ZAPATERO PROMETE FINANCIACIÓN INDECENTE A CATALUÑA Y ANDALUCÍA a costa de sacrificar a las otras regiones para él seguircon"Vayan días y vengan ollas"

Zapatero promete a Andalucía compensaciones frente a Cataluña

Pese a ello, rechaza -como casi todas las comunidades- el modelo de financiación ofrecido anteayer a Montilla

CARLOS SEGOVIA/Madrid

Zapatero se esmeró ayer en intentar compensar a Andalucía, que se perfila como el gran enemigo dentro del PSOE al nuevo modelo de financiación autonómica que reclama Cataluña en la recta final de la negociación. El jefe del Ejecutivo prometió al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que el Estado invertirá más en su región en los próximos años que en Cataluña u otra comunidad. «El presidente me ha dicho que Andalucía seguirá siendo la región que más inversión pública reciba en infraestructuras en los próximos años», dijo Griñán.

El compromiso se produce pese a que el Estatut garantiza a Cataluña un esfuerzo especial del Estado en infraestructuras hasta 2013 y ya en el pasado año esta región superó a Andalucía en los Presupuestos del Estado. Además, Griñán aseguró que Zapatero se había mostrado «receptivo a los principios» del modelo de financiación que reclama el Parlamento andaluz, cuyas resoluciones aportó ayer el presidente de la Junta en su visita monclovita, su primer encuentro desde la toma de posesión del nuevo responsable autonómico.

«Para nosotros, lo importante no es la cifra, sino el tanto por ciento de lo que se reparta. Ése es el fuero. Eso es lo que debe garantizar el principio de igualdad de los españoles a la hora de recibir servicios públicos fundamentales», afirmó Griñán. Éste aseguró que su proyecto es el mejor para España, «porque lo que sea malo para España lo será para Andalucía». En consecuencia, rechazó el modelo que pretende la Generalitat catalana, basado en que las comunidades que realicen mayor esfuerzo fiscal que la media reciban más financiación por habitante que la media. «No estoy de acuerdo», dijo, y subrayó que el actual modelo «ya contiene desigualdades» y que hay que tender a corregirlas en el nuevo. Admitió que, «inicialmente», las CCAA más pobladas puedan recibir más que la media, pero en el modelo final «debe intentarse la igualdad». Subrayó, además, que el Estatut no habla de «financiación por habitante», sino de «renta per cápita».

No obstante, afirmó que desea que Cataluña acepte el nuevo modelo, aunque a esa comunidad le resulte indiferente que Andalucía quede fuera. «Tengo entendido que Cataluña dio su apoyo a un sistema de financiación en el que no estaba Andalucía, pero Andalucía quiere que Cataluña esté», afirmó, en alusión a lo ocurrido en 1997, cuando la Generalitat presidida entonces por Jordi Pujol firmó con el Gobierno del PP, mientras el entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, optó por no acogerse al nuevo modelo.

Griñán reivindicó que Zapatero recoja como principal criterio de reparto la población y, dentro de eso, la ponderación del número de habitantes en edad escolar, lo que no ocultó que favorece a Andalucía. No obstante, dijo aceptar otros factores que no le interesan, como el de primar a las comunidades bilingües, tal y como reclamó en Moncloa el pasado lunes el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

La promesa de ayer de Zapatero a Griñán sigue a la que el presidente del Gobierno realizó a Cataluña el martes, cuando prometió que recibirá más financiación por habitante que la media, lo que ha levantado susceptibilidades en otras CCAA. «Parece que cada uno que se acerca al presidente del Gobierno consigue una mejor financiación de la que consiguió el que el día anterior habló con él, y eso no es serio ni riguroso», criticó el vicepresidente económico valenciano, Gerardo Camps.

La mayoría de los consejeros se oponen a una trato especial para Cataluña. La murciana, Inmaculada García Martínez (PP), subrayó que, «si Cataluña tiene una financiación por encima de la media, habrá comunidades que estén por debajo de la media». El canario, José Manuel Soria, recordó que su comunidad «es la que menos financiación per cápita recibe» y pidió que se sitúe «justo en la media».

En contraste con todos ellos, el conseller catalán, Antoni Castells, volvió ayer a rechazar los 9.000 millones adicionales que maneja la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado. «Nos sigue pareciendo poco razonable», dijo. Salgado, por su parte, se vio obligada a matizar que los 9.000 millones de euros «son una estimación», y que pueden variar. En todo caso, tanto ella como el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, aseguraron que ninguna autonomía tendrá derecho de veto en el nuevo modelo, aunque sí de descuelgue si no está de acuerdo

AUMENTO DEL GASTO
Más déficit para las autonomías

CARLOS SEGOVIA

Madrid

Los 'barones' socialistas arrancaron ayer al Gobierno el derecho a aumentar el gasto público autonómico en 2010. Lograron que la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, les permitiera elevar el déficit de las autonomías en 6.000 millones más de lo previsto, un 0,5% del PIB. Salgado planteó en el Consejo de Política Fiscal que el déficit de todas las comunidades no sumara más del 2% del PIB. Pero los consejeros de Hacienda de Andalucía y Cataluña capitanearon la revuelta de comunidades socialistas exigiendo más y finalmente obtuvieron un 2,5%. Eso implicará, según admitió Salgado, que el déficit total del Estado el año que viene llegará al 8,4% del PIB.

La postura de las comunidades autónomas

Antoni Castells (Cataluña)

>La Generalitat no se mueve, aunque en algunos círculos próximos a Montilla se empieza a pedir que se abandone el modelo purista que representa el 'conseller'de Economía y principal negociador del nuevo modelo de financiación. Su postura, y hasta ahora la oficial de Cataluña, es que los 9.000 millones de euros que ofrece para repartir el Ministerio de Economía son insuficientes si la comunidad se tiene que quedar 2.500 millones. Eso y que los recursos per cápita derivados del nuevo reparto superen la media española./ DANI CORDERO

Antonio Beteta (Madrid)

>Madrid considera imprescindible la actualización íntegra de la población, el respeto al principio de solidaridad y la garantía de que la reforma aprobada no lleve encubierta la reaparición de figuras impositivas. / P. BLASCO

Marta Fernández (Galicia)

>La Xunta quiere mantener el 7% que ya recibe de los fondos estatales, y que se tengan en cuenta el envejecimiento de la población, la dispersión, la lengua y los emigrantes. Pide una Agencia Tributaria propia./ B. P. RAMÍREZ

Ángel Franco (Extremadura)

>El Gobierno extremeño amenaza con votar 'no' al nuevo sistema de financiación si el modelo se establece como consecuencia de «la solidaridad entre territorios y no entre ciudadanos». / DAVID VIGARIO

Pilar del Olmo (Castilla y León)

>La consejera de Hacienda es partidaria de que se actualice el modelo de financiación ahora en vigor con los nuevos datos de población, pero también de que en ningún caso se apliquen las propuestas del Gobierno. / M. ROMERO

Juan José Muñoz (La Rioja)

>La Rioja exige que la negociación sea multilateral y que el nuevo sistema de financiación respete los principios de igualdad y solidaridad, y que ninguna comunidad tenga privilegios sobre las demás. / NURIA SOLOZÁBAL

Jaime Rabanal (Asturias)

>El Gobierno asturiano no se va a fijar en lo que reciban otras regiones, en alusión a Cataluña, y se mostró esperanzado de poder llegar finalmente a un modelo de financiación autonómica que «garantice el equilibrio»./ P. DEL GALLO

Ángel Agudo (Cantabria)

>El Gobierno cántabro hace una valoración positiva de la arquitectura del nuevo modelo de financiación, a falta de la concreción de las cifras para el conjunto de las distintas comunidades autónomas./ FRAN J. GIRAO

Francisco Márquez (Ceuta)

>La ciudad autónoma pedirá entre siete y 12 millones de euros adicionales en la negociación del nuevo sistema de financiación y se opondrá a limitar el endeudamiento de las autonomías./ J. CORONADO

Carmen Martínez (Andalucía)

>El Gobierno andaluz no quiere más que otras comunidades, pero ha dejado claro que tampoco se conformará con menos. La Junta de Andalucía aboga por un modelo de financiación en el que pese el criterio poblacional./ A. SALVADOR

Gerardo Camps (C. Valenciana)

>La Comunidad Valenciana está satisfecha con los cambios: se atiende su petición de dar mayor peso al criterio de población y podría recibir 1.200 millones más al año. Preguntó si hay derecho a veto. / M. HERNÁNDEZ

María Araújo (Castilla-La Mancha)

>El Gobierno de Castilla-La Mancha defenderá la solidaridad entre los territorios, porque en momentos de dificultad económica hay que evitar todo tipo de desigualdades. Están a la espera de ver qué cantidad reciben. / D. VILLEGAS

Carles Manera (Islas Baleares)

>El 'conseller' de Economía, Hacienda e Innovación aseguró que le parecen «bien» las declaraciones de Zapatero y deseó que «ojalá sea así para Cataluña» y que «tenga un corolario similar para Baleares». / MARÍA J. GARCÍA

Alberto Larraz (Aragón)

>El consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, señaló que esta comunidad «no ha cerrado de ninguna manera» la negociación con el Estado sobre la reforma del modelo de financiación./ JAVIER ORTEGA

Inmaculada García (Murcia)

>La consejera de Economía y Hacienda de Murcia afirmó ayer que no pueden respaldar el objetivo de estabilidad presupuestaria que establece el Gobierno porque desconoce las cifras que le corresponderán./ JAVIER ADÁN

José Manuel Soria (Islas Canarias)

>El consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo canario manifestó ayer que el Gobierno central adeudaría a Canarias unos 500 millones de euros para cumplir con la media estatal./ T. CRUZ

Guillermo Frías (Melilla)

>A Melilla no le convence la pequeña porción que le corresponde en un principio. Cree que ésta es una oportunidad para que Melilla «deje de ser el furgón de cola en el tren que Zapatero ha puesto en marcha». / PAQUI SÁNCHEZ

6,5 millones para la memoria histórica

La Generalitat quiere «recuperar patrimonio democrático y dignificar lugares bélicos»

LEONOR MAYOR/Barcelona

La Generalitat tiene previsto gastarse entre este año y el que viene un mínimo de 6,5 millones de euros en proyectos relacionados con la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y el Franquismo.

El pellizco más importante se lo llevará la Dirección General de la Memoria Democrática, dependiente del Departamento de Relaciones Institucionales, que dirige Joan Saura. Esta organismo concederá subvenciones entre 2009 y 2010 por importe de 2,5 millones, que se destinarán a sufragar «proyectos destinados a recuperar y poner en valor el patrimonio memorial democrático», de acuerdo con una orden del pasado 6 de febrero.

Entre otras actuaciones, el Govern subvencionará la «restauración y preservación de bienes culturales correspondientes al periodo 1931-1980». Las ayudas servirán también para «dignificar espacios bélicos y de represión» tales como trincheras, refugios, presiones o fosas. Además, se sufragarán la construcción de museos, la señalización de rutas para «la recuperación de la memoria histórica» y la difusión de los proyectos subvencionados. Esta dirección general cuenta con una plantilla de 10 empleados, cuya nómina asciende a 363.000 euros anuales.

La Generalitat, además de disponer de esta dirección general, creó por una ley de 2007 el Memorial Democrático, una entidad de derecho público dedicada a la recuperación de la memoria histórica, cuyo presupuesto de funcionamiento asciende para este ejercicio a 1,75 millones.

Este organismo también entregará subvenciones este año, en este caso de un millón de euros, para realizar «actividades conmemorativas de búsqueda y de difusión de la memoria histórica», según se desprende de otra orden del conseller Saura, firmada el pasado 17 de diciembre y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat del 23 del mismo mes.

Otro de los flancos históricos que tiene abiertos el Govern es el de los archivos de Salamanca. Después de mucho tira y afloja, Zapatero accedió a devolver a Cataluña parte de la documentación contenida en ese archivo, aunque algunos de esos legajos todavía se conservan en la capital salmantina. Por eso, el pasado abril, el Departamento de Cultura convocó un concurso por valor de 875.000 euros para «la digitalización de los documentos de procedencia catalana que se encuentran en el centro documental de la memoria histórica de Salamanca».

Por último, el Parlament aprobó ayer la ley sobre la localización y la identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Conocida como ley de fosas, es la primera de este tipo que se aprueba en las comunidades autónomas. El estudio económico de esta norma prevé que la actividad de apertura de fosas, los estudios genéticos de los restos que se encuentren, la señalización de las tumbas y la elaboración de los informes tendrán un coste anual de entre 40.150 euros y 220.600 euros, en función de los osarios que se hallen