ECONOMÍA, ZAPATERO EMBUSTERO: Salgado reconoce que se van a 'revisar' todos los impuestos

EL NUEVO CURSO POLÍTICO / Las cuentas públicas
Salgado reconoce que se van a 'revisar' todos los impuestos

La vicepresidenta evita referirse expresamente a la subida propuesta por Pepiño para las rentas más altas. Revela que las CCAA deben 6.000 millones al Estado pero sigue sin precisar cuánto recibirá cada autonomía. Montoro dice que el modelo de financiación es «un traje a la medida de Cataluña» para garantizarse apoyos


Aunque la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, compareció ayer en el Congreso de los Diputados para hablar del nuevo modelo de financiación de las autonomías, también fue preguntada por la posibilidad de que el Ejecutivo socialista decida subir los impuestos -tras un reciente comentario del ministro de Fomento José Blanco-. Respondió así: «Está todo, absolutamente todo, sometido a revisión».

La número tres del Gobierno de Rodríguez Zapatero no precisó cuánto dinero recibirá cada comunidad con el nuevo modelo de financiación, porque dijo que es «imposible» hacerlo hasta que concluya este año, y reveló que las autonomías deben 6.000 millones de euros al Estado, por dinero anticipado, que podrán devolver en cuatro años a partir del 2012.

La semana pasada, el ministro de Fomento, Pepiño Blanco, declaró como «reflexión personal» que habría que pensar en la posibilidad de que quienes cobran más tengan que «apretarse el cinturón» en beneficio de las rentas más bajas.

Ayer, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre, durante la comparecencia de la vicepresidenta Salgado en el Congreso para explicar el acuerdo sobre financiación autonómica, le preguntó si comparte esa afirmación y, en definitiva, si el Gobierno prevé esa subida de impuestos o si se trata de «una broma pesada de mal gusto».

Salgado explicó que los cambios que pueda haber en el sistema de impuestos en España se presentarán cuando el Gobierno lleve al Congreso, en septiembre, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 y en la futura Ley de Economía Sostenible.

Recordó que algunas modificaciones ya han sido anunciadas por el Gobierno, y citó las referidas a la deducción por la adquisición de la vivienda y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Minutos después, Salgado dijo a los periodistas que no iba a comentar la «reflexión personal» que hizo el ministro Pepiño, pero reiteró que el Gobierno tiene todo este asunto «en revisión». «Pero ni siquiera hemos hablado de subida de impuestos», subrayó.

Pero Salgado comparecía en la Comisión de Economía del Congreso para hablar de financiación autonómica, no de impuestos. Al PP y a CiU, el nuevo modelo aprobado hace un mes y medio les parece lo peor de lo peor. El PSOE, ERC e IU-ICV, por el contrario, lo consideran mejor y más solidario que el actual, que fue acordado en 2001 cuando el presidente del Gobierno era José María Aznar.

El PP, por una parte, y CiU, por otra, querían que la vicepresidenta Salgado concretara la cantidad exacta de dinero que va a recibir cada comunidad autónoma -y Ceuta y Melilla- con el nuevo sistema. Otro grupos también pedían esa información.

La vicepresidenta segunda del Gobierno explicó que no podía facilitar esas cifras porque, como lo que va a aportar el Ejecutivo adicionalmente a las autonomías depende de lo que éstas recauden y de otros factores, hasta que no concluya el año 2009 es «imposible, no difícil, dar las cifras en este momento».

Antes, el diputado del PP Cristóbal Montoro había afirmado que el modelo de financiación que ha aprobado el Gobierno con el Consejo de Política Fiscal y Financiera -sin ningún voto en contra y con la abstención de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP- ha sido «un traje hecho a la medida de Cataluña», con el objetivo de lograr el apoyo de los partidos del Gobierno tripartito catalán a la hora de votar los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Sánchez Llibre, de CiU, aseguró que los ciudadanos catalanes compraron «un piso sobre planos» cuando aprobaron el Estatuto, y ahora reciben con el modelo de financiación sólo «una caseta de feria» que no respeta lo que establece aquella norma legal. Salgado replicó que el nuevo modelo respeta ese Estatuto, «como no podía ser de otra manera».

El socialista Francisco Fernández Marugán aseguró que, al escuchar al popular Cristóbal Montoro, tenía la sensación de estar ante alguien que representa «la imagen de una derecha rabiosa».

Las críticas y los aplausos

>Cristóbal Montoro (PP): «Comparece usted muy tarde; la hemos tenido que traer a empujones. Al Gobierno le da repelús venir a esta Cámara».

>Josep Sánchez Llibre (CiU): «Ustedes nos entregan una caseta de feria o, mejor dicho, un aparatoso decorado de cartón piedra».

>Joan Herrera (IU-ICV): «Desde las dos derechas, del Partido Popular y de Convergència i Unió, se critica un modelo de financiación pactado, cuando el que pactaron ellos resultó desastroso. Éste es justo, digno, transparente y solidario».

>Joan Ridao (ERC): «Este es un acuerdo razonable tanto en el modelo como en las cifras. Es un modelo ampliamente solidario, justo y equitativo, mucho más que el actual»

EL NUEVO CURSO POLÍTICO / Las cuentas públicas
Las autonomías deben 6.000 millones por anticipos de 2008

El Gobierno les ha concedido una moratoria para que paguen

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, dijo ayer en el Congreso que las 17 Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deben al Estado 6.000 millones de euros, correspondientes al dinero que han recibido como anticipo en el año 2008.

El Estado adelanta cada año unas cantidades de dinero a las comunidades y posteriormente hace cuentas con ellas. Como en 2008 ha habido menos ingresos debido a la crisis económica, la deuda de las autonomías es mayor.

La vicepresidenta segunda indicó ayer que, para facilitar a las autonomías el pago de esa deuda, el Gobierno ha decidido que podrán saldarla en cuatro años.

Elena Salgado explicó que, para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se han celebrado numerosas reuniones de este órgano -en el que están representadas todas las Comunidades Autónomas- además de otras de carácter bilateral con las autonomías y muchas de tipo técnico. Ha habido en total más de 100 encuentros, un dato en el que se sustentó para negar que, en contra de las críticas del PP y de algún otro grupo, el Gobierno haya actuado en este caso con opacidad.

El Gobierno va a aportar a las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla más de 11.000 millones adicionales para su financiación, según dijo ayer Salgado.

Esta cantidad, más el modelo de financiación aprobado, supone que todas las autonomías tendrán más dinero que ahora, según dijo, y que se han tenido en cuenta las características especiales que ha planteado cada una de ellas, como el aumento de la población, la separación de los núcleos urbanos y otras. Por eso no entiende, según dijo, las críticas que hace al nuevo modelo Convergència i Unió. En su opinión, lo que ha ocurrido es que los nacionalistas catalanes pensaban que el Gobierno no iba a alcanzar un acuerdo sobre financiación con las autonomías, y cuando ese acuerdo ha llegado se han quedado «descolocados».

«No de otra manera puede entenderse que ustedes hayan llegado a dar hasta 11 cifras distintas durante el proceso de negociación», añadió, en referencia a las peticiones de CiU

Nissan se adelanta al 'otoño caliente'

Anuncia un ERE sobre 2.025 empleados más un mes después de despedir a otros 698. Renault también propone a sus trabajadores flexibilizar la jornada y rebajar salarios

LUIS GARRIDO/Barcelona

Nissan sigue en el epicentro de la conflictividad laboral del sector de la automoción. Tras protagonizar uno de los episodios de reestructuración más duros, que se saldó en julio con 698 despidos en su planta de Barcelona, la compañía japonesa no ha podido esperar al final de las vacaciones para anunciar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE). El derrumbe de las ventas de coches ha llevado a la marca a presentar un proceso temporal que afectará a 2.025 trabajadores en sus plantas de la Zona Franca y Montcada. La medida se anticipa «al otoño caliente» en materia de despidos que han augurado los sindicatos.

Con la resaca del ERE de extinción de la nipona aún latente, motivo por el que sus afectados llevan una semana manifestándose ante las puertas de la fábrica, Nissan vuelve a la carga con un ajuste que recaerá sobre el 70% de sus 2.900 empleados. Se quedarán sin trabajo entre 30 y 40 días entre los meses de septiembre y diciembre si la Generalitat acepta el expediente.

Los últimos ajustes en la plantilla de Nissan han dejado a la compañía con una capacidad productiva de 128.000 vehículos al año. Sin embargo, la crisis no da tregua y si a los particulares hay que extenderles cheques para que se animen a renovar sus coches, las empresas y autónomos apenas tienen recursos para renovar vehículos comerciales como el Opel Vivaro, la Renault Traffic o la Nissan Primastar, que fabrica Barcelona. Las escasas ventas de vehículos comerciales han complicado la situación hasta el punto de plantear el segundo ERE este año.

Según la marca, la producción estimada para 2009 será de 50.000 vehículos, casi una tercera parte de los 135.000 automóviles salidos de la factoría en 2008.

Pero ya no queda mucho espacio para la comprensión entre los trabajadores. El anuncio de este nuevo expediente temporal hizo saltar chispas entre los sindicatos inmediatamente. Desde el mayoritario Usoc se calificó de «innecesario e injustificado» y se anunció una «oposición frontal». El enfado de sus representantes es mayor al considerar que los expedientes temporales estaban justificados para esquivar los despidos, pero critican que definitivamente se han producido tanto extinciones como suspensiones.

Usoc asegura que en el acuerdo del plan industrial que se firmó en febrero, en el cual se intentaba esquivar los despidos, «no se incluía ningún expediente de extinción de contratos y sí la adjudicación de nuevos vehículos». Al final se logró comprometer la fabricación de una nueva furgoneta que iba a ser producida en Tánger, la NV200, pero también se aplicó un ERE de rescisión para 698 empleados.

No obstante, desde Nissan manifiestan justamente lo contrario, que en ese plan industrial se preveía una reestructuración de la plantilla y que, mientras las ventas siguiesen de capa caída, se recurriría a suspensiones temporales.

La empresa desvincula el adelgazamiento de su plantilla del expediente de suspensión recién anunciado. «Son temas completamente distintos. En el caso del ERE de extinción era algo completamente necesario para asegurar el futuro de la planta y estaba pactado en el plan industrial», afirmó el portavoz de la automovilística, Alfredo Castaño, quien añadió que «una cosa eran las necesidades de la fábrica para mantenerse abierta, y otra aguantar la caída de producción».

«No hay ninguna empresa de automoción que no tenga un ERE temporal este año», explicó Castaño, que incluso estima que podrían aplicar nuevas suspensiones a partir de 2010 en caso de que el temporal no amaine y las ventas sigan estancadas.

Por otro lado, la llegada de la NV200, que empezará a fabricarse el año que viene, puede crear una necesidad de trabajadores. Por eso, desde Comisiones Obreras incluso creen que Nissan se ha «precipitado» al aplicar un ERE de extinción, ya que podría llegar a darse el caso de que necesite nuevos trabajadores para satisfacer la demanda. Nissan niega que este año vayan a contratar a trabajadores temporales y señala que, en el caso de que eso suceda, hay 150 afectados por el expediente de regulación de julio que tienen preferencia para volver a integrarse en la plantilla

Trabajo no aclara a las CCAA cómo coordinar sus ayudas con los 420 euros

Decepcionados salieron ayer los representantes de las Comunidades Autónomas de la reunión mantenida con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para analizar la ayuda de 420 euros propuesta por el Gobierno para los desempleados que terminen su prestación. Según algunos de los asistentes a la reunión, Corbacho se limitó a presentar un informe sobre el subsidio tal y como se aprobó en el Real Decreto del pasado 13 de agosto. En el encuentro, al que también acudió la secretaria de Empleo, Maravillas Rojo, no se adelantó si se modificará para ampliar el abanico de beneficiarios o sí se hará retroactivo a los parados que hayan perdido su prestación antes del 1 de agosto.

Tampoco se aclaró cómo se coordinará el pago de los 420 euros con las ayudas que muchas regiones tienen previstas para los desempleados de larga duración. Este asunto trae de cabeza a algunas regiones, porque temen que sólo se beneficien de la medida aquéllas comunidades que no tengan dispuestos subsidios de estas características. Éste es el caso de Catalunya.

Los representantes del PP fueron los que se mostraron más críticos al concluir la reunión. En este sentido, la consejera de Trabajo de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, denunció la «improvisación» del Ejecutivo y criticó también que el propio Zapatero reconociese la posibilidad de modificarla para ampliar los desempleados que puedan tener acceso.

La dirigente del PP madrileño lamentó también que durante su articulación no se haya tenido en cuenta a las Comunidades Autónomas y reprochó a Corbacho por incumplir su promesa de tener un «diálogo fluido» con las autonomías, informa Europa Press.

La consejera madrileña también censuró que el papel de las comunidades se haya limitado a una «mera gestoría» del servicio estatal de empleo, ya que deben informar a los ciudadanos de una competencia estatal. En este punto, señaló que en la Comunidad de Madrid se ha informado ya a 9.300 ciudadanos y se han recibido un total de 548 solicitudes.

El que sí lanzó su propuesta fue el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro. Expuso a las comunidades que complementen con 200 euros adicionales los 420 euros del Estado. Así, cobrarían el salario mínimo interprofesional y cotizarían a la Seguridad Social, a la vez que participarían en programas de formación.

Según explicó, los beneficiarios recibirían un total de 620 euros gracias a los que podrían seguir cotizando a la Seguridad Social. A cambio, participarían en programas de formación y empleo «parecidos a las escuelas-taller» destinados a reubicar a los desempleados en los nuevos sectores que deben sustituir el «vacío» dejado por la construcción.

Posibles modificaciones

>El próximo lunes, previsiblemente, Gobierno y sindicatos se verán las caras para analizar posibles modificaciones en las ayudas de 420 euros para desempleados. Las centrales sindicales trabajan a contrarreloj para detallar la propuesta concreta que se pondrá sobre la mesa del Ministerio de Trabajo para determinar hasta cuando se puede asumir la ampliación del plazo para recibir la ayuda.

Alemania se une a Francia y pide al G-20 que se limiten los sueldos de los banqueros

La canciller alemana, Angela Merkel, se sumó ayer a la iniciativa del presidente francés, Nicolás Sarkozy, para proponer al G-20 la restricción de los bonus millonarios que cobran los banqueros. Incluso propone penalizar a quienes pierdan dinero.

Merkel, igual que su homólogo francés, quiere que los incentivos económicos se vinculen no sólo a las ganancias, sino también a las posibles pérdidas de la compañía, lo que penalizaría a los banqueros que lideren compañías con números rojos. Ésta es la propuesta que van a avalar ambos mandatarios en la cumbre del G-20 que se celebrará los próximos 24 y 25 de septiembre en Pittsburg (EEUU).

El PIB ha comenzado a remontar en estos dos países y en las plantas más altas de los rascacielos financieros hay verdadera prisa por volver al bonus nuestro de cada día, después de 24 meses de disgusto en disgusto. Muchos quisieran que este tiempo en que los altos ejecutivos se han tenido que conformar con una nómina millonaria sea sólo un paréntesis.

El código recién presentado por la Financial Services Authority (FSA), órgano de Gobierno de la City londinense, ha sido recibido en Francfort con alfombra roja, porque sus recomendaciones sobre incentivos y remuneraciones variables son mucho más blandas de lo que se esperaba. Señala como única restricción fijar los premios de los ejecutivos en función del resultado final y no de las ventas. Y hacerlo además con criterios de largo plazo.

Advierte de que aquellas entidades más agresivas deberán elevar sus reservas de capital para hacer frente a posibles riesgos. Respecto a los polémicos bonus, el texto sólo restringe aquéllos ligados a ayudas estatales, los que se pagan con dinero de los contribuyentes a los directivos que han provocado pérdidas.

Lo que Sarkozy sugiere y Merkel suscribe son medidas bastante más estrictas: «Desde ahora, el operador deberá esperar tres años para cobrar todo su bonus, y si en los dos años siguientes su entidad pierde dinero, no tendrá su bonus», dijo ayer el presidente francés. Y amenaza con que Francia no dará permiso para operaciones a los bancos que no sigan estas nuevas reglas.

Bien las amenazas o bien la determinación de Sarkozy, comienzan a surtir efecto y el gobierno galo ha anunciado ya que el jefe del BNP ha acordado adoptar el nuevo esquema de salarios, antes incluso de que pase a formar parte de la regulación. Desde Alemania, Angela Merkel, mencionó ayer como procedimiento el pago retardado de bonificaciones, para examinar si el éxito de la empresa es duradero. Merkel dijo sentirse «irritada» por el hecho de que algunos bancos sigan dando pagas millonarias a sus ejecutivos como lo hicieron antes de la crisis financiera.

Más allá de su «irritación», Merkel da este paso en un momento de doble oportunidad política: la cita del G-20 tiene lugar sólo dos días antes de las elecciones generales alemanas y el anuncio se produce en medio de una trifulca electoral tras desvelarse que el presidente de Deutsche Bank, Josef Ackermann, celebró su 60 cumpleaños con 30 amigos en la sede de la Cancillería de Berlín y a cargo del presupuesto de la canciller, dejando al descubierto una relación de privilegio entre Merkel y, al menos, un banquero.

Las propuestas de Francia y Alemania

>Sarkozy quiere evitar que el cobro de los 'bonus' tenga lugar nada más conocerse los resultados. Por eso propone que el banquero espere tres años hasta cobrar sus pagas extras. Si en los dos años siguientes su empresa pierde dinero, no tendrá esa retribución. Asegura que el Gobierno no dará el visto bueno a ciertas operaciones si los bancos no cumplen las nuevas restricciones.

>Desde Alemania, Angela Merkel propone instaurar un pago retardado de bonificaciones, de tal modo que pueda examinarse si el éxito es duradero o no. También ha insinuado que, del mismo modo que los banqueros que ganan dinero reciben pagas extraordinarias, quienes lo pierdan deberán pagar por ello