GÜRTEL: El informe policial no desmiente a El Mundo

GÜRTEL / La situación policial
El TS pide el suplicatorio de Bárcenas y el PSOE exige que abandone el Senado
El instructor y la Fiscalía creen que no pueden investigarles sin permiso de las Cortes

MARÍA PERAL / AGUSTÍN YANEL/Madrid

Supremo solicitó ayer al Congreso y al Senado autorización para investigar, con todas las consecuencias penales, a los parlamentarios del Partido Popular Jesús Merino y Luis Bárcenas por presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal. La tramitación de los suplicatorios se produce 24 horas después de la dimisión de Bárcenas como tesorero del PP. El PSOE pidió ayer que dimita también como senador.

La Sala Penal del Supremo accedió en cuestión de minutos a tramitar los suplicatorios propuestos en la mañana de ayer por Francisco Monterde, instructor del proceso abierto al senador Bárcenas y al diputado Merino por su presunta relación con la trama de corrupción que habría montado Francisco Correa.

En una breve resolución dictada por sólo tres de los cinco miembros de la Sala que el 23 de junio acordaron incoar la causa, el Supremo no analiza ni valora los «méritos para procesar» de los que habla la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que pudieran existir contra Bárcenas y Merino, sino que se remite a la exposición elevada por Monterde sobre la «necesidad de cumplimentar el requisito de procedibilidad que interesa el Ministerio Fiscal» para poder realizar diligencias de investigación que afectan directamente a los dos aforados del PP.

La Sala ha actuado, así, como mera transmisora del criterio del instructor de que para poder aclarar si Bárcenas y Merino recibieron dinero de la trama de Correa necesita el permiso de las Cortes, una exigencia previa (o «requisito de procedibilidad», en términos jurídicos) a la práctica de cualquier indagación que afecte a estos parlamentarios.

Como informó ayer EL MUNDO, la Fiscalía del Supremo presentó el pasado lunes, a petición de Monterde, un informe en el que se mostraba partidaria de cursar los suplicatorios para que el Parlamento autorice la continuación del procedimiento contra Bárcenas y Merino.

Desde la iniciación de la causa, la postura del fiscal ha sido que cualquier indagación directa sobre los aforados necesita la previa tramitación del suplicatorio exigido por la Constitución y por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «El juez o tribunal que encuentre méritos para procesar a un senador o diputado a Cortes por causa de delito, se abstendrá de dirigir el procedimiento contra él si las Cortes estuvieran abiertas hasta obtener la correspondiente autorización del cuerpo colegislador a que pertenezca», dice la ley.

La Fiscalía aceptó que Bárcenas y Merino prestaran declaración como imputados sin haberse cursado los suplicatorios porque esas comparecencias eran voluntarias. Pero, una vez realizadas, considera necesario practicar diligencias de investigación «para dilucidar lo acaecido», diligencias que, a su parecer, «no pueden llevarse a cabo legalmente sin la concesión del suplicatorio».

Gran parte de las diligencias que la Fiscalía ha propuesto en su escrito del lunes se refieren al patrimonio y a las actividades económicas de Bárcenas y Merino. En particular, considera necesario solicitar las declaraciones del IRPF de ambos entre 2002 a 2007; disponer de los documentos originales de las fotocopias sin autenticar aportadas por Bárcenas y requerir a diversas entidades bancarias la información relativa a movimientos de cuentas corrientes y depósitos bancarios de los que eran titulares los aforados, además de tomar declaración a otros coimputados.

Para la Fiscalía, sin la práctica de esas pruebas «no se puede realizar un pronunciamiento de fondo sobre la calificación jurídica de los hechos investigados», esto es, sobre si los dos parlamentarios del PP han incurrido en conductas delictivas.

No obstante la rapidez con que ha actuado el Tribunal, los suplicatorios llegarán a las Cortes y permanecerán guardados hasta que se reanude la actividad parlamentaria en septiembre. Mientras tanto, la investigación a Bárcenas y Merino queda suspendida.

CASO GÜRTEL
El PSOE pide a Bárcenas que también dimita como senador

Pepiño critica a Rajoy y González Pons le pide que no diga nada

El senador del PP Luis Bárcenas, que dimitió el martes como tesorero de este partido, asistía ayer al Pleno del Senado cuando se enteró de que el Tribunal Supremo ha presentado en esa Cámara el suplicatorio para poder investigarle judicialmente por los supuestos delitos de cohecho y fraude fiscal.

Por mucho que los periodistas le insistieron para que opinara sobre esta decisión judicial, él se mantuvo totalmente mudo mientras caminaba por pasillos y escaleras -una vez concluido el Pleno, que aprobó la Ley de Financiación de la Corporación RTVE- hasta que subió a un coche y se marchó.

Quien sí habló fue la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, que le pidió que dimita como senador, «por higiene democrática» y por «respeto» a esta Cámara.

En su opinión, su renuncia al cargo en el PP es una dimisión «a medias tintas», que llega con meses de retraso y que debería completar dejando también su escaño.

La número tres del PSOE, Leire Pajín, criticó a Mariano Rajoy porque, según dijo, ha hecho dimitir a Bárcenas y le ha suspendido de militancia pero no aplica ese criterio al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. «Al PP, la ética y al transparencia se la han marcado los tribunales y no la voluntad política de apartar a sus dirigentes involucrados en supuestos casos de corrupción o de espionaje político», añadió.

El ministro de Fomento, José Blanco, pidió a Rajoy que dé explicaciones. «Si no hay nada», dijo, debe aclarar por qué se involucra al ya ex tesorero del PP; si «hay algo», tiene que decir «por qué no exigieron antes su dimisión», afirmó en La Garrovilla (Badajoz), según informa Europa Press.

Al dirigente del PP Esteban González Pons, esas afirmaciones de Blanco le parecen un poco «de cómico», porque cree que el ministro «no tiene por qué decir nada» y menos cuando está esforzándose «por hacer una gestión amistosa con las comunidades del PP».

González declaró a Radio Nacional que Blanco decía hasta ahora «justo lo contrario, que si el tesorero no dimite. el PP oculta algo» y que si al final ha dimitido es porque «ya no hay salida».

CASO GÜRTEL / La situación policial
El Grupo Popular acepta la renuncia de Jesús Merino

El Grupo Popular aceptó ayer la renuncia del diputado Jesús Merino al cargo de coordinador de comisiones que ocupaba en el comité de dirección, presidido por Soraya Sáenz de Santamaría.

Con esta decisión, que se producía nada más conocerse la noticia de la petición de suplicatorio del Supremo a las Cortes, la portavoz agotó todo el margen de tiempo disponible desde el momento en que el propio Merino puso el cargo a su disposición y a la del presidente del partido, hace ya más de un mes.

Una actitud, la del diputado, con la que éste se desmarcó claramente del senador y tesorero Luis Bárcenas, y que se ha visto recompensada, precisamente, con el reconocimiento expreso de la dirección. Y es que en su comunicado de ayer y por primera vez, el Grupo confirmaba que la citada renuncia de Merino se había expresado «desde el principio» y con el objeto de realizarse «en plena coordinación» con el comité de dirección.

Las fuentes parlamentarias consultadas dan cuenta de que el diputado daba por seguro el suplicatorio, pese a lo cual se mostraba tranquilo y no había dejado de asistir, el martes, a la última reunión de la citada dirección del Grupo.

Merino seguirá en el escaño por decisión de la propia dirección, y pese a que, también a diferencia de Bárcenas, él lo incluyó en su renunci

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El espionaje en Madrid
El informe policial no desmiente a EL MUNDO

No incluye ninguno de los partes «falsos o erróneos» que denunció este periódico

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía sobre los supuestos seguimientos a los dirigentes del PP Alfredo Prada y Manuel Cobo no desmiente en ningún caso las informaciones de EL MUNDO, al contrario de lo que ayer publicó El País.

El diario de Prisa acusaba a este periódico de «montar una estrategia de descalificación de las informaciones sobre el espionaje, basándose en un error de El País, que transcribió mal una fecha». Efectivamente, EL MUNDO detalló una serie de datos y documentos que acreditan que muchos de los partes elaborados por la presunta trama de espionaje son «falsos o erróneos», y se corrobora punto por punto en esas noticias.

Porque además de ese «error» que ahora reconoce el propio diario de Prisa -aunque lo advirtió sólo cuando lo publicó EL MUNDO-, este periódico enumeró falsedades o errores, de bulto la mayoría de las veces, en otros seis partes de los supuestos espías.

Siete son los partes en los que utiliza la Udef de la Policía para sostener que tres ex guardias civiles realizaron «seguimientos y vigilancias» a los políticos del PP de Madrid. Todos ellos están fechados después del 6 de mayo de 2008. Los que EL MUNDO documentó como «falsos o erróneos» son anteriores, excepto aquél en el que El País reconoce su «error».

eEl «error» del 13 de abril. El País fechó el 13 de abril de 2008 un parte de seguimiento que situaba al ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada en el Parador Nacional de Chinchón. EL MUNDO partió de estos datos, y así lo advirtió de manera expresa en su información, para acreditar que, en esa fecha, Prada se encontraba en León y se hospedó en el hotel Casco Antiguo. «Me acaban de decir en El País que se han equivocado de mes y que el parte dice '13 de mayo'», explicó el dirigente popular cuando este periódico le pidió explicaciones. La Udef sí detalla ese seguimiento, con fecha 13 de mayo de 2008. La Policía no incluye ningún otro de los desmentidos por EL MUNDO. Éstos son los principales.

e15 de marzo de 2008. Los espías informan de que Alfredo Prada almuerza en el restaurante Lur Maitea. Imposible: el ex vicepresidente regional tomó ese día a las 12.50 horas un vuelo de Thai Airways con destino Bangkok. Después, tratan de encontrarlo en su despacho de la Consejería... a las 22.45 horas de un sábado.

e2 de abril de 2008. Los agentes aseguran haber visto el coche oficial de Prada hacia las 9.15 horas frente a la Consejería. El ex vicepresidente tenía ese día un acto oficial a las 11.30, por lo que no pudo llegar a su despacho hasta pasadas las 12.00.

e3 de abril de 2008. Los presuntos sabuesos invierten varias horas en tratar de localizar a Prada durante esa tarde. Era jueves y, como sabe cualquier persona que trabaja en la Comunidad, ese día hay Pleno de la Asamblea de Madrid en Entrevías. Obviamente, allí estaba el ex vicepresidente, como recogen las actas de aquella sesión.

e16 de abril de 2008. «Se detecta la presencia de P [Prada] en el hotel Intercontinental al montar el dispositivo a primera hora», dice el parte de ese día. El dirigente del PP estaba en una de las sedes de la Consejería de Justicia para firmar un convenio con el Club de Madrid, según informaron las agencias Efe y Europa Press. Después, fue al hotel NH Parque Avenidas para otro acto oficial.

A las 13.30 horas, y no «a primera hora», es cuando Prada va al Intercontinental para inaugurar la asociación Turnaround Management. Los espías dicen que lo abandona a las 13.40, pero ese dato es falso: estuvo allí hasta pasadas las 14.30.

e27 de mayo de 2008. Sitúa a la diputada regional Carmen Rodríguez Flores en el restaurante O Cruceiro. Ella misma lo niega. Curiosamente, no aparece en el informe de la Udef, pese a que es posterior al 6 de mayo. La explicación de la Policía para no aportar ninguno anterior es que Teléfonica no puede ofrecer los datos de seguimiento de los teléfonos de los espías cuando ha pasado más de un año desde que se solicitan. En este caso, se hizo el 6 de mayo de 2009

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El espionaje en Madrid
Cobo y Granados libran una batalla ante la citación de los agentes

El vicealcalde reta al consejero a «contar lo que sabe» y éste, a «aportar pruebas»

Ocurrió ayer, en vísperas de la declaración judicial, hoy, de tres ex agentes de la Guardia Civil, en calidad de imputados, por el presunto espionaje contra altos cargos de la Comunidad de Madrid.

El vicealcalde, Manuel Cobo, se descolgó con una rueda de prensa en la que dio carta de validez «contrastada» al informe de la Policía sobre la presunta participación de los agentes en los seguimientos al entonces consejero Alfredo Prada y a él mismo, en mayo de 2008; y no descartó que hubiera más políticos espiados porque «cuando alguien se emborracha de poder, enloquece con el poder, o piensa que es impune a todo, esas personas no se van a parar en Manuel Cobo o en Alfredo Prada».

Cobo, que emplazó en todo momento al Gobierno regional a «colaborar» con la juez, retó, además, al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, a «que diga lo que sabe o, al menos, lo que va diciendo que sabe». «Mi recomendación», insistió, «es que digan la verdad, porque otras personas que públicamente dicen una cosa, van contando otra en privado».

Tan enigmáticas palabras, en realidad, no lo eran tanto. En medios populares afines a los presuntamente espiados se decía ayer que Granados, en conversaciones con periodistas, y ahora que avanzaba la causa penal, venía desviando el tiro de la responsabilidad política hacia el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González.

Según estas fuentes, la versión privada de Granados es que los agentes imputados actuaron a las órdenes del director general, Sergio Gamón, que fue un cargo impuesto por Esperanza Aguirre y heredado por Granados del propio González, su antecesor en la consejería.

Sin embargo, Granados no se dio por enterado en absoluto. «Yo digo en privado lo mismo que en público, y hoy repito lo que dije en la comisión de investigación: está acreditado que no se ha amparado desde el Gobierno espionaje alguno a nadie», declaraba ayer a este diario.

Lejos de admitir responsabilidad política alguna por el contenido del informe policial, Granados devolvía el golpe al vicealcalde: «Para responsabilidad política, la de Cobo, por hacer insinuaciones y comentarios injuriosos contra un compañero de partido -su secretario general, para más señas-; lo cual está previsto como una falta muy grave en los Estatutos del partido. «Que diga qué es eso que yo digo. Y si tiene pruebas, que las aporte», le exhortó, «porque yo soy el más interesado en saber qué ha pasado».

Granados, que ayer despachó con el propio Gamón en la Consejería, concluyó con él en que «el informe policial no es una sentencia» y que, en todo caso, «lo normal es que los agentes que se ocupann de la seguridad de los altos cargos se encuentren en su propio radio de acción». El consejero madrileño insistía así ayer en que las labores de los agentes adscritos a su departamento no eran de espionaje, sino las habituales de contravigilancia.

Además, llamaba la atención sobre el hecho de que el citado informe apenas recogía siete de los más de 30 partes de seguimientos denunciados como presunto espionaje a lo largo de tres meses. «¿Quiere decir esto que el resto de los partes eran, como denunció EL MUNDO, falsos?»

Hasta en esto polemizaron el consejero y el vicealcalde, quien en la rueda de prensa declaró que «durante mucho tiempo se han contado historias, se ha dicho que eran inexistentes los partes de seguimiento; se ha obstaculizado, se ha mentido y se ha engañado, y se negó toda actuación de seguimiento a las personas a las que el diario El País y otros medios han publicado, de acuerdo a unos partes de dentro de la consejería de Interior de la Comunidad de Madrid».

Fuentes de la Comunidad argumentaban ayer que la comparecencia de Cobo sólo tenía por objeto «su afán de protagonismo y estirar el asunto en los medios», mientras que las afines al Ayuntamiento esgrimían su «derecho de defensa».