La hija de Chaves gestionó y firmó las ayudas de su padre

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La gestión
La hija de Chaves gestionó y firmó las ayudas de su padre

Solchaga y Recio asesoraron a la firma canadiense / Rajoy exige al vicepresidente que dé explicaciones en el Congreso

MANUEL MARÍA BECERRO/Sevilla

Paula Chaves Iborra, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, intervino directamente en la tramitación administrativa del expediente por el que la Junta de Andalucía concedió más de 10 millones de euros a la empresa de la que es apoderada.

Esa multimillonaria ayuda fue ratificada por la Junta en un Consejo de Gobierno que presidió Manuel Chaves, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse. Rajoy le exige explicaciones.

En el expediente de la subvención a la sociedad Minas de Aguas Teñidas (Matsa) se puede comprobar no sólo que las comunicaciones previas a la concesión del incentivo iban dirigidas personalmente a Paula Chaves, sino que fue ella quien puso su firma para dar la conformidad de la empresa (el 23 de febrero de 2009) aceptando la ayuda que había rubricado en enero su padre como presidente de Andalucía.

Como resulta evidente que esa responsabilidad extralimita las funciones propias de una abogada vinculada laboralmente al departamento jurídico de la multinacional minera canadiense, la versión oficial del vicepresidente Chaves y de la Junta de Andalucía ha tenido que ser la de negar la mayor: que Paula Chaves no ha tenido la más mínima intervención en el asunto.

El pasado martes, en el Senado, Manuel Chaves subrayó que «no me constó ni me consta hoy» que su hija «hubiera tenido nada que ver con ese expediente». Por la mañana, Manuel Pérez Yruela, portavoz del Gobierno andaluz, aseguró también que Paula Chaves «no ha tenido que ver nada con la tramitación» y que no fue la «responsable» del expediente.

¿Por qué esta insistencia? Lo que se quería descartar de raíz era la posibilidad de que el actual vicepresidente Chaves hubiera vulnerado en enero la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, que establece que el presidente autonómico debe inhibirse en cualquier asunto que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración «hubiese tenido alguna parte» cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil.

El problema es que su hija sí tuvo parte en este asunto. En la escritura de apoderamiento, publicada en el Registro Mercantil de Huelva, figura entre las facultades conferidas a Paula Chaves la de «dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, así como cualquier otro acto para el cual no sea necesaria la asistencia de abogado y/o procurador», que es el caso de la comunicación de la concesión de una ayuda de la Junta.

La empresa retrotrae el momento en que ésta empezó a participar directamente en «la gestión y tramitación de incentivos y ayudas» al 2 de julio de 2007, lo que supondría su implicación desde el primer momento en este expediente que terminó con la concesión de los casi 10,1 millones de euros, ya que la solicitud de esta ayuda es de tres meses más tarde: octubre de 2007.

Según la versión de Matsa y el Registro Mercantil, Paula Chaves participó en el expediente desde el principio y era quien -por un apoderamiento especial- recibía las comunicaciones de la Junta y tenía que dar su conformidad a la ayuda que se concedió con la rúbrica de su padre.

El Gobierno andaluz dice lo contrario: que el ex presidente no violó la ley. El portavoz del Ejecutivo regional, Pérez Yruela, aboga por una interpretación menos estricta del artículo 7 de esa norma. «Si se hace una interpretación muy extensa del artículo, casi nadie que tenga relación con un alto cargo podría entonces solicitar nada», ha señalado.

Nadie ha negado a Matsa el derecho a solicitar o percibir las ayudas porque tenga a la hija de Chaves empleada o por concederla poderes especiales antes de finalizar el expediente. A lo que obligaba la Ley de Incompatibilidades es a que Manuel Chaves se inhibiera en la aprobación final de la ayuda, por consanguinidad.

Como ha publicado EL MUNDO, después de la inscripción de Paula Chaves como apoderada de Matsa en noviembre de 2008, el Gobierno andaluz elevó su propuesta de incentivo, incrementándose de 6,9 a casi 10,1 millones.

Un mes antes de la concesión, la Junta alteró también una orden autonómica para poder subvencionar los proyectos «de transformación» de mineral -como el de Matsa- y no sólo los de industrias extractivas. Sin ese cambio, Chaves habría tenido que denegar la ayuda, como hizo el Ministerio de Industria.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La gestión
El ex ministro socialista Solchaga no aclara si intermedió en la subvención

El PP cree que su despacho medió a favor de la empresa

ANTONIO SALVADOR/Sevilla

El ex ministro socialista Carlos Solchaga se negó ayer a aclarar si su despacho medió para que la empresa Minas de Aguas Teñidas SAU lograra por parte de la Junta de Andalucía una millonaria subvención que el Ministerio de Industria le había denegado nueve meses antes.

El PP andaluz tiene el convencimiento de que Solchaga, a través de Recio & Asociados -codirigido por José Aureliano Recio, ex consejero del Gobierno andaluz-, ha participado en la tramitación de la ayuda de 10,1 millones, aunque reconoció que carece de «constancia documental».

Sea como fuere, el presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, exigió ayer que se aclare si, como informó el martes el diario Abc, los dos ex altos cargos socialistas mediaron a favor de la empresa que apodera la hija del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, para conseguir la subvención. «Me gustaría que se aclarara que no es así, pero me llega multitud de informaciones, así que lo dejo en interrogantes», aseguró Arenas.

Ni Solchaga ni Recio quisieron confirmar ayer esta noticia. A preguntas de EL MUNDO, el ex ministro contestó a través de su secretaria que «no tenía nada que decir», mientras que Recio colgó el teléfono a este redactor apenas se presentó: «Vale, pues hasta luego».

Como viene informando este periódico, la Junta -a través de la agencia Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa- concedió el pasado 20 de enero un incentivo de 10.093.472,70 euros a Minas de Aguas Teñidas. Manuel Chaves, entonces presidente del Ejecutivo andaluz, no se inhibió pese a que su hija Paula era apoderada de esta firma, controlada por la canadiense Iberian Minerals Corp.

Las gestiones que habría realizado el despacho Solchaga, Recio & Asociados ante la Administración andaluza resultaron exitosas después de que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras -dependiente del Ministerio de Industria- le hubiera denegado meses antes una ayuda de 6,93 millones de euros para este mismo proyecto industrial en la comarca onubense del Andévalo.

Solchaga y Recio se conocieron en Bilbao en 1975, recién estrenada su afiliación al PSOE. El primero ejercía como jefe del servicio de estudios del entonces Banco de Vizcaya (hoy BBVA), mientras que su socio actual trabajaba como abogado laboralista para Renault. Años después, Recio actuaría como hombre de confianza del navarro en el polémico consejo del BBV.

Solchaga fue ministro con Felipe González entre 1982 y 1993, en las carteras de Industria y de Economía. José Aureliano Recio, por su parte, tuvo altas responsabilidades en el Ejecutivo andaluz durante los gobiernos de Plácido Fernández Viagas y José Rodríguez de la Borbolla

Antes críticas, ahora elogios

JAVIER PONS

Los alcaldes y portavoces del PSOE de los municipios del entorno de la Mina de Aguas Teñidas (Almonaster, Huelva) salieron ayer en defensa de la subvención otorgada por Manuel Chaves de 10,1 millones de euros a la empresa Matsa, de la que es apoderada su hija Paula Chaves, a la que calificaron de «trabajadora ejemplar».

Hace menos de un mes, sin embargo, estos mismos dirigentes socialistas criticaban abiertamente a Matsa por su política de contratación, aludiendo a que apenas se estaba contratando a vecinos de la zona y casi todos los contratados eran «de fuera», como la hija de Chaves.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Las reacciones
Rajoy exige que Chaves se explique en Las Cortes

Javier Arenas pedirá una comisión de investigación en el Parlamento andaluz

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA/Bilbao

Hasta ayer, Mariano Rajoy había dejado que fueran otros dirigentes de su partido quienes arremetieran contra Manuel Chaves por la polémica de la millonaria subvención otorgada desde la presidencia de la Junta de Andalucía a una empresa apoderada por su hija. Pero en Bilbao, y en el sexto día de campaña electoral, el presidente del PP tomó la batuta para exigir «explicaciones» al actual vicepresidente tercero del Gobierno.

«Un medio de comunicación», dijo, «ha dado a conocer que el que era presidente de Andalucía y hoy es vicepresidente tercero del Gobierno ha dado una subvención de 10 millones de euros, después de modificar la normativa, para apoyar a una empresa de la que es apoderada su hija. Esto merece una explicación», afirmó. «Vivimos en un régimen parlamentario. Chaves tiene que ir a las Cortes a explicar esto, como ocurre en cualquier democracia avanzada y normal». Rajoy advirtió de que el PP no va a abdicar de esta exigencia por más largas que pueda dar el Ejecutivo. «Este partido no abandonará este tema ni aceptará que el mero transcurso del tiempo lo deje en el baúl de los recuerdos», dijo.

Por último, blandió contra el Ejecutivo socialista el Código de Buen Gobierno, aprobado en su primera legislatura: «El Gobierno debe dar una explicación y decir si ese código ético que ha pregonado, del que tanto ha blasonado y presumido, permite que una persona dé una subvención de 10 millones de euros a una empresa en la que trabaja un familiar tan directo».

Mientras tanto, en Andalucía, Javier Arenas anunció que su partido pedirá de manera inmediata en el Parlamento autonómico una comisión de investigación sobre la polémica subvención.

El presidente del PP andaluz indicó que va a constituir una «prueba de fuego» para el nuevo presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ya que se podrá comprobar «si asistimos de verdad a un nuevo tiempo», como anunció en su investidura, informa Manuel María Becerro.

Conviene recordar que Manuel Chaves se destacó por impedir sistemáticamente la creación de comisiones de investigación en la Cámara autonómica desde 1996.

A juicio del líder del PP andaluz, está «más que justificada» esa comisión de investigación para conocer si se han producido «cambios de normas ad hoc en función de una empresa» y una «violación de leyes al más alto nivel en Andalucía».

Por su parte, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, denunció que Chaves ha considerado la Junta «como una empresa familiar» y ha «vuelto a ser pillado en un auténtico escándalo político a nivel nacional».

Las reacciones

>El consejero andaluz Martín Soler achacó la polémica a la «actitud ruin e indecente» del PP, que «quiere destruir» al ex presidente de la Junta «utilizando a sus hijas».

>IU. El coordinador de IULV-CA, Diego Valderas, aseguró que el caso de la hija de Chaves es «un escándalo con letras mayúsculas».

>Jáuregui. El 'número dos' de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, considera que este caso no tendrá «más recorrido», como sí lo tendrán, dijo, «los escándalos que sacuden al PP».

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA
«Todo padre quiere lo mejor para su hijo», dice un consejero andaluz

Martín Soler, alto cargo con Chaves, justifica la subvención

MANUEL MARÍA BECERRO/Sevilla

«Todo padre quiere lo mejor para sus hijos». La frase la pronunciaba ayer por la tarde en el Parlamento andaluz el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, Martín Soler, dirigiéndose al líder de la oposición, Javier Arenas, en su intervención para justificar el incentivo de más de 10 millones de euros concedido a una empresa apoderada por la hija del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves.

En su comparecencia ante la Cámara -solicitada por el PP- para ofrecer los detalles del expediente de la polémica ayuda, el consejero Soler acusó directamente al líder popular de «tratar de destruir personalmente» a Chaves por «frustración» política y para «tapar a sus compadres del caso Gürtel».

En uno de los momentos de más tensión del debate, el titular de Innovación llegó a decir al jefe de la oposición que «puede que en un juzgado tenga una pieza separada con sus viajes»; y le preguntó si podía llamarlo «corrupto» por informaciones publicadas en confidenciales atribuyéndole regalos de Francisco Correa o por las ayudas concedidas por los Gobiernos de Aznar a la eléctrica de Olvera. Nada más terminar el pleno, Arenas anunciaba que se querellará contra él.

Pero lo más sorpresivo del debate fue el momento en que el consejero le recordó al líder del PP que ambos tienen tres hijos, subrayando: «Creo que usted querrá que en el futuro tengan autonomía, y una vida digna para que puedan desarrollar un proyecto de vida propio». Apeló Martín Soler a la reflexión de Arenas sobre «si los hijos se pueden utilizar como munición política» o «si es posible que no tengan que estar estigmatizados toda la vida».

El diputado popular José Luis Rodríguez fue quien tuvo que puntualizar en una de sus intervenciones que en el PP están a favor de que los hijos de los integrantes de toda la clase política «ocupen el lugar que tengan que ocupar en virtud de su mérito y capacidad, pero no en base a chanchullos y a expedientes niquelados».

El consejero, que evitó mencionar el nombre de Paula Chaves durante su intervención ante el plenario, aseguró que «el debate absurdo sobre el apellido de un trabajador puede dar al traste con las expectativas de futuro» que Matsa está generando en la comarca del Andévalo de Huelva.