CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: 'Caso Chaves': Un informe de la Junta prueba que Chaves incumplió la ley/ Las conexiones del 'caso Chaves'

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Un dictamen comprometedor
Un informe de la Junta prueba que Chaves incumplió la ley

Un dictamen elaborado hace tres años para exonerar a su hermano Leonardo Chaves se vuelve ahora contra el vicepresidente del Gobierno. Según el mismo, Leonardo no estaba obligado a abstenerse en el caso Climo Cubierta dado que su otro hermano Antonio José no era ya apoderado. Su interpretación de la Ley de Incompatibilidades ve como motivo de abstención el papel desempeñado ahora por su hija Paula en Matsa

MANUEL MARÍA BECERRO/Sevilla


Un informe elaborado en 2006 por la Inspección de la Junta de Andalucía para eximir a un hermano de Manuel Chaves de haber incumplido la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos permitiría demostrar que el ex presidente autonómico violó esa normativa al aprobar y firmar el pasado 20 de enero un incentivo de más de 10 millones de euros a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que figura como apoderada su hija.

Los argumentos para mantener como director general de la Junta a Leonardo Chaves -tras haber adjudicado a dedo una obra a una empresa de la que había sido apoderado otro hermano- obligan a concluir que el ex presidente andaluz ha cometido una infracción «grave» o «muy grave».

Dicha infracción se sanciona con su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) y con la imposibilidad de participar en instituciones de la autonomía por un plazo mínimo de tres años.

El 11 de septiembre de 2006, Pedro Rodríguez Bueno, funcionario vinculado a la Dirección General de Inspección y Evaluación de la Junta de Andalucía, finalizó el informe encargado siete días antes por la antigua titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública, María José López, para comprobar si el hasta hace un par de semanas director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, Leonardo Chaves, había incumplido la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos al firmar la adjudicación sin concurso de una obra a favor de la sociedad anónima Climo Cubierta, en la que figuraba como asesor Antonio José Chaves, el mayor de los hermanos del ex presidente andaluz.

El inspector concluyó que no se había producido incumplimiento alguno de la ley, fundamentando su informe en dos aspectos. En primer lugar, destacaba que «en la fecha del contrato referido», el asesor Antonio José Chaves no asumía funciones directivas en Climo Cubierta, y que, como trabajador autónomo, no mantenía «ninguna relación laboral» con la empresa, ya que había dejado de ser formalmente «apoderado» de dicha firma con año y medio de antelación al día de la adjudicación.

Conviene recordar que Antonio José Chaves fue accionista y apoderado de Climo Cubierta hasta sólo 11 días antes de publicarse en el Boja el nombramiento de Leonardo Chaves como director general de la Junta. Ante un juez, el mayor de los hermanos no tuvo el menor reparo en atribuir esa secuencia de hechos a la pura coincidencia, ya que aseguró que se desprendió de todos sus títulos y cargos sin saber que iba a tener a otro hermano en un despacho de la Junta ante el que su empresa iba a pedir contratos y subvenciones.

En el caso del incentivo a Matsa firmado por Chaves, en la fecha en la que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó los casi 10,1 millones de euros a favor de la empresa minera -20 de enero de este año-, la abogada Paula Chaves Iborra no sólo mantenía una relación laboral con Aguas Teñidas (que arranca el 2 de julio de 2007, según difundió la propia sociedad minera), sino que además contaba con un apoderamiento que, conforme al Registro Mercantil, le permitía «comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la comunidad autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes».

Otro elemento de exoneración de Leonardo Chaves por la Junta es que el contrato adjudicado a Climo Cubierta fue «suscrito» el 2 de diciembre de 2005 por otro «apoderado» de dicha sociedad, en concreto José María Gómez Márquez. En el caso de Matsa, fue la hija de Chaves la que suscribió la aceptación del incentivo el 23 de febrero de este año en su condición de apoderada para «dirigir, recibir y contestar notificaciones» como la de la concesión de una ayuda del Gobierno andaluz.

Representante de Matsa

El segundo aspecto en el que se basó hace tres años la Inspección para exculpar a Leonardo Chaves es que no estaba «acreditado» que su otro hermano -el asesor Antonio José- hubiera tenido una «relación directa en la adjudicación del contrato de suministro» en cuestión. En el caso de la hija de Chaves, no es ya que su firma figure en el expediente de la ayuda, sino que la propia Matsa reconoció que, como «responsable del departamento jurídico» durante los dos últimos años, sus funciones incluían la «gestión y tramitación de incentivos y ayudas» y «la representación de la sociedad ante cualquier registro o Administración Pública».

Teniendo en cuenta que la solicitud del incentivo a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía está fechada en octubre de 2007, esto es, tres meses después de la contratación de Paula Chaves, necesariamente hay que concluir que la hija del ex presidente de la Junta tuvo desde el primer momento la «relación directa» con el expediente que se exige para aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.

La pasada semana, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, excusó a Manuel Chaves de no haberse inhibido en la aprobación de la ayuda porque Matsa no había comunicado que su hija estuviera apoderada para su tramitación. Dejando al margen que, conforme a la versión ofrecida por Aguas Teñidas, era la propia Paula Chaves quien tendría que haberse encargado de comunicar su apoderamiento a la Junta con carácter previo a la aprobación del incentivo por su padre, el informe sobre Climo Cubierta demuestra que ese dato no es determinante para exculpar a ningún alto cargo.

La clave es si el familiar del cargo político autonómico está apoderado o no cuando se firma la ayuda, y en este caso nadie puede desmentir que existía un amplísimo poder a favor de Paula Chaves Iborra, ya que se le puede seguir la pista registralmente.

De momento, la Junta guarda silencio ante la posibilidad de que Inspección aclare si Manuel Chaves se incorporó al Gobierno de la Nación justo después de saltarse a la torera la Ley de Incompatibilidades.

Dos hermanos muy favorecidos

>Leonardo Chaves

Director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Junta. Firmó la adjudicación de un contrato a favor de la empresa vinculada a su hermano. Cuando era responsable de Deportes de la Diputación de Sevilla fue acusado de adjudicar 180 millones a empresas con cuyos accionistas tenía relación.

>Antonio José

Ex accionista de Climo Cubierta SA, la empresa que recibía las adjudicaciones por parte de Leonardo. Interpuso una querella contra ocho periodistas de EL MUNDO por injurias y calumnias. La Audiencia de Sevilla la archivó porque las informaciones contra él eran «veraces, relevantes y proporcionales».

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Los hechos / P&R
Subvenciones a medida

MANUEL MARÍA BECERRO/Sevilla

El millonario incentivo concedido por la Junta de Andalucía a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), la firma en la que está apoderada la hija de Chaves, se ha colado en el debate político nacional. Éstas son las clave del escándalo destapado por EL MUNDO.

¿Qué subvencionó la Junta de Andalucía a Aguas Teñidas?

Se trata de un proyecto para construir una planta de tratamiento mineral en el municipio onubense de Almonaster la Real. El Gobierno andaluz aprobó el 20 de enero, a propuesta de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa), un incentivo de 10.093.472,70 euros.

¿De qué se está acusando al ex presidente Manuel Chaves?

De participar en el Consejo de Gobierno y rubricar la aprobación de la ayuda. El artículo 7 de la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta le obliga a inhibirse del conocimiento de cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiese tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil. En Aguas Teñidas, la hija de Chaves no sólo está apoderada, sino que participó directamente en la gestión de la ayuda, llegando a firmar su aceptación.

¿Paula Chaves era apoderada realmente o sólo empleada?

Tanto la Junta como el PSOE subrayan que la hija del ex presidente es una simple trabajadora de Matsa. Para disipar dudas, lo mejor es acudir al Registro Mercantil, donde se puede comprobar que Aguas Teñidas inscribió un poder notarial a favor de Paula Chaves el 12 de noviembre. El apoderamiento se realizó ante fedatario público en Sevilla un mes antes, el 16 de octubre, y según especialistas jurídicos sería «el más amplio que cabe en Derecho».

¿Desconocía Chaves que su hija era apoderada?

Es lo que mantienen tanto el ex presidente como el consejero de Innovación, Martín Soler, quien aseguró ante el Parlamento que Matsa no comunicó el apoderamiento a favor de Paula Chaves Iborra hasta el 23 de febrero, un mes después de aprobar el Consejo de Gobierno la ayuda. Pero no parece que sea por el expediente de concesión como se tenga que enterar un padre de lo que hace su hija. En todo caso, es muy discutible que su ignorancia le exima de responsabilidad alguna.

¿Intermediaron por Matsa ex altos cargos del PSOE?

El PP señala a dos, en concreto el ex ministro de Economía Carlos Solchaga y el ex consejero andaluz José Aureliano Recio, que comparten bufete.

¿Es cierto que la Junta llegó a cambiar su norma para Matsa?

El 9 de diciembre de 2008 se aprobó una nueva orden de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía. La anterior normativa expiraba el 30 de diciembre de 2009, pero un mes antes de concederse la ayuda a Matsa se cambiaron los supuestos subvencionables a explotaciones mineras. Antes, sólo se incentivaban proyectos de «industrias extractivas» para el acceso a los yacimientos «con el propósito de iniciar su explotación». Ahora también se subvencionan proyectos mineros de «transformación» del material extraído en productos de valor añadido, que es a lo que se dedicará la planta de tratamiento de mineral de Matsa.

¿Subió el Gobierno andaluz la ayuda a Aguas Teñidas al final?

En el expediente figuran dos propuestas de incentivo de la comisión de valoración de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación en Huelva, fechadas el 4 y el 5 de noviembre, ambas por un importe de 6.931.780,20 euros. Finalmente, sin embargo, la subvención se elevó notoriamente, en más de tres millones de euros, hasta rozar los 10,1 millones

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Los hechos
Arenas recoge el guante y ultima un informe jurídico

ÓSCAR TORRES/Vitoria

El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, aseguró ayer en Vitoria que su partido está ultimando un informe jurídico sobre las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a la empresa de la que es apoderada la hija del entonces presidente regional y hoy vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.

Arenas recogió el guante que la víspera había lanzado el propio Chaves, cuando invitó al PP a acudir a los juzgados si consideraba que la decisión de otorgar un incentivo de más de 10 millones de euros a esta empresa escondía alguna irregularidad.

En tono irónico, Arenas señaló que debía corregir al candidato del PP para las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, cuando aseguró en el debate televisivo con el socialista Juan Fernando López Aguilar que el PSOE no tenía política de familia. «Chaves sí tiene política de familia. No para todas las familias, pero sí para la suya», aseguró el dirigente popular y recordó que «el nepotismo no es sinónimo de honestidad, ni incumplir la Ley de Incompatibilidades, ni dar una subvención de nueve millones cuando correspondían seis».

De la Vega y Griñán

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, defendieron a Chaves alegando que es «un hombre honesto» que «se ha dejado la piel en Andalucía». «Nadie va a lograr nada con insultos y con mentiras», advirtió De la Vega atribuyendo las acusaciones a la imposibilidad del PP de ganar en Andalucía. «No le perdonan y ahora quieren conseguir con mentiras lo que los andaluces nunca les dieron».

Griñán se refirió al ex presidente como «el hombre más honesto que ha tenido Andalucía», y censuró que los populares quieran «manchar su imagen», pidiendo «votos con la calumnia y la mentira», informa Efe.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Las conexiones del 'caso Chaves'
La empresa de Solchaga ingresa el doble desde que gobierna el PSOE

Ha pasado de embolsarse 700.000 euros al año en la era Aznar a 1,5 millones

CARLOS SEGOVIA/Madrid
El ex ministro socialista Carlos Solchaga ha vuelto al candelero por influir ante la Junta de Andalucía en favor de la empresa Minas y Aguas Teñidas (Matsa). El PP da por hecho que él y su socio, José Aureliano Recio, contribuyeron a redondear la subvención de 10 millones de euros recibida por Matsa en la que, además, trabaja la hija del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves.

Solchaga no comenta esta actividad, como ninguna de las que viene realizando desde 1999 en que cerró su carrera política con la creación de Solchaga Recio & Asociados, su consultora en el centro de Madrid. En aquel año, el ex ministro de Hacienda y su amigo Recio decidieron aprovechar sus contactos y conocimientos en España e Iberoamérica y ponerlos al servicio de las grandes empresas y bancos. Fue su adiós definitivo al servicio público y su aterrizaje en el mundo del business.

Desde entonces, la época más boyante de Solchaga Recio & Asociados se ha producido desde que gobierna el PSOE. Entre 1999 y 2004, su media de ingresos anuales era de 700.000 euros, según las cuentas que la sociedad reconoce. A partir de 2005, llega a 1,5 millones manteniendo una tendencia siempre creciente. En cuanto a su beneficio neto, se triplicó, aunque su evolución, al ser irregular y sujeta a conveniencias contables, parece menos significativa. En los años de Aznar, la consultora registró unas ganancias netas de 110.000 euros al año y, en los de Zapatero, de 330.000.

En países como España, donde la Administración puede aún tomar decisiones con amplia discrecionalidad y sin transparencia ni debido control parlamentario, para las empresas puede ser rentable contratar los servicios de personas con contactos como Solchaga y Recio. Abren puertas, influyen en los altos funcionarios y encauzan decisiones. La propia consultora proclama en su página web que, entre sus actividades principales, figura «la gestión estratégica de los riesgos políticos y regulatorios». Además, Solchaga Recio & Asociados admite que trabaja para la propia Administración sin detallar para cuál o cuáles.

Solchaga dejó de ser ministro hace 16 años y no incurre en ninguna incompatibilidad legal. En cuanto a Recio, dejó hace 23 la Consejería de Economía y Fomento de la Junta de Andalucía. En su época posterior de consejero del banco BBV, el juez Marino Barbero le llamó a declarar por el pago a Filesa de 196 millones de pesetas. Era el año 1994, pero no resultó afectado porque se atribuyó la decisión de este pago a la red de financiación del PSOE al fallecido presidente del banco, Pedro Toledo.

Ninguna empresa quiere reconocer públicamente si Solchaga está entre sus asesores o intermediarios, pero entre los clientes figuran, además de las necesitadas de subvenciones como Matsa, algunas de las principales entidades españolas, desde los bancos Santander y BBVA a las eléctricas Endesa e Iberdrola, pasando, con altibajos, por Telefónica.

«Solchaga y Recio no cobran una tarifa excesiva comparado con otros y hacen informes mensuales sobre, por ejemplo, determinados cambios políticos en Iberoamérica que son interesantes», justifican en una de las compañías para las que trabajan.

«Se dedican a lo que se dedican con su despacho de influencias y conviene tenerles a favor, pero hay que reconocer que guardan bien las formas, justifican lo que cobran con informes documentados que, además, se ofrecen a explicar en persona con regularidad. Luego, están dispuestos a hacer otras cosas si se lo pides aprovechando sus contactos», asegura el presidente de una entidad para la que han trabajado. «Todas las grandes con intereses en Iberoamérica han contado o cuentan con sus servicios», explican en una de las entidades financieras que contratan a Solchaga, que dispone de un respetado equipo de consultores.

Pero cuando no se trata de elaborar informes, sino de gestiones de influencia, el navarro se ha apoyado en ocasiones en el ex presidente del Gobierno Felipe González. Uno de los ejemplos fue uno de los bautismos de fuego de Solchaga y Recio. Hace 10 años, el entonces presidente de Endesa, Rodolfo Martín-Villa, vio en peligro 700.000 millones de pesetas de sus inversiones en Chile por el intento del juez Baltasar Garzón de juzgar a Augusto Pinochet. Martín-Villa contrató entonces a Solchaga y éste contó con el apoyo de González, que se manifestó públicamente en contra del proceso judicial.

Cuando Almunia dejó la Secretaría General del PSOE, Solchaga se desmarcó de José Bono. «No es fácil que la sociedad española piense que una persona como Bono, que pertenece a la misma generación que ha estado en puestos de poder y de responsabilidad, sea el paradigma de la renovación», declaró en vísperas del Congreso decisivo del PSOE. Sin embargo, Solchaga no se ha encontrado después entre los más cercanos al presidente Zapatero.

«Es de la vieja guardia y, más que en Moncloa, tiene acceso a gobiernos autonómicos como el andaluz, donde hay dinero y viejos compañeros de Gobierno», afirma otra fuente. Fue precisamente otro vieja guardia como Pedro Solbes el que pidió a Zapatero que encargara a Solchaga la importante misión de arreglar lo de E.ON en Endesa sin provocar un conflicto con Bruselas. Su misión fue diseñar las bases por las que el Ejecutivo permitiría la entrada del grupo alemán en Endesa. A cambio, el presidente de E.ON, Wulf H. Bernotat, tenía que aceptar trocear la eléctrica y ceder activos a Gas Natural, la gasista catalana que no debía, según Zapatero, quedarse de vacío tras lanzar un OPA sobre Endesa.