CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: "LA BANDA DE LOS CHAVES": La Junta, reticente a empapelar a su camarada-compañero "Manolo el bandolero"

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Casos abiertos
La Junta no abre expediente a Manuel Chaves

Alega que los cargos pueden dar ayudas, en algún caso, a empresas donde tienen familia

MANUEL MARÍA BECERRO/Sevilla

El Gobierno andaluz acordó ayer archivar las peticiones realizadas por el PP de Andalucía y por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, de abrir un expediente sancionador al vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la comunidad, Manuel Chaves, por no haberse inhibido en la ratificación de una ayuda de casi 10,1 millones de euros concedida a la empresa Matsa, en la que su hija es apoderada.

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Manuel Pérez Yruela, anunció en una rueda de prensa que el archivo fue aprobado «a propuesta» de la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, tras un informe de la Inspección de General de Servicios que descarta que Chaves haya incumplido la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta.

El artículo 7 de esa ley establece que todo alto cargo está obligado a inhibirse «del conocimiento de cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiese tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil». El 20 de enero, cuando Chaves participó en la votación, su hija había sido apoderada por partida doble para poder recibir la ayuda.

Fuentes de la Consejería de Justicia precisaron a EL MUNDO que lo que ha hecho la Inspección General de Servicios es, por un lado, examinar el expediente original de la ayuda y, por otro, solicitar un informe jurídico a la Consejería, que ha redactado una letrada.

En dicho informe se establecen dos conclusiones esenciales. La primera, que si Matsa no hubiera querido «hacer valer la condición de apoderada» de Paula Chaves, en ningún caso habría podido plantearse problema de incompatibilidad alguno porque la Junta «no tiene que buscar» a todos los apoderados de una empresa.

La segunda conclusión es que, como la intervención de la hija de Chaves es posterior a la de su padre, en ningún caso se habría producido una causa de inhibición.

Por todo ello, el inspector general de Servicios propuso no investigar y quedarse en las actuaciones de «información previa»