GORILA ROJO Y SUS CHIMPANCÉS COLORAOS: Nueva vuelta de tuerca en la dictadura venezola de Hugo Chávez,las protestas podrán considerarse como un delito

Mano dura de Hugo Chávez contra las manifestaciones callejeras

Las protestas podrán considerarse como un delito de «rebelión civil»

JAIME LÓPEZ. ESPECIAL PARA EL MUNDO/Caracas

Protestar en la calle o a las puertas de un organismo público puede ser un delito de «rebelión civil». Es lo que opina la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que ha pedido enjuiciar a quienes «alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad en las instituciones, desestabilizar al Gobierno o atentar contra el sistema democrático».

Ortega, que a principios de julio presentó un polémico proyecto de Ley para tipificar y castigar con la cárcel los «delitos mediáticos», explicó en un comunicado que algunas personas buscan «cualquier motivo para marchar, para crear caos, incitando incluso a la desobediencia de las leyes». Según la Fiscalía, «estas conductas encajarían perfectamente en el delito de rebelión civil», que puede ser castigado con penas de prisión de 12 hasta 24 años.

Los primeros manifestantes rebeldes ya están presos. Once trabajadores de la alcaldía de Caracas, dirigida por el opositor Antonio Ledezma, fueron encarcelados el miércoles por protestar contra una ley que desvía el 87% del presupuesto del cabildo a un «Jefe del Distrito Capital» nombrado por el presidente, Hugo Chávez. La Fiscalía también ordenó el sábado la privación de libertad para el prefecto de Caracas y número dos de esta Alcaldía, Richard Blanco, y le acusó de «instigación a delinquir y lesiones» a un policía.

El Parlamento, que tiene previsto modificar todas las «leyes contrarrevolucionarias» de la Constitución antes de fin de año, ha estado en sesión permanente durante todo el verano. La aprobación de la Ley de Educación y la discusión de otras iniciativas legislativas han encendido nuevamente las protestas de los sectores críticos con Chávez. Tras modificar la Carta Magna para poder reelegirse sin límite de mandatos, el líder bolivariano avanza a toda velocidad en la construcción de su «socialismo del siglo XXI».

Las manifestaciones de calle aumentarán, previsiblemente, en septiembre, cuando comience el periodo escolar con la nueva «doctrina bolivariana» en los colegios y el Parlamento apruebe las leyes que están en debate.

Miles de opositores venezolanos se manifestaron la semana pasada en Caracas contra la nueva Ley de Educación, pero fueron dispersados con bombas lacrimógenas y perdigones por las fuerzas de seguridad cuando algunos de los participantes intentaron supuestamente romper el cordón que les impedía avanzar hacia la Asamblea Nacional.

Tres días después de esta escaramuza, Chávez condecoró con la Orden del Libertador al coronel de la Guardia Nacional (policía militarizada) Benavides Torres, el comandante de este dispositivo antimotines que, después de disolver la marcha de la manifestación, arengó a las tropas con la retórica revolucionaria del Gobierno delante de las cámaras.

Dirigentes de la oposición denunciaron que el Gobierno, en sintonía con la Fiscalía y las fuerzas del orden, pretende «criminalizar la protesta social» para contener el creciente descontento popular.

Correa sigue la estela venezolana

RAMY WURGAFT. CORRESPONSAL/Buenos Aires

En el terreno de la política exterior, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se ha ido distanciando de su homólogo venezolano Hugo Chávez. Su postura en relación a Colombia, tras la firma de un acuerdo militar entre ese país y EEUU, es bastante más moderada que la del líder bolivariano. Pero en lo que concierne al trato hacia la oposición dentro de su país -sobre todo a la prensa- Correa sigue los pasos del caudillo caraqueño.

En su programa semanal de radio, el gobernante anunció que pedirá la clausura del canal Teleamazonas por transmitir una grabación suya, supuestamente obtenida a través de espionaje a su despacho oficial. Además, ordenó impedir la emisión de un programa transmitido por Telemundo, que consideró «una porquería». «Se les acabó la fiesta», exclamó Correa al inicio de su espacio. «Pediré la clausura de Teleamazonas llore quien llore, brinque quien brinque».

Desde que asumió el cargo, Correa mantiene un duro enfrentamiento con la prensa no oficialista, al punto que ordenó, a través de la nueva Constitución, revisar las licencias otorgadas a todas las redes de radio y de televisión. «No les tengo miedo, no me tiemblan las manos frente a los que utilizan esas herramientas para producir basura», declaró, tajante, el presidente

Nuevo récord de los Kirchner: 50 causas abiertas por corrupción

Son los altos funcionarios investigados durante los mandatos del matrimonio

RAMY WURGAFT. CORRESPONSAL/Buenos Aires

En los despachos de los jueces más renombrados de Argentina, la luz permanece encendida hasta avanzadas horas de la noche. En el período en que Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández han gobernado Argentina, la Justicia ha instruido más de 50 causas por corrupción contra quienes ocupan u ocupaban cargos estratégicos en la Administración. Un récord que supera al que se había establecido en la década de los 90, bajo los sucesivos mandatos de Carlos Ménem, el gobernante que para muchos argentinos sigue siendo el símbolo de la venalidad. A la cabeza de la lista de los actuales encausados, aparece el propio matrimonio presidencial, a quien el juez Norberto Oyarbide investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La presidenta y su antecesor no han dado una explicación convincente de cómo su patrimonio pudo crecer en un 158%, durante 2008.

Oyarbide también dirige la investigación contra Julio de Vido. Al actual ministro de Planificación se le adjudican irregularidades en la contratación de la multinacional sueca Skanska, para construir dos grandes gasoductos al norte y al sur de Argentina. Cuando tomó el relevo de su marido, Cristina Fernández quiso limpiar los establos, una tarea que preveía la destitución del superministro. Tras una épica batalla doméstica, la inquilina de la Casa Rosada tuvo que doblegarse ante la voluntad de su marido y tolerar que De Vido, junto con el propio Kirchner, maneje la economía argentina.

Poco antes de las elecciones legislativas de junio de 2009, Kirchner observó que las encuestas pintaban mal, en gran parte por la mala fama de los funcionarios que él le impuso a Cristina. Puesto a elegir, Néstor decidió sacrificar al ministro de Transporte, Ricardo Jaime, sospechoso de pagar millonarios subsidios a las empresas concesionarias de los ferrocarriles, pese a que éstas no cumplen con los contratos y a que a los trenes es el servicio que peor funciona en el país. Las autoridades fiscales descubrieron que Jaime posee un yate (anclado en Brasil) y un sinfín de propiedades inmobiliarias.

El próximo día 2 de septiembre, el juez federal Octavio Aráoz indagará al secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, sospechoso de haber contratado a empresas vinculadas a su familia para el diseño y la difusión de la publicidad oficial.

Todavía está sin resolver la causa contra Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Concesiones Viales y compañero de viaje en el vuelo que trajo a Argentina a Guido Antonini Wilson, el empresario venezolano que intentó entrar en el país con una maleta con 800.000 dólares. Se presume que el dinero provenía de la petrolera venezolana PDVSA y que estaba destinado a financiar al partido oficialista Frente para la Victoria que dirige Néstor Kirchner.