DELINCUENCIA GUBERNAMENTAL: El PP acusa al Gobierno de someterlo a escuchas ilegales

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La acusación de los 'populares'
El PP acusa al Gobierno de someterlo a escuchas ilegales

Cospedal denuncia que «España vive en un estado policial» que «pone en grave riesgo la democracia» / Cree que Trillo fue espiado y por eso le acusaron de presionar al juez Montero cuando sólo habló por teléfono con un abogado del partido del mismo apellido.

FERNANDO LÁZARO/Madrid
Firme, contundente y, sobre todo, muy clara. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, lanzó ayer una dura denuncia: su partido está siendo espiado. Los dirigentes de esta formación política son víctimas de pinchazos telefónicos.

En una entrevista con Efe, no dejó dudas abiertas: le consta que se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que «no tienen nada que ver con los sumarios» y a destacados dirigentes nacionales.

María Dolores de Cospedal afirma que la primera víctima de estas escuchas es Federico Trillo, coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP e ideólogo de la estrategia de defensa popular en el caso Gürtel.

Según explican desde el PP, diferentes medios de comunicación acusaron a Trillo de estar presionando a uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que debía decidir sobre la causa contra Francisco Camps. En concreto, hablaban del juez Juan Montero. Se acusaba a Trillo de haberse puesto en contacto telefónico con este magistrado durante el pasado fin de semana.

Pero la realidad, según las mismas fuentes, es que Trillo había contactado con Montero, pero era otro Montero. Se trataba de uno de los abogados que llevan la representación del PP en el caso Gürtel. Y Trillo, como responsable del PP en este caso, estuvo en contacto permanente con el equipo jurídico las horas previas a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tomara una decisión sobre la causa de los trajes del presidente valenciano.

Además, el juez Montero fue precisamente el magistrado que se posicionó en contra del archivo de esta causa.

Pero, según las mismas fuentes, Trillo no es el único responsable popular en el punto de mira de las escuchas. Desde el PP se asegura que han recibido información por parte de miembros de la Seguridad del Estado de que el teléfono móvil de Cospedal también ha sido pinchado.

La número dos del PP denunció que «se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que no tienen nada que ver con algún sumario» judicial. «Y se hacen de manera ilegal, nos consta», puntualizó De Cospedal, quien añadió que hay altos dirigentes nacionales del partido cuyo teléfono ha sido «pinchado».

Y, en contestación a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que exigió al PP que rectifique sus palabras o que denuncie los pinchazos, desde esta formación se le recuerda que el partido ya denunció interceptaciones de sus comunicaciones en el caso Gürtel.

Lo hizo el pasado 24 de julio, en una denuncia presentada ante un juzgado de instrucción de Madrid, en la que el PP solicitó también que se tomara declaración al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y al comisario jefe de la Policía Judicial, José Antonio González, por un presunto delito continuado de revelación de secretos.

La denuncia será ampliada tras los incidentes del pasado fin de semana con las comunicaciones de Federico Trillo.

Además, Cospedal se reafirmó en las declaraciones que hizo hace dos días en un vídeo de su propio partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP, y lamentó, además, que España viva ahora «un Estado policial» como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía.

Un «Estado policial» que, a su juicio, lleva al Gobierno a «utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia». «Perseguir a la oposición resulta propio de un sistema antidemocrático», dijo.

«Esto es lo que practica el Gobierno aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia», aseguró.

Advirtió de que tanto el Partido Socialista como el Gobierno «intentan corromper a las instituciones de la democracia», incurriendo así en un caso de «corrupción política».

Aseguró que «los fiscales están muy molestos con la actuación del Gobierno» en la instrucción del caso Gürtel, ya que pertenecen a una institución que, tal y como estipula la Carta Magna, ha de ser «garante de la Ley y del Derecho para todos los ciudadanos».

Ese malestar, indicó, se acrecentó después de que De la Vega anunciase desde Costa Rica que el Ministerio Público recurriría el auto que archiva la causa contra Francisco Camps.

«La Fiscalía está para perseguir a los delincuentes, los delitos y a los etarras, y no para perseguir o aniquilar a la oposición como pretende el PSOE», apostilló la dirigente popular, quien no se retracta de ninguna de sus últimas palabras, pese a las críticas y advertencias lanzadas durante los últimos días desde las filas socialistas

Barridos periódicos en Génova ante posibles escuchas

FERNANDO LÁZARO/Madrid

Trabajo adicional. Las empresas de seguridad privada tuvieron que realizar horas extra cuando estalló el caso del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid. Tras la publicación de que se habían producido seguimientos a altos responsables del PP y del Ayuntamiento de Madrid, en Génova saltaron todas las alarmas.

Ante un posible caso de espionaje general en el partido se decidió contactar con una de las empresas de seguridad privada que habitualmente trabajan para la formación liderada por Mariano Rajoy.

El encargo fue claro: había que saber si en los despachos de los máximos responsables del PP había micrófonos o sus teléfonos habían sido objeto de escuchas ilegales.

Así, la sede del PP fue «rastreada», «barrida», a la caza de posibles micrófonos ocultos en alguna de las dependencias. Entre las oficinas analizadas, además de la del líder popular y la de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, también fueron rastreados y barridos los despachos de todos los miembros de la dirección popular.

También estuvieron en el punto de mira las líneas de teléfono fijas. Incluso, los ordenadores.

Como explican a este periódico especialistas policiales en escuchas, es muy difícil o prácticamente imposible detectar si un teléfono móvil ha sufrido escuchas. Estas fuentes indican que este tipo de dispositivos de comunicación son interceptados desde la cercanía, con sofisticados aparatos de alta tecnología que apenas ocupan un maletín y que no dejan huella de la actuación.

Es decir, la interceptación de las comunicaciones en estos casos es prácticamente indetectable salvo que se compruebe cuando se está produciendo. A posteriori es casi imposible detectarla.

Las fuentes consultadas por este periódico aclararon que en ese barrido en la sede del PP no fue detectada ninguna circunstancia extraña.

No era la primera vez que se ponía en marcha un dispositivo de búsqueda como éste. De hecho, según explicaron fuentes de esta formación, de forma periódica se realiza este tipo de revisiones.

Pero, desde que estalló el escándalo de Madrid y ahora, ante la sensación generalizada de que están siendo objeto de seguimientos y de escuchas, los responsables populares han acortado los plazos entre cada una de las revisiones.

No es el Partido Popular el único que, periódicamente, revisa sus instalaciones ante posibles fugas de información. Casi todos los partidos representativos también toman sus medidas de seguridad internas. Ninguno de los partidos ha detectado algún incidente grave o digno de denuncia durante los últimos tiempos

COMO A ÉL MISMO
Trillo sugiere que se espió a Camps

El secretario de Justicia del PP, Federico Trillo, sugirió anoche que otro de los posibles espiados por los «instrumentos del Estado» habría sido el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Durante una intervención en Veo7, la televisión de Unidad Editorial, Trillo reveló que un inspector de Policía se puso en contacto con Camps para notificarle su imputación en el 'caso Gürtel' «a través de su número privado», de manera inexplicable, a su juicio.

El dirigente 'popular' también abundó en los argumentos que le situarían a él mismo como posible espiado. Además, apuntó que el PP ampliará la denuncia por las filtraciones del caso a las dos fiscales que dirigen la investigación: Miriam Sabadell y Concha Segura.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La posición del Gobierno
De la Vega exige a Cospedal que vaya a los tribunales o que rectifique

Acusa al PP de lanzar «sombras de sospecha sobre el Estado de Derecho»

El ataque de la número dos de Mariano Rajoy contra el Gobierno, la Fiscalía y la Policía produjo ayer una respuesta contundente, pero medida desde el otro lado del Atlántico. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que continúa su gira oficial por Iberoamérica, exigió a María Dolores de Cospedal que «vaya a los tribunales si cree que se está cometiendo algún delito» o, si no es así, que «se retracte».

Preguntada al respecto en la embajada de España en Asunción tras su entrevista con el presidente paraguayo, Fernando Lugo, De la Vega acusó a los dirigentes del PP de estar «lanzando sombras de sospecha sobre el funcionamiento del Estado de Derecho» -«que hemos construido entre todos con mucho esfuerzo», apuntó-. Y acusó a De Cospedal de «despreciar el trabajo de la Policía, los jueces y los fiscales».

Fuentes del entorno de la vicepresidenta se mostraron muy preocupadas por lo que consideran «una utilización partidaria» de las instituciones del Estado por parte del PP para defenderse de las investigaciones judiciales que le acosan y también para atacar al Ejecutivo e intentar dar la vuelta a los procesos de corrupción que sufren.

De la Vega manifestó ayer que «la escalada verbal de los dirigentes del PP evidencia su nerviosismo» y en varias ocasiones les animó «a serenarse». «No hay conspiración contra el PP», continuó, «lo que hay es un funcionamiento normal del Estado de Derecho».

Ese «funcionamiento normal» consiste, según la número dos de Zapatero, en que «si hay indicios de delito, se investigan, se produzcan donde se produzcan, en Madrid, Valencia o Palma de Mallorca y afecten a quien afecten». En concreto, y sobre la investigación de Baleares, «es el PP el que debe, desde un punto de vista político, dar explicaciones».

La portavoz del Ejecutivo reiteró cuál es la política del Gobierno a este respecto: «Tolerancia cero contra la corrupción» y «respeto a la actuación de la Fiscalía y los jueces, a sus tiempos y a sus decisiones».

De la Vega también fue preguntada por el bloqueo del PP al nombramiento de Leire Pajín como senadora, que calificó como «intolerable». La actuación de los populares en este asunto es «mezquina y cicatera», según la vicepresidenta, porque «pretenden entorpecer el legítimo derecho» de Pajín a ser senadora.

Por ello, consideró positivo que los dirigentes populares «dejen de entorpecer el funcionamiento de las instituciones y los acuerdos de las instituciones democráticas», por lo que les emplazó a «abandonar de una vez por todas esa obsesión de utilizarlo todo de forma partidaria».

«Confío en que rectifiquen», añadió, «que rectifiquen y recapaciten». De la Vega acusó al PP de haber «roto un acuerdo parlamentario y político».

No quiso responder De la Vega a la pretensión del PP valenciano de que las Cortes de esa comunidad la reprueben y pidan su dimisión por anunciar el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la investigación a Francisco Camps antes que el fiscal. A ese respecto, dijo que el PP puede pedir lo que quiera, y ante una posible decisión de las Cortes, «el Gobierno manifiesta respeto».

La escalada de la tensión entre el PP y el Gobierno a cuenta de los escándalos que salpican al primero están marcando el día a día de la quinta gira oficial por Latinoamérica que realiza Fernández de la Vega.

Hoy comienza su sexta y última etapa con su parada más importante: Colombia. La intención del presidente, Álvaro Uribe, de instalar bases norteamericanas en su país ha provocado una fuerte contestación en toda la región y puede convertirse en un nuevo foco de conflicto.