CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: LA BANDA DE LOS CHAVES: La prueba fehaciente, firmada y sellada, de que Paula Chaves solicitó y recibió los 10M

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Las pruebas
El PSOE impide investigar el caso tras confirmarse la incompatibilidad

Paula Chaves firmó como apoderada la aceptación de la ayuda aprobada por su padre

J. CARO ROMERO / M. Mª BECERRO/Sevilla

El PSOE utilizó ayer la mayoría absoluta con que cuenta en el Parlamento andaluz para impedir que prosperase la creación de una comisión de investigación que tanto el PP como IU reclamaban sobre el caso del incentivo de más de 10 millones de euros concedidos a Minas de Aguas Teñidas (Matsa) siendo Manuel Chaves presidente de la Junta, y su hija, apoderada de esta sociedad.

Lo hizo justo después de que desde los bancos del Grupo Popular airearan la prueba definitiva de que, en contra de la versión oficial, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno no es una simple trabajadora más entre los 450 empleados de Matsa: la firma de Paula Chaves aceptando el incentivo avalado por su propio padre, un documento que EL MUNDO pudo verificar ayer que consta en el expediente original, tras retirar la Junta el veto a este diario.

Como ha venido publicando este periódico durante las últimas semanas, la hija de Chaves fue quien rubricó el pasado 23 de febrero la aceptación de la ayuda en calidad de apoderada de Matsa, y pese a que su propio padre no se había inhibido en la aprobación de la ratificación del incentivo en el Consejo de Gobierno del 20 de enero, cuando Paula Chaves ya contaba con poderes para solicitar la subvención.

El documento de la aceptación viene a probar la relación directa de Paula Chaves con el incentivo y su plena capacidad para adoptar decisiones directivas en Matsa, condiciones necesarias para concluir que su padre, tres meses antes de abandonar la Presidencia de la Junta de Andalucía, incumplió el artículo 7 de la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos.

Éste establece que «los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil».

Manuel Chaves participó en el Consejo de Gobierno del 20 de enero como presidente de la Junta, esto es, en calidad de alto cargo. Y debió inhibirse cuando llegó el momento de abordar la aprobación de la ratificación del incentivo porque él tenía que saber que en ese asunto estaba involucrada directamente su hija, familiar de primer grado, ya que así lo ha reconocido la propia Matsa.

Conviene recordar que Aguas Teñidas admitió que Paula Chaves se encarga desde el 2 de julio de 2007 de «la gestión y tramitación del incentivo de ayudas» y de «la representación ante cualquier Administración pública» como responsable del departamento jurídico de la firma, «ostentando facultades de representación de la compañía». Aparte, en el Registro Mercantil figuran dos amplísimos apoderamientos inscritos a favor de la hija de Chaves, uno escriturado en octubre de 2008 y el otro el pasado 14 de enero: seis días antes de que el Consejo de Gobierno diera luz verde al incentivo.

No obstante, tanto el actual vicepresidente del Gobierno como la Junta mantienen que el primero no incumplió la Ley de Incompatibilidades porque la firma de Paula Chaves sólo figura en el expediente al final, en la aceptación de la ayuda, fechada el 23 de febrero, un mes después de que su padre participara en el acuerdo del Consejo de Gobierno y lo rubricara.

En realidad, la firma de Paula Chaves se produce cuatro días antes, el 19 de febrero, y la Junta ya la reconoce en un documento como apoderada el 12 de febrero, cuando le envía el escrito que certifica la subvención. Además, es muy discutible que su padre esté eximido de culpa porque sólo se pueda documentar su participación en la tramitación del expediente en el acto de aceptación. En este sentido, resulta esclarecedor una afirmación del diputado del PP en el Parlamento andaluz José Luis Rodríguez: «Es que sería muy sencillo vulnerar la ley, porque cualquier alto cargo podría decir: 'Hijo mío, tú ejerce de apoderado y gestiona directamente la ayuda que te voy a conceder. Pero ya que tramitas tú el expediente, no seas tonto y asegúrate de que no aparezca tu nombre en los papeles para que papá pueda darte el dinero sin que me acusen de nada'».

A CONTRAPELO
Ahora ya le consta

SANTIAGO GONZÁLEZ

El periodista Furio Colombo contaba en un libro publicado hace unos años que en el despacho del director del Wall Street Journal hay un cartel que dice: «Creemos que la verdad en periodismo se construye como las catedrales góticas piedra sobre piedra: con un hecho encima de otro hecho, encima de otro hecho». A esta máxima contraponía el periodista italiano que el periodismo actual amontona una declaración sobre otra declaración, sobre otra declaración.

Ayer, el caso Chaves se enriquecía con otro hecho: la aparición del documento en el que Paula Chaves Iborra, hija, se declara representante de Matsa, solicitante de incentivos para la empresa a la que apodera y acepta la concesión de la subvención que había sido firmada por su padre un mes antes.

Es un documento formal, no una carta de amor filial. No dice gracias, papá, pero es que ahora los hijos vienen muy despegados. El pequeño de los míos me llama por mi nombre de pila, no digo más. En una enternecedora falta de ortografía escribe «se hayan recogidas» donde debería haber escrito «se hallan recogidas». Es sólo una falta, ya digo, pero trastoca los verbos al convertir el presente de indicativo del verbo hallar en el presente del subjuntivo del verbo haber.

Es un hecho sobre otro hecho, como explicaba Colombo. El primero, la piedra angular, es la Ley 3/2005 de 8 de abril de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Junta de Andalucía. Vayamos por partes: ¿Era Manuel Chaves González titular de un alto cargo de la Junta en enero de 2009? ¿Era Paula Chaves Iborra «persona de su familia dentro del segundo grado civil»? ¿Tenía entonces Paula Chaves Iborra «alguna parte» en la dirección, asesoramiento o administración de la empresa interesada? Si ha respondido afirmativamente a las tres preguntas, Chaves ha infringido dicha ley en su artículo 7º por no inhibirse aquel día, girar una visita a la plaza de toros de Ronda o ir a ver cómo había afectado el invierno al fresón de Lepe. Cualquier cosa menos estampar su firma en la concesión.

Frente a esto, Chaves y los suyos no han hecho sino amontonar una declaración sobre otra declaración, proclamaciones de inocencia o de derechos individuales que no son del caso. «Uno de esos 450 empleos [creados por Matsa] es el de mi hija, que es una trabajadora asalariada, afiliada al régimen general de la Seguridad Social». El 27 de mayo pasado, a Chaves no le constaba que su hija hubiera tramitado la subvención, eso está en las hemerotecas.

«Mi hija tiene todo el derecho a trabajar sin irse de Andalucía». ¿Quién se lo habrá discutido? El hecho de que Matsa ofreciera un cargo al alcalde de Almonaster que había aprobado la licencia, colocara a varios familiares suyos y pagara el viaje de bodas de su hijo a Canadá. ¿Quieren que mi familia sea indigente? ¿Es que mi hijo no tiene derecho a casarse? ¿Por qué no puede ir de luna de miel a Canadá?

Y todo en este plan. Es la traducción al andalú del axioma enunciado por Zapatero el 27 de octubre de 2007 en Leganés: «Los valores de la derecha cotizan en la Bolsa, y los de la izquierda lo hacen en el corazón». Bárcenas y Chaves, avaricia y amor a la familia, derecha e izquierda.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Cerco al vicepresidente
El PP pone una querella contra Chaves y su hija y luego la retira

Génova la presentará una vez ampliada / Los 'populares' andaluces ignoraban la iniciativa / El PSOE impide una comisión de investigación en Andalucía

El PP protagonizó ayer un episodio jurídico-político próximo al vodevil. Un «error» de comunicación interna indujo al partido de Rajoy a retirar por la tarde la querella contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, que había sido registrada el pasado lunes en el Tribunal Supremo sin el conocimiento del abajo firmante: el PP andaluz.

El estupor más absoluto se adueñó del entorno de Javier Arenas y de los propios despachos de Génova cuando ayer conocieron esa presentación a través de las agencias de prensa. La decisión de preparar la querella se había adoptado en el Comité de Dirección pero nadie se hacía ayer responsable de haber autorizado su «precipitado» registro. Finalmente, el PP la retiró y anunció que la presentará, ampliada, en los próximos días.

El abogado del Partido Popular, Juan Ramón Montero, fue, según las fuentes recogidas en Génova, quien se llevó toda la bronca después de que el coordinador de Justicia del partido, Federico Trillo, negara en círculos internos haber dado el okey al escrito.

Pese a los intentos de diluir la polémica interna, y de exculpar a quien pudiera corresponder el fallo, la dirección no ocultaba la «metedura de pata» que había malogrado, en parte, una estrategia largamente pensada y pilotada desde Andalucía.

La idea de querellarse contra Chaves estuvo presente desde el comienzo mismo de la ofensiva emprendida a cuenta de la subvención de 10 millones concedida por la Junta de Andalucía a la empresa apoderada por su hija.

Sin embargo, el PP andaluz ha sido escrupuloso -hasta provocar la impaciencia de algunos miembros de la propia dirección- en cuidar los tiempos. Primero, decidió esperar a que la propia Junta cumplimentara la entrega del expediente de la concesión -lo que sólo se hizo ayer- y a que la Consejería de Presidencia contestara la denuncia administrativa del partido sobre el incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de Andalucía. Con ello, el PP andaluz, respaldado por Rajoy, pretendía armarse con futuros argumentos políticos contra el Gobierno autonómico en caso de un futuro fallo judicial favorable en el Supremo.

Además, los populares aguardaban a ver el resultado de la denuncia presentada contra Chaves por los mismos hechos por parte de Manos Limpias ante la Fiscalía de Andalucía que, precisamente, ésta remitió anteayer al Supremo.

Por otra parte, siempre según fuentes recabadas en Génova, el momento de presentar la querella, justo en la semana en la que el Alto Tribunal abría causa contra dos de sus aforados, no era el más «oportuno» porque podría dar lugar a equivocadas teorías compensatorias.

Así las cosas, y una vez superado el shock que mantuvo paralizado al PP nacional durante algunas horas, se impuso la decisión de volver sobre los pasos dados para atenerse al plan trazado.

A través de un comunicado, Génova anunció que «en los próximos días, finalizados los análisis jurídicos, el PP interpondrá las acciones judiciales correspondientes». Además, justificaba que «en las últimas 48 horas el PP ha recibido la copia del expediente sobre la subvención a la empresa Matsa. De la primera observación, se han obtenido nuevos datos, por lo que el PP ha decidido retirar la querella interpuesta el pasado lunes, a fin de ampliar la documentación y formularla en todos sus extremos».

Fuentes populares confirmaban a continuación que la querella contra Chaves se registrará en breve ante el Alto Tribunal, y daban por hecho que mantendrán las acusaciones formuladas en el escrito retirado ayer, que, según informaba Efe, abarca los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En su comunicado, el PP aclaraba que sus «equipos jurídicos trabajan en Andalucía y a nivel nacional» y que su conclusión es que «además de la exigencia de responsabilidades políticas, procede presentar acciones judiciales en las vías contencioso-administrativa y penal».

Por último, el PP aprovechaba para recordar que ayer mismo el PSOE había «rechazado» la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz.