DELENDA EST HISPANIA: El PP propone al 'lehendakari' que clausure todas las 'embajadas' del País Vasco que abrió el PNV/ El socialista Castell amenaz

El PP propone al 'lehendakari' que clausure todas las 'embajadas' del País Vasco que abrió el PNV

El líder de los 'populares' vascos sostiene que la medida permitirá ahorrar 10 millones

MIKEL ILUNDÁIN/Vitoria

Elaborar los presupuestos en tiempos de crisis requiere, según el presidente del Partido Popular vasco, Antonio Basagoiti, un ejercicio extra de «responsabilidad». Así se lo comunicó ayer a Patxi López en el transcurso de la reunión que ambos mantuvieron en Vitoria. De ahí su propuesta de cerrar las embajadas abiertas por el PNV.

«Las instituciones tienen que hacer lo que hacen los ciudadanos: ahorrar y apretarse el cinturón sin hacer gastos superfluos», advirtió. Para el popular, a día de hoy en Euskadi no hay gasto más superfluo que algunas sociedades públicas -«sociedades chiringuito», las llamó él- y, sobre todo, las delegaciones que los anteriores gobiernos del Partido Nacionalista Vasco, especialmente los de Juan José Ibarretxe, fueron repartiendo por la geografía planetaria, una decena en total.

El líder de los populares vascos estimó que la supresión de las embajadas supondría un ahorro a Euskadi de «10 millones de euros» (en los presupuestos de este año contemplaron una partida de 15 millones). Es por ello que acordó con el Ejecutivo de López revisarlas una por una para eliminar todas aquellas que no tengan como objetivo primordial el fortalecimiento de Euskadi en el extranjero, es decir, aquéllas creadas con fines «propagandísticos». «Hay que dar cerrojazo a esas embajadas para acabar con la paranoia de que somos un Estado», recomendó Basagoiti.

El Gobierno de López ya anunció el pasado mayo su intención de «despolitizar» las embajadas de la era Ibarretxe para convertirlas en delegaciones comerciales de Euskadi al servicio de la Sociedad de Promoción Industrial del País Vasco (SPRI). El acuerdo con el PP, cuya filosofía es la de suprimirlas, contemplaría el cierre de la mayoría y la reconversión de algunas de ellas.

En la misma línea, Ejecutivo y PP acordaron ayer la realización de un estudio que, tal y como solicitó el portavoz de UPyD en el Parlamento vasco, Gorka Maneiro, cuantifique y analice las sociedades públicas de las que el Gobierno vasco es propietario o en las que tiene participación en mayor o menor medida. Según explicó Basagoiti, de ese informe se deducirá «cuáles de las sociedades tienen sentido y cuáles no». Fuentes del Ejecutivo precisaron que la idea es recortar el número, aunque se plantean varias posibilidades dependiendo del caso: reformar la sociedad, vender las participaciones del Gobierno o, directamente, suprimirlas.

Basagoiti expuso a los medios de comunicación estos acuerdos tras el encuentro con López, que duró cerca de una hora y media. Pero no fueron los únicos alcanzados en la apertura de la negociación de los presupuestos vascos. Negociación que, según anunció, continuará en cada departamento.

Basagoiti explicó que el contenido del encuentro se dividió en dos partes: los acuerdos entre el Gobierno y el PP para abordar un paquete de medidas «de carácter inmediato» que se adoptarán antes de que acabe 2009 y las exigencias de los populares para los presupuestos de 2010.

Sobre las primeras, Basagoiti habló de «consenso» en base a algunas propuestas del PP. Así, entre los proyectos pactados, que supondrán una inversión de «mucho más de 300 millones de euros», el popular destacó los de las líneas 3 y 4 del metro de Bilbao, el soterramiento del Euskotren en Guipúzcoa y la ampliación del tranvía en Vitoria.

Otras inversiones previstas para los próximos meses serían el nuevo Hospital en la Margen Derecha en Vizcaya, así como la creación de otro nuevo centro hospitalario en la capital alavesa y «proyectos Renove en electrodomésticos y mobiliario».

Francia perdió la segunda euroorden contra Aranalde

La etarra salió de la cárcel tras pagar la fianza y la Ertzaintza detuvo a un participante durante el homenaje organizado por los radicales

MANUEL MARRACO/Madrid

Francia perdió la euroorden. Así explicó ayer la Fiscalía el hecho de que las autoridades judiciales galas sólo entregaran a la etarra Maite Aranalde por una de las dos causas por las que le reclamaba la Audiencia Nacional, lo que propició que ayer quedara en libertad provisional. Contra la etarra pesaba una reclamación por tenencia de armas y explosivos y otra, más grave, por la colocación de cinco artefactos en gasolineras de Madrid durante el Puente de la Constitución de 2004. Francia la entregó de manera definitiva el pasado martes, mencionando sólo la primera de las causas, que el juez Velasco consideró insuficiente para dictar una prisión incondicional.

Fuentes jurídicas confirmaron que la Orden Europea de Detención y Entrega referida a la segunda causa fue correctamente cursada desde el Juzgado Central de Instrucción número 1 a la Corte de Apelación de París, al magistrado de enlace y al sistema informático Sirene. Sin embargo, el tribunal francés aseguró ayer mismo a la Fiscalía española que no les constaba la recepción del documento.

El Ministerio Público pidió ayer mismo al juez Ismael Moreno que curse de nuevo la euroorden, para obtener cuanto antes la respuesta y poder solicitar la prisión provisional para Aranalde.

Además, y a petición de la Fiscalía, el juez Moreno prohibió el acto de bienvenida preparado en Ibarra (Guipúzcoa) por el Movimiento pro Amnistía. Para hacer hacer cumplir la prohibición, la Ertzaintza tuvo que cargar esta madrugada con material antidisturbios contra las personas que esperaban a Aranalde en la carretera que da acceso a Ibarra y detuvo a una persona. Al parecer, se trata de un tío de la etarra, según informa Efe. Aranalde abonó la fianza impuesta de 12.000 euros al mediodía y abandonó la prisión a las 20.15 horas.

Además, la fiscal presentará hoy dos recursos contra las decisiones del juez Velasco, aunque ninguno impide la libertad de la etarra durante su tramitación. En el primero, pedirá transformar en prisión incondicional la prisión eludible bajo fianza que el juez decretó el miércoles y que ha permitido la libertad de Aranalde.

En el segundo, reclamará un endurecimiento de las medidas cautelares que Velasco le impuso: prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado. La fiscal las considera «insuficientes» y reclama que acuda diariamente y que se establezca algún tipo de control policial para impedir su fuga.

El socialista Castells amenaza «con la fuerza de este país» ante la calma de Montilla

Las opiniones de los máximos responsables socialistas del Govern chocan ante el recorte del Estatut

DANIEL G. SASTRE/Vilopriu (Girona)

No sólo los ciudadanos se han hartado del debate del verano acerca de qué hacer si el Tribunal Constitucional (TC) acaba recortando el Estatut. El empacho ha llegado hasta el presidente de la Generalitat, José Montilla, que ayer hizo un llamamiento a la calma desde Vilopriu (Girona), en un encuentro con dirigentes catalanistas de su partido.

El primer secretario del PSC se esforzó por transmitir mesura y contención. De hecho, los socialistas catalanes han entrado menos que nadie en la espiral en la que cayeron el resto de partidos desde principios de agosto, con propuestas que iban desde la «manifestación preventiva» del vicepresident Josep Lluís Carod-Rovira hasta la «repetición del referéndum» que puso sobre la mesa el ex president Pasqual Maragall.

Nada de eso convence a Montilla. El presidente catalán ya dejó claro tras la primera reunión del Govern pasadas las vacaciones, el pasado martes, que la respuesta de la Generalitat irá en una doble dirección: primero, garantizar que se «acatará» la sentencia del TC; segundo, que si el fallo es adverso, se espera la ayuda del Gobierno amigo de Madrid.

Lo único que hizo ayer fue ir un poco más allá en esa misma estrategia. Montilla pidió a los suyos -si se puede considerar suyos a los dirigentes socialistas más escorados al nacionalismo- «pasar página» del Estatut hasta que haya sentencia. «Ni sabemos cuándo saldrá ni su contenido. Que no cuenten conmigo para seguir con el tremendismo», afirmó.

Era una pulla contra CiU, una de tantas, pero también contra ERC, socios de los socialistas en la Generalitat. «No contribuiré al juego de los instalados en la descalificación y el agravio, a los enfrentamientos dialécticos inútiles», avisó a los republicanos. Entre otras cosas porque tras tres años de debates, en esta fase los ciudadanos ya están «fatigados» del Estatut.

El problema para Montilla es que no todo su partido comparte esa estrategia de silencio absoluto. Y ayer, entre los miembros de la corriente Nou Cicle, había muchos que pedían aumentar un poco la presión sobre el Gobierno de España.

Quién mejor que el conseller Castells, principal referente del PSC catalanista, para ejercer ese papel. El conseller de Economia, gran triunfador de la negociación de la financiación y figura política en alza, pareció no haber escuchado las admoniciones de su líder, y se lanzó a una defensa cerrada del Estatut. Sus palabras sonaron en ocasiones casi a amenaza.

«El Estatut es un pacto político. No podemos aceptar renegociar un pacto ya rebajado. Lo que tenemos ahora es lo que salió de las Cortes, no del Parlament, y después lo aprobó en referéndum el pueblo de Cataluña. No habrá nueva negociación; si nos obligan, el pacto quedará cerrado», dijo Castells.

Para evitar el conflicto, el conseller exigió al Gobierno de España «voluntad política», y se mostró dispuesto a exhibir «la fuerza de este país» en la defensa del texto. «Pedimos lealtad a la Constitución, a la Transición. Que nadie reescriba la Constitución contra Cataluña», avisó.

Además, la intervención de Castells fue la más esencialista de todas las que se escucharon ayer en Vilopriu. Habló sin ambages de Cataluña como «nación» y dijo que el PSC «no sólo sirve para ayudar al PSOE a ganar elecciones», porque también tiene «un proyecto nacional: nuestro objetivo es gobernar la nación catalana».

Cuartel de catalanistas del PSC

Una imponente masia es el cuartel general del alma catalanista del PSC. Cada año por estas fechas, varios dirigentes de esa tendencia se reúnen para hablar sobre presente y futuro. Aquí, en 1999, recibió Pasqual Maragall un espaldarazo importante para que presentara su candidatura a la Presidència de la Generalitat. Todavía estaba Joan Reventós, y varios de los que ayer seguían con atención las intervenciones o intervenían directamente: Raimon Obiols, Antoni Castells, Joaquim Nadal, Marina Geli…

Ese espíritu, completamente ausente en la intervención de José Montilla, volvió con fuerza cuando Castells tomó la palabra. El conseller fue quien recordó que Maragall había «llevado al PSC a cumplir con su objetivo» de llegar a la Generalitat. El ex president catalán le escuchaba entre el público, casi de incógnito, y le aplaudió cuando terminó de hablar.

Castells, que verdaderamente hizo sombra con su discurso al del presidente de la Generalitat, subrayó también que la masia de Vilopriu ha ejercido de talismán para el socialismo, porque no sólo encumbró a Maragall, sino que hizo lo mismo con Montilla e incluso con el jefe de Gobierno de Andorra.

El socialdemócrata Jaume Bartumeu, otro habitual de la cita, recibió los parabienes de todos por ganar en «un sitio tan difícil para el socialismo» como Andorra. La frase es de Lluís Maria De Puig, propietario de la masia y anfitrión de todos los años.

Cerró el acto Raimon Obiols, que se ocupó de defender el tripartito como forma de gobierno y como arma de futuro. «Tres cuartas partes [de los catalanes] piensan y sienten como nosotros, y esto hoy se expresa en el Gobierno de Entesa», afirmó.

ERC aboga por la reforma constitucional

Los consellers Huguet y Ausàs consideran esa opción ante un recorte del Estatut

El conseller de Universitats, Innovació i Empresa, Josep Huguet, aseguró ayer que la reforma de la Constitución es una de las vías que se puede adoptar en el caso de que el Tribunal Constitucional (TC) emita una sentencia realmente adversa sobre el Estatut.

El conseller republicano dijo que otra opción, en caso de una sentencia especialmente dura, sería usar la ley catalana de consultas populares, aún en tramitación en el Parlament. El conseller no precisó ni en qué puntos se podría reformar la Carta Magna ni qué posibilidades ofrece dicha ley, ya que sólo el Estado puede autorizar un referéndum.

«Cuando veamos la magnitud de la tragedia tendremos que ver si usamos el petardo gordo: consultas populares y reforma constitucional -explicó-, o si es una cosa menor, si con el 150.2 -artículo de la Constitución que permite las transferencias del Estado a la Generalitat- o una ley orgánica ya quedamos bien», añadió.

En cualquier caso, el conseller dejó claro que «el Govern se debe primero al pueblo de Cataluña antes que a la legalidad vigente», y recordó que el TC está pendiente de una renovación interna y que es una institución «cuestionada».

El dirigente republicano censuró al PP por «rasgarse las vestiduras» por la idea de Josep Lluís Carod-Rovira de manifestarse antes de que el Constitucional se pronuncie sobre el Estatut cuando este partido ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. «Es de hipócrita y fariseo», añadió Huguet, quien teme que, cuando menos, el Alto Tribunal opte por una sentencia interpretativa de lo que dice el Estatut.

Por su parte, el conseller de Governació, Jordi Ausàs (ERC), se expresó en el mismo sentido, defendiendo reformar la Constitución «si es pequeña», aunque dijo tener serias dudas de que PP y PSOE quieran modificarla.

En declaraciones a la Cadena Ser sobre la decisión del Tribunal Constitucional respecto al Estatut, consideró que una sentencia contraria supondría «un antes y un después» y el final de la vía autonomista, dijo, obligando a entablar un nuevo marco de relaciones entre Cataluña y el Estado.