DELENDA EST HISPANIA: Los socios de Montilla y Zapatero redoblan sus amenazas

ICV quiere llevar el 'Estatut' ante jueces internacionales

Joan Ridao (ERC) dice que el TC debería estar inhabilitado al tener un tercio de sus miembros el mandato prorrogado

LEONOR MAYOR/Barcelona
Puede que dentro de unos días, tras las vacaciones de verano, los políticos catalanes recuperen sus quehaceres habituales e inicien nuevos debates de calado. De momento, insisten, cualquiera que sea su color, en especular sobre el Estatut, cuyo futuro está en manos del Tribunal Constitucional.

Los jueces tienen que dictar una sentencia que determinará si el texto estatutario se ajusta o no a la Constitución. Eso es lo único cierto de esta historia, porque, hasta ahora no se sabe ni cuándo se hará público el fallo -es posible que tarde todavía unos cuantos meses- ni por qué derroteros irá.

A pesar de toda esta incertidumbre, los políticos catalanes no hablan de otra cosa y se dedican a diseñar diversos planes para ponerlos en marcha en caso de que la sentencia llegue a dictarse y suponga un recorte de los postulados estatutarios. La portavoz de ICV en el Parlament, Dolors Camats, hizo público ayer el último de los muchos proyectos barajados para batallar contra un fallo restrictivo: recurrir a los tribunales internacionales.

«Si el Constitucional elabora una sentencia fuera de toda lógica se debería explicar tal injusticia ante instancias internacionales o en otros estados», aseguró Camats en una entrevista a Efe, sin concretar cómo deberían articularse tales recursos ni ante qué instancias judiciales.

La de Camats es la enésima propuesta ante un posible recorte del Estatut por parte del Constitucional, que debe resolver los recursos contra el texto interpuestos principalmente por el PP, pero también por el Defensor del Pueblo y por otras comunidades autónomas.

De los posibles planes analizados hasta ahora, sólo hay uno que tiene carácter oficial. Lo desveló el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, el martes y viene avalado por el presidente de la Generalitat, José Montilla. Consistiría en algo así como acatar el fallo y después buscar otras fórmulas legales que permitiesen recuperar las competencias estatutarias que la hipotética sentencia negativa hubiese hurtado.

Este mecanismo no ha convencido a los de CiU, porque, aunque podría servir para concretar traspasos competenciales, no sería de aplicación en el caso de que la sentencia tumbase aspectos identitarios del Estatut, como la consideración de Cataluña como nación, la consagración de sus símbolos nacionales o la obligatoriedad de conocer la lengua catalana.

También se ha hablado, ya extraoficialmente, de repetir el referéndum estatutario e, incluso, de impulsar una reforma de la Constitución, aunque el nacionalismo catalán sabe que esta opción es quimérica, pues es imposible que en el actual Congreso se alcance la necesaria mayoría de dos tercios que requiere esta modificación.

También se ha hablado de convocar una manifestación multitudinaria que recorra las calles de Barcelona exigiendo el mantenimiento del Estatut. Montilla ha conseguido que esta idea pase a un segundo plano, pero en Esquerra no acaban de descartarla. Tampoco en CiU. Su presidente de honor, Jordi Pujol, afirmó ayer que «probablemente» será necesaria una manifestación para defender el Estatut, pero ésta tendría que celebrarse después del fallo, no antes.

El secretario general de ERC, Joan Ridao, aseguró ayer en una entrevista a Radio Euskadi que su formación es partidaria de convocar al Parlament para que éste busque «una respuesta» unitaria. La reunión de la Cámara catalana se realizaría después de que, tras conocerse el fallo, Montilla convocase una reunión de los líderes políticos regionales para hallar una línea común de actuación.

Ridao indicó que el actual Tribunal debería estar inhabilitado para tomar decisiones de esta trascendencia. Según el portavoz de ERC en el Congreso, si un Gobierno en funciones sólo puede decidir cuestiones «del día a día» lo mismo debería ocurrir en el TC, «cuando una tercera parte de sus miembros están en una situación de prórroga», dijo.

La presión nacionalista

>«Una sentencia tan fuera de lógica merecería poderla explicar en otros Estados o en instancias internacionales, como mínimo para que lo supieran», indicó Camats. La portavoz de ICV reconoció en una entrevista a Efe que el Constitucional es la última instancia judicial en España, pero reivindicó el derecho a denunciar en el extranjero el contenido del fallo.

>«De la misma forma que un Gobierno en funciones no puede decidir más allá de las cuestiones del día a día, el actual Tribunal Constitucional debería estar inhabilitado para decidir sobre un pacto estatutario, ya que una tercera parte de sus miembros está en una situación de prórroga de mandato a causa de un bloqueo al que lo somete el PP», declaró Ridao.

Mas quiere que Zapatero garantice el texto actual

Barcelona

El presidente de CiU, Artur Mas, pidió ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que en vez de pedir calma respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, dé «garantías de que la voz del pueblo de Cataluña será íntegramente respetada».

En declaraciones a la prensa en una visita a las fiestas del barrio de Sants de Barcelona, antes de reincorporarse al curso político el lunes tras las vacaciones de verano, Mas argumentó que «si el pueblo catalán votó una ley y fue fruto de un pacto con el Gobierno español, eso se debe respetar», informa Europa Press.

Añadió que si la sentencia del TC «por la razón que sea» significa un paso atrás, Zapatero «debería preocuparse de reformar las leyes que hiciese falta, del rango que hiciese falta». De todas formas, aseveró que se debe ir «con mucho cuidado» al hablar de una reforma de la Constitución, ya que para ello es necesario el acuerdo de PSOE y PP.

Sobre este punto se preguntó: «¿Alguien cree que en estos momentos, tal como están las cosas, se van a poner de acuerdo PSOE y PP para favorecer los intereses catalanes? Eso no se lo cree nadie». Asimismo, alertó de que un pacto entre estos dos partidos también podría suponer un paso atrás para los intereses catalanes.

Respecto a la actitud del tripartito pidió que «internamente se aclare» y tildó de «desbarajuste» su actitud de este verano. «Eso no ayuda nada a que luego Cataluña sea respetada como se merece», lamentó.

Por otro lado, el líder de CiU lamentó la «improvisación permanente» en materia económica» del Gobierno y de la Generalitat. Señaló que el Ejecutivo central debería decir qué impuestos quiere subir, porque mientras no se conozcan se paralizan decisiones. Afirmó que «una crisis no se supera subiendo los impuestos, sino trabajando más y mejor, generando confianza y tomando decisiones».

Lizarza, con la agresora de una concejal del PP

Un grupo de vecinos convoca una marcha en favor de la mujer condenada

MIGUEL M. ARIZTEGI/Lizarza

Un grupo de vecinos de Lizarza cercanos a la izquierda abertzale legalizada por las maniobras de ZP, aunque hoy afortunadamente ilegalizada ha convocado una marcha para el próximo 6 de septiembre en apoyo a la mujer condenada a cuatro años de cárcel por intentar agredir a una concejal del PP hace dos años.

Kontsuelo Agirrebarrena ingresará previsiblemente en las próximas semanas en la cárcel de Martutene para cumplir la condena de cuatro años de cárcel que le impuso la Audiencia de Guipúzcoa y ratificó el Tribunal Supremo. Los jueces consideran que la mujer, de 61 años, participó de forma «voluntaria y consciente» en un acto de hostigamiento a los concejales populares el 6 de septiembre de 2007, durante las fiestas patronales.

Según relata la sentencia, la condenada insultó e intimidó con un palo a la edil del PP Begoña Pereira, que salía en esos momentos de la iglesia de la localidad, en compañía de otros concejales tras asistir a una misa.

El Supremo estima que la agresora cometió un delito de atentado contra la autoridad, ya que sus amenazas con el palo a la edil -a la que llegó a golpear levemente- se dieron con el propósito de atentar contra ella, porque «el que sabe que intimida o acomete a una persona que ejerce como autoridad tiene, por lo tanto, el propósito de atentar contra la misma».

Lizarza, un pueblo de unos 600 habitantes situado a 30 kilómetros de San Sebastián, es uno de los feudos más arraigados del nacionalismo radical. Tras la ilegalización de ANV y la renuncia de los concejales del resto de partidos a ocupar sus puestos en el Ayuntamiento por la presión del entorno etarra, los 27 votos que recibió el PP fueron suficientes para aupar a Regina Otaola a la Alcaldía.

La izquierda abertzale ilegalizada, que reclama para sí 186 votos nulos emitidos, siempre ha tenido a la alcaldesa y su equipo en el punto de mira. No puede vivir en el pueblo, y siempre que lo visita lo hace escoltada por un amplio dispositivo de la Ertzaintza.

Durante el verano de 2007, nada más tomar posesión de su cargo, Otaola impulsó medidas muy impopulares en la pequeña localidad guipuzcoana: retirar las fotografías de los presos de ETA, colocar la bandera española en el Ayuntamiento y limpiar de pintadas el pueblo.

Los vecinos que ayer convocaron la manifestación consideran la sentencia «una injusticia que viene en nombre de la Justicia». Más de un centenar quisieron estar presentes en la conferencia de prensa celebrada ayer para hacer el anuncio, en la que subrayaron que en el Ayuntamiento «no hay nadie del pueblo».