11-M/ CORRUPCIÓN EN EL CNI: Saiz paga al policía del 'caso Bono' y la mochila de Vallecas

Saiz paga al policía del 'caso Bono' y la mochila de Vallecas

Acusan al director del CNI de entregar 2.000 euros mensuales al comisario Rodolfo Ruiz con cargo a los fondos reservados / El policía se jubiló cuando la Audiencia le condenó por la detención de dos miembros del Partido Popular. Luego le absolvió el Tribunal Supremo / Ruiz era el jefe de la Comisaría del Puente de Vallecas en la que apareció la mochila-bomba del 11-M que nadie vio en los trenes

ANTONIO RUBIO/Madrid

Rodolfo Ruiz, ex comisario de Policía que fue condenado primero, y absuelto después, de un delito de falsedad documental y detención ilegal de dos militantes del PP en los incidentes que se produjeron en Madrid el 22 de enero de 2005 contra el entonces ministro de Defensa, José Bono, colabora en la actualidad con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de una empresa pantalla y cobra unos 2.000 euros mensuales de los fondos reservados del CNI, según han informado a este periódico fuentes policiales.

Ruiz ha conseguido esa colaboración extra en el CNI, siempre según fuentes policiales, gracias a las gestiones realizadas por el que fuera ministro de Defensa y actual presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ante el director de los servicios secretos, Alberto Saiz. Fuentes del Ministerio del Interior, de donde dependía Rodolfo Ruiz hasta abril de 2007, también han confirmado a este periódico que el ex comisario «tiene una empresa que en ocasiones hace colaboraciones para el CNI».

EL MUNDO se ha puesto en contacto con Rodolfo Ruiz para recoger su versión sobre los hechos: «Desmiento que trabaje para el CNI y no tengo nada más que decir».

El ex comisario no quiso hacer ningún otro comentario sobre su empresa y las colaboraciones que está prestando a los servicios secretos.

Rodolfo Ruiz era el jefe de la comisaría de Vallecas el 11 de marzo de 2004. Y en aquella comisaría fue donde apareció, de manera sospechosa, la mochila que sirvió para señalar al grupo de Jamal Zougam como los autores de los atentados de los trenes de la muerte. Tras aquellos confusos hechos, Ruiz fue ascendido de categoría por el Ministerio del Interior y fue nombrado jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid.

Ruiz, según ha podido saber este periódico, después de salir de la Policía en abril de 2007 por «jubilación anticipada», montó un despacho que se dedica al cobro de morosos y otros asuntos. Ruiz, según sus compañeros, tuvo un accidente en la montaña y lleva unos nueve meses inactivo.

Otro de los policías del caso Bono, Javier Fernández, también ha sido señalado por fuentes policiales como beneficiario de las ayudas económicas del director del Centro. Fernández ha desmentido a este periódico que reciba esas aportaciones: «Eso no es cierto. Intento rehacer mi vida trabajando y no tengo nada más que decir».

Hay que recordar que el caso Bono comenzó el 22 de enero de 2005 como consecuencia de una manifestación contra el terrorismo que organizó en Madrid la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). El entonces ministro de Defensa, José Bono, asistió a aquel acto a título particular y en un momento de la manifestación fue increpado por un grupo de personas. Como resultado de aquellos hechos fueron detenidos dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz.

Los tres inspectores policiales que en un principio intervinieron en la instrucción de aquel caso declararon ante la Audiencia Provincial que «el ministro José Bono nunca fue agredido» y uno de ellos, incluso, manifestó que estuvo presente en el incidente y pudo apreciar todo el suceso.

Con posterioridad, esa misma instrucción policial fue manipulada a instancia del comisario Rodolfo Ruiz. Y a esa instrucción, según los tres inspectores que llevaron a cabo las primeras investigaciones, se incorporaron nuevas declaraciones de los escoltas de José Bono -que corrigieron las que ya habían aportado con anterioridad en la Brigada policial- para darle una mayor gravedad a los acontecimientos y calificarlos de «situación de extrema violencia» y de «intento de agresión» al ministro «con objetos contundentes».

La Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia el 8 de mayo de 2006 y condenó al comisario Rodolfo Ruiz a cinco años de cárcel y 10 de inhabilitación por falsear el atestado del caso Bono y por coacciones a sus subordinados, que en su momento se negaron a cambiar el atestado de la supuesta agresión contra el entonces ministro de Defensa. El inspector Fernández también fue condenado a un total de cinco años de cárcel y 10 de inhabilitación por detención ilegal y falsedad. Y, por último, José Luis González fue condenado a tres años de prisión y dos de inhabilitación.

En uno de los apartados de la sentencia de la Audiencia Provincial se hacía una referencia directa a los condenados y al atestado policial: «Vulnerando el deber de hacer que el atestado se mantuviera en su integridad tal como venía confeccionado […] destruyen materialmente partes impresas, firmadas y selladas […] y sustituyen la comparecencia inicial de los escoltas de Bono por otra en que, de manera inveraz, se eleva la relevancia penal de los hechos».

La Sala de la Audiencia Provincial también destacó la ausencia de indicios de agresión contra Bono y resaltó que hasta el inspector Javier Fernández se percató de ello y que cuando se lo comentó al comisario Ruiz la respuesta fue la siguiente: «Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona».

Los tres funcionarios del Ministerio del Interior -Ruiz, Fernández y González- recurrieron ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y un año más tarde, en junio de 2007, fueron exonerados definitivamente de todos los cargos.

Se daba la circunstancia de que donde la Audiencia Provincial había apreciado una detención «inmotivada, arbitraria y abusiva» contra los dos militantes del PP, el Tribunal Supremo consideró que todo fue un arresto legal y justificado. El Supremo también resaltó en su sentencia que todo «estuvo ajustado a Derecho». Ese fallo judicial tuvo un voto particular discrepante del magistrado Manuel Marchena, que sostenía que se debió mantener la condena por detención ilegal y falsedad.

En abril de 2007, dos meses antes de que el Tribunal Supremo de Madrid hiciera pública su sentencia contra los tres policías que participaron en el caso Bono, el Ministerio del Interior concedió la jubilación anticipada al comisario Rodolfo Ruiz por «alteración psicofísica». Los otros dos compañeros de Ruiz, Javier Fernández y José Luis González, también consiguieron la «jubilación anticipada».

La mochila de Vallecas y su «extravagante periplo»

>Ruiz era el jefe de la comisaría de Puente de Vallecas cuando se encontró allí una mochila que no explotó el 11-M. Permitió detener a Jamal Zougam el 13-M.

>La Policía asegura que se encontró dentro de un bolsón que contenía objetos recogidos en el tren que estalló en El Pozo, pero todos los 'tedax' que lo inspeccionaron aseguran que no la vieron allí.

>El responsable del control de los objetos de El Pozo, el inspector Álvarez, declaró al juez Del Olmo que no se hizo ningún inventario, por lo que no puede garantizarse que saliese de allí.

>Los bolsones fueron llevados a la comisaría de Villa de Vallecas y, de ahí, a Ifema, donde nadie los controló. Luego, fueron trasladados a Puente. La sentencia habla de un «extravagante periplo».

>En la mochila apareció una huella que no pertenece a ningún imputado. Un informe policial concluye que «pudo ser manipulada en Ifema».

Rodolfo Ruiz atiende a los periodistas tras abandonar la Audiencia Provincial de Madrid. / EL MUNDO

Interior quiere eliminar la BOA

ANTONIO RUBIO

Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, estudia la posibilidad de eliminar la Brigada Operativa de Apoyo (BOA).

Dicha brigada está compuesta por un grupo de agentes de la Policía que, en teoría, depende de la Comisaría General de Información, pero que a nivel de estructura está adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Altos cargos de Interior están convencidos de que, en la actualidad, la BOA es utilizada por el CNI para captar la información e investigaciones que llevan a cabo los agentes de la Comisaría General de Información sobre ETA y que ese flujo de información se produce en una sola dirección, de Interior al CNI.

Esos mismos cargos también explican que «el CNI capta nuestra información, después la hace suya y la administra como mejor considera sin respetar de dónde procede». El enfrentamiento más fuerte entre ambos cuerpos se produjo con motivo de la detención en noviembre de 2008 del dirigente etarra 'Txeroki'. La Policía fue la primera que llegó hasta el etarra y después apareció el CNI como autor de la investigación.

Desde que Saiz fue nombrado director del CNI, los roces entre agentes de la Policía y del CNI cada día son mayores. El 30 de marzo de 2008 el periódico 'Público' reveló el enfrentamiento que existía entre Pérez Rubalcaba y Saiz. El diario madrileño se hacía eco del comentario de un alto cargo de Interior que decía: «Si por Rubalcaba fuera, el director del CNI ya habría cesado».

Ese jefe de Interior, incluso, iba más lejos en sus apreciaciones: «El ministro tiene la sensación de que el CNI va por libre, de que, en lugar de colaborar en la lucha antiterrorista, interfiere».

A FONDO
El hijo del mecánico

«Esto me lo hacen a mí porque soy hijo de un mecánico». Lo dijo como saliéndole de dentro en su comparecencia ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso. Fue cuando le preguntaron si era cierto que en el CNI se habían contratado a algunos de sus familiares y a la hija de un magistrado del Supremo.

El estallido de Alberto Saiz no era un reproche a los portavoces parlamentarios, sino la manifestación de su íntimo convencimiento sobre las razones últimas que han impulsado a un grupo de agentes y mandos del CNI a denunciar a los medios su comportamiento poco ejemplar poniéndole así en la picota.

No es la primera vez que establece una barrera de clase entre su persona y los mandos que forman la columna vertebral del Centro. Saiz ha dicho en repetidas ocasiones en petit comité que el CNI está lleno de «niños bien un poco fachas».

Él se ve a sí mismo como un renovador, un reformador de izquierdas que se enfrenta a los viejos métodos, a una trasnochada ideología que ha pesado como una losa sobre nuestros servicios secretos, cuyo papel en el golpe del 23-F o en la trama de los GAL le procuraron durante muchos años una imagen nada acorde con los usos propios de un sistema democrático.

Esa declaración inesperada que, en definitiva, no es más que una justificación ideológica (los niños de papá le pasan factura al hijo del mecánico que ha llegado a ser su jefe), cuadra a la perfección con la acusación que también lanzó en la Comisión sobre un grupo «enquistado en el CNI» que no comparte su modelo. «Son gente que está más de acuerdo con el modelo de Manglano», afirmó.

Pero esa interpretación, que poco tiene que ver con la realidad, comporta un problema añadido para Saiz: Emilio Alonso Manglano estuvo al frente del Cesid durante 14 años: desde 1981 (fue nombrado en tiempos de Calvo Sotelo) hasta 1995. Es decir, que prácticamente todo su mandato lo hizo a las órdenes de Felipe González y de su ministro de Defensa, Narcís Serra. Y fue precisamente un decreto del año 1984 el que definió al entonces Cesid como «el órgano de información del presidente del Gobierno».

Renegar de Manglano, por tanto, es casi como renegar de González. ¿Quiso llegar a tanto el responsable del CNI? Lo dudo.

En todo caso, Manglano lleva fuera de los servicios secretos mucho tiempo ¿Es que desde 1995 no se ha movido la estructura de mando del Centro? ¿Acaso Jorge Dezcallar, ahora embajador en Washington, se plegó a las presiones de los hombres de Manglano?

Los actuales mandos del CNI poco o nada tienen que ver con los cuadros que pusieron a los servicios secretos al servicio del partido del Gobierno y que se dedicaron, al margen de otras actividades irregulares, a escuchar de manera ilegal a políticos, empresarios, periodistas, e incluso al Rey.

Muchos de los que ahora ocupan cargos de responsabilidad ingresaron como capitanes o como personal civil procedente de la universidad cuando Manglano abandonaba su puesto arrastrado por los escándalos que, a la postre, le costaron el Gobierno a Felipe González.

Si ha habido un director de los servicios secretos que ha movido el banquillo, ése ha sido Saiz. Secretarios generales, responsables de Operaciones, directores de Inteligencia han rotado de manera poco usual para una institución que basa su efectividad en la confianza y en el secreto.

Saiz ha reconocido, también a su círculo íntimo en el CNI, que el nombramiento de Agustín Cassinello (hijo del teniente general y ex jefe de Información de la Guardia Civil) al frente de la dirección técnica de Inteligencia hace ahora un año ha sido su «mayor error».

Cassinello fue destituido de su cargo en noviembre de 2008, cuando apenas llevaba cuatro meses en el cargo. El Centro justificó su salida por fallos de información en Afganistán. Dichos fallos habrían provocado la muerte de dos militares españoles en un atentado suicida el 9 de noviembre de 2008. La realidad es muy otra. Los continuos enfrentamientos con el responsable de la dirección de Apoyo a Inteligencia, F. M., uno de los hombres de confianza de Saiz en el CNI, fueron la causa del cese de Cassinello. El motivo de dichas desavenencias ha sido también la razón última de las dimisiones que se produjeron en la subdirección de Contraterrorismo durante el pasado mes de mayo: la intromisión de Saiz en la ejecución de las operaciones antiterroristas por razones puramente políticas.

El director del CNI creyó que Cassinello quería ser un contrapoder en el Centro y por ello le destituyó, tras negarse éste a dimitir como le había pedido Saiz.

El jefe del CNI cree que las filtraciones provienen de personas ligadas de una u otra forma al que, en la práctica, era el número dos del Centro.

Pero el problema para Saiz no son las filtraciones, que, hasta el momento, sólo tienen que ver con su comportamiento personal y que en nada afectan a la seguridad nacional o a las operaciones antiterroristas propias del Centro.

Su problema son los hechos denunciados. Porque, ¿le cabe a alguien en la cabeza que el Gobierno no defendiese al jefe de los servicios secretos si éste estuviera siendo sometido a una campaña de injurias y falsedades provenientes del propio CNI?

La tibieza de las declaraciones de apoyo del presidente del Gobierno (decir que la «confianza la tiene mientras esté en el cargo» es tanto como decir que la lluvia moja); la apertura de una investigación interna por parte de la ministra Chacón, que se opuso a la renovación de su mandato, y las palabras de su otrora defensora, la vicepresidenta Fernández de la Vega, tras el último Consejo de Ministros, configuran un cuadro poco halagüeño para el futuro inmediato del director del CNI. Internamente, Saiz ha sufrido el golpe de manera especial. No sólo porque se ha visto cuestionado en los medios de comunicación, sino porque ha comprobado hasta qué punto se encuentra solo. Como decía, su problema no son las filtraciones, sino los hechos.

Lo que hoy revela EL MUNDO, la contratación de dos policías por la recomendación directa de su ex jefe, José Bono, pone de relieve que Saiz ha confundido su papel y ha hecho uso indebido de los medios del CNI. Y eso no tiene nada que ver con su origen humilde. El mecánico no es culpable de nada.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

El TS confirma la multa de 150.000 E a Mina Conchita

Se basa en el «descontrol» del lugar de la dinamita del 11-M

MARÍA PERAL/Madrid

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a Caolines de Merillés, la empresa que explota Mina Conchita, por el «absoluto descontrol» de la dinamita y los detonadores que empleaba, según se comprobó a raíz del 11-M. La sentencia de la Audiencia Nacional que juzgó los atentados islamistas declaró probado que «todo o gran parte» del explosivo que estalló en los trenes procedía de ese yacimiento.

El 18 de junio de 2004, agentes de la Intervención de Armas y Explosivos de Salas (Asturias) llevaron a cabo una inspección en Mina Conchita acompañados por la Policía Judicial y el director facultativo de la empresa. La actuación se grabó en vídeo y algunas de las imágenes fueron contempladas en la sesión del juicio del 11-M celebrada el 1 de marzo de 2007: bolsas de explosivos desperdigadas y mezcladas con basura en las galerías y cartuchos y detonadores abandonados en la bocamina.

La inspección dio lugar a un expediente sancionador que acabó con la imposición, por parte del Ministerio del Interior, de una multa de 150.000 euros a Caolines de Merillés por una infracción tipificada en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, consistente en no haber adoptado «las precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de los explosivos».

La sanción fue confirmada en 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La sentencia dio por probado «el estado absoluto de descontrol, abandono y pérdida de hecho de parte de los explosivos» que se utilizaban, «encontrándose en estado de abandono 16 cartuchos de Goma 2 EC completamente deteriorados hasta el punto de encontrarse sólo el envoltorio, así como 33 cartuchos de Goma 2 ECO y 27 cartuchos de Goma 2 EC y dos detonadores, susceptibles de detonación y explosión».

Los 16 cartuchos de Goma 2 EC aludidos se encontraron en el exterior de la bocamina del segundo nivel. En el interior de la galería del primer nivel, «bajo varios cartones deteriorados por la humedad y diferente basura», se hallaron dos bolsas precintadas de 2,5 kilos de Goma 2 ECO, con 16 y 17 cartuchos respectivamente en su interior. En el mismo lugar había dos detonadores y otras dos bolsas, éstas de Goma 2 EC y abiertas, con 18 y nueve cartuchos respectivamente, «todo ello dejado en el lugar por abandono y negligencia en su consumo».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha rechazado ahora el recurso de Caolines de Merillés, basado, entre otros argumentos, en que la infracción había prescrito. El Alto Tribunal lo niega porque la omisión o insuficiencia de medidas de control de los explosivos fue «continuada».