuto). Sostiene Maragall que el Estatuto es fruto de un «pacto entre Cataluña y España»; que, por tanto, no importa la «interpretación» que haga «este grupo de ciudadanos tan sabio», refiriéndose a los miembros del TC. Para concluir su proclama, propone un gobierno de coalición del PSOE y el PSC.

Esperemos que las groseras presiones políticas a los miembros del TC no logren torcer su voluntad. En caso de que las posiciones de la mayoría se mantengan en relación a la inconstitucionalidad del preámbulo y determinados artículos clave del Estatuto, estamos abocados a la mayor crisis política desde el golpe del 23-F.

Maragall utiliza el llamado pacto político entre España y Cataluña para eludir el cumplimiento de la resolución del Alto Tribunal. ¿Es ésa la concepción de la democracia que tiene el PSC? ¿Comparte esa visión del PSOE? ¿No es el Estado de Derecho aquél en el que la ley se cumple por todos y por igual?

Refresquemos la memoria a aquellos que sólo la utilizan en beneficio propio. En junio de 1982 -y fruto de un pacto político entre el PSOE y la UCD- el Congreso aprobó (por una mayoría mucho más aplastante que la lograda por el Estatuto) la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (conocida como Loapa), que limitaba las transferencias del Estado a las autonomías. Un año después, en agosto de 1983, el Constitucional declaró inconstitucionales 14 de los 38 artículos de la ley, con lo que ésta quedó sin efecto y ni el gobierno (ya entonces del PSOE), ni la oposición llamaron a incumplir la resolución del TC.

Montilla se ha sumado gustoso a ese discurso de Maragall, inspirado a su vez en las proclamas de Carod-Rovira. Como en el chiste del maño y el tren, la Generalitat le advierte al TC: «Chufla, chufla, que como no te apartes tú...», mientras ve venir la sentencia que presuntamente pretende atropellar los derechos de la nación catalana.

Ese conflicto político de primera magnitud se va a superponer con la negociación de los Presupuestos Generales, para los que el Gobierno necesita los apoyos de los que llaman a la insumisión política.

Unos Presupuestos, recordémoslo, que contemplan, además de un déficit público que rondará el 10% del PIB, una subida de impuestos, que, en principio, se limitaría a una elevación del tipo impositivo de las rentas de capital, por las que el Estado sólo recauda 1.580 millones de euros.

El Gobierno está ante la espada y la pared en una situación económica angustiosa. ¿Su defensa? Atacar al PP aireando supuestos o reales casos de corrupción: Gürtel, Palma Arena, espionaje en Madrid, etc.

¿Qué hará el PP? ¿Aguantar en el rincón los golpes de su contrincante cubriéndose la cara con los guantes, como hacen los boxeadores a punto de morder la lona? ¿O atacar?

La sorpresa podría darla precisamente un político que hasta hace un mes parecía acabado. Camps medita dar la campanada del otoño convocando elecciones anticipadas para el mes de noviembre (el nuevo Estatuto da esta capacidad a la Generalitat, antes vedada), aunque él lo descartó en su comparecencia para explicar la remodelación de su gobierno, forzada por la muerte del conseller García Antón. Se creía que Camps aprovecharía la circunstancia para hacer un cambio en profundidad, dando paso al Ejecutivo a algunos pesos pesados del PP valenciano. No lo ha hecho. La explicación estaría en que algunos de esos pesos pesados han pedido a Camps la convocatoria de elecciones para este otoño.

El presidente de la Generalitat Valenciana aprovecharía el debate sobre política general que se desarrollará en las Cortes en la segunda quincena de septiembre para anunciar el adelanto de los comicios (que de otra forma no se celebrarían hasta mayo de 2011). Según las encuestas que maneja el PP, la ventaja sobre el PSOE supera los 20 puntos. Una victoria electoral aplastante del PP no sólo consolidaría la posición de Camps tras la decisión de archivar el caso de los trajes por parte del Tribunal Superior de Valencia, sino que le daría a su partido a nivel nacional la posibilidad de recuperar la iniciativa. Camps y Rajoy se reúnen esta semana en Valencia y hablarán de esa posibilidad. Todo está listo para el otoño más caliente de nuestra democracia.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

EL NUEVO CURSO POLÍTICO / Los problemas del Ejecutivo
Cuatro frentes que pueden hacer tambalearse al Gobierno

Crisis, Presupuestos, la sentencia del TC y el aborto preludian unos meses difíciles

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero iniciará el curso político teniendo que afrontar cuatro grandes escollos, a corto plazo, que tienen el peligroso objetivo de poder hacer tambalear el Ejecutivo socialista.

Aunque no es la primera vez que Zapatero afronta un otoño con nubarrones, en esta sexta temporada al frente del Gobierno se le acumulan, como nunca, problemas de gran envergadura a nivel social, económico y político, de cuya resolución puede depender en buena medida su estabilidad en La Moncloa.

Al menos, hay cuatro frentes que van a estar presentes en el arranque del nuevo año político: la crisis económica, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, la aprobación de los Presupuestos Generales para 2010 y la tramitación definitiva, antes de final de año, de la Ley para la Interrupción Voluntaria del embarazo.

Así están los cuatro escenarios donde debe actuar Zapatero:

Crisis económica. Nadie duda de que pese a los «brotes verdes» y los constantes mensajes del Gobierno asegurando que «lo peor ya ha pasado», la situación económica sigue siendo mala. El más que probable incremento del paro en los próximos meses, junto a la ruptura del diálogo social, no hace presagiar nada bueno.

Es cierto que Zapatero se ha asegurado en buena medida la paz social con los sindicatos, pero eso no impide que la conflictividad se traslade a la calle, tanto por parte de colectivos especialmente azotados por la crisis, como entre los representantes empresariales y sindicales, donde las relaciones son cada vez peores.

Además, en el PSOE se ansía que lleguen cuanto antes los buenos datos, porque la mayoría de los dirigentes socialistas admiten que la factura electoral puede ser alta. Como afirmó Juan Fernando López Aguilar durante las pasadas elecciones europeas, sociológicamente es a los votantes socialistas a quienes más está afectando la actual coyuntura económica.

Si Zapatero no logra en los próximos trimestres una recuperación que se perciba, sobre todo, en la creación de empleo -lo que parece difícil-, el desgaste político y electoral puede ser muy profundo.

El TC y el 'Estatut'. Es toda una bomba de relojería puesta en los cimientos del sistema democrático, y nadie sabe todavía con exactitud qué daños puede provocar la onda expansiva.

Todo indica que en las próximas semanas el Tribunal Constitucional (TC) hará publica la esperada sentencia y, de cumplirse los rumores que apuntan a un recorte en profundidad del texto estatutario aprobado por el Parlamento catalán, las Cortes Generales y refrendado por los ciudadanos, las repercusiones políticas pueden ser muy graves a todos los niveles.

De hecho, tanto desde el PSC como desde los partidos catalanes y desde la mismísima Generalitat se han empezado ya a oír advertencias muy serias de qué podría pasar si esto se cumple.

De cumplirse algunas de estas amenazas, no sólo podrían estar en riesgo las relaciones del PSOE y el PSC, sino la continuidad del tripartito -lo que conllevaría un adelanto electoral- y hasta la estabilidad del Gobierno de España.

Además, no son pocos los dirigentes socialistas que temen que una sentencia negativa reactive los mensajes más independentistas de los partidos catalanes, y se repita otro enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España similar al que provocó, precisamente, la elaboración del texto estatutario.

Los Presupuestos. La sentencia del Constitucional sobre el Estatut podría condicionar la aprobación de las Cuentas del Estado para 2010, ya que los partidos catalanes son decisivos para que salgan adelante, bien sea con CiU -que es poco probable, salvo una situación muy extrema- o bien con ERC e ICV.

El PSOE no lo tiene nada fácil, pese a que el camino parecía más despejado tras el acuerdo con los republicanos en la financiación autonómica. Y es que, como opinan muchos diputados socialistas «los de ERC no son de fiar». Pero incluso con este grupo, los votos están muy contados para salvar el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.

Además, los partidos de izquierda exigen un giro importante del Gobierno en materia fiscal, como ya se plasmó en aquel acuerdo frustrado entre IU-ICV y el PSOE. Pese a la subida de impuestos anunciada por Zapatero, los socialistas no quieren llegar a tanto.

De no aprobarse los Presupuestos de 2010 es fácil concluir que el Gobierno tendría muy difícil agotar la Legislatura.

El aborto. Por si a Zapatero le faltaba algo, la aprobación de la llamada Ley del Aborto este otoño va a llevar, a buen seguro, la crispación social a las calles.

Más allá de la discusión interna en el PSOE sobre si los padres deben tener conocimiento cuando aborte una menor de 16 años -todo indica que este artículo se va a modificar, pese a la oposición de los partidos de izquierda, en el Congreso-, las posturas radicalmente enfrentadas con la aprobación del proyecto de los llamados grupos pro vida, la Iglesia y otros sectores conservadores de la sociedad apuntan a un duro enfrentamiento civil.

De hecho, ya se están preparando macromanifestaciones para el otoño y una intensa campaña en contra de la nueva ley. Ni que decir tiene que los movimientos feministas responderán.

Además, aunque su tramitación está más lejana, desde la Vicepresidencia Primera del Gobierno ya se ultima la Ley de Libertad Religiosa que también promete ser muy polémica.

Con todo ello, muchos socialistas sólo ven positivo en el horizonte la próxima Presidencia española de la UE. Aunque tampoco será un camino de rosas.

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Los protagonistas del próximo otoño

José L. Rodríguez Zapatero

>Nadie duda de que seguirá al frente de todo: en el Gobierno, en el partido y en el ámbito parlamentario, y con una continua presencia pública.

José Montilla

>Sus decisiones condicionarán las relaciones con el PSOE, la duración del tripartito y si, finalmente, adelanta elecciones.

María Emilia Casas

>La sombra de la sentencia del TC la perseguirá de por vida. La redacción final del fallo y su acogida social marcarán su últimos días al frente del TC.

Elena Salgado

>Elabora sus primeros Presupuestos Generales del Estado. Su cintura política se pondrá a prueba en la negociación con los partidos en el Parlamento.

Joan Ridao

>Del 'número dos' de ERC dependen, en buena medida, los Presupuestos del Estado. Es un negociador muy duro, como ya demostró con el 'Estatut'.

Bibiana Aído

>Será el foco de atención, y de no pocas descalificaciones, por la Ley del Aborto. Tiene la difícil labor de saberla explicar y calmar los ánimos.