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MERCADOS
En las entrañas del reactor de la discordia

En esta piscina de agua desmineralizada de 16 metros de profundidad se guardan los residuos radiactivos generados por la central de Garoña desde 1971. Caer en ella sería inocuo, pero beber agua sería tóxico. Justo a su izquierda, embutido en un búnquer con paredes de tres metros de hormigón y acero, se esconde el reactor de ebullición de la central. A sólo medio kilómetro, la aldea de Barcina del Barco vive tranquila a orillas del Ebro.

Zapatero se enroca contra Garoña
>Nuclear / El presidente quiere imponer el cierre de la central como golpe de efecto electoral, en contra del criterio de Blanco y Sebastián. Se abre una nueva guerra con el sector eléctrico. Por Baltasar Montaño

Las elecciones europeas amenazan con llevarse por delante la central nuclear de Santa María de Garoña. En los últimos días, los frentes pro y antinuclear han desplegado todas sus fuerzas ante la inminente decisión que ha de tomar el Ministerio de Industria sobre el cierre o la renovación, por diez años más, de la central de Burgos.

Han expuesto públicamente sus argumentos, unos más técnicos y empresariales, otros más políticos e ideológicos. Todos están a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) eleve a Industria, el próximo viernes, un informe técnico no vinculante que será favorable a la renovación del permiso de operación de la central hasta 2019.

Oficialmente, en el Gobierno también están a la espera de este informe. Pero la campaña de las elecciones europeas se está torciendo para el PSOE. Sus últimas encuestas internas alertan sobre el distanciamiento del PP y los altos niveles de abstención, sobre todo en los colectivos de izquierda. Así que algunos asesores han recomendado esta misma semana a José Luis Rodríguez Zapatero, antinuclear declarado, que dé un golpe de efecto para movilizar al electorado más verde con el anuncio del cierre de Garoña.

Podría hacerlo en los próximos días. Pero la decisión aún no está tomada y está sometida a fuerte debate interno. Hay también mucho votante del PSOE que está a favor de la energía nuclear, después de que en los últimos años se haya invertido la tendencia. Ahora, más de la mitad del electorado español ya no es antinuclear, según las encuestas. Y anunciar el cierre de Garoña no sólo en contra del informe del CSN sino aún más, antes de conocerlo, podría ser considerado un acto de irresponsabilidad utilizable como arma electoral por el PP. De ahí que desde el área económica del Gobierno se siga trabajando en favor de dar el sí a Garoña si el CSN garantiza que no hay riesgos para la seguridad. A Pedro Solbes, cuando formaba parte del Gobierno, y Miguel Sebastián, ministro de Industria, se ha unido en los últimos meses José Blanco, antes desde

Ferraz y ahora como ministro de Fomento, para hacer ver al presidente que es conveniente mantener abierta Garoña por muchas cuestiones: la energía nuclear, que aporta casi el 20% de toda la electricidad que se consume en España, es segura y necesaria para garantizar el suministro del futuro y, a la vez, complementaria con el desarrollo de las energías renovables, la gran apuesta de Zapatero. Pero además, contribuye a contener el precio de la luz y a luchar contra el cambio climático porque no emite CO2.

Sin embargo, la importancia de la decisión sobre Garoña no sólo se mide por la trascendencia del posible cierre de la central, sino por lo que esto significa de cara al futuro.

Garoña obliga a Zapatero a definir cuál va a ser su política nuclear de cara al futuro, tras años de silencio cómplice entre el PSOE y PP para evitar abrir un debate político sobre un tema que ya sí está instalado en la opinión pública. Es el temor a la apertura de este debate y a su posible coste electoral lo que ha llevado al sector del Gobierno, liderado por Sebastián, a barajar una alternativa intermedia que pueda contentar a todos y no rompa el compromiso asumido por el Ejecutivo de aceptar la propuesta del CSN. Ni cerrar Garoña ni darle un permiso de 10 años, como han solicitado sus gestores. Mejor prolongar sus operaciones por un periodo de entre dos y cinco años, defiende una parte del Gobierno. La central dispone de uranio para dos años, tras la carga de marzo.

La central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el norte de Burgos, echó a andar en 1971. Es la central en activo más antigua y más pequeña de España, pero no cumple sus 40 años, tiempo mínimo para el que fue diseñada, hasta 2011. Su vida útil puede ampliarse a 50 años, según todos los exámenes técnicos de funcionamiento y seguridad realizados por los principales organismos internacionales de la energía atómica, las empresas especializadas y las entidades nacionales, con el CSN a la cabeza. Su puesta a punto ha sido impecable, según sus gestores, y siete de sus hermanas estadounidenses ya han obtenido licencia para operar hasta 60 años.

Esta prórroga encaja perfectamente en el programa electoral del PSOE, que apuesta por la «sustitución gradual de la energía nuclear por energías limpias y menos costosas, cerrando las centrales de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil». Y la vida útil de Garoña aún no ha finalizado y además, según propondrá el CSN, puede llegar a 50 años.

Pero si Zapatero decide prescindir de Garoña y comienza a aplicar su «cierre gradual» de centrales, se encontrará con que en 2010, tendrá sobre la mesa las renovaciones de los dos reactores de Almaraz (Cáceres). En 2011 tendrá que hacer lo propio con los dos de Ascó (Tarragona) y el de Confrentes (Valencia). En tres años, el Gobierno tendrá que tomar decisiones de renovación o cierre de siete de los ocho reactores existentes, que eso sí, son entre 10 y 15 años más jóvenes que Garoña.

Para calentar el ambiente, la Fundación Ideas, de la que es vicepresidente Jesús Caldera, quien lideró la redacción del programa electoral del PSOE para las generales de 2008, propuso el 20 de mayo el cierre de todas las centrales para que España pueda ser, en 2050, un país 100% renovable. Caldera no salta sin red, pues supedita el cierre a que se asegure previamente que la producción puede ser sustituida y se diseñen planes de reactivación económica para las zonas afectadas.

Caldera ha tenido que hacer encaje de bolillos para influir en el debate sin ser excesivamente firme en su apuesta antinuclear. La semana pasada, el ex ministro votó en contra de una resolución de IU-ICV que exigía el cierre de Garoña. Eso fue el martes 19 de mayo. El miércoles 20 presentó el informe, que exigía el cierre de esta central, que es «perfectamente posible». Como también lo es, según Ideas, que «las centrales nucleares existentes en España deberían comenzar a cerrarse a partir del final de las licencias existentes». Si esto se llevara a cabo, España se quedaría sin luz en 2011, porque entre 2009 y ese año caducan los permisos de siete de los ocho reactores.

«¿Se atreverá Zapatero a cerrar Garoña y otros reactores, siguiendo su política de cierre progresivo?», se pregunta un directivo del sector eléctrico. «Sería el suicidio», sentencia, a tenor de que en 2008, los ocho reactores produjeron 58.997,6 millones de kilovatios/hora, o lo que es lo mismo, el 18,29% de toda la electricidad consumida en España. Es, después del gas, la segunda fuente de electricidad del país, tras las centrales de ciclo combinado de gas, que aportaron el 29,89%, y por delante del eólico, que surtió el 9,81% de la electricidad que consumió el país.

Según defienden fuentes del Foro Nuclear, «en España, la dependencia energética del exterior es del 81,2%, frente al 52,35% de media en Europa. Todo lo que se importa es caro y contaminante (gas, petróleo y carbón). Si se reduce el parque nuclear no sólo se pone en peligro la seguridad del suministro, sino que nos volvemos más contaminantes, incumpliremos aún más los acuerdos de emisiones internacionales y la luz nos costará más cara».

Su presidenta, María Teresa Domínguez, pide que se construyan en España entre ocho y 10 nuevos reactores hasta 2030. «Al aumentar las centrales, aumentarán también las renovables y disminuirán las de combustibles fósiles», destaca. Otro de los argumentos del lobby nuclear es la pérdida de empleo que provocaría el cierre (el sector da trabajo a 30.000 personas), los 1.600 millones de euros que costaría el gas que habría que comprar en los próximos 10 años para sustituir Garoña y los 40 millones de toneladas de CO2 que emitirían esos ciclos combinados.

Las eléctricas, con el presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán de zapador, han alegado que eliminar las nucleares significa aumentar el déficit tarifario, problema de más de 14.000 millones de euros al que Sebastián intenta dar solución con la ayuda de las compañías y de los Presupuestos del Estado. Galán, que con Iberdrola (la eléctrica que junto a Endesa gestiona Garoña a través de Nuclenor) aspira a participar en el programa nuclear británico, ha recordado que buena parte de Europa ha abierto ya el debate. 15 de los 27 países comunitarios cuentan con centrales. Francia y Reino Unido pilotan el nuevo impulso nuclear. Italia, Suecia, Suiza y algunos países del Este estudian retomar esta fuente de energía.

Media Europa sin nuclear

Pero hay mucha división en Europa, como advierte Carlos Bravo, responsable de Energía de Greenpeace. «Austria no tiene centrales y es antinuclear, da igual el color del Gobierno, al igual que Dinamarca, mientras Alemania sigue desmantelando centrales». Para la organización ecologista, que en noviembre pasado protagonizó un sonado encadenamiento a las puertas de Garoña, la imagen dibujada por el lobby nuclear no se corresponde con la realidad. «Las nucleares no son complementarias con el desarrollo de las renovables, son un obstáculo. No es normal que tengan que parar los parques eólicos. En lugar de parar energía sucia, paran energía limpia como la eólica cuando hay excedente. A más renovable más sentido tiene cerrar nucleares», destaca Bravo, que sigue apostando por 2018 como el año en el que podrían cerrarse todas sin poner en peligro el suministro.

Bravo apunta con el dedo acusador al CSN, organismo que considera un instrumento del Gobierno y al que acusa de «actuar con falta de independencia permanente y sin transparencia alguna, como demostró al ocultar la fuga de Ascó». Es precisamente la multa de 11,5 millones a Ascó I la que ha asestado un nuevo revés al sector nuclear, así como las paradas no programadas de Garoña y otras centrales. Otro de los graves problemas que, según Bravo, justifican su cierre es que Garoña «es la central de las mil grietas y muchas de ellas están parcheadas y suponen un grave riesgo».

El nuevo Gobierno vasco no es antinuclear

El Gobierno vasco de Patxi López no es tan antinuclear como el de Juan José Ibarretxe ni como el de Zapatero. El propio Lehendakari, cuando era candidato, allá por febrero, reconoció en privado que es defensor de la energía nuclear, según confirman fuentes que estuvieron presentes en la cena en la que desveló su postura. Eso sí, López la mantiene en secreto y no la ha mencionado jamás en público. También su consejero de Industria, Bernabé Unda, dejó claro el pasado miércoles, en la comida de la patronal vizcaína Cebek, que si el CSN da el sí a Garoña, el Gobierno no debería oponerse. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que compartía mesa con Xabier Irala y Josu Jon Imaz, entre otros, recibió las palabras con un «muy bien, muy bien», señalan algunos asistentes al acto. La patronal vasca Confebask también apoyó el pasado viernes el alargamiento de la vida de la central de Burgos, a la que tradicionalmente se han opuesto todos los partidos vascos. Galán, al igual que los altos responsables de otras eléctricas, confía en que Garoña seguirá abierta. Si no es así, se abrirá una nueva guerra entre el sector y el Gobierno. Las compañías afectadas por el cierre exigirán la devolución de las inversiones realizadas. Pero los detractores de Garoña aclaran que más cara fue la moratoria nuclear aprobada por Felipe González en 1984 y también se afrontó. Además, las eléctricas amenazan con recortar sus inversiones futuras por la inseguridad jurídica que provocaría el posible cierre de las centrales nucleares, que, por otra parte, es competencia absoluta del Gobierno.

Opinión del experto
Los sacrificios de la apuesta renovable

TOM BURNS MARAÑÓN

José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que no quiere energía nuclear y mientras siga en sus trece y en el puesto que ocupa, el lobby pro Garoña y demás instalaciones similares perderá el tiempo. De poco sirve que sus amigos franceses, encabezados por Sarkozy, prácticamente cubran sus necesidades eléctricas gracias a los reactores nucleares, ni que su admirado Obama esté seriamente pensando elegir ese mismo camino, ni que el debate nuclear esté plenamente abierto en todo el mundo (es la gran apuesta de la grandes economías emergentes) ni que en España lo esté espoleando Felipe González. Anclado en el rechazo de la energía nuclear y por las razones que sean -éticas, sentimentales, ideológicas o de puro y duro oportunismo político- Rodríguez Zapatero ha dicho que no y ahí acaba la discusión.

Lo que quisiera saber es ¿qué sacrificios están dispuestos a asumir quienes se empeñan en cerrar Garoña y, a continuación, las demás, pocas, centrales nucleares con que cuenta España? ¿Los del no están dispuestos a convivir con los riesgos de la dependencia energética? ¿Asumen la prolongada utilización de hidrocarburos que dañinamente emiten CO2? Son preguntas obligadas porque por mucho que brille un sol achicharrante y que soplen vientos huracanados, por mucha placa fotovoltaica que cubra la estepa hispana y por mucho molino que se instale en nuestros cerros, las renovables no serán capaces de suministrar toda la energía que consume España. Son preguntas que han de ser contestadas por quienes se oponen a una importante fuente de energía que resuelve, con seguridad y sin emitir CO2, nuestra moderna afición por la luz eléctrica y el agua caliente y que, además, asegura que nuestro tejido industrial pueda seguir produciendo bienes y creando empleo.

Si no se quiere convivir con una arriesgada dependencia energética y no se quiere seguir dañando el planeta tierra con emisiones de CO2 y si tampoco se quiere impulsar la energía nuclear, sólo queda una alternativa. La única opción es que en España cambiemos todos radicalmente de estilo de vida y nos ajustemos al más fundamentalista canon de los verdes a ultranza. Adiós al confort en nuestros domicilios, goodbye España como potencia económica y bienvenidos todos a la bucólica vida rural de la comunidad Amish en Pensilvana. Según se mire esto puede ser o no un sacrificio.

> EL DEBATE POLÍTICO
La energía 'atomiza' a los partidos

Una subcomisión del Congreso intentará poner orden en la pugna política sobre el modelo energético de España

El uso de la energía nuclear ha sido una baza electoral para los partidos políticos en la reciente historia de la democracia en España. La dependencia energética del exterior y la apertura del debate, en Europa, sobre el reparto de las fuentes de energía que han de cubrir la demanda en los próximos años, ha obligado a los partidos políticos a aceptar la propuesta del PP y de CiU de crear en el Congreso una subcomisión sobre el modelo energético del país para los próximos 25 años. Un asunto que destapa los fantasmas sobre la seguridad nuclear y que airea las posturas encontradas -en algún caso, poco claras- de la mayoría de los grupos parlamentarios y los agentes sociales. El debate, de producirse, promete. En lo que todos coinciden es en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado que ponga fin a la incertidumbre y con el que se selle un compromiso que borre cualquier atisbo de duda en materia de inversiones en seguridad, para que éste sea un sector clave en el nuevo modelo económico.

PSOE

Apuesta por las renovables sin nucleares

«Zapatero no ha variado sus principios», asegura Francesc Vallès, ponente en temas nucleares del PSOE, al referirse a los planes del presidente del Gobierno, partidario de la sustitución de la energía nuclear por las renovables. Pero lo cierto es que en el seno del partido en el poder hay contradicciones. La primera es que los socialistas vascos apuestan por el cierre de Garoña mientras el partido espera al informe del Consejo de Seguridad Nuclear para tomar una decisión. Por medio se ha cruzado el ex ministro Jesús Caldera, que ha pasado de oponerse al cierre a pedir su clausura.

ER-IU-ICV

Pide desmantelar todos los reactores españoles

La opción de mantener la energía nuclear es, en opinión de Joan Herrera, portavoz de este asunto para el grupo parlamentario Esquerra Republicana-IU-ICV, «una opción carísima». Según él, el camino que hay que seguir es el de invertir los recursos obtenidos con el negocio radiactivo en renovables. «Hay quien confunde la vida útil con la vida límite», sostiene Herrera, que culpa al Gobierno de aplazar el debate. «Zapatero con su decisión de no decidir, es pronuclear», mantiene. Para esta formación, es preocupante si en 2020 nos encontramos con todos los reactores «obsoletos».

PP

Quiere una industria avalada por el CSN

El PP, junto a CiU, ha logrado que el Congreso constituya una subcomisión para abrir el debate energético. Un foro que persigue la definición adecuada del futuro de la energía nuclear en España. El partido opositor, sin embargo, es cauto a la hora de pronunciarse sobre si se debe incrementar o no la vida útil de las centrales. «Hay que mantener dichas energías siempre y cuando lo respalden los correspondientes informes técnicos», sostiene Santiago Lanzuela, ponente de la solicitud de la subcomisión, que considera que las contradicciones están en el PSOE.

CEOE

Aboga por tecnologías seguras y tarifas baratas

No sólo los políticos abogan por un pacto en materia de energía nuclear. También la patronal. Los empresarios creen que es útil aumentar los permisos de las centrales. Consideran que se necesita de esa tecnología para compensar el auge de las renovables y recuerdan que su producción es limpia y barata. «Si en Francia hay un accidente, nos llega. Las interconexiones son nucleares», alerta Antonio Garamendi, presidente de la Comisión de la Energía de la CEOE, que cree que si se cierran las centrales la tarifa aumentará y se generará inestabilidad regulatoria. «Lo peor para el sector».

CiU

Reclama más debate y un pacto de Estado

Consenso político para un debate «inaplazable». Eso es lo que reclama Jordi Jané, portavoz de la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nacional. Para los nacionalistas catalanes «hace falta más valentía» a la hora de diseñar el futuro energético. Éste pasa, en su opinión, por la combinación del gas, el petróleo, las energías alternativas y, por supuesto, la nuclear. «El mejor modelo es el que tiene en cuenta los cuatro», sostiene Jané, que apunta a la seguridad y a la transparencia informativa como asuntos clave en el debate.

UGT

Apoya el mantenimiento de la central de Garoña

El sindicato es partidario de salvar Garoña del cierre, aunque introduciendo cambios extensibles al resto de las centrales. «Se debiera reordenar societariamente el modelo nuclear para que se gestione no sólo con criterios marcados por el accionista. Eso ha hecho recurrir a subcontratas, a que descienda la calidad del trabajo y de la seguridad», dice Manuel García, responsable del sector energético de la Federación de Industrias Afines de la UGT. Esta organización es partidaria de no prescindir de nada -ni del carbón- y de que las energías limpias ayuden al cambio del modelo económico.

PNV

Dudas a la espera de lo que haga el Gobierno

Pocos describen el debate nuclear como el PNV: «No es fácil ni bonito», asegura Pedro María Azpiazu, también miembro de la ponencia encargada de las relaciones con el CSN. Su formación es partidaria de abrir la discusión -«Zapatero la zanjó cuando dijo que no era partidario de lo nuclear y sí de las renovables», afirma-, siempre que el Gobierno «tenga una posición clara», es decir, «que no plantee dificultades» al resto de los partidos. Pero lo cierto es que el PNV evita pronunciarse sobre Garoña. Opta por esperar a los informes del CSN. Mientras, dice, «es complicado».

CCOO

Teme la deslocalización en comarcas nucleares

Para esta central sindical, Garoña puede que no sea sostenible desde el punto de vista de la seguridad. Por eso reclama un pacto institucional y un análisis serio sobre las consecuencias económicas de su paralización. «No se puede generalizar. Depende de la calidad que se vaya a ofrecer en el mantenimiento y de los planes de reindustrialización», apunta Javier Jiménez, secretario de política sectorial de CCOO. Este experto recuerda que no existe un consenso sobre el periodo útil de los reactores y aboga por un acuerdo básico que tenga en cuenta la seguridad y la eficiencia energética.

> EN CONTRA DEL CIERRE
Sería una irresponsabilidad
MARIA TERESA DOMÍNGUEZ

Antes del próximo 5 de julio, tras haber recibido el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, el Gobierno emitirá la decisión sobre la renovación del permiso de funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. Existen sólidas razones para apostar por la continuidad de funcionamiento de esta instalación y la industria nuclear confía en que la decisión será responsable.

La central nuclear es una instalación moderna, fruto de una intensa inversión que suma cerca de 370 millones en los últimos años para adaptarla a los nuevos requisitos y tecnologías avanzadas. Su fiabilidad está demostrada en los factores de producción de valores del 95%, un 7% y un 9% por encima de la media mundial.

¿Puede España permitirse el lujo de cerrar una instalación sin justificación? ¿En qué es diferente España para llegar a conclusiones sobre su sistema energético totalmente distintas al resto del mundo? La situación económica y social por la que atraviesa España debería marcar prioridades sujetas a mantener puestos de trabajo, generar riqueza y asegurar la competitividad de nuestra industria. La continuidad de Garoña, además de los beneficios para el sistema eléctrico con una generación anual de 4.000 millones de kWh, supone consolidar más de 600 puestos de trabajo y una actividad económica en el entorno nada despreciable. Además, asegura la generación de 40.000 millones de kilovatios/hora durante la próxima década.

La renovación de la licencia para continuar funcionando tiene que ser un trámite exclusivamente técnico basado en el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear. Sería preocupante que no se respetase el juicio de una institución como el CSN, dada la importancia que este organismo regulador tiene para la sociedad.

En España funcionan ocho centrales nucleares que producen el 18,3% de la electricidad que consumimos. Son una fuente de energía esencial para asegurar el abastecimiento eléctrico, reducir la dependencia exterior de combustibles fósiles y contribuir al mejor cumplimiento de los compromisos adquiridos por España para limitar las emisiones de CO2. Un estudio reciente dice que España ocupa el undécimo puesto mundial por el buen comportamiento de sus reactores.

Hay que reconocer la dificultad que a veces supone entender los temas energéticos, en particular el nuclear, pero se ha politizado demasiado. Sin embargo, algo está cambiando: el apoyo a la energía nuclear por parte de científicos, políticos, asociaciones empresariales y sindicales, va calando poco a poco en la opinión pública. Los retos energéticos y medioambientales a los que se enfrenta la sociedad a nivel mundial están concluyendo en la necesidad de esta energía, y esto ayuda a que también en nuestro país se reconsidere y veamos cómo nos enfrentamos también.

En la actualidad, de los 436 reactores que hay en el mundo, más de 90 tienen la misma tecnología que Garoña. De ellos, treinta tienen aproximadamente su edad, las mismas características y diseño y actualmente se les ha renovado su licencia para continuar produciendo electricidad a largo plazo.

Cerrar una instalación segura y competitiva, mandar a sus empleados al paro y empeorar la economía española como incrementar la factura de la luz, es un lujo innecesario que no nos podemos permitir. En el Foro Nuclear confiamos en la responsabilidad y racionalidad de los que nos gobiernan.

María Teresa Domínguez es presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española

ENTREVISTA
ANA PALACIO

ANA PALACIO «La solución no es la energía nuclear, pero no hay solución sin ella»

Nos recibe en su casa de Madrid, recién llegada de París, la ciudad en la que vive desde que, hace ahora justo un año, fuera nombrada vicepresidenta del gigante nuclear francés Areva. La ex ministra de Exteriores con Aznar y ex vicepresidenta del Banco Mundial defiende la complementariedad de la energía atómica y las renovables para frenar el cambio climático, garantizar el suministro y la competitividad.

Pregunta -¿Cuál es el papel que debe jugar la energía nuclear en el mix de electricidad?

Respuesta- El mix lo tenemos que analizar a nivel mundial. Es obvio que hay una ecuación energética europea y otra nacional, pero tenemos que analizar la energía como una de las fuerzas que hará que la globalización sea un éxito o un enorme fracaso. La globalización, además de sostenible, debe tener una dimensión incluyente, ligada al desarrollo. Todavía hoy hay 1.600 millones de seres humanos que no tienen electricidad y, por tanto, no tienen desarrollo. Y la electricidad es un vehículo para esa integración. En este contexto hay un renacer de la energía nuclear en todo el mundo y, en especial, en Europa, donde, a excepción de Francia, había habido un apagón nuclear. Países como Italia o Suecia, que votaron en referéndum salir del nuclear, están revisando esas decisiones. Así que la energía nuclear tiene una presencia real, efectiva y relevante en Europa, aunque con grandes diferencias entre países.

P- ¿Cuál es el mix equilibrado?

R- Hay que ver cómo se desarrolla el carbón limpio, la energía termosolar o los sistemas de almacenamiento de las renovables. Mientras tanto, hay que abrir un debate que recoja todas las opiniones y en función de él diseñar un mix. Lo que está claro es que no hay respuesta a los grandes retos de la lucha contra el cambio climático, la seguridad del suministro y la competitividad sin una parte sustancial de aportación de la nuclear, ya sea el 20% o el 30%, aunque eso lo podemos discutir. Hay ejemplos significativos, como China, que cada diez meses incorpora a su red el equivalente a toda la potencia española. Y lo hace con carbón muy contaminante en términos de CO2, por ello debemos alegrarnos de que hayan lanzado un ambicioso plan de construcción de nucleares. La conclusión es que, hor por hoy, la solución no es la energía nuclear, pero no hay solución sin energía nuclear.

P- ¿Es compatible la energía nuclear con las renovables?

R- Lógicamente. Se juega con el equívoco de que la energía nuclear impide el desarrollo de las renovables. Para nada, son complementarias, unas son energías de pico [eólica] y otras de base [nuclear].

P- ¿Cuál es su opinión sobre la postura de Zapatero ante esta energía y el posible cierre de Garoña?

R- Yo espero que evolucione, francamente, como están evolucionando otros responsables de países europeos. El ministro británico de Energía, que es laborista, ha reconocido que antes era antinuclear, pero que ahora, sin ser un fanático, la considera necesaria. El test sobre esa evolución va a ser con Garoña. En la situación de crisis en la que estamos, si Garoña reúne las condiciones de funcionamiento y seguridad, sería verdaderamente incomprensible cerrar un activo económico, un centro importante de creación de empleo. Y menciono Garoña porque la decisión sobre su cierre ha entrado a formar parte del debate europeo, por la campaña electoral y porque España presidirá la UE a partir del 1 de enero próximo. Lo que creo que hay que hacer es abrir el debate, definir una fórmula de futuro en la que, sin duda, tiene que haber nuclear. Luego discutamos el cuánto.

P- En España parece que hay un pacto no escrito entre el PSOE y el PP para no abrir el debate.

R- Es verdad que hay voces aisladas en el campo político, como la de los ex presidentes Felipe González y José María Aznar. Pero es cierto que los que ahora ostentan cargos políticos tienen una cierta timidez, en unos casos, y reticencias en otros.

P- ¿Cree usted que la UE debería tomar las riendas para diseñar una política energética europea?

R- Cuanta más Europa tengamos más competitivos seremos a nivel global. Pero en estos momentos, Bruselas no tiene esas competencias en materia energética. Tenemos que apostar, como ya hicieron de forma visionaria mi hermana Loyola y la Comisión Prodi por un mercado interior de la energía más fuerte, que debe incluir una red integrada con interconexiones eficientes. Así, se podrían aprovechar mejor los picos y excedentes de la eólica, así como las otras energías. Así, toda Europa sería más eficiente y competitiva.

P- La tecnología nuclear ha avanzado mucho, pero no ha sido capaz de solucionar el gran problema de los residuos radiactivos.

R- En Francia se optó por el reciclado del combustible usado en las nucleares. El problema que tenemos en España o en EEUU es que consideramos que el combustible usado es un residuo, aunque el 96% de éste sea reutilizable. En Francia, todos los residuos de 30 años están depositados en un hangar de la planta de Le Hague (Normandía), que es casi como un campo de fútbol.

P- Pero ésta no es una solución a largo plazo.

R- En Francia, como en todos los países, la idea es enterrarlos en algún momento, pero por ahora están ahí, en condiciones de seguridad óptimas. El problema de España es que tenemos 4.000 toneladas de combustible usado que están en las piscinas de las propias centrales, donde ya no cabe más. La idea es crear un almacén temporal donde llevar este combustible, dejándolo en una especie de sarcófagos herméticos.

> ENERGÍAS ALTERNATIVAS
Un futuro muy 'verde', pero demasiado caro

El Gobierno quiere que toda la energía sea renovable en 2050. Pero a las eléctricas no le salen las cuentas.

En España, un sistema de generación basado al 100% en energías renovables para 2050 es viable». «No tiene ningún valor decir que en 40 años toda la energía va a ser renovable, ningún otro país lo está haciendo». Estas dos frases podrían resumir a la perfección el estado actual de la controversia atómica en España.

Y no han sido pronunciadas por un extremista verde o un directivo del lobbie nuclear. Ambas salen, a pesar de lo incompatibles que parecen, de la universidad. La primera es la conclusión principal del estudio Renovables 100% que Greenpeace encargó al Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas.

La segunda es la valoración que hace el catedrático de la Universidad Politécnica Emilio Mínguez a dicho informe. Evidentemente, con este punto de partida, sus respuestas sobre las alternativas a las centrales nucleares tampoco se acercan demasiado.

El ecologismo, que siempre ha tenido en la energía atómica a una de sus principales bestias negras, apuesta por los aerogeneradores, los paneles solares o las centrales de biomasa. Un planteamiento que no sólo apunta a las centrales nucleares, sino que se dirige también contra los combustibles fósiles. Y aseguran que no es sólo una cuestión de respeto al medio ambiente, sino también económica.

Por eso, Renovables 100% afirma que un mix energético compuesto por un 41% de energía eólica, un 29% de termosolar, un 14% de biomasa y un 16% de hidráulica, podría funcionar en España en apenas cuatro décadas. Un modelo, defienden, que sería más limpio y más barato que el actual.

La organización del arco iris no está sola en el empeño. La Fundación Ideas, el nuevo think tank que Zapatero creó el año pasado con el objetivo de que se convierta en el referente ideológico del socialismo español, ha apoyado las conclusiones del informe, haciendo suyo el objetivo de que toda la energía que se consuma en España a mitad del siglo XXI sea renovable.

El problema es que no todos lo ven tan fácil. Unesa (la patronal de las eléctricas) vaticina un escenario en 2030 en el que las renovables no superan el 34% de la producción eléctrica, mientras las nucleares mantienen cerca del 20% de cuota.

Mínguez, por su parte, pronostica que en el caso de cerrarse las centrales, España «acabaría importando energía eléctrica de Francia y el Magreb», producida en muchos casos por centrales atómicas y aumentando la dependencia del gas.

En la recámara, por ahora, quedan otros tipos de energía, todavía no suficientemente desarrollados, como el almacenamiento de CO2 o la fusión nuclear. Con la primera, lo que se pretende es conseguir que parte del dióxido de carbono que emiten a la atmósfera las actuales centrales quede guardado en el subsuelo o en el fondo marino. Aunque ya sería posible iniciar el proceso, el último estudio del IPCC sobre la materia prevé un encarecimiento de entre el 20% y el 50%, por los costes asociados al mismo.

La fusión nuclear, por su parte, es el gran objetivo, que une a los países avanzados. Esta energía podría dar lugar a una fuente inagotable y limpia. Por ahora, está previsto construir un reactor de fusión en el sur de Francia (Candarache). En España, el Gobierno tiene que decidir si seguir con Garoña y el resto de las nucleares. Quizás en unos años, cuando enciendan la luz producida en el reactor de Candarache, nuestros nietos se pregunten, divertidos, por qué nos preocupamos tanto por estas cuestiones.

> ENTREVISTA
LUIS ATIENZA

LUIS ATIENZA «Hay mucho iluminado en el informe de Ideas»

BALTASAR MONTAÑO

Es el responsable de la gestión de toda la red eléctrica. Pide un ejercicio de responsabilidad a la hora de definir el futuro energético y cree que la nuclear es necesaria para impulsar las renovables y reducir emisiones de CO2.

P- ¿Cree que es viable un escenario en 2050 en el que toda la luz sea de origen renovable, como señala el informe de la Fundación Ideas apadrinado por Jesús Caldera?

R- Hay mucho iluminado en ese informe. Han hecho un ejercicio visionario sobre lo que puede ser el mundo en 2050, pero hay tantas incertidumbres desde el punto de vista tecnológico y social que no sé si es demasiado útil para tomar las decisiones para la próxima década. Está bien fijar faros para seguir un camino de incertidumbre y alumbrar elementos ilusionantes, porque son movilizadores, pero esto hay que acompañarlo de una gestión responsable y realista. No me gustan los saltos en el vacío y los futuros quiméricos. Hay momentos para la ilusión y momentos para la responsabilidad.

P- ¿Cree que Zapatero, que es declaradamente antinuclear, utilizará este informe de guía?

R- Creo que el Gobierno está haciendo un ejercicio de responsabilidad porque gestiona la realidad y la política energética, con su planificación para 2016. Tiene sus objetivos ambiciosos en renovables y los está gestionando de forma responsable.

P- ¿Sería responsable cerrar la central nuclear de Garoña?

R- La decisión de alargar la vida de Garoña por diez años es una decisión transitoria difícil de cuestionar. La seguridad es lo más importante, y si se cumple con ella pues hay que aprovechar unas inversiones [en nucleares] ya hechas, con un coste marginal pequeño y para una tecnología que no emite CO2. Tenemos que ser conscientes de que la nuclear representa el 20% del consumo y no se puede prescindir aceleradamente de ella. Las nucleares contribuyen a impulsar las renovables y a ir hacia un sistema más limpio y más seguro.

P- ¿Cómo afectaría el cierre de Garoña a la red eléctrica?

R- Garoña es pequeña y su desaparición no supone un gran reto para el sistema. Tendríamos que sustituirla por ciclo combinado de gas. Pero el gas es más caro, hay que importarlo y contamina más.

IMPACTO ECONÓMICO
Uranio para sobrevivir

En la comarca de Garoña, 2.300 personas viven o se benefician de la central. Por eso se oponen al cierre.

BALTASAR MONTAÑO

El paraje en el que se ubica la central nuclear de Santa María de Garoña es de una belleza espectacular. Nada hace presagiar que encajonada en una península natural creada por los meandros del Ebro y parapetada en las hoces del embalse de Sobrón, pueda erigirse, con sus paredes de cemento y su alargada chimenea, un complejo que es considerado potencialmente destructivo por los colectivos antinucleares.

En la misma puerta de la central, bañada por el río, dos pescadores tratan de engañar a carpas y blas-blases, las dos especies de agua dulce que más se dan por la zona. Al cruzar el puente sobre el meandro y frente a la puerta y la doble valla se perciben ya medidas de seguridad extremas. Una sala, plagada de detectores de metales y otros de radiactividad, controlada por seis guardias, da paso a una gran zona ajardinada en la que conviven todo el año, ajenos a la polémica nuclear, gamos, pavos reales, conejos y gallinas.

A unos metros se erige la zona del reactor y la contigua área de turbinas. Estamos dentro de la central más antigua de España, que echó a andar en 1971 y, desde entonces, se convirtió en el motor económico del Valle de Tobalina y sus alrededores. Al norte de Burgos, lindando con Álava, este municipio compuesto por 37 unidades poblacionales (cuatro de ellas deshabitadas) es ahora de los más ricos de la provincia.

Todas ellas suman poco más de 2.300 habitantes, que de forma directa o indirecta tienen relación con la central. Rafael González Mediavilla, alcalde de Valle Tobalina, matiza que los pueblos que se acogen al régimen AMAC (Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares) son 14 y están en un radio de 10 kilómetros. «La creación de empleo y los impuestos de la central han sido muy importantes para el desarrollo de la zona», señala González Mediavilla, que se muestra convencido de que la gente joven, a priori más sensible a las tesis ecologistas, «acepta como normal la central». «Todos vivimos con normalidad y casi nunca te acuerdas del posible riesgo que corres por estar al lado».

La puesta en marcha de la central disparó los presupuestos municipales de la zona, que a partir de 1972 quintuplicaban a las demás agrupaciones de municipios del resto de Burgos, según un estudio sobre la incidencia económica y social de la central, elaborado en 2007 por la Universidad de Burgos y Nuclenor, la empresa de Iberdrola y Endesa que gestiona el complejo. Y el paro se redujo a la mitad en pocos años.

Medina de Pomar y Miranda de Ebro son los dos grandes núcleos de población que más han engordado con la central. Están ya fuera del Valle de Tobalina pero se benefician también de las prebendas económicas y sociales que deja la central, lo que ha generado ciertas rivalidades. «La central debería haber creado más empleo en los pueblos cercanos, pero la mayoría vienen de Medina, Miranda, Burgos o Santander. Me gustaría que obligaran a la gente que trabaja en la central a empadronarse en el valle», se queja el joven Iñaki Canterla, el gasolinero de Quintana Martín Galínez, la capital del valle. En el casino de Quintana, una clienta es directa: «que no la cierren. ¿Para qué? para que luego traigan la energía nuclear de Francia? Además, bien que nos gusta a todos llegar a casa y tener aire acondicionado, de algún sitio tendrá que salir la electricidad».

Con algo más de rigor se muestra Juana Corbacho, concejal del PSOE en el Valle de Tobalina: «La central ha creado empleo, pero tampoco es imprescindible. Aquí todavía mucha gente se dedica a la agricultura». En lo que todos coinciden, tanto en el Valle como en Medina y Miranda -esta última inmersa en una grave crisis por el cierre de empresas- es que Garoña es un motor de riqueza. Centros de salud, residencias de ancianos, proyectos universitarios, polígonos industriales, actos culturales, fiestas y todo tipo de eventos cuentan con el apoyo de la central, que en 2008 dejó en la zona 35 millones de euros de «impacto directo», según el estudio de la Universidad de Burgos. Más de 700 familias dependen directamente de la central, así como un tejido de más de 100 pequeñas y medianas empresas.

INFORME GRÁFICO
Residuos sin fecha de caducidad

En España se generan anualmente más de 2.000 toneladas de 'basura' radiactiva. A día de hoy, no hay ninguna solución para eliminarla de manera permanente.

MARÍA CANALES

En España se generan al año más de 2.000 toneladas de residuos radiactivos. Su gestión, tratamiento y, sobre todo, su almacenamiento se han convertido en el mayor problema de la energía nuclear, no sólo en España, sino en todo el mundo. ¿Cómo eliminar estos deshechos cuya toxicidad dura miles de años? ¿Dónde almacenarlos?

Todos los residuos de baja, muy baja y media actividad están gestionados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y se almacenan en las instalaciones que tiene en El Cabril (Córdoba). Éstos representan el 95% del total, sus periodos de semidesintegración son inferiores a 30 años y provienen de la operación de las centrales nucleares en los procesos de limpieza, purificación de sus sistemas y componentes y de su desmantelación, así como los servicios de medicina nuclear de hospitales y de centros de investigación. Es el único cementerio nuclear en nuestro país, y en él trabajan unas 200 personas. Cada año, Enresa realiza unos 300 transportes de residuos de media y baja actividad, en camiones diseñados específicamente para ello, a El Cabril. Desde el inicio de sus actividades en 1992, y hasta diciembre de 2008, el almacén ha recibido 28.218 metros cúbicos de residuos, con lo que ya se ha ocupado el 58,73% de su capacidad total.

Pero la principal preocupación tanto de los gobiernos, como de la sociedad y de los grupos ecologistas, está en las 160 toneladas de residuos de alta actividad (el 5% del total en España) que generan al año las ocho centrales nucleares españolas como consecuencia del combustible de uranio gastado.

A día de hoy, en España no hay una solución para la eliminación permanente de esta basura nuclear, que aún tendrá radiactividad durante miles de años. La única opción que tienen las centrales nucleares hoy es el almacenamiento temporal de los residuos en unas piscinas especialmente elaboradas para ello, donde el combustible se enfría y va perdiendo su actividad (cada año se reduce una centésima parte). Según el Foro Nuclear, a 31 de diciembre de 2008, la cantidad de combustible usado almacenado en las piscinas nucleares españolas era de 3.166 toneladas de uranio. Pero la capacidad de estas piscinas no es infinita, por lo que es necesaria una alternativa de almacenamiento. De hecho, de aquí a 2022, se espera que se haya producido la saturación de almacenamiento de todas las centrales. Así pasó en Trillo, que en 2002 tuvo que empezar a guardar sus residuos de combustible en superficie en seco, mediante contenedores metálicos en el propio emplazamiento, que pueden durar hasta 70 años.

«No hay nadie que haya solucionado el problema de eliminación de los residuos, y la mayoría de las iniciativas han fracasado en casi todos los países», asegura Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

Una de estas iniciativas es el almacenamiento geológico profundo. En 2002, Estados Unidos decidió construir uno en Yucca Mountain (en el desierto de Nevada), pero Barack Obama ha suspendido el proyecto al no considerarlo una opción acertada. Lo mismo ocurre en Finlandia y Suecia, donde dichos planes también están, de momento, parados.

Otra posibilidad es la transmutación o reprocesamiento, mediante el cual se recupera el uranio y el plutonio del combustible gastado para su aprovechamiento energético posterior. Actualmente, este proceso se realiza en varios países (Francia, Japón, Reino Unido, China...).

El interés por esta posibilidad en España ha hecho que Enresa haya suscrito una serie de acuerdos con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat). Según su director, Juan Antonio Rubio, existen en el mundo unas 300.000 toneladas de combustible radiactivo, de las que unas 3.000 toneladas son de larga duración. La transmutación los reduciría a tres toneladas, cuyo almacenamiento «sería relativamente fácil».

Para Greenpeace, ésta tampoco es la solución, porque el reprocesamiento genera más residuos y económicamente es más caro. «Todas las opciones son malas, porque no dejan de ser radiactivas. La solución sería cerrar las centrales nucleares para poner un tope a los residuos y, al mismo tiempo, ahorrar dinero», dice Bravo. El coste de la gestión y almacenamiento de residuos radiactivos de 1985 a 2070 es de 13.000 millones de euros.

¿Es necesario un almacenamiento centralizado?

En el VI Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado en 2006, se incluye el anuncio de la creación en España del primer Almacén Temporal Centralizado (ATC) en superficie para depositar el combustible gastado de todas las centrales nucleares españolas. Esta medida que, según el Plan, debería ponerse en marcha antes de 2011, permitiría centralizar la gestión y vigilancia de todos los residuos en un sólo lugar sin necesidad de construir un almacén por central. Significaría que todo el deshecho actual que hay en las instalaciones nucleares pasaría a este ATC , que durante 60 años albergaría unas 6.700 toneladas de elementos radiactivos. La ubicación del ATC, cuyo emplazamiento requiere una superficie de unas 13 hectáreas, aún está por decidir. Pese a que algunos municipios se habían ofrecido a albergar el ATC, debido a los beneficios económicos que ello conllevaría, Enresa ha declarado que un recinto nuclear sería la mejor opción.

Una de las ventajas del ATC, según Enresa, es que facilita las medidas de protección física y seguridad.

Para Greenpeace, «no tiene ningún sentido empezar ahora a trasladar residuos, con el riesgo de accidentes que ello conlleva. Además, tampoco es una solución definitiva. «Es mejor que los residuos se queden donde están», afirma Bravo.

> DEBATE GLOBAL
La crisis alimenta un nuevo discurso atómico

Cuanto peor van las cosas, más son las voces que apoyan la energía nuclear. Los países que apostaron por ella se reafirman; los que la denostaron, ahoran dan marcha atrás o se lo vuelven a pensar

RUBÉN AMÓN CARLOS ÁLVARO IRENE HDEZ. VELASCO PABLO PARDO EDUARDO SUÁREZ

Cuando el secretario general del sindicato UGT, Cándido Méndez, dice que hay que repensar sin prejuicios el papel que tendrá la energía nuclear en el futuro mix energético español, es que algo está pasando. Estamos transitando del «nucleares, no» al «nucleares, ¿por qué no?». Y no es un debate local, es un debate global. El impacto de la crisis económica, el precio del petróleo e, incluso, un nuevo discurso que asocia las centrales nucleares con la energía limpia y segura, están teniendo mucho que ver en este debate.

FRANCIA

EL MISIONERO NUCLEAR. Nicolas Sarkozy estuvo el pasado martes en Abu Dhabi para inaugurar una base militar. Aspira a convertirse en una especie de gendarme del Golfo Pérsico, colocarse en la nuca de Irán y posicionarse en el enclave donde se trafica con el 60% de los recursos planetarios de petróleo. No iba sólo en la expedición. Le acompañaban los principales empresarios franceses, incluidos los prebostes de Areva, Total y Suez, cuyo desembarco en aguas del Golfo implica, en primer lugar, la construcción de una pareja de reactores nucleares.

Quiere decirse que la cultura atómica de Francia no sólo se atiene al abastecimiento nacional. También concierne a la expansión comercial y a una suerte de campaña misionera. Sarkozy, que es un pragmático, ha empleado su poder político y diplomático para construir centrales nucleares en China. También se ha erigido en embajador de la causa en el Magreb y se ha convertido en promotor absoluto de la energía atómica. La defiende porque es la única alternativa a las energías fósiles, porque es más segura que antaño y porque Francia aprovecha su inercia de pionera y hasta el consenso nacional.

Derecha e izquierda siempre han arropado el porvenir de la energía atómica. Partiendo de una evidencia: el 78,07% de la electricidad que se consume en el hexágono francés proviene de los 59 reactores nucleares que están en activo. Muy por encima, a la vista está, de los 19 reactores en funcionamiento que permiten al Reino Unido ocupar la segunda plaza europea.

ALEMANIA

APAGÓN EN 2021. El 14 de junio de 2000, el gobierno alemán de socialdemócratas y ecologistas alcanzaba un acuerdo para desconectar progresivamente las 19 centrales nucleares, casi todas ubicadas en el sur del país. La última debería quedar apagada en 2021.

Desde entonces, los partidos conservadores y liberales, apoyados por la industria, resucitan cíclicamente el debate para retrasar el cierre. ¿Su argumentación? La escasez de energía, la seguridad de las centrales alemanas y el hecho de que países como Suecia y Holanda hayan corregido decisiones similares. «No se nos puede llenar la boca de espuma cada vez que hablamos de ello», señalaba esta misma semana el ministro de Economía, Karl-Theodore zu Guttenberg, de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU).

Según las previsiones, después de las elecciones federales del 27 de septiembre, socialdemócratas y democristianos romperán su gran coalición y es probable que el debate sobre el retraso de la clausura de las centrales atómicas sea retomado por una coalición de gobierno del Partido Liberal y de la Unión Cristianodemócrata.

Enfrente tendrán a socialdemócratas, Los Verdes y La Izquierda. Los primeros han convertido el cierre de las centrales en una seña de identidad y tienen como máximo defensor al actual ministro de Medio Ambiente, Sigmar Gabriel. Los segundos son los grandes impulsores del acuerdo de 2000 después de una batalla que se inició en los años 60 y 70. El mantenimiento de la orden de clausura es apoyada por los ciudadanos en un 51%.

ITALIA

MARCHA ATRÁS. Hace 22 años, en el referéndum de 1986 (después del accidente de Chernóbil), la inmensa mayoría de los italianos se pronunció en contra de la energía nuclear. Las centrales que entonces existían fueron desmanteladas e Italia, un país que en aquel momento estaba a la vanguardia de Europa en energía nuclear, se vio obligada a depender del petróleo y del gas de Argelia y Rusia. Y a pagar la energía eléctrica a uno de los precios más elevados de Europa: un 30% más cara que la media.

El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi defendía la necesidad de que Italia volviera a abrir centrales nucleares, argumentando que sólo así su industria podría ser competitiva. En febrero, puso las bases para ello al firmar un acuerdo intergubernamental con Francia por el que la eléctrica italiana Enel y la francesa Edf, ambas con capital público, trabajarán codo con codo para la construcción en Italia de, al menos, cuatro centrales avanzadas de tercera generación.

La primera entrará en funcionamiento antes de 2020 y cuando las cuatro estén operativas se prevé que generarán el 25% de la energía eléctrica que consume Italia. La decisión del Gobierno de Il Cavaliere de poner fin al parón nuclear, incumpliendo la decisión manifestada hace 22 años por el 80% de los italianos, ha desatado fuertes críticas por parte de la oposición y de los grupos ecologistas.

CHINA

GIGANTE Y NUCLEAR. Sólo China, con su voraz apetito energético, puede plantearse el colosal reto de doblar su capacidad de generación eléctrica durante la próxima década. El modelo actual, que combina el uso del carbón (70%) y la generación hidroeléctrica (15%) se ha demostrado insostenible por ineficiente, caro y sucio.

Tanto es así que Pekín ha desvelado una ambiciosa apuesta por las renovables (aumentar su peso del 1,5% actual al 6% para 2020) y por lo que el director de la Comisión Nacional de Energía llama «la edad de oro del desarrollo de la energía nuclear».

China cuenta con 11 reactores operativos en seis plantas distintas (todas en la franja costera oriental, junto a los núcleos industriales). Doce más se encuentran en proceso de construcción y otros tantos deberían comenzar a levantarse este mismo año. Durante la próxima década, se espera superar el centenar de instalaciones. Pero la apuesta también es tecnológica.

Tal es la velocidad y el impulso, que las previsiones de futuro se revisan cada pocos meses. En los planes oficiales, se prevé aumentar la capacidad nuclear para 2020 a 40 GWe, pero esta semana se sugería alcanzar los 100 GWe, es decir, que pase del 2,3% actual a más del 6% en unos años.

ESTADOS UNIDOS

30 AÑOS DE PARÓN. El 28 de marzo de 1979 uno de los reactores de la central de la Isla de las Tres Millas, en Pennsylvania, estuvo a punto de fundirse. Doce días después, Hollywood hizo el resto, con el estreno de la película El síndrome de China, en la que se describe la fusión de un reactor, un accidente que acabaría pasando en Chernóbil en 1986.

Así que la energía nuclear está poco desarrollada en EEUU. Apenas hay 104 reactores que produjeron en 2007 el 19,7% de la oferta de electricidad, un porcentaje que lleva estabilizado desde hace 20 años. George W. Bush rompió esa dinámica. Por medio de una serie de ayudas públicas, la anterior Administración logró que en apenas ocho años se solicitaran permisos para la construcción de 27 reactores nuevos. Ahora bien, ¿qué va a hacer Barack Obama? El actual presidente declaró que «la energía nuclear será parte del mix energético» que quiere para EEUU. Lo cierto es que hasta ahora sus esfuerzos se centran en las energías renovables.

REINO UNIDO

ENERGÍA BARATA. El Reino Unido ha decidido acometer un plan renove de sus centrales nucleares. Actualmente funcionan en suelo británico 19 reactores, pero todos menos uno echarán el cierre antes de 2023. Por eso, el Gobierno tomó el año pasado dos decisiones: dar luz verde a la construcción de nuevas centrales y autorizar la compra de British Energy por la francesa EdF.

El desembarco de la eléctrica gala le otorga el papel de juez y parte en el nuevo futuro nuclear. Un papel que ya ha empezado a ejercer. Su consejero delegado, Vicent de Rivaz, ha insinuado que EdF no construirá ninguna central si el Reino Unido no las subvenciona. Una declaración con fuerte carga política, ya que el 85% de las acciones de EdF son propiedad del Estado francés. La eléctrica tenía previsto construir cuatro reactores y ceder derechos para hacer otros tantos a E.On, RWE, Suez o Iberdrola. La idea era que funcionen en 2017.

Información elaborada por Rubén Amón (París), Carlos Álvaro

(Berlín), Irene Hdez. Velasco

(Roma), Pablo Pardo (Washington) y Eduardo Suárez (Londres)

Finlandia, un macizo de granito que esconde cuatro centrales

EDUARDO SUÁREZ

Hay una anécdota que define la relación de los finlandeses con la energía nuclear. Y tiene que ver con la turbina eólica gigante que se levanta al pie de los dos reactores atómicos de Olkiluoto y a menos de un kilómetro del tercero, aún en construcción. «¿Que si la gente ha protestado por la construcción del nuevo reactor nuclear?», dice extrañada la responsable de comunicación de la central, «¿por el reactor?, protestaron por la turbina».

Bienvenidos a Finlandia, el país donde al ciudadano de a pie le inquieta más el impacto ambiental de un molino de viento que el de un reactor atómico. Una paradoja que es posible por varios motivos. El más importante, la voluntad del país de escapar a toda costa del yugo energético de Rusia, responsable en forma de carbón o gas del 39% de la energía consumida en Finlandia.

Así las cosas, los finlandeses nunca dudaron en echarse en los brazos de la energía atómica, con la que cubren el 27% de sus necesidades. Un porcentaje que debe ir creciendo en el futuro con el arranque de Olkiluoto-3 y la más que probable construcción de Olkiluoto-4, para la que el Gobierno de Helsinki aún tiene que dar luz verde.

Detrás de los reactores de Olkiluoto está la empresa TVO, cuya propiedad se divide entre el Estado (43%) y cinco grandes empresas finlandesas, que a cambio de acciones obtienen electricidad a precio de coste. La vida de los dos primeros reactores de Olkiluoto -construidos en 1978 y que producen unos 850 Mw cada uno- se ha extendido hasta más allá del año 2039.

Un plazo que no le vale al Gobierno finlandés, que ha reforzado su apuesta nuclear, a resultas en parte de la amenaza del cambio climático. Así dio luz verde a la construcción de Olkiluoto-3, la primera central en construcción en Europa desde el desastre de Chernóbil. La planta debería estar ya funcionando, pero su construcción acumula un retraso de casi tres años y unos costes extra que rozan el 50%. La nueva central -la primera de tercera generación que estará funcionando en Europa- producirá alrededor de 1.750 Mw. Una cifra suficiente para alimentar casi 600.000 hogares.

Hay otro factor clave para entender el favor de la energía atómica en Finlandia. El país se levanta sobre un macizo de granito que no ha temblado en los últimos millones de años. El entorno ideal para almacenar los residuos indestructibles bajo tierra, enterrados a casi 500 metros bajo la superficie. Por cierto, que nadie piense en endosarle los suyos: una ley prohíbe importar o exportarlos

> EL DEBATE
El Plan de Estabilización: una visión de ayer y hoy
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LAS CLAVES
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LA AGENDA
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> FUERA DE LA AGENDA / OFELIA GRANDE / SIRUELA
«No ha habido una bajada como en la construcción. La gente no ha dejado de comprar libros»
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> AGÍTESE ANTES DE LEER
Cómo superarse caminando sobre brasas
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CRÍTICA DE IDEAS
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> ACTUALIDAD ECONÓMICA
Por cojones

MIGUEL A. BELLOSO

Cuando los gobiernos se cabrean, cuando las cosas no van bien, los políticos sucumben con mayor facilidad a la tentación de hacer las cosas por decreto. Esta no es, en sí misma, una mala costumbre -reparen ustedes lo que el país podría avanzar si cualquier medida económica no tuviera que pasar por el filtro de los sindicatos-. El problema viene cuando lo que se trata de cambiar por decreto es el modelo productivo, modificar radicalmente la economía de la nación. Éste parece ser el propósito del presidente Zapatero y de su próxima «ley para la economía sostenible» (sic), que tiene toda la pinta de ser como el proyecto de la alianza de civilizaciones trasladado al mundo de los negocios.

La alianza de civilizaciones no sólo fue desde el principio una soberana estupidez, sino que no ha cosechado hasta la fecha hito alguno del que podamos sentirnos orgullosos. En lo que respecta al cambio de modelo productivo, el destino más probable es el mismo: el fracaso. Hay algunos países en Europa, como Irlanda, como Finlandia, por citar los ejemplos más señeros, que se han transformado radicalmente en las dos últimas décadas. Aunque ahora están en crisis, como todos, son países pequeños y manejables en los que la industria del conocimiento ha vivido años de esplendor. Pero los gobiernos han tenido muy poco que ver en su mejora cualitativa. La clave del éxito de los cambios radicales en la economía de un país no está en los gobiernos activistas, dirigistas, socialistas en una palabra. Está más bien en los gobiernos y políticos que han creado un marco fiscal, un entorno legal y una administración pública favorables y propicios para la inversión, estimulantes para los emprendedores y contrarios a la cultura del subsidio. Como en Irlanda y en Finlandia.

La nueva ley de economía sostenible que baraja Zapatero no va en esta dirección. Aquí, como siempre ocurre, las cosas quieren hacerse por cojones, pero si encima son los socialistas los que están al mando, las posibilidades de éxito son nulas.

> MODELO DE FINANCIACIÓN
Las 'teles' autonómicas pierden más de 1.000 millones en un año

Con un presupuesto de 1.900 millones y una deuda superior a 1.500 millones, las cadenas de las CCAA están en el punto de mira ante el inminente fin de la publicidad en TVE.

--> MARÍA VEGA

Mientras el Gobierno trabaja contra viento y marea por sacar adelante un nuevo modelo de financiación para TVE que permita al ente público sobrevivir sin publicidad en un momento en el que el presupuesto de los anunciantes ha caído con fuerza, las cadenas autonómicas, que cada año cuestan a los españoles más de 1.600 millones de euros y pierden otros 1.000 millones, se hunden. Su modelo de negocio, que se debate entre el de una empresa pública y una cadena comercial que compite con las privadas, no es sostenible. Y menos en este momento.

El problema tiene difícil salida. Primero porque no hay consenso entre los partidos políticos y segundo porque tras cargar a los radiodifusores privados y empresas de telecomunicaciones nacionales con un nuevo impuesto, encontrar un sector que cargue con las pérdidas de estas cadenas es misión casi imposible. Quedaría la vía defendida por el Partido Popular de privatizar las cadenas autonómicas. Una propuesta que exigiría cambiar la Ley Audiovisual y encontrar un comprador, tarea que se antoja complicada en un momento en el que el sector está sumido en una profunda crisis.

Mientras políticos y empresas se enzarzan en el debate sobre la supresión de publicidad en TVE, una medida que garantizará la viabilidad del ente en tiempos de crisis, el resto de las cadenas públicas españolas son máquinas de perder dinero.

Según la última auditoría encargada por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) a la consultora Deloitte, las autonómicas perdieron 945.378 millones de euros en 2007. Los expertos consultados por este periódico prevén que esas pérdidas superarán los 1.000 millones cuando se presenten los cierres de 2008, año en el que las autonómicas ingresaron por publicidad un 9,9% menos, hasta 319,6 millones, según datos de Infoadex.

El presupuesto de estas cadenas para 2009 alcanza los 1.900 millones, de los que unos 1.600 millones serán aportados por los contribuyentes. Mantener las autonómicas tiene un coste medio por hogar de 119 euros al año en las regiones que cuentan con este servicio, según Deloitte.

El esfuerzo de los gobiernos por sacar a flote estas televisiones ha provocado que en algunas comunidades el presupuesto invertido en televisión en el periodo 2006-2009 haya crecido por encima de otros servicios básicos. Es el caso de Cataluña, donde en los últimos cuatro años, la Generalitat ha elevado el gasto en la Corporació Catalana de Radio i Televisió un 53%, frente al 18% que ha subido la dotación para Sanidad y el 23% de Educación. En estos años, Cataluña ha asumido la deuda de 1.046 millones que acumulaba el ente público para sanear sus cuentas.

En Madrid, el aumento del presupuesto para Telemadrid en ese periodo fue del 24%, frente al 18% de Sanidad y el 12% de Educación. La crisis ha puesto freno al despilfarro, como muestra la caída del 3% del presupuesto que la Comunidad concederá a la cadena en 2009.

Calcular la deuda que los españoles han asumido en la última década para mantener las televisiones autonómicas es casi imposible por la opacidad y falta de transparencia en sus cuentas. Pero según cálculos de MERCADOS, la deuda actual ronda los 1.550 millones de euros.

Este agujero amenaza con crecer en los próximos meses dada la fuerte caída de la inversión publicitaria.

Demanda de las privadas

Suprimir la publicidad en todas las televisiones públicas y no sólo en la estatal es una demanda de los radiodifusores privados, que en última instancia abogan por acabar con estas cadenas. El sector no sólo sufre por el porcentaje de la tarta publicitaria que se llevan al año las autonómicas (10,7%) y TVE (20%), también por «la competencia desleal de unas teles, que se guían por criterios comerciales», explica Jorge del Corral, secretario general de Uteca.

«Hay un problema de saturación porque la pública, que es líder en audiencia, vende publicidad entre un 30 y un 40% por debajo del precio de mercado», afirma. España tiene el GRP (medida de audiencia publicitaria) más barato de Europa. Como consecuencia, multinacionales que en otros países no se anuncian en la tele por el precio, aquí sí lo hacen.

Según Uteca, el fin de esta disfunción beneficiará más a las privadas que el supuesto reparto de los más de 500 millones que TVE ingresa al año por publicidad. De hecho, Francia ya ha eliminado los anuncios de la pública y esos ingresos no han revertido en el resto de radiodifusores.

Del Corral augura que el nuevo modelo de TVE también beneficiará a otros medios porque «los precios [de la publicidad en televisión] subirán y muchos anunciantes preferirán ir a la radio o a la prensa».

El pasado viernes, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros enviar al Congreso el proyecto de ley para la financiación de RTVE.

Pese a la soledad parlamentaria del PSOE, el sector da por hecho que la Ley se aprobará en las próximas semanas. Pero es una incógnita si la futura Ley General Audiovisual contemplará trasladar el sistema de TVE a todas las públicas, un plan que las autonómicas agrupadas en la federación Forta ven inviable.

Según esta organización, el sistema mixto actual «ha demostrado ser el más eficaz» y «no parece factible transponer el modelo que se baraja para TVE» sin «repercutir este gasto en el bolsillo del ciudadano».

Forta también subraya que los anunciantes regionales «verían fuertemente mermada su capacidad de comunicar». En la práctica, el primer anunciante de las autonómicas es el Gobierno de la Comunidad en la que emiten, recuerda Uteca.

Algunos partidos nacionalistas también abogan por mantener el modelo mixto para las autonómicas. El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, explica a este periódico que si bien el modelo de Moncloa para TVE «no es en principio negativo», le «preocupa que siente un precedente y se generalice para las autonómicas porque no serían sostenibles sin la publicidad».

El proyecto de ley para financiar TVE exime a los operadores regionales (el gallego R, Euskaltel y Telecable Asturias) de pagar una tasa por el ente público. Un punto criticado por las telecos que operan a nivel nacional, que recuerdan que RTVE hace desconexiones territoriales.

Trasladar el sistema a todas las públicas exigiría que esos operadores pagasen una tasa por las televisiones de su territorio. Según el PNV, el planteamiento del Gobierno «es poco serio» al no analizar el sector audiovisual en su conjunto, señala el portavoz en el Congreso de esta formación, José Ramón Beloki.

Para aclarar dudas, los grupos parlamentarios han pedido al Ejecutivo que presente la Ley General Audiovisual antes del 30 de junio.

Mientras, el sector vive con preocupación la incertidumbre. «Desconocemos el sistema de financiación de la televisión pública en su conjunto, también de la autonómica, que tiene pensado el Gobierno en la futura Ley Audiovisual. Si desaparece la publicidad y no se sustituye por otra financiación alternativa, con nuestro actual modelo autonómico de financiación mixta seremos inviables tal y como funcionamos actualmente (tamaño de plantilla, modelo de gestión)», afirman desde Telemadrid. «Habrá que rediseñar la televisión autonómica», añaden.

En esta información colaboran D. Vigario, J. Adán, P. del Gallo y M. Rodríguez.

COMUNIDAD VALENCIANA

La más endeudada

El Gobierno valenciano y Radiotelevisió Valenciana (RTVV) negocian un contrato-programa que reconocerá una doble vía de financiación: los ingresos propios que se generan con su actividad (publicidad, venta de derechos y programas e ingresos accesorios) y las aportaciones públicas de la Generalitat. El objetivo del Ejecutivo de Francisco Camps es dotar de un marco estable de financiación y evitar que su deuda de 1.100 millones de euros, siga desbocándose.

El presupuesto de RTVV para 2009 supone ya un cambio de modelo de financiación pues no prevé acudir a la financiación externa a través del endeudamiento, como en años pasados. Las cuentas del ente ascienden a 241,2 millones de euros para 2009, frente a los 313,8 millones del año anterior. Los responsables de RTVV destacan la contención del gasto que disminuye un 23,13%.

El presupuesto de 2009 prevé ingresos de 86,1 millones, de los 36,6 son por publicidad. Por el contrato-programa, RTVV recibirá 100 millones./ J. CARRASCO

Presupuesto: 241,2

Deuda: 1.100 millones Plantilla: 950

Share: 13,8%

CATALUÑA

Sólo viable con publicidad

Aunque los responsables de los medios públicos catalanes presuman de «apretarse el cinturón», lo cierto es que TV3 cuenta con un presupuesto de 411 millones de euros para afrontar con éxito un año marcado por la crisis del sector. El 52% del capital proviene de la Generalitat, mientras que el 48% restante hace referencia a los beneficios publicitarios.

Tal como reconoció la directora general del ente, Rosa Cullell, «TV3 no podría existir sin publicidad». De hecho, la decisión del Gobierno central de suprimir los anuncios en RTVE apenas ha generado debate en Cataluña. En la última comparecencia parlamentaria, el tripartito rechazó la medida, ya que implicaría aumentar su cuota presupuestaria. TV3 se lleva la palma y se queda con más del 80% del capital económico de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Un organismo dependiente de la Generalitat que gestiona, además de la televisión, la radio pública y otras empresas multimedia. / C. RUBIO

Presupuesto: 411 millones

Deuda: La Generalitat asumió 1.046 mill. en 2006

Plantilla: 2.000

Share: 17,6%

MADRID

Problemas laborales

La conflictividad laboral se ha apoderado de Telemadrid en los últimos tiempos. El paro de las negociaciones del convenio de los trabajadores y las huelgas convocadas por los sindicatos han dejado en negro las pantallas de los madrileños en cuatro ocasiones. Según datos de la cadena, los gastos de personal en Telemadrid suponen 62,4 millones de euros y representan el 54,6% del total de gastos de explotación, en un momento en el que la cadena está aplicando un plan de contención y ha recortado un 6% sus gastos.

El ente público también es víctima de la crisis del sector audiovisual. Según datos de la oposición socialista en la Asamblea de Madrid, los ingresos por publicidad de la cadena pública fueron de 9 millones de euros en el primer trimestre del año, un 29,4% menores a lo previsto.

Ante esta situación, algunas voces del Gobierno regional abogan por privatizar la cadena, para lo que habría que cambiar la Ley Audiovisual y buscar un comprador, algo muy difícil en el contexto de crisis actual. / M. V.

Presupuesto: 241,2

Deuda: 189,8 millones Plantilla: 1.282

Share: 10,3%

ANDALUCÍA

Gran dependencia pública

Dos procesos judiciales Ayudas para más canalesSi Canal Sur suprimiera la publicidad, a cada andaluz le costaría este año su radio y televisión autonómicas ocho euros más, casi una tercera parte de la factura actual. De 22 a 30,15 euros per cápita.

La cadena pública andaluza es una de las que tiene mayor dependencia financiera de la Administración que la tutela. Pese a la crisis económica, que está hundiendo las previsiones de ingresos por publicidad y ha generado un déficit de 5,8 millones en el primer trimestre, Canal Sur dispondrá este año de un presupuesto récord: 247,3 millones de euros. De ellos, el 72% (180,85 millones de euros) procede de fondos públicos.

Con esta transferencia, la Junta lleva inyectados en Canal Sur en los últimos nueve años al menos 1.400 millones de euros en subvenciones públicas, sin contar los ingresos aportados por la publicidad institucional. El debate sobre el fin de la publicidad está abierto en Andalucía. La consejería de Presidencia ya analiza adoptar un modelo similar al de RTVE. / A. SALVADOR

Presupuesto: 247,3 mill. Deuda: 25,5 millones

Plantilla: 1.600

Share: 20,3%.

CASTILLA LA MANCHA

Dos procesos judiciales

Los nueve años de vida de RTVCM (Televisión Castilla-La Mancha) están marcados por el continuo enfrentamiento de socialistas y populares con dos procesos judiciales abiertos por la oposición con objeto de saber cuánto gana cada directivo, cuánto cuesta cada programa y denunciar la discriminación del PP en los informativos.

Un ejemplo de la disparidad de criterios es el debate sobre su deuda, que hasta ahora es de cero euros. Mientras que el subdirector financiero de la cadena, Jerónimo de Mesa, explica que se debe a «un compromiso del director general de ajustarse al presupuesto y no gastar ni un euro de más», la popular Carmen Riolobos asegura que «la televisión es el pozo sin fondo de José María Barreda, que pone todo el dinero que necesitan cuando se gastan el presupuesto». El PP ha pedido reducir a la mitad el presupuesto para 2009, de 76 a 36 millones, y carga los «desorbitados» sueldos de sus 43 directivas, con una media de 69 mil euros. / D. VILLEGAS

Presupuesto: 76 millones

Deuda: 0 euros

Plantilla: 363

Share: 10,7%

PAIS VASCO

Ayudas para más canales

Solventar la precaria situación económica de EiTB es uno de los grandes retos que tiene el nuevo Gobierno vasco. Con una línea editorial muy cuestionada y un nivel de audiencia medio, el principal problema del ente público vasco sigue siendo su excesiva dependencia de la ayuda gubernamental, sin la que sería deficitaria.

EiTB cuenta para este año con un presupuesto de 203,2 millones de euros, de los que el Departamento de Cultura aporta el 154,9 millones (76%). Esta partida, 12 millones mayor que el año anterior (7%), ha permitido la puesta en marcha de un nuevo canal (ETB-3) y de otro que está por llegar (ETB-4) y también salvar las cuentas de la radio televisión pública. El informe económico de 2009 señalaba que el ente carece de deuda y la ex consejera Miren Azkarate se jactó de ello en el Parlamento.

Esta supuesta bonanza no oculta que el gasto crecerá un 8,44% este ejercicio -cerca de 13 millones de euros-, mientras que los ingresos publicitarios descenderán un 15%. / PAU BLASI

Presupuesto: 203,2 mill.

Deuda: 0 euros

Plantilla: 979

Share: 17,9%

La televisión más cara por habitante

El futuro de la cadena pública balear IB3 lleva tiempo en el aire por la falta de audiencia. Por Daniel Álvarez / Baleares

IB3 es la cadena autonómica más cara por habitante, le sale a 64 euros a cada ciudadano de Baleares, no levanta sus audiencias -ahora celebra una cuota de pantalla media del 5%- ni tampoco su situación económica. Arrastra una deuda bancaria de 169 millones de euros y le debe más de 50 millones a sus proveedores, pero en plena crisis económica no ha reparado en gastos para renovar su logotipo y su imagen, un lavado de cara que le ha costado 600.000 euros, y ha invertido 12 millones de euros para ofrecer la Fórmula 1, una decisión cuestionada en el Parlamento balear, donde el PP, ahora en la oposición, y el PSOE han coincidido en rechazar esta apuesta de la dirección de la cadena.

El Ejecutivo balear ultima un plan de sanemiento para IB3 y los seis partidos miembros del pacto de gobierno de centro-izquierda liderado por el PSOE negocian el cambio del modelo de la televisión, heredada del PP y que ahora está bajo el control de Unió Mallorquina (UM), el partido bisagra en el archipiélago. Su director es un afiliado de UM, Antoni Martorell, ex jefe de prensa de la líder de este partido y presidenta del Parlamento balear, Maria Antònia Munar, y su futuro también está en juego, aunque en principio está asegurado para esta legislatura.

El Govern asumirá la deuda de IB3, pero a cambio exige a su director un nuevo plan de ahorro para recortar los gastos corrientes. Es más, pretende limitar los desvíos presupuestarios a un porcentaje de entre un 10 y un 15% mediante una cláusula contractual que estipule el cese de la dirección en caso de que supere ese tope máximo. Y eso que Martorell presumía hace unos días en el Parlamento de que IB3 había sido «el primer área del Govern que se había apretado el cinturón antes de la crisis» al rebajar los gastos en un 14,5% respecto al año pasado.

El objetivo es imponer «criterios más racionales» en la gestión y que IB3 «funcione mejor con menos recursos», explican desde el Ejecutivo. El presupuesto de la cadena es de 69 millones de euros que aporta la comunidad, a los que falta añadir unos ingresos de seis millones previstos por publicidad. De momento, ni se plantea la eliminación de la publicidad, aunque la portavoz del Ejecutivo autonómico, Joana Barceló (PSOE), dice que esa medida contribuiría al modelo ideal de un medio público, por lo que valora el plan anunciado para TVE.

Presupuesto: 69 millones

Deuda: 169 millones

Plantilla: 150

Share: 5%

> ABUSOS BANCARIOS
Hipotecas que suben cuando baja el Euribor

Centenares de usuarios en España sufren por sorpresa subidas de la hipoteca por culpa de los seguros de cobertura.

M. GÓMEZ

Mientras que la espectacular bajada del Euribor ha aliviado considerablemente a buena parte de las economías domésticas, algunos hipotecados suplican nuevas subidas de tipos de interés. Cuesta creerlo, pero las prácticas de ciertas entidades financieras han dejado atrapados a centenares de hogares precisamente por la caída en picado del Euribor. Abusando de la ignorancia financiera de los clientes y de su temor a no poder afrontar la letra mensual, bancos y cajas de ahorro han comercializado en estos últimos años supuestos seguros sin costes para proteger a los usuarios frente al encarecimiento de las hipotecas. Lo que no sospechaban la mayoría de los clientes es que detrás del teórico seguro se escondía un complejo derivado financiero vinculado a la evolución del Euribor y con un elevado nivel de riesgo: un swap de tipo de interés, tal y como se le conoce en el mundo de las finanzas. Esto es; un instrumento que se utiliza para cubrir a los inversores ante los posibles oscilaciones de un determinado indicador -en este caso, el Euribor- y que podrían poner en riesgo dichas inversiones. Un producto apto para los inversores más avezados.

Clip, IRS, permuta financiera, contrato cobertura hipoteca son algunas de las denominaciones con las que se han encubierto los swap. La mecánica, sin embargo, es similar para todos ellos. Los supuestos seguros, que apuestan por una tendencia alcista del Euribor, garantizan un tipo de interés máximo durante un plazo de entre dos y cinco años. Durante ese periodo, si el índice superara el tipo pactado, el cliente recibe un abono por la diferencia. Por el contrario, si el Euribor se situara por debajo de la referencia marcada en el contrato, sería el cliente el que asumiría la cuantía de diferencia. Veamos un ejemplo práctico para comprender la operativa del producto. Imaginemos un consumidor que en noviembre de 2007 tenía una letra mensual de 1.120 euros y contrata uno de estos seguros a un tipo fijo del 4,75%. En los siguientes meses, pagaría su letra y recibiría un abono de unos 18 euros mensuales procedentes de la liquidación del seguro. Esto es: al descender el Euribor hasta el 4,6%, el banco le compensa por la diferencia entre la cuota de su préstamo y la resultante de aplicarle el máximo pactado.

A partir de 2009 y la caída libre de los tipos, la cobertura se vuelve en contra. Con el índice al 1,6%, el cliente se vería obligado a pagar unos 500 euros mensuales, además de la cuota de amortización que habrá bajado hasta 850 euros tras la revisión.

Productos legales son pero, según las asociaciones de consumidores, se han colocado con «engaños y sin informar de sus riesgos». Fuentes jurídicas de la Asociación de Usuarios de Cajas de Ahorro (ADICAE), que han recibido una avalancha de reclamaciones, subrayan que las entidades obviaron informar a los clientes de los riesgos de las previsibles bajadas de tipos. Algo que tampoco se refleja con detalle en los farragosos e inteligibles contratos que se rubricaron. «Es un fraude de ahorro en toda regla», sentencian desde ADICAE.

Los usuarios se encuentran atados de pies y manos. Cancelar el seguro no está al alcance de sus posibilidades debido a las cantidades astronómicas que se les exigen. «Se calculan con unas fórmulas matemáticas incomprensibles que tampoco aparecen en el contrato», explica esta asociación.

Aunque los swap han sido colocados por todas las entidades, el mayor número de reclamaciones procede de los clientes de Bankinter y de BBVA, según ADICAE. Ambas entidades, que fueron las primeras en estrenar su comercialización, declinaron dar explicaciones. Caixa Galicia, otra de las entidades contra la que se han presentado reclamaciones, se defiende alegando que su Cobertura sobre Hipoteca se comercializa desde 2007 y nunca había presentado problemas hasta que los tipos se han desplomado. «Nadie se había quejado por los rendimientos que recibía», dice un portavoz. La caja justifica que las condiciones aparecen detalladas en el contrato y que el cliente es libre de rubricarlo.

EVA MATESANZ

«Sin el seguro de tipos no se formalizaba la hipoteca»

E. M. I. y su pareja solicitaron en octubre a Caixa Galicia una hipoteca de 114.000 euros para construirse una segunda residencia. La caja les aprobó el crédito. Eso sí; con un diferencial alto y cuando suscribieran un seguro de vida, otro de desempleo y un tercero de multirriesgo. En total, unos 1.800 euros de gastos extra. Tras la firma de la escritura, los responsables de la entidad les sorprendieron con un nuevo seguro, el de cobertura de tipo de interés. «Es muy bueno para cubriros ante las previsibles subidas del Euribor», nos dijeron. El producto, según la entidad, cubría las subidas de los tipos por encima del 5,1% el primer semestre, y del 5,2% para el resto del plazo. El seguro suscitó sorpresa a la pareja. «Sin la firma de este otro seguro no se formaliza la hipoteca», les advirtieron. El deseo de cerrar el crédito y la falta de información les inclinaron a firmar sin más. Al mes y medio, la pareja se dirigió a la caja para averiguar por qué se les había ingresado 20 euros por la cobertura. Es en ese momento cuando descubren parte del riesgo. En mayo, en el momento de la revisión, la entidad les comunica que han de abonar 206 euros, además de la hipoteca. «Pedimos la cancelación y nos advierten que a otros clientes les ha salido por 13.000 euros. Nos ofrecieron otra cobertura, pero en peores condiciones». Rechazaron la oferta. Se ven obligados a pagar los 206 euros al mes, según reza el contrato.

TAIS DÍAZ Y JOSÉ MOYA

«Tenemos un seguro del que no hemos firmado el contrato»

Tais Díaz y su marido llevan sufriendo un calvario desde hace meses para cancelar el seguro Cuota Segura que tienen con el BBVA. Un seguro del que ni siquiera han firmado el contrato. En octubre de 2008, la directora de su oficina les telefoneó para comentarles la ventaja del producto. «Nos aseguraba una cuota fija durante tres años y nos dijo que la entidad preveía una subida de los tipos». En ese momento, el matrimonio pagaba una cuota de 950 euros y, según la simulación que la empleada del BBVA les hizo desde el otro lado del teléfono, su mensualidad se elevaría hasta 980 euros, pero garantizada durante tres años con el seguro. «Vete preparándolo y la semana que viene hablamos», le dijo Tais a la empleada para reflexionar sobre el producto. Un amigo se lo desaconsejó y se puso en contacto con la oficina para declinar su oferta. Cuál fue su sorpresa cuando la directora les comunica que tenían contratada la Cuota Segura desde el mismo día que hablaron por teléfono. «Pero si no hemos firmado nada», se quejaron. Desde entonces, el banco les pasa cada mes recibos de 980 euros. Sus esfuerzos para resolver el problema verbalmente han quedado en agua de borrajas. La pareja inició los trámites para cambiarse de banco. Tienen una oferta en firme con la que se ahorrarían 280 euros al mes. No pueden. «Si queremos cambiarnos, tenemos que cancelar el seguro pagando 5.100 euros».

PATRICIA SUAREZ

«Me dijeron que si bajaban los tipos cancelábamos el seguro»

Patricia Suárez es una de los muchos hipotecados pillados por el clip Bankinter. Esta licenciada en Filología Alemana solicitó hace dos años - cuando las hipotecas comenzaban a encarecerse- que le equipará las condiciones de su crédito (Euribor+0,40) a las que ofrecía su división de banca telefónica (Euribor +0,18). El banco no aceptó su propuesta, pero, a cambio, le ofrecieron el polémico clip. «Me vendieron que era un seguro para protegerme de los repuntes, que no tiene ningún coste y tampoco se cobra por cancelarlo. Lo único que recibes es dinero siempre y cuando el Euribor esté por debajo del tipo de referencia pactado». Patricia sí se interesó por las consecuencias de una bajada del índice. «En ese caso, cancelamos el producto para que no resultes perjudicada», le garantizaron. Confiando en su banco, firmó en 2007 un contrato muy farragoso del que no comprendía nada. Durante los primeros trimestres, el clip le proporcionó un rendimiento trimestral de 100 euros, que compensaba la subida de su hipoteca. Las alarmas se disparan cuando en diciembre de 2008, tras el primer desplome del Euribor, el clip se saldaba con 400 euros en su contra. Así las cosas, pidió la cancelación del producto, solución que le habían ofrecido los propios responsables de la oficina cuando se lo vendieron. Cual fue su sorpresa cuando le exigieron 9.200 euros por la cancelación.

> INVERSIÓN
Lo que la banca no le dice sobre las preferentes
Las entidades ofrecen este producto como un activo seguro, a pesar de que puede generar pérdidas.
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> ESTRATEGIA
Las pedaladas millonarias de JCDecaux
La multinacional gala expande por toda Europa su negocio de alquiler de bicicletas. Ya ha entrado en Australia y prepara el salto a EEUU.
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> LUCES LARGAS
Rendir cuentas es buen gobierno
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>INCLUSIÓN LABORAL
El 'milagro' catalán de la cooperativa Texidors
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> INDUSTRIA ALIMENTARIA
Deslocalización agrícola: ¿un nuevo colonialismo?
Los países ricos buscan asegurarse el suministro de alimentos y biocombustibles con cosechas en países subdesarrollados y ávidos de inversiones. África, en el punto de mira.
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> ANÁLISIS
Las quiebras que necesitamos
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> RECESIÓN
California roza la suspensión de pagos
El descontento se extiende por el Estado más poblado de EEUU, que acumula una deuda de 17.500 millones.
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> APUNTES ECONÓMICOS
¿Es posible cambiar el modelo productivo?

LUIS DE GUINDOS

Los últimos datos de crecimiento de la economía española del primer trimestre, conocidos muy recientemente dicen que, en términos interanuales, el Producto Interior Bruto (PIB) español se contrajo un 3%, el peor registro desde que existen estadísticas de este tipo. Además, si nos fijamos en la tasa intertrimestral anualizada, que adelanta la interanual y que es como se mide la evolución del PIB en otros países, la caída es mucho más profunda y se coloca en el 7,5%. Y, de cualquier modo, habrá que esperar a las sucesivas correcciones que el INE vaya realizando, ya que los indicadores de actividad que se han conocido durante el trimestre ponen de manifiesto caídas mucho más profundas en España que en el resto de la zona euro, que no se reflejan, sin embargo, en los datos comparados de Contabilidad Nacional.

Independientemente de cuáles sean las cifras finales, los datos ya conocidos permiten realizar una serie de consideraciones sobre lo que nos está pasando. Primero, tenemos el derrumbe de la demanda doméstica, tanto en su componente de consumo como de inversión. Además, dentro de la caída generalizada destaca, por su profundidad, la contracción de la inversión en equipo, más de un 18%, que incluso supera al sector que tenía que ser a priori el más afectado, que es la construcción. Los únicos componentes de demanda que aportan oxígeno al crecimiento son el gasto público y el sector exterior, no como consecuencia de la recuperación de la exportación, que cae el 19%, sino del hundimiento de las importaciones.

La contracción del consumo de las familias es consecuencia de la caída de la renta de los hogares, que muestra tasas negativas, y del efecto de la pérdida de riqueza derivada del ajuste inmobiliario y bursátil. A ello seguramente habrá que adicionar la restricción crediticia existente, que es especialmente evidente en la financiación del consumo. Por último, el peor dato de la crisis lo tenemos en el mercado laboral. En términos de contabilidad nacional, se ha destruido empleo a una tasa del 6%, lo que supone más de 1,1 millones de empleos perdidos en un año. Todos estos factores subrayan que España vive el mayor ajuste cíclico de la economía en décadas. La caída de la demanda doméstica ha permitido reducir nuestra necesidad de financiación externa en más de dos puntos y medio del PIB respecto al trimestre anterior, aunque todavía sigue siendo muy elevada -el 8,5%-, lo que avanza que el crecimiento de la demanda doméstica seguirá siendo bastante negativo en los próximos trimestres.

Con estos datos, es posible proyectar que la caída del PIB será este año próxima al cuatro por ciento, y que el ejercicio que viene nos moveremos todavía en tasas negativas, aunque seguramente la aceleración del deterioro se moderará por primera vez en tasas intertrimestrales en el segundo o tercer trimestre de este año. Y en este entorno es donde el Gobierno ha lanzado el mensaje de que va a replantear su política económica con el objetivo de modificar el modelo de crecimiento para hacerlo más «sostenible». Ello surge, fundamentalmente, al hilo de las propuestas del Debate del estado de la Nación, dirigidas a eliminar la deducción a la vivienda en el IRPF, la reducción del impuesto de sociedades para pymes, y el planteamiento de establecer ayudas directas a la compra de automóvil. La idea es reducir el peso de la construcción en el futuro, y rellenar este vacío con sectores más centrados en las energías limpias y en el conocimiento.

La primera parte de la propuesta parece que ya se está dando sin necesidad de medidas adicionales, puesto que la construcción está cayendo a tasas próximas al 10%, con una contracción del empleo de más del 25%. Además, parece curioso que los efectos teóricamente positivos que se pretenden sean por la vía de eliminar la deducción de vivienda dentro de dos años. Da la impresión de que, más que cambiar los incentivos fiscales de forma permanente, lo que el Gobierno busca es generar la urgencia de la compra de la vivienda en los próximos meses para intentar aliviar el enorme stock existente en este momento.

Sin embargo, lo más preocupante del mensaje no es tanto las medidas en sí mismas, que no creo, ni pienso, que el propio Gobierno baraje que vayan a ser determinantes por su impacto. Lo más preocupante es la pretensión subyacente de que el modelo de crecimiento económico de un país desarrollado como España se puede cambiar a golpe de BOE. El debate de los sectores ganadores elegidos por los gobiernos es bastante antiguo y sobrepasado en la actualidad. Además, supone una especie de arrogancia fatal pensar que los gobiernos son los que determinan las actividades de éxito de una economía moderna en el futuro.

El modelo de crecimiento de un país como España viene dado por su dotación de recursos relativa, incluida la calidad de su capital humano; por nuestras ventajas comparativas, por nuestras instituciones, y por la pertenencia a la Unión Europea y Monetaria. Resulta difícil plantear un cambio hacia un modelo basado en el conocimiento, con un sistema educativo mediocre y la tasa de fracaso escolar más elevada de la OCDE. Algo parecido ocurre con el I+D. En un país como España, la construcción y el turismo deberán, además, jugar siempre un papel relevante, ya que resultará imposible crecer a tasas elevadas sin su contribución positiva, independientemente de que haya que evitar la aparición de burbujas cuya explosión posterior deja siempre un rastro de paro y depresión.

Por todo ello, si el Gobierno quiere cambiar nuestro modelo de crecimiento, es necesario que plantee una reforma seria de la educación, y acciones tendentes a eliminar las barreras a la competencia existentes en muchos sectores, lo que permitiría un aumento permanente de la productividad. Sin embargo, este debate, que es muy importante para España, no debería enmascarar el prioritario hoy por hoy; esto es, qué tenemos que hacer para acabar con la sangría económica actual y para poner las bases de una recuperación futura.

luisdeguindos@hotmail.com

> LA QUINTA ESQUINA
El Gobierno y la deducción por adquisición de vivienda

FÉLIX BORNSTEIN

Los beneficios fiscales concedidos a la compra de la vivienda habitual son tan antiguos como nuestra democracia. No es una anécdota, sino una circunstancia cargada de simbolismo real, que su entrada en vigor dentro del IRPF elaborado por el ministro Fernández Ordóñez (el 1 de enero de 1979) se produjera sólo tres días después de que lo hiciera la Constitución. Esta conexión temporal cobraba su mayor significado en un marco jurídico en el que se reconocía el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna (art. 47 CE).

El legislador de la época (bastante más generoso que el actual) estableció una deducción en la cuota del IRPF del 15% de la inversión realizada en vivienda, siendo la base de la deducción la cantidad satisfecha -sin límite alguno- en el período impositivo. Además, de la base del Impuesto podían deducirse (igualmente sin limitación) los intereses de los capitales ajenos empleados en la adquisición de la vivienda. Esta última medida, al revés de lo que ocurre con las deducciones en cuota, reducía gradualmente la progresividad del Impuesto a favor de las rentas más altas. Por supuesto, las peripecias legales de la deducción han sido numerosas en sus 30 años de vida hasta desembocar hoy en un régimen legal mucho más restrictivo que el originario y también muy alejado del que impulsó el ministro Boyer en los años dorados (1986-1991) de «apoyo oficial a la piedra».

La política fiscal no sólo sirve para que la Hacienda Pública recaude más o menos impuestos, o para distribuir entre los ciudadanos su contribución al sostenimiento de los gastos públicos. También es una poderosa herramienta en manos del Gobierno para dirigir la actividad económica de los particulares. Con las deducciones a la compra de vivienda el Estado rompió el principio de neutralidad fiscal y ha estimulado la desviación de la inversión y el ahorro hacia la construcción residencial y el mercado inmobiliario. Por eso no se entiende que los liberales que gobiernan en la Comunidad de Madrid quieran ahora potenciar la deducción abjurando de sus principios.

Los apoyos fiscales a la construcción tuvieron su razón de ser a finales de los años 70, coincidiendo con la recesión que sufría la economía española como consecuencia del shock petrolero, o incluso a mediados de los 80, cuando el proceso de reconversión industrial, con la caída del carbón, el acero y el sector naval, exigía un relevo del testigo en la actividad productiva a favor del sector servicios y el de la construcción. Pero el mantenimiento de las deducciones con carácter estructural y con independencia de la coyuntura económica ha sido un grave error. Porque, en un mercado con una oferta tan rígida (sobre todo en relación con el suelo urbano) como el inmobiliario, las deducciones han presionado sobre la demanda y han distorsionado, al alza, el proceso de formación de los precios. Con la paradoja de que la deducción se ha vuelto en contra de las personas a las que pretendía beneficiar. El Gobierno del PSOE, con todos sus titubeos, va hoy en la dirección correcta. Los partidos políticos deberían aparcar por un momento sus habituales ataques de demagogia y llegar a un acuerdo razonable sobre este tema. No sería muy difícil y todos se lo agradeceríamos.

>JORNADAS
Las tecnologías, clave para renovar el sistema judicial
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> BIENAL DE LA DEPENDENCIA (BIDA)
¿Un negocio sin barreras?
El sector derivado de las personas que necesitan asistencia espera estimular iniciativas laborales, financieras y tecnológicas que compensen la crisis.
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E.HIDALGO
«La Ley carece de suficiente financiación»
Consejera de Asuntos Sociales de la CAM
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> SUBEN LAS MATERIAS PRIMAS
El petróleo también indica un cambio

El crudo responde con subidas a nuevos estímulos de demanda. No obstante, la especulación podría volverse en contra de la recuperación.

J. G. GALLEGO

Las distintas instituciones económicas que llevan casi dos años inundando el mercado de previsiones negativas para el ritmo económico mundial han cambiado oficialmente su discurso. Los brotes verdes empiezan a asomar con más robustez en las grandes economías -España es otro caso- y eso tiene un efecto contundente en el mercado de renta variable.

Esta semana el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, aseguró que se está saliendo de la recesión y que la caída libre de la economía está siendo más controlada. Son palabras que van en línea con las de otros organismos oficiales -BCE, Fed, OCDE y FMI, por ejemplo- y que se refuerzan con buenos datos de clima empresarial y confianza en la zona euro y Estados Unidos.

Con todo ello, las Bolsas pueden permitirse algunos lujos casi impensables hace sólo unos meses. Por ejemplo, mantenerse en positivo en 2009, fijar un sólido suelo que parece difícil de romper y seguir dando alegrías a los inversores en forma de leves pero continuas revalorizaciones. Así, el Ibex culminó una semana más en positivo, en los 9.424 puntos que le acercan a los máximos del año logrados en enero.

Sin embargo, la semana deja también espacio a la incertidumbre: la que genera la evolución al alza del crudo y, sobre todo, el Euribor, que el viernes cerró en el 1,631%. Ambos casos son consecuencia de una mejora de las perspectivas macroeconómicas y suponen, teóricamente, una nueva noticia positiva para el mercado.

Sin embargo, el encarecimiento del precio del petróleo puede tener un efecto perverso en el consumo, sobre todo en España, donde la recuperación está más lejos que en la media europea y cuya dependencia energética la hace especialmente vulnerable a las oscilaciones del petróleo. Además, desde la propia OPEP reconocen que el encarecimiento del oro negro se está debiendo especialmente a la especulación, con lo que aumenta el riesgo de crear una nueva burbuja que sería contraproducente para la reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque el crudo tiene un fuerte peso en la inflación, y en el caso de que ésta subiera con creces (algo para lo que todavía hay mucho margen), podría obligar al BCE a elevar el precio del dinero. Hay que recordar que la institución que preside Jean-Claude Trichet tiene como principal objetivo mantener la estabilidad de precios.

Respecto a la subida puntual del Euribor, el indicador está respondiendo al aumento del tipo a un día que sirve de referencia para los prestamos entre los bancos (Eonia), que en apenas dos semanas ha pasado del 0,5% al 1,1%. Esto se debe en parte a la menor capacidad de los bancos de obtener financiación en el BCE presentando colaterales, sobre los que ahora se les aplica un haircut (la parte que guarda la institución como garantía y que no se convierte en liquidez) más elevado.

En cualquier caso, la tendencia del Euribor seguirá siendo bajista para situarse definitivamente en torno al 1,4%. El cierre del mes de mayo (1,644%) significa el octavo mes consecutivo de descensos y un nuevo mínimo histórico en su tasa mensual.

> EL VALOR DE LA SEMANA

Gamesa reconoce que se enfrenta a un año duro
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> DE COMPRAS POR LA BOLSA
Las preferentes, más riesgo y menos atractivo que la Bolsa

CARMEN RAMOS

Hoy comenzamos haciendo referencia a las emisiones de preferentes, ya que están creando mucha polémica. Una de las opciones que tienen las entidades financieras para captar dinero y reforzar su capital es emitir participaciones preferentes. Desde febrero un buen número de bancos y cajas están utilizando esta vía de financiación, ya que para mantener sus ratios de solvencia intentan compensar el aumento de morosidad con incrementos de capital.

Las entidades las están ofreciendo a sus clientes como alternativa a los depósitos, ya que la caída del Euribor ha provocado que la rentabilidad de éstos haya caído en picado. Pero, como textualmente dice la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), «se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido». Es decir que el inversor debe conocer la letra pequeña, los pros y los contras, antes de suscribirlas.

El principal atractivo, el gancho, es el tipo de interés que ofrecen. Cada entidad plantea unas condiciones pero, en general, ofrecen un interés fijo durante unos años y luego el Euribor más un porcentaje. Para que se hagan una idea, de las emisiones emitidas en lo que va de año, Caja España ofrece el 8,25% los cuatro primeros años y después el Euribor trimestral más un 7,25%. Una verdadera barbaridad que lo único que refleja es que necesita urgentemente captar capital. En cuanto a los contras, hay que enumerar varios. En primer lugar, esa rentabilidad no está garantizada, sino supeditada a que la entidad tenga beneficios. Si un año entra en pérdidas no abonará los intereses y, como no son acumulativos, no se recuperarán cuando vuelva a beneficios. En segundo, si la entidad quebrase, los tenedores de estos activos serían de los últimos en cobrar, sólo por delante de los accionistas. La verdad es que este supuesto es difícil que se dé, ya que el Banco de España sería el primero en salvaguardar la viabilidad de la entidad y promover su fusión o adquisición. Pero, tal vez, el aspecto más negativo es que tienen carácter perpetuo, es decir que el banco o la caja tienen la opción de rescatarlas pasados unos años, pero no la obligación. De manera que si no se lleva a cabo esa amortización, o bien el inversor necesita ese dinero en un momento dado, ha de venderlas en el mercado secundario de renta fija, el AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos financieros). Se trata de un mercado poco líquido y lo normal es vender las preferentes por un precio muy inferior al de compra. En el caso de querer venderlas al día siguiente de su compra se puede perder un 30% o un 40% de su precio.

Llegados a este punto, se darán cuenta de que nadie da duros a tres pesetas y que no se debe considerar a las preferentes como un chollo, sino como una inversión difícil de recuperar y con riesgo. Ante la avalancha de emisiones de preferentes, la CNMV lleva meses advirtiendo de estos riesgos, pero debería obligar a las entidades a incluir esas advertencias, con letra grande y clara, en el contrato que deben firmar los posibles suscriptores.

Al margen de esto, hay que considerar que en nuestro mercado bursátil hay valores sólidos que en este momento ofrecen, vía dividendos, una rentabilidad igual o superior, y que además no los van a bajar de golpe porque su filosofía es mimar al accionista a través de esta remuneración. Paralelamente, y con una perspectiva de cinco años, que es la que suelen fijar las entidades para dar la opción de amortizar, el potencial de subida de las acciones es elevado y, por supuesto, podrá vender su inversión cuando quiera.

En cuanto a la Bolsa, hay que celebrar que el Ibex 35 ha cerrado mayo con un avance del 4,27% y ya son tres meses de subida. Sin embargo, no hay que echar las campanas al vuelo, ya que para que siga avanzando, los datos económicos de Estados Unidos tienen que tirar de Wall Street y éstos aún muestran muchas sombras. No esperamos recortes significativos en los índices, pero pueden aminorar el paso o tomarse un descanso.

Mapfre ganó en el primer trimestre 287 millones de euros, un 0,2% más que un año antes, pero aumentó en 266 millones sus fondos propios y amortizó anticipadamente 550 millones de un préstamo puente de 1.000 millones. Estima pagar el resto este año, ya que está paliando la caída del negocio doméstico con el aumento de la actividad internacional. Sus títulos han caído por los descensos generalizados y el varapalo a sus homólogas europeas, pero poco a poco se irán recuperando.

El análisis

Esta semana la Comisión Europea presentó el nuevo modelo de supervisión financiera de la UE que persigue equiparar y reforzar los sistemas de inspección nacionales de bancos, aseguradoras y mercados de valores para evitar que la falta de control conduzca a nuevas crisis. Además, destacó la publicación de los indicadores de confianza de la Eurozona, tanto del consumidor como de las empresas, que en términos generales mejoraron. Por otro lado, el precio del petróleo siguió al alza tras la decisión de la OPEP de mantener su cota de producción en 24,8 millones de barriles diarios.

En España los precios de producción cayeron en abril un 3,4% interanual (-2,4% en marzo), más de lo previsto. La variación interanual del IPCA bajó en mayo seis décimas, hasta -0,8%, según los datos del IPC adelantado de mayo del INE. Las ventas al por menor reales y ajustadas de días de calendario de abril cayeron más de lo previsto, un 8,4% interanual (-8,2% anterior). Los visados de vivienda de marzo mostraron una ralentización del ritmo de caída (de -60% a -53%).

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¿Cuánto empleo genera el modelo de I+D+i?

La fórmula de crecimiento basada en la innovación incrementa notablemente la productividad, pero está enfocada hacia el valor añadido y no a la mano de obra... ¿Qué capacidad tiene para crear trabajo de forma masiva?

TINO FERNÁNDEZ

En los últimos años hemos sacado provecho de un modelo productivo apoyado en sectores intensivos en mano de obra -no muy cualificada- y que tampoco ha premiado precisamente la productividad.

Pero la fórmula parece agotada y casi nadie pone en duda ya la necesidad de contar con un nuevo modelo basado en la economía del conocimiento que contemple ésta como una variable del crecimiento y como un factor productivo.

Javier Segura, director del servicio de estudios de Caixa Catalunya, cree que el cambio de modelo «debe de estar impulsado por motores sólidos que tengan que ver con el aumento de la productividad y la eficiencia», mientras que Pablo Vázquez, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), sostiene que el cambio debe comenzar por la transformación de las reglas de juego del mercado laboral, y sólo después de esta reforma se podrá hablar de nuevos sectores: «Ahora contamos con un capital humano y unas reglas determinadas, y con eso sólo nos pueden salir determinadas cosas. Podemos montar siete grandes laboratorios de ingeniería genética, pero no tendremos ingenieros para llenarlos». Vázquez añade algunos problemas que tienen que ver con la formación, la cualificación y, cómo no, con las carencias de un sistema educativo que no prepara a las generaciones futuras para las exigencias del mercado laboral. Se refiere a «las altas tasas de fracaso escolar, o al hecho de que nuestra población joven esté sobrecualificada para las tareas que luego realiza efectivamente».

El director ejecutivo de Fedea explica que el nuevo modelo productivo supone reasignar tareas. «Lo que antes hacíamos en vivienda debe pasar ahora a otros sectores, pero para ello necesitamos capital humano y condiciones para que ocurra. En los últimos años se nos han ido profesionales muy cualificados porque no premiábamos la productividad, y nuestro modelo económico debe hacerse atractivo para el capital humano».

Sostenible

La nueva fórmula no puede compararse a lo que había hasta ahora. Juan Antonio Raga, director del Parque Científico de la Universidad de Valencia, explica que «lo que debe caracterizar a esta economía del conocimiento es la sostenibilidad», y coincide con los planteamientos expuestos esta semana por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, para quien el nuevo modelo de crecimiento económico «ha de ser sostenible económicamente a medio y largo plazo, y debe incorporar más conocimiento y hacer de la innovación y la investigación actividades sistemáticas».

Milagros Rivas, directora de Estrategia e Innovación de Acciona, considera que innovación y crisis no están reñidas, y recuerda el ejemplo de DuPont, cuando en 1930 descubrió el neopreno en un escenario de recesión profunda, y decidió invertir en I+D para desarrollar su hallazgo: «Hasta 1937 no lograron comercializarlo, pero es una muestra de lo que supone no abandonar la innovación en tiempos de crisis». Rivas añade que «la I+D no será un fin, sino un elemento de mejora de la balanza comercial, y de incremento de puestos de trabajo de alto valor añadido», y añade que la clave es pasar de una estrategia de costes a una idea de productos diferenciados y a medida. Por su parte, Segura cree que tener un modelo económico basado en la I+D+i «es llegar a una fórmula en la que no se puede hablar tanto de generación de empleo como de productividad».

Pablo Vázquez afirma que «el nuevo modelo económico va a exigir menos trabajadores, y el problema será recolocar a la gente que ahora no tiene una ocupación clara», mientras que María Jesús Fernández, analista del Gabinete de Coyuntura y Estadística de Funcas, explica que «las novedades tecnológicas suponen forzosamente eliminar mano de obra, algo que se suele asociar con la pérdida de puestos de trabajo, aunque eso es tener una visión corta del fenómeno: los niveles superiores de productividad conducen a la generación de empleo».

Necesidades de trabajo

Para Juan Antonio Raga, «puede que el nuevo modelo de innovación no tenga impacto laboral a corto plazo, pero sí puede ser el impulsor de cambios que generen importantes ofertas de empleo a largo plazo». Raga cree que la planificación es básica, y que los resultados se podrán medir por décadas.

Javier Segura sostiene que «en el nuevo escenario basado en la innovación se tiende a que el crecimiento venga por el valor añadido, y los efectos sobre la ocupación sean menores. Con unas bases más sólidas de crecimiento, este cambio de dimensión generará necesidades de empleo ligadas a los servicios personales o a un aumento del sector terciario». Basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística, Segura recuerda que «la ocupación equivalente a tiempo completo en actividades de I+D ha pasado de unas 100.000 personas en 1998 a 200.000 en 2007, aumentando su peso sobre el total del 0,7% al 1,1% en el mismo período", y añade que "en torno a un 20% del empleo empresarial en I+D se concentra en actividades relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación».

El director del servicio de estudios de Caixa Catalunya concluye que «las medidas apuntan hacia el camino correcto, pero el retraso comparativo con países de nuestro entorno es grande, y serán necesarios capital y mano de obra cualificada. Si el cambio de modelo resulta exitoso puede generar un volumen notable de puestos de trabajo, aunque insuficientes para compensar en el corto y medio plazo la destrucción de otras actividades menos competitivas».

Por su parte, Juan Antonio Raga destaca el papel que juegan en España los parques científicos y tecnológicos -el de la Universidad de Valencia es un vivero de 23 empresas, de las que 9 son spinoff-, y explica que en el último decenio han facilitado 100.000 puestos de trabajo.

Raga subraya la importancia de trasladar la investigación al mundo real, y cita las TIC, la biotecnología, el medio ambiente o la industria aeroespacial como focos de este nuevo modelo de crecimiento, sin olvidar la necesidad de proyectos en áreas hasta ahora inéditas, como la psicología o la tecnolingüística.

Milagros Rivas se refiere al sector de las energías renovables, y asegura que éste genera en España 74.000 empleos directos y el doble de indirectos. La directora de Estrategia e Innovación de Acciona añade que si las renovables proporcionaran el 20% de la energía de la UE en 2020, esto crearía 2,8 millones de nuevos empleos y supondría 131.000 millones de euros en valor añadido.

También cita al sector eólico -que aportó en España 37.000 nuevos empleos en 2007- o las estrategias de eficiencia energética: Un estudio del estado de California y la Universidad de Berkeley sostiene que un 1,4% de bajada en el consumo energético y un 11,4% de reducción de las emisiones supondría la creación de 181.000 puestos de trabajo.

Ingenieros: Una metáfora del cambioLas necesidades, problemas y soluciones de determinadas profesiones que tienen que ver con la innovación muestran el camino que todos debemos recorrer en la implantación de un nuevo modelo económico.

Así, la escasez de ingenieros tiene que ver con los altos niveles de exigencia de esta carrera influida por una sociedad fácil, en un entorno poco riguroso, en el que el esfuerzo no tiene el reconocimiento que debería. Estas carreras no resultan atractivas para una buena parte de los jóvenes, porque estos buscan el resultado fácil y a corto plazo.

La escasez de profesionales técnicos se relaciona asimismo con las carencias de un sistema educativo en el que prima el 'facilismo'.

Manuel Acero, presidente del Instituto de Ingeniería de España, explica que los alumnos de Primaria y Secundaria en nuestro país «están desconectados de los conceptos de análisis y razonamiento. Cuando se enfrentan con la Universidad presentan limitaciones importantes de partida para acceder a las carreras técnicas». Y Jesús Rodríguez Cortezo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, piensa que la disminución de afluencia de alumnos a las escuelas de Ingeniería se debe a que «vivimos en una sociedad que desprestigia los criterios de excelencia».

La necesidad de ingenieros habla también de una vuelta a la economía real, y de la voluntad creciente de esquivar un patrón de crecimiento basado en servicios de poco valor añadido. Si no hay ingenieros suficientes, las empresas no podrán dedicar recursos a la innovación, y esto repercutirá en un PIB más bajo respecto a otros países. Y el PIB está relacionado con la riqueza del país y con la tasa de desempleo.

La gente identificará a las compañías que ofrecen un producto tangible, y las soluciones pasan por dejar de apostar por un modelo de crecimiento que no garantiza la competitividad y menosprecia la industria. No hay países de servicios, porque éstos se financian con cosas que se tocan, que se producen en las fábricas, y no podemos basarnos sólo en servicios turísticos y en construcción. Para cambiar, debemos centrarnos en un modelo basado en la productividad, en la industria y en el valor añadido.

Expectativas a la baja para los investigadoresLos jóvenes investigadores que trabajan en España otorgan, por cuarto año consecutivo, un suspenso al sistema de I+D+i nacional y le dan una valoración de 4,3 puntos sobre 10, frente a los 5,9 puntos que otorgan los españoles que trabajan en el extranjero.

Según el índice Innovacef, elaborado por el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, en colaboración con la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios y el Sistema Español de Comunicación para Investigadores en el exterior (RedIEX), el 58% de los científicos españoles que desarrollan su actividad en el extranjero (EX) considera que se obtendrán productos y procesos nuevos o mejorados de sus proyectos de I+D+i, en comparación con el 44 % de los investigadores que trabajan en España (ES), que piensan que esto será posible.

Uno de los valores que más ha caído en el índice Innovacef de 2009 en comparación con años anteriores es el de las expectativas favorables a la contratación (33%), que ha descendido un 10% respecto a 2008. Este decrecimiento está afectando a todas las tipologías de personal investigador, y se trata además de un dato que indica que no se ha logrado modificar la estructura de contratación científica en España. Por ello, es bastante probable que se continúe contratando a investigadores predoctorales, que por un menor salario seguirán efectuando el trabajo de sus antecesores hasta convertirse en doctores.

Sólo el 23% de los 'ES' está recibiendo o va a recibir a corto plazo formación frente a un 64% de los 'EX', mientras que un 55% de los 'EX' frente a un 39% de los 'ES' asegura que sus resultados ya han mejorado la competitividad de las organizaciones.

Para el 20% de los 'EX' esta competitividad ya se ha convertido en beneficios económicos para su organización, mientras que sólo un 11% de los 'ES' se muestra convencido de ello, y el 85% de los 'EX' y el 63% de los 'ES' está de acuerdo con la financiación que recibe, aunque piensan que sería conveniente percibir una mayor cantidad de recursos económicos en función de los fines conseguidos.

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Sobrevivir a un despido colectivo
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Rajoy en la masía de Lara con el sueño del triplete

El presidente del PP viaja cada mes a Cataluña, la autonomía que fue su tumba electoral en 2008, y está intentando ganarse el respeto de sus VIP. Por eso ha aceptado ir este fin de semana al bodorrio de la hija del presidente de Planeta, José Manuel Lara. Su reto es ganar las europeas, las municipales y las generales. Y para eso necesita que CiU quede en sus manos a partir de 2010

CARLOS SEGOVIA

La campaña electoral va pasando factura y Mariano Rajoy aterrizó en Barcelona el pasado viernes con una congestión de la que sólo le libraron 600 gramos de ibuprofeno. Tenía que recuperarse porque cualquier cita en Cataluña es importante. Fue su tumba electoral en 2008 y la posible tabla de salvación si le sale bien su sueño de imitar el triplete de Pep Guardiola en el Barça: ganar bien la Copa del Rey de las europeas el próximo domingo, la Liga de las municipales de 2011 y, por fin, la Champions de las generales de 2012 si el paro no adelanta el calendario.

Por eso aceptó también la invitación del presidente del grupo Planeta y relevante VIP de la clase empresarial catalana, José Manuel Lara. Éste tenía previsto celebrar anoche el bodorrio de su hija en una masía que posee en el bajo Ampurdán.

Lara fue uno de los empresarios reclutados en 2005 por Pasqual Maragall para apoyar el Estatut catalán -recurrido por Rajoy ante el Constitucional- y exhibe poder de convocatoria. Invitó a la boda a la crème de Cataluña, incluida media Caixa, a José Montilla, y a parte de los VIP del Estado, incluido Mariano, que necesita ganarse el respeto de no sólo los votantes, sino de la alta clase empresarial y financiera catalana. El líder del PP tiene un sueño catalán. Artur Mas, el líder de CiU, dispone ya de encuestas que le dicen que ganará las elecciones catalanas de 2010, pero sin mayoría absoluta. La mayoría necesaria para gobernar se la puede dar la decena de diputados del PP. «Si CiU queda en nuestras manos en Cataluña, el panorama político en España dará un vuelco», afirman en el entorno de Rajoy.

Ese escenario no era descartado el pasado viernes en Sitges, donde el líder del PP acudió a su cita anual con la influyente asociación catalana del Círculo de Economía. Por eso y por la suavización de su discurso no encontró un ambiente tan hostil como hace tres años. Fue cuando el líder del PP arremetía contra el Estatut y la OPA de Gas Natural dando alas, en opinión de los VIP catalanes, a Esquerra Republicana. Tanto es así que Lara, entonces presidente del Círculo de Economía, se sentó con él antes de la conferencia para romper el hielo. Fue entonces cuando Rajoy le preguntó -gamberro él- a Lara por qué teniendo La Razón había comprado el diario Avui. «Mira Mariano, es que en Cataluña está bien visto tener querida, aunque sea gorda y fea», bromeó el socarrón presidente de Planeta distendiendo el ambiente.

Ya no es como entonces, pero Rajoy sigue sin recibir entusiasmos. Da la impresión en Cataluña de que o te integras en el régimen o no eres nadie. Fue llamativo escuchar el viernes al presidente de Vueling, Josep Piqué, felicitar en público a Montilla por su «coraje» al plantear la necesidad de reformas económicas. El mismo Montilla que no pudo evitar volver a presumir de «la notable empresa que ha creado Gas Natural con Unión Fenosa». «Dios mío, Montilla defendiendo otra vez a Gas Natural, mejor que no diga más», debió de pensar Salvador Gabarró, presidente de la gasista catalana, escaldado por la fallida compra de Endesa. Fenosa no será Endesa, pero la gasista es ahora suministrador clave de gas y electricidad en Madrid y La Caixa está intentando quitar cuota de mercado a Caja Madrid en su terreno.

Cataluña tiene poder económico y sobre todo electoral, y Zapatero lo olfateó como nadie el miércoles al sobreactuar como un forofo celebrando los goles del Barça. Rajoy hizo el viernes lo que pudo y en sus primeras palabras en Sitges bromeó asegurando que en época de crisis «el Barça es el mejor antidepresivo».

Ni mencionó el Estatut ni la financiación autonómica y afirmó que «la unidad de mercado no se puede imponer, aunque sí se puede hablar». Rajoy viaja cada mes a Cataluña. Su jefe de gabinete es catalán, el diputado Jorge Moragas, y va rompiendo el cordón sanitario que tenía alrededor.

Pero no hay que engañarse, el PP sigue siendo testimonial en un territorio en que el PSC de Montilla aporta 25 diputados a Las Cortes, 18 más que los populares catalanes. «Yo no veo un pacto CiU-PP. El último que hicieron a principios de esta década llevó a CiU a la oposición más absoluta», sostiene un importante presidente de empresa catalán. «CiU tendrá dos opciones para gobernar, pactar con el PP o con el PSC. La mejor decisión es acertar y pactar con el que gobierne o vaya a gobernar en Madrid. Si a Zapatero se le ve ya como a Felipe González en 1994, lo mejor es ir tendiendo puentes con el PP», sostiene un influyente empresario convergent.

Rajoy acertó al plantear a los empresarios que el nuevo modelo económico que pregona Zapatero es, de momento, markéting, y que suena a economía planificada y que, en cambio, lo relevante es solucionar el problema del sector financiero. Tampoco hay que olvidar que el poder financiero catalán está lejos ideológicamente de Montilla, aunque no lo desafíe. El poderoso director general de La Caixa, Juan María Nin, descolocó en Sitges a Artur Mas al emplazarle a defender la enseñanza concertada y obligándole a pronunciarse sobre si de verdad cree que los niños y las niñas deben seguir estudiando juntos en los colegios.

Rajoy tiene encuestas que le dan, como mínimo, cinco puntos por encima del PSOE el próximo domingo y prevé una victoria más amplia, aunque se huele ataques socialistas de última hora y ha ordenado a su equipo que haga un barrido de posibilidades, incluida alguna filtración de Rubalcaba sobre las finanzas del partido. Cataluña no será tan clave el 7-J, pero lo será en otros procesos electorales. Por eso no le queda otra a Rajoy que tener gestos como el presidente de Indra, Javier Monzón, que patrocina al Círculo de Economía, da poder en su empresa a los hijos de Jordi Pujol y ha lucido en Sitges una corbata del Barça. Pero nadie como Zapatero, que propinó a Guardiola un abrazo que roza lo tolerable por Sonsoles. ¿Ganará el triplete Rajoy? De momento, ojo, que Lara es del Espanyol.

La efeméride Todó afronta las curvas

El máximo ejecutivo de Caixa Catalunya cumple 16 meses en el cargo con una alta responsabilidad. Estaba cómodo en Caixa Manresa disfrutando de su gran afición al motociclismo, y fue precisamente el campeón Carlos Checa el que le animó a ser audaz y subirse a la moto de la caja que preside Narcís Serra. Ya en el circuito, Caixa Catalunya es la caja española de mayor tamaño que más necesita parar en boxes, según las agencias de calificación. En este primer año, Todó ha rejuvenecido a los mecánicos de la caja, ha intentado volver a la ortodoxia y ha hecho operaciones de las de ganarse el pan, como la de vender Abertis a un precio del doble de la cotización actual con 500 millones de plusvalías. Pero continúan las curvas y todo apunta que la caja será una de las que tendrá que integrarse con otra para sobrevivir. Su labor tendrá que ser adecentar la caja para que pueda elegir novia, y no sufrir un matrimonio impuesto. Habrá que ver qué margen deja José Montilla para que las fusiones no sean políticas, sino racionales.

El personaje Polémica Sáenz-Gómez Navarro

Alfredo Sáenz, máximo ejecutivo del Santander, se atrevió en el Círculo de Economía en Sitges a mojarse en tres preguntas que, según él mismo, nunca hay que responder. ¿Cómo evolucionarán los tipos de interés en el periodo 2009-2011? «Habrá una subida brusca, los actuales tipos son insostenibles». ¿Y el tipo de cambio? «EEUU está haciendo más rápido su ajuste y el dólar se apreciará». ¿Y la Bolsa? «No subirá mucho. Cuando se produzca la recuperación será débil. No saldremos a una autovía con cinco carriles, sino a una carretera con baches». Su receta es hacer el ajuste cuanto antes con más ahorro y menos créditos. El ex ministro socialista Javier Gómez-Navarrro le reprochó «falta total de sensibilidad social». El choque entre el ejecutivo mejor pagado de España y el presidente del Consejo Superior de Cámaras es creciente. A Sáenz le parece demagógico que Gómez-Navarro haga encuestas quincenales sobre la presunta usura de la banca y el socialista critica a la banca por mantener el grifo tan cerrado.

Para seguir' Filantropía municipal' de FCC

Coincidió que dos mecenas aparecieron en público en Madrid el pasado martes. Por un lado, el fundador de Microsoft, Bill Gates, que fue recibido por Zapatero en Moncloa. Por otro, la presidenta de FCC, Esther Koplowitz -en la imagen-, que mantuvo su tradicional encuentro informal con periodistas. Koplowitz ha donado 100 millones a la fundación humanitaria que lleva su nombre y es una de las grandes mecenas europeas. El problema es que no tiene otro remedio que ser también mecenas con los ayuntamientos españoles. El grupo de servicios FCC, que Koplowitz controla, incluye una pujante división de recogida de basuras a la que los municipios deben la friolera de 1.056 millones desde hace años con amparo del insólito marco legal español, que no permite ni rescindir contratos a los alcaldes morosos. Zapatero, en vez de cambiarlo, ha optado por dar avales para que los municipios paguen deudas. FCC se beneficiará, pero seguro que, como tantas empresas españolas, tendrá que mantener filantropía municipal.

carlos.segovia@elmundo.es