EDITORIALES: El Tribunal Supremo imputa a Garzón por prevaricador/ 11-M: Varapalo de la Audiencia Nacional a Del Olmo y a la policía corrupta del Psoe

EDITORIALES DEL DÍA
NO SE TRATA DEL FRANQUISMO, SINO DE CUMPLIR LA LEY


POCO DESPUÉS de que EL MUNDO diese ayer en su versión digital la primicia de que el Tribunal Supremo imputaba a Garzón por prevaricación, los medios que han jaleado todas las astracanadas del juez estrella se apresuraban a tratar de teñir el caso de contenido ideológico. El chaparrón de reproches al promotor de la querella -el sindicato Manos Limpias-, adscribiéndole a la extrema derecha es un intento vano por desviar la atención de lo que aquí se dilucida. ¿O acaso se pretende ignorar que la Sala Penal del Supremo se ha regido por el cumplimiento escrupuloso de la ley al admitir a trámite y por unanimidad la querella?

Pese a los intentos por enmascarar la realidad ha de quedar claro que aquí no estamos ante un debate político, moral, jurídico o histórico sobre el franquismo, algo que 34 años después de la muerte del dictador y tras tres décadas de democracia tiene poco recorrido. Y mucho menos se trata de discutir la posibilidad de que los españoles que aún yacen en fosas comunes sean rescatados por sus familias y vean honrada su memoria. De lo que se trata ahora es de dilucidar si un juez se excedió en el ejercicio de sus funciones para cometer uno de los peores delitos en el que puede incurrir: dictar resoluciones injustas a sabiendas.

La secuencia de los hechos protagonizados por Garzón en su disparatada «causa general contra el franquismo» deja pocas dudas acerca de su proceder. El magistrado impulsó la instrucción pese a las advertencias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que los delitos investigados no eran de su competencia, sino de los tribunales territoriales. El Ministerio Público dejó claro que no podía imputarse a nadie por genocidio o crímenes de lesa humanidad por hechos acontecidos en los años 30, cuando esos delitos no estaban tipificados. Además indicó que, en cualquier caso, esos crímenes estarían prescritos según el Código Penal vigente, ya que fueron cometidos hace más de 60 años, y que -para colmo-, al pretender juzgar aquellos sucesos, el juez estaba vulnerando también la Ley de Amnistía de 1977.

La contumacia de Garzón al seguir adelante con el procedimiento, echando mano incluso de piruetas jurídicas para seguir practicando diligencias cuando tenía planteado un recurso sobre su competencia, llevó al propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional a sugerir que actuaba de forma prevaricadora. El criterio de fondo del Ministerio Público fue respaldado luego por la Sala de lo Penal, que obligó a Garzón a apartarse del caso. La mala fe procesal del superjuez quedó patente cuando preguntó a los registros si Franco, Mola y otros sublevados habían muerto.

En el auto de admisión de la querella, el Supremo recalca que Garzón tuvo que declarar extinguidas las posibles responsabilidades por lo acontecido en la Guerra Civil «por razón de fallecimientos, sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación» de las diligencias. Algo obvio incluso para los legos en materia jurídica. En ningún país civilizado del mundo un juez puede abrir una causa penal contra un muerto. Garzón ha actuado en este asunto con total desprecio al ordenamiento jurídico para, como en muchas otras ocasiones, ganar ese protagonismo que tantos beneficios le ha reportado y jugar de forma insensata a hacer política. Más que ayudar a las familias de las víctimas del franquismo que aún tratan de recuperar a sus muertos, parece que el juez utilizó la causa durante meses para engordar su figura.

Al abrir un proceso contra Garzón, el Supremo ha dado un paso clave para poner punto final a sus abusos, siempre consentidos hasta ahora, y acabar con su concepción de la justicia como show-bussines.

NEPOTISMO: LA HIJA DEL LíDER ANDALUZ FIRMó EL RECIBí DE LA SUBVENCIóN:
Manuel Chaves no dice la verdad sobre el papel de su hija en Matsa

CADA día es más evidente que el último caso Chaves, el que atañe a la ayuda de 10 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió a la empresa minera que apodera la hija del ex presidente andaluz, pivota entre el nepotismo descarado, los indicios de prevaricación y el cinismo más desvergonzado. Al no poder rebatir la información publicada por EL MUNDO, Manuel Chaves ha intentado desacreditarla presentando a su hija como una trabajadora más de la empresa beneficiaria y asegurando que en ningún caso intervino directamente en el expediente de esta ayuda. Pues bien, tal como probamos hoy, Paula Chaves no sólo solicitó, sino que también tramitó y firmó el recibí de la subvención concedida por su padre. Es decir, la gestión de la hija del actual vicepresidente tercero del Gobierno fue determinante para que Matsa accediera a esta ayuda multimillonaria, para cuya concesión la Junta modificó su propia normativa, que en principio sólo permitía financiar el inicio de las explotaciones extractivas y no el proceso de transformación del mineral. Para más inri, el PP tiene la fundada sospecha de que el despacho del ex ministro socialista Carlos Solchaga y del ex consejero andaluz José Aureliano Recio medió en este expediente. La comparecencia del vicepresidente en el Congreso, solicitada ayer por Rajoy, es inexcusable. Y hace muy bien el líder del PP en advertir que su partido «no abandonará este tema» hasta que no quede esclarecido o tenga consecuencias.

RIVERA Y PARRILLA, ABSUELTOS:
Varapalo de la Audiencia a Del Olmo

LA AUDIENCIA de Madrid ha absuelto a los policías Celestino Rivera y Antonio Parrilla, a los que el juez Del Olmo mantuvo 24 días en prisión bajo la acusación de hablar con un periodista de EL MUNDO. La resolución del tribunal no puede ser más demoledora para el magistrado instructor del 11-M. Afirma que las fianzas «millonarias» que impuso a los agentes fueron «absolutamente exageradas y desproporcionadas» y que en sus decisiones faltó «serenidad, reflexión, ponderación, equilibrio y mesura». La Audiencia pone además de relieve hasta qué punto los dos policías fueron víctimas de un montaje para acallar cualquier versión divergente de la oficial del 11-M, pues afirma que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía emitió informes «que no respondían a la realidad» para implicar a los acusados.

IMPRESIONES: NOS CUENTAN QUE... El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha levantado el pie del acelerador en sus críticas a la política económica del Gobierno tras su desliz del pasado día 6. Fue cuando confesó a su amigo, el secretario general de CEIM, Álvaro Couceiro, aquello de que el problema no es la crisis, sino «los años de Zapatero», sin saber que su confidencia la recogían los micrófonos. Lo que circula ahora es que, en realidad, su comentario fue más duro. La frase completa de Díaz Ferrán habría sido que el problema son «los años de Zapatero... que nos quedan». Si se llega a oír la última parte, habría conseguido enfadar no sólo al presidente, sino a Rajoy, dado que pondría en duda su capacidad para llegar a La Moncloa. El presidente de la patronal ya irritó al líder del PP en vísperas de las pasadas generales, cuando se le escapó pedir cita a Solbes en el Ministerio «tras las elecciones».

USO LEGíTIMO DE UN BIEN PúBLICO:
El Falcon, una distracción del PP

EL PP se distrajo de asuntos de mucha mayor enjundia al centrar ayer la sesión de control en una mezcla de acusaciones e insinuaciones sobre el uso que Zapatero y Fernández de la Vega han dado a los Falcon de la Fuerza Aérea. Que si un mitin en Sevilla, que si un viaje «a ver fallas»… Fue una reedición de la polémica ficticia de la pasada legislatura sobre aquel viaje privado del presidente a Londres. Es posible que convenga regular este asunto, pero en todo caso el presidente y la vicepresidenta merecen un margen de confianza -máxime cuando hay cuestiones de seguridad por medio- porque ninguno de los dos se distingue por abusar de los medios públicos para fines personales. Nadie que haya seguido el ritmo de trabajo de Fernández de la Vega puede pensar que viajara a Valencia a hacer turismo. (Turismo no, pero es evidente que ninguno de los viajes de Fernández de la Vega a Valencia han sido por el "interés general", sino por el particular y de partido en asuntos electorales. Parece que Pedro J. sigue 'profundamente agradecido' a De la Vega, por sus gestiones en el caso de la piscina)

Jueves, 28 de mayo de 2009
Garzón lo tiene crudo