11-M: Querella policial contra el juez del 11-M/ Víctimas del 11-M urgen reapertura sumario/ Juez Velasco interrogará a Belhadj en Rabat

Querella contra el juez Del Olmo por el 'caso Parrilla'

FERNANDO LÁZARO/Madrid

Estaba claro que la sentencia del llamado caso Parrilla no iba a cerrar puertas definitivamente sino, más bien al contrario, a abrirlas.

Ayer se confirmó que la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que absuelve a los policías Antonio Parrilla y Celestino Rivera de revelar secretos a un periodista de EL MUNDO ya es firme. El Ministerio Público, que ya tuvo incluso que modificar sus conclusiones durante el juicio, decidió que no tenía elementos suficientes para recurrir.

La Confederación Española de Policía (CEP) no quiere que la actuación judicial y policial contra los agentes quede en un cajón escondida. Y por ese motivo ha anunciado ya la presentación de una querella criminal por prevaricación contra el juez que decidió encarcelar a los dos policías: el ex instructor de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.

La CEP fue el mismo sindicato que impulso la cuestación popular para recaudar la fianza que Del Olmo impuso a los agentes para eludir la prisión, 300.000 euros, cinco veces más alta que la que se fijó, por ejemplo, al propio Arnaldo Otegi cuando estuvo encarcelado.

La asociación policial también quiere ajustar cuentas con los mandos policiales que llevaron a los dos agentes ante el juez de forma injustificada, según la sentencia de la Audiencia de Madrid. Por este motivo, la CEP también interpondrá otra querella contra la comisaria (política) Ana Arias, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía cuando se produjeron las detenciones y encarcelamientos de Parrilla y Rivera.

La CEP pretende que sea la Justicia «quien determine si la actuación del juez y de la comisaria se ajustaron a los principios legales que rigen su profesión», indica el sindicato en una nota. En el caso de la comisaria, actual responsable de la Unidad de Coordinación y miembro de la Junta de Gobierno del Cuerpo Nacional de Policía, la CEP recuerda que la sentencia absolutoria indica que uno de los agentes fue detenido «sin fundamento alguno» y que el otro lo fue «en base a presunciones y conjeturas que debieron ser objeto de mayor reflexión y estudio».

«Ponderación»

En cuanto al juez Del Olmo, la CEP recuerda que mantuvo durante un mes la prisión preventiva para los dos policías «por el mero hecho de haber tomado un café con un periodista». La sentencia, en referencia al instructor, apunta: «Quienes tenemos atribuidas funciones de autoridad, propias o por delegación» deben ejercitar su trabajo «no solo con aparente y formal legalidad, sino con absoluto respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos», actuando con «ponderación, equilibrio y mesura cuando se trata de restringir los derechos y libertades».

«Las navidades de 2006», recuerda la nota de la CEP, «fueron reveladoras de muchas cosas: la generosidad, fraternidad y compañerismo de miles de policías nacionales (entre ellos el comisario Carlos Garrido, fallecido a los pocos días de testificar en el juicio y rebatir con firmeza y dignidad la versión de la comisaria Arias) y ciudadanos. Pero también hizo aflorar la mezquindad e irresponsabilidad de muchos otros, como el juez y la comisaria contra los que ahora nos querellamos. Mientras tanto, nadie ha pedido disculpas todavía a los dos agentes que vivieron aquel calvario policial y judicial», finaliza el comunicado.

Tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se absuelve a los agentes Parrilla y Rivera, desde el Ministerio del Interior y desde la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil se guardó un escrupuloso e incómodo silencio. La autoridad judicial puso claramente en duda la actuación policial dirigida desde altas instancias de la Policía que preferían silenciar el caso.

Pero en pequeños círculos se tenía confianza ciega por parte de los mandos policiales en que la Fiscalía recurriría la sentencia y que se alcanzará «la justicia de verdad». Se confiaba en el penalti en el último segundo del partido, aunque fuera injusto. La Fiscalía no ha recurrido y ahora sí que queda cerrada la verdad judicial del conocido como caso Parrilla.

Ayer, el director general del Cuerpo, Francisco Javier Velázquez, no dio muchas opciones a preguntas. Solo quería hablar sobre los nuevos uniformes de la Policía, de nada más.

Una comisaria en el punto de mira

>El Sindicato Profesional también tiene en su punto de mira a la actual jefa de coordinación, la comisaria que dirigía la operación contra Parrilla y Rivero. El SP ha pedido por carta al ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, que la destituya, de momento, sin éxito.

>El presidente del sindicato denunció que la comisaria (política) había faltado a la verdad en el juicio. «Se produjo una flagrante falta a la verdad por parte de la señora Arias».

>«No creemos acertado que mientras haya una mínima sospecha fundada sobre su actuación, siga desempeñando su cargo en la Junta de Gobierno»

Víctimas del 11-M urgen al juez a reabrir el sumario

MANUEL MARRACO/Madrid

Víctimas del 11-M han reclamado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que resuelva ya la petición de reapertura del sumario de los atentados y la práctica de nuevas diligencias basada en la ocultación de restos de las explosiones al tribunal que juzgó al masacre.

En un escrito presentado el pasado miércoles, la abogada Manuela Rubio destaca que la solicitud se presentó el pasado 9 de marzo y que el juez dio de plazo a las partes para pronunciarse hasta el pasado 5 de mayo. Añade que hasta la fecha no ha tenido respuesta del magistrado ni se le ha notificado la opinión del resto de acusaciones. El retraso en resolver la petición llega después de otras largas esperas. Así, el escrito recuerda que el juzgado tardó año y medio en denegar una primera petición de diligencias sobre los explosivos. Las víctimas recurrieron la decisión que fue confirmada por la Sala de lo Penal sin celebrar vista y, por tanto, «sin poder explicar a la Sala el contenido del recurso».

Dos días antes del quinto aniversario de la masacre, la letrada planteó una larga lista de diligencias y presentó un documento sorprendente: una fotografía del sumario del 11-M en la que se ve a dos policías recogiendo muestras del cráter que dejó en la estación de El Pozo una de las mochilas-bomba que los Tedax intentaron desactivar sin éxito.

Pese a la evidencia de que se habían recogido, ni el juez Juan del Olmo ni el tribunal del 11-M recibieron muestras de ese foco cuando ordenaron a las Fuerzas de Seguridad que les remitieran todos los vestigios de las explosiones. La lista de desapariciones también incluye las impregnaciones de los otros focos de explosión, según la declaración de los mismos Tedax que recogieron las tierras del cráter, y que constan en el sumario y en la declaración que realizarom en el juicio.

La petición de reapertura del sumario fue presentada en nombre de Gabriel Moris y Pilar Crespo, padres de un fallecido en el 11-M. Moris fue, además, uno de los ocho peritos que intervinieron por orden del tribunal en el análisis de los explosivos de la masacre y que lamentaron la «escasez» de muestras -en total, 23 para una docena de focos-, lo que debilitaba las posibilidades de determinar con precisión el explosivo empleado.

El escrito, firmado por los letrados Manuela Rubio y Juan Carlos Rodríguez Segura, reclama al juez Velasco que investigue «el paradero actual de las muestras de tierra del cráter del andén de El Pozo» recogidas por los Tedax y, por supuesto, pregunta «por qué las tierras recogidas del cráter [...] no fueron enviadas a la pericia ordenada por el tribunal», pese al requerimiento enviado a la unidad entonces dirigida por Juan Jesús Sánchez Manzano.

Pese a que el juez Velasco aún no ha respondido, lo cierto es que ya dispone del criterio de la Fiscalía, que como en ocasiones anteriores se ha opuesto a la reapertura del sumario y a la práctica de nuevas diligencias. Considera que lo que tratan de esclarecer las víctimas -la marca del explosivo que explotó en los trenes y sus suministradores- quedó zanjado en el juicio del 11-M. En su respuesta a la consulta del juez, el Ministerio Público elude cualquier referencia a la fotografía que prueba la recogida de muestras que nunca llegaron a la Audiencia.

Las reivindicaciones de las víctimas se apoyan en la puerta abierta que dejaron tanto la Audiencia Nacional como el Supremo en la determinación del explosivo. Ambas sentencias sostienen la presencia de Goma 2 ECO en todas las explosiones, pero reconocen que la aparición de sustancias ajenas a esa dinamita impide descartar el uso de otro explosivo. A través del hallazgo de nuevos componentes, sostiene el escrito, podría llegarse a identificar a implicados en la masacre que aún permanecen anónimos

El juez Velasco interrogará en Rabat a Belhadj pasado mañana

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco viaja pasado mañana a Rabat para practicar una prueba esencial para determinar la autoría del 11-M: el interrogatorio de Mohamed Belhadj, el imputado por los 191 asesinatos que fue arrestado en Siria el pasado mes de mayo. Además, tomará muestras de su ADN y registrará sus huellas dactilares, aunque ya se sabe que el perfil genético que se obtuvo de sus padres coincide con el que apareció en el piso de Leganés y la casa de Morata de Tajuña en varias prendas de ropa, una toalla, una funda de almohada y algunas maquinillas de afeitar.

Ninguno de los acusados de participar directamente en la matanza que sí fueron capturados tenía un perfil tan relevante ni se le presumía tanta ascendencia dentro de la célula que se suicidó en Leganés como a Belhadj.

La próxima semana, el juez antiterrorista de Marruecos Abdelkader Chentouf interrogará en España a siete personas, todas ellas en prisión, que pueden aportar alguna información sobre la implicación de Belhadj en la matanza.

La intención de Velasco es que antes de que finalice el verano pueda haber reunido todas las pruebas que implican a Belhadj para presentar una denuncia oficial y que sea juzgado en Rabat, ya que el reino alauí no extradita a sus nacionales.