DELINCUENCIA GUBERNAMENTAL: Rjoy también denuncia las escuchas ilegales del Gobierno/ Trillo aporta pruebas de dos casos concretos de escuchas ilegale

GOBIERNO BAJO SOSPECHA / Las sospechas de los políticos
Rajoy también denuncia espionaje

Comparte «todo» lo que dijo De Cospedal cuando habló de escuchas ilegales al PP. Acusa a Zapatero de ser «responsable» de ataques «infames e inadmisibles» a su partido

El presidente del PP, Mariano Rajoy, hizo ayer un paréntesis en sus vacaciones y compareció ante los medios para respaldar, cinco días después, las acusaciones de espionaje lanzadas por su número dos, María Dolores de Cospedal, contra el Gobierno. El pasado jueves, la secretaria general denunció escuchas ilegales a dirigentes de su partido y que «España vive en un estado policial» que «pone en grave riesgo la democracia».

Ayer, Rajoy aseguró que está de acuerdo «en todo» con lo que dijo De Cospedal y acusó al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de estar al frente de «la Inquisición del siglo XXI». «Es evidente que el Gobierno está persiguiendo a los miembros del PP», dijo, lo que genera «muchas dudas y muy poca confianza en las instituciones».

Tras visitar una exposición en el nuevo Museo Provincial de Pontevedra, Rajoy recurrió a un texto sobre la Inquisición que pudo ver en su paseo para censurar «a los inquisidores del siglo XXI», y avisó de que defenderá «el honor» de su partido «donde haya que hacerlo».

El pasado 6 de agosto, cuando De Cospedal hizo sus duras declaraciones desde la playa, la portavoz del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, la emplazó a que acudiera a los tribunales a denunciarlo o que se retractara.

Posteriormente, el PSOE se lo ha recordado día tras día, siguiendo la misma estrategia que ya usó Rajoy contra el ex ministro Fernández Bermejo, o después, contra el vicepresidente tercero, Manuel Chaves: «Han pasado tres (o cuatro, o cinco...) días y De Cospedal ni ha presentado pruebas, ni ha dimitido», han proclamado los portavoces socialistas y sus comunicados. Sin ningún efecto.

Al contrario. Ayer recabó el respaldo del líder de la oposición. Rajoy dijo no temer ser objeto de escuchas, pero alertó de que se trata de un hecho «contrario» a la ley e «impropio de una democracia moderna».

«Que pinchen mi teléfono me tiene completamente sin cuidado, no tengo nada de lo que arrepentirme», resolvió, pero calificó de «lamentable» estar en un Estado «en el que se trata de forma diferente» a los dirigentes en función del partido al que pertenezcan, informa Europa Press.

«Aquí se han televisado detenciones de personas», en referencia a los detenidos del caso Palma Arena, «se han hecho juicios paralelos, y parece no existir el secreto de sumario ni el de las actuaciones policiales ni judiciales», lamentó. Reprobó el «uso» del aparato estatal para atacar a dirigentes de su partido «que tienen derechos y familia».

«¿Quién le paga ahora a Camps seis meses de filtraciones? ¿Quién le resarce de esa condena? Hubiera sido menos grave una condena del tribunal por 2.500 euros», continuó, y concluyó que «esto es una democracia, no una broma».

Rajoy hizo «responsable» a Zapatero de ataques «infames, inadmisibles e inaceptables» a su partido por parte de las instituciones, y le emplazó a dar «explicaciones convincentes» después del Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este jueves, día 13. Rajoy dijo esperar que ese Consejo aborde esta situación, que está produciendo, según él, «verdadera alarma social».

De hecho, anunció que su partido ha solicitado la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara Baja para que comparezcan el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Acto seguido, pidió a Zapatero, que les ordene que vayan a las Cortes.

Rajoy les reclamó que expliquen por qué «se ha tratado de manera diferente» a los militantes del PSOE y a los del PP, y por qué ha habido «filtraciones» de sumarios secretos que han dado lugar a «juicios paralelos» a dirigentes de su partido. De no hacerlo, no dudará en acudir al Parlamento Europeo.

Por otro lado, aprovechó para devolver al presidente el reproche que le lanzó el viernes cuando apeló a que Rajoy estuviera de vacaciones mientras su partido hacía tales acusaciones. El líder del PP dijo ayer que, tal vez, Zapatero no se haya enterado de nada porque está veraneando «en un palacete de Patrimonio Nacional»,

El presidente del PP hizo también una defensa cerrada del presidente valenciano, Francisco Camps, y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a la que calificó de «persona intachable y honrada».

Rajoy aseguró que la actitud del Ejecutivo y su «uso» de la Fiscalía y de la Policía constituyen «un hecho sin precedentes», y añadió que no confía en los responsables políticos de Interior y de la Fiscalía, pero sí en las instituciones y en la labor de las Fuerzas del Estado.

GOBIERNO BAJO SOSPECHA /
Trillo cita dos casos de supuestas escuchas ilegales

El coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP, Federico Trillo-Figueroa, denunció ayer dos casos de supuestas escuchas ilegales cuando fue preguntado por las pruebas que tiene su partido de la grave acusación realizada por María Dolores de Cospedal.
El ex ministro explicó que ambas escuchas constan en la denuncia presentada por el PP el pasado 24 de julio. La primera se correspondería con una conversación grabada entre un inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
Como explicó Trillo en el programa 'Herrera en la onda' de Onda Cero, una persona telefoneó a Camps a las 22.30 horas para notificarle el auto del juez Baltasar Garzón en el que se inhibía a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). Esa persona se idenfiticó como inspector de la Udef, pero se negó a dar su nombre.
Preguntado posteriormente si no habría sido el propio Camps quien grabó esa conversación, aseguró que creía que no porque «es más bien bastante manazas», aunque no quiso acusar directamente a nadie de haber realizado la grabación. Eso sí, en antena aseguró que él la ha oído, aunque tampoco explicó cómo ha llegado a sus manos. «No vamos a revelar nuestras fuentes, pero sí vamos a aportar la cinta», añadió, al asegurar que lo harán en cuanto un juzgado abra diligencias por esas supuestas escuchas.
Trillo-Figueroa citó también otra grabación que calificó como «clara y manifiesta y rotundamente ilegal» porque se hizo, dijo, «sin autorización judicial». En este caso, sin embargo, en la conversación no hay ningún dirigente del PP. Trillo se refería a una conversación telefónica reproducida por la cadena Ser en la que Álvaro Pérez, 'El Bigotes', el supuesto cabecilla de la 'trama Gürtel' en Valencia, habla con sus socios y les dice que Camps le puede nombrar «por la cara» coordinador general de la visita del Papa a Valencia.
Como detalló ayer Trillo, la conversación se produjo en 2006 y el sumario no se comenzó a instruir hasta 2008, con lo que al no haber una investigación judicial iniciada, la Policía no podía proceder a la interceptación de las comunicaciones de Pérez, lo que demostraría que la escucha fue ilegal.

GOBIERNO BAJO SOSPECHA /
Bárcenas recurre al juez por amenazas

>El senador Luis Bárcenas presentó el 27 de julio una denuncia por amenazas tras la supuesta visita de dos personas que dijeron ser policías a su domicilio y por diversas llamadas al móvil de su mujer.

>Bárcenas relata en su denuncia, adelantada por 'Abc', que cuando los agentes fueron a su casa no había nadie e interrogaron al portero.

>El senador relaciona esa visita con una discusión que mantuvo con el comisario jefe de la Policía Judicial, con el que se encontró de forma casual en un restaurante

GOBIERNO BAJO SOSPECHA / El trato a los 'populares'
Un comisario 'olvidó' que no debía esposar a los detenidos

Interior abre expediente disciplinario al responsable del operativo que exhibió a los cargos del PP arrestados en Palma

La Jefatura Superior de la Policía en Baleares ha abierto un expediente disciplinario al comisario responsable de la custodia de los cargos del PP detenidos por el caso Palma Arena. Se trata de Alfonso Jiménez, que ayer admitió por escrito la «posibilidad» de que se le hubiera «olvidado» ordenar que no se esposase a los cinco imputados para no exhibirles engrilletados ante la prensa, como la Delegación del Gobierno asegura que había dispuesto.

Interior ya tiene sobre la mesa un primer informe de Jiménez, comisario jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía en Baleares, en el que trata de justificar por qué su grupo no siguió las instrucciones de la autoridad gubernativa.

Tras reunirse estos días con sus agentes uno por uno y reconstruir los hechos que se sucedieron durante la tercera jornada de arresto de los detenidos, Jiménez alega que, muy posiblemente, los políticos fueron esposados por un descuido suyo. Asegura que, apenas 20 horas después de recibir esas instrucciones, pasó por alto trasladarlas a los tres agentes que diariamente escoltan a los detenidos hasta los juzgados.

Sigue sin aclararse desde el Ministerio del Interior por qué se optó además por una forma inusual de colocarles las esposas a los imputados. De dos en dos y «la mano derecha de un detenido con la mano derecha del otro», tal y como les reiteraron los agentes justo antes de ser conducidos al furgón en plena calle y ante los periodistas, según explicó a EL MUNDO el portavoz del PP de Palma, Rafael Durán. Una fórmula, la de esposarles con las manos cambiadas, que entorpece el paso y permite que los fotógrafos tengan más tiempo para capturar las imágenes.

El comisario Jiménez ha detallado al Ministerio del Interior cómo el viernes a mediodía mantuvo una reunión preparatoria con el jefe superior de Policía en Baleares. También estaba presente el comisario de la brigada de la Policía Judicial.

Ya se sabía que los detenidos iban a agotar en los calabozos las 72 horas de arresto que contempla la ley. Y, por tanto, que el sábado por la mañana iban a tener que pasar a disposición judicial. El jefe superior comunicó que debían ser trasladados en un mismo furgón policial. Todos juntos. Además, les ordenó que no debían ir esposados, y que se les diesen facilidades para que asearse y cambiarse de ropa, y vestirse con las prendas que les habían llevado sus familiares.

Aquella orden provenía directamente del delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías. Y ya se había cumplido cuando la brigada de la Policía Judicial practicó las detenciones el miércoles. Así, por ejemplo, Durán fue conducido del Ayuntamiento de Palma a la Jefatura de Policía en un coche camuflado, escoltado por agentes de paisano que no le esposaron y que accedieron al edificio por el garaje, burlando a los periodistas que estaban apostados en las escalinatas.

¿Por qué se desobedeció después la orden? (¡¡INCREÍBLE E INFANTIL DISCULPA!!) En su minuta, Jiménez asegura que cree que sí dio las instrucciones a sus hombres. Incluso afirma que él mismo estuvo revisando las instalaciones que se iban a poner a disposición de los detenidos para que se asearan, con el fin de comprobar que estaban en condiciones dignas. Sin embargo, dice, al pedir explicaciones a sus agentes acerca de por qué se había incumplido la instrucción, éstos aseguraron que recibieron instrucciones del aseo y de la ropa, pero que en ningún caso le ordenaron que no se les esposase. Por eso, él mismo deduce que se le olvidó transmitir ese detalle

GOBIERNO BAJO SOSPECHA / El trato a los 'populares'
El juez del 'caso Palma Arena' se desmarca de la Policía

El juez que se ocupa de la investigación del 'caso Palma Arena' -la trama de presunta malversación de caudales en torno a la edificación del velódromo municipal de Palma de Mallorca durante el pasado gobierno autonómico del PP- no dio ninguna orden de en qué condiciones debía realizarse el traslado de los detenidos ante sus dependencias, algo de lo que se ocupa habitualmente la Policía.

Por tanto, el juez no dio instrucciones de si los empresarios y dirigentes del PP detenidos debían ser esposados o no, algo que forma parte del procedimiento habitual en los traslados de arrestados. Tampoco del tiempo que debían permanecer en los calabozos, aunque esta medida, que se adoptó bajo responsabilidad principalmente de la Fiscalía y la Policía, sí cuenta con su respaldo.

Fuentes judiciales próximas al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, argumentaron ayer que las 72 horas que permanecieron arrestados e incomunicados los cinco detenidos por la trama eran necesarias para analizar la voluminosa documentación incautada en los registros durante la jornada del miércoles, día de los arrestos.

De otra forma, indicaron, el atestado no hubiese sido lo suficientemente completo como para que el juez les tomase declaración. Esas mismas fuentes, incluso, especificaron que se trabajó con una «premura récord».

En cuanto a las detenciones, éstas fueron ordenadas por los fiscales anticorrupción. El juez, que estuvo presente en los registros, no había dado orden expresa de que se detuviera a esas cinco personas, pero fue informado sin oponerse.

Cabe recordar que Castro lleva un año instruyendo la investigación después de que la Fiscalía Anticorrupción judicializase un expediente remitido por el actual Gobierno autonómico, liderado por el PSOE.

Pese a que la causa está bajo secreto de sumario, algunos de los detenidos el pasado miércoles sabían desde hace meses que se les estaba investigando.

GOBIERNO BAJO SOSPECHA / El trato a los 'populares'
«Socías me ha pedido disculpas»

«El propio delegado del Gobierno en Baleares me ha pedido disculpas, o sea que algo se ha hecho mal», afirmó ayer Rosa Estaràs, presidenta del PP balear. Según dijo, Ramon Socías le reconoció que había ordenado a la Policía Nacional que los arrestados en la 'operación Espada' no fueran esposados para «evitar espectáculos» y que su orden fue desobedecida.

Sin embargo, en público, el delegado manifestó: «No he pedido disculpas, pero no tengo ningún problema en pedirlas», informa Efe. «El Estado de Derecho ha funcionado y hay descartar insinuaciones de persecución política». «El PP está sembrando dudas y esto supone un gran daño», concluyó Socías.

Socialistas esposados

Sí, también ha habido ediles socialistas esposados tras sus respectivas detenciones por corrupción, lo cual no legitima ese trato policial. Rastreando la hemeroteca, la cadena Ser encontró dos ayer: Antonio Barrientos (dcha.), alcalde de Estepona, cuya foto entrando en el coche policial fue publicada en la portada de EL MUNDO el 18 de junio de 2008, y Juan Escudero (izqda.), ex alcalde de Los Alcázares, que también apareció esposado en la edición de Murcia del diario La Razón. En las imágenes aparecen solos, eso sí, sin estar 'atados' a otros compañeros detenidos, como sí aparecieron los del PP.