ECONOMÍA: La "Unió de Caixes Catalanes AMONTILLADAS " ve la luz con dinero público

La Unió de Caixes Catalanes ve la luz con dinero público

Montilla impulsa así la integración de las cajas de Terrassa, Manlleu y Sabadell / Economía dará ayudas a fusiones virtuales

JUAN EMILIO MAÍLLO/Madrid

Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu presentarán hoy al Banco de España la Unió de Caixes Catalanes. Éste es el nombre elegido para la primera integración de cajas de ahorros sanas al amparo de las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

Según informa en su edición de hoy el diario Expansión, las tres entidades reclamarán 300 millones de euros de ayuda para proceder al cierre de 150 oficinas y el despido de 400 trabajadores.

Los últimos datos de solvencia de estas entidades las sitúan por debajo de la media del sector en términos de patrimonio sobre activos totales. Además, su beneficio se reduce a mayor velocidad que el del conjunto de cajas de ahorros.

Entre las tres ganaron 21,1 millones de euros entre enero y marzo. El resultado de Caixa Sabadell cayó un 35,6%; el de Caixa Terrassa un 33,7%, y el de Caixa Manlleu, la menor de las tres, un 25%.

Estas entidades suman unos activos de 26.265 millones de euros, lo que da pie a la creación de la tercera caja de ahorros catalana, tras La Caixa y Caixa Catalunya, y la decimosexta de España.

Los directivos ya se han garantizado su continuidad. El presidente de Unió de Caixes Catalanes será Salvador Soley, actual presidente de Caixa Sabadell. El cargo de director general será para Enric Mata, que ocupa ese puesto en Caixa Terrassa. Dídac Herrero, de Manlleu, y Jordi Mestre, de Sabadell, serán directores adjuntos.

Está por ver el grado de intensidad de la fusión de estas tres cajas, que están dispuestas a sumar a otras entidades de la región, como Caixa Laietana y Caixa Manresa (15.000 millones de activos entre las dos).

Porque ayer se conoció que el Gobierno -que ya introdujo en el último minuto la posibilidad de dar ayuda a cajas saneadas- está dispuesto a aceptar las denominadas «fusiones virtuales» y aportar dinero público para que se lleven a cabo.

El decreto no decía nada de eso. Es más, vinculaba la aportación de esta ayuda para las entidades que no tuviesen dificultades al «fin exclusivo de llevar a cabo entre sí procesos de integración».

Estos procesos, agregaba el texto del decreto, «deben comportar, entre otros, una mejora de su eficiencia, la racionalización de su administración y gerencia, así como un redimensionamiento de su capacidad productiva y todo ello con la finalidad de mejorar sus perspectivas futuras».

El problema surge por qué se entiende por «reestructuración». El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua deja claro que es «constituir un todo». Para el Gobierno no está tan claro. Explica en la citada memoria que los procesos de integración «pueden incluir, entre otros, los denominados 'sistemas institucionales de protección', cuyos objetivos resulten asimilables a los generados en un proceso de fusión».

Hasta ahora se han intentado varios procesos de «fusiones virtuales», como han sido denominadas para diferenciarlas de las uniones reales. El más importante se desarrolló en Castilla y León, donde el Gobierno regional, con apoyo de PP y PSOE, alumbró un intento de sistema institucional de protección para las seis cajas de ahorros de la región (Caja Duero, Caja España, Caja Burgos, Caja Segovia, Caja Ávila y Caja Círculo de Burgos).

El proceso falló y ahora se intenta una vía similar (sin descartar la fusión total) entre la leonesa Caja España y la salmantina Caja Duero. Entre las particularidades de las fusiones virtuales está el que se mantienen las marcas de cada una de las entidades, no hay que decidir entre las dos sedes existentes y se mantienen los equipos directivos de cada caja y las respectivas obras sociales.

La fusión virtual pasa a ser real a la hora de gestionar riesgos de mercado, captar liquidez en los mercados internacionales o agrupar las participaciones industriales.

Esta fórmula cuenta con el beneplácito de las organizaciones sindicales, que temen que con el proceso de fusiones se pueda perder la vinculación al territorio de las cajas de ahorros.

Sin embargo, el PP denuncia que no fue informado por el Gobierno de esta posibilidad. El secretario de Economía del Partido Popular, Álvaro Nadal, asegura que en la negociación que su formación mantuvo con la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, el pasado jueves, se vinculó la aportación de ayudas públicas a cajas sanas a que se hagan fusiones puras y duras

El Gobierno sube un 2% la luz, el segundo alza del año

Industria encareció la tarifa un 3,5% en enero / El PP se pregunta por qué el Ejecutivo encarece la electricidad y a la vez baja el gas

JUAN EMILIO MAÍLLO/Madrid

El mismo día en que se conoció que España se adentra en la mayor caída de precios registrada en la serie histórica, el Gobierno aprobó una subida del recibo de la luz del 2%, que se suma al incremento que, con carácter general, se aplicó el 1 de enero.

Entonces la tarifa eléctrica se encareció un 3,5%, aunque con la reordenación tarifaria los incrementos llegaron en muchos casos a superar ampliamente el 10%. A partir de mañana la luz vuelve a subir.

Este incremento afecta a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen la mayor parte de los clientes domésticos (unos 25 millones). No obstante, estos tienen también la opción de cambiar de compañía y acudir al mercado liberalizado, cuyo funcionamiento se inicia precisamente mañana.

El incremento decidido por el Ministerio de Industria permitirá a las compañías contar con cierto margen para ofrecer pequeñas rebajas a los consumidores con los que animarles a abandonar el mercado de tarifa.

Pero los consumidores no esperan milagros de las compañías. No en vano, la Comisión Nacional de la Competencia abrió el pasado jueves un expediente sancionador a las cinco principales eléctricas que operan en España (Endesa, Iberdrola, HC Energía, Unión Fenosa y E.ON) por obstaculizar la competencia.

El Ejecutivo y el sector argumentan la subida dentro del pacto para acabar con el marco tarifario. La normativa actual establece que, como máximo, la diferencia entre lo que a las eléctricas le cuesta producir la energía y lo que cobran por la tarifa no debe superar los 3.500 millones de euros este año. Con ese techo se entienden los sucesivos incrementos de la luz decididos por el Gobierno en el último semestre.

El Partido Popular, sin embargo, lo ve de otra manera. Su secretario de Economía, Álvaro Nadal, incide en que ese déficit tarifario se genera en un mercado anticompetitivo. Por este motivo, no se puede fijar una subida en atención a que se genera un déficit que está artificialmente inflado por las compañías eléctricas.

Un segundo elemento que causó sorpresa en las filas del PP es la decisión de bajar el precio del gas natural a partir de mañana un 4,2%. «¿Por qué baja el gas y sube la luz»?, se pregunta Nadal, si el precio del petróleo es lo sustancial para la producción de ambas energías y está a la mitad que hace un año.

El PP vinculó el incremento de la tarifa de la luz al más que previsible cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2011. La decisión la debe tomar el Gobierno esta misma semana, pero todo apunta a que se inclina por echar el candado. La patronal de las eléctricas, Unesa, admitió ayer que «no se esperaba una subida significativa».

El efecto práctico en los consumidores

Según los cálculos hechos por el Ministerio de Industria, el incremento del 2% del recibo de la luz supondrá para una familia media el abono de 70 céntimos de euro más cada mes en su factura. Los cinco millones de hogares acogidos al denominado bono social no verán subir el recibo.

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