EDITORIALES: Chaves, un problema para Zapatero/ ¿Está encamándose de nuevo el Gobierno con la banda terrorista ETA?

EDITORIALES DEL DÍA
CHAVES EMPIEZA A SER UN PROBLEMA PARA ZAPATERO

MANUEL CHAVES está obligado a explicar en todos sus extremos la subvención de 10,1 millones de euros que concedió a la empresa en la que trabaja su hija. Una ayuda que firmó él mismo contraviniendo la Ley de Incompatibilidades de Andalucía y después de haber modificado la normativa que impedía hasta ese momento conceder apoyo económico a una planta de transformación de minerales.

Dos días después de que EL MUNDO destapase este nepotismo de libro que roza la prevaricación, el vicepresidente tercero del Gobierno no ha ofrecido aún un solo argumento que ayude a despejar la pesada sombra de sospecha que rodea el caso. Empecinarse en negar la evidencia asegurando que la información es «falsa» y fruto del «resentimiento» es una estratagema inútil que no va a librarle de afrontar su responsabilidad ante la opinión pública.

La vieja estrategia del calamar le dio buenos resultados en su larga etapa al frente de la Junta, cuando tenía en sus manos todos los resortes del poder y podía arremeter contra los pocos medios de comunicación independientes que aún resisten en Andalucía. Sólo así se explica que el escandaloso esquema según el cual él aprobaba los presupuestos autonómicos, uno de sus hermanos los ejecutaba en parte y un tercero se beneficiaba de ellos, no le haya pasado factura política.

Pero ahora Chaves es vicepresidente del Gobierno de España, donde resultan intolerables esas prácticas endogámicas que, lamentablemente, se han convertido en habituales en los círculos de poder de muchas comunidades autónomas.

Ayer, un día después de que Rajoy pidiera la comparecencia ante las Cortes del ex presidente de la Junta para explicar su caso, tanto el PP como IU solicitaron la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, prueba de que no estamos ante una confrontación más entre los dos eternos adversarios políticos sino ante un episodio que, por apuntar la existencia de posibles graves irregularidades, ha puesto de acuerdo a partidos ideológicamente antagónicos. El hecho de que la Cámara autonómica no haya permitido la apertura de comisiones de investigación en casi tres lustros indica la ínfima altura del listón democrático impuesto por Manuel Chaves en estos años. Es de esperar que su sucesor en el cargo no caiga en el mismo error y no eche en saco roto las peticiones de la oposición andaluza.

Si el caso de la millonaria subvención no fuera tan grave moverían a hilaridad las declaraciones de los escuderos de Chaves. El miércoles era el consejero de Innovación, Martín Soler, quien se descolgaba con un torpe e incriminatorio «todo padre quiere lo mejor para su hijo». Ayer, fue el consejero de Gobernación y número dos del PSOE andaluz, Luis Pizarro, el que conminaba al PP a no mezclar en el debate político las «cosas de familias» porque «donde las dan las toman». Esta amenaza, tan propia de esas etapas pasadas del PSOE que Chaves encarna, evidencian un dramática pobreza de argumentos y permiten calibrar la difícil situación en la que se halla el hoy vicepresidente.

Rajoy ha advertido que no consentirá que el «mero transcurso del tiempo» haga caer este asunto en el olvido. Además de IU de Andalucía, es más que probable que otros grupos se sumen a los populares en el Congreso para pedir el esclarecimiento de los hechos. Quien estaba llamado por Zapatero a solucionar el difícil rompecabezas de la financiación autonómica ha acabado muy pronto convirtiéndose en un serio problema para el Gobierno. La pelota está en el tejado de La Moncloa.

EL FISCAL NO RECURRE LA IMPUTACIóN DE GARZóN:
Responsable decisión del Ministerio Público

LA DECISIÓN de la Fiscalía del Tribunal Supremo de no recurrir la admisión a trámite de la querella presentada contra Garzón supone un ejercicio de responsabilidad y prudencia con el que el Ministerio Público evita quedar en evidencia por segunda vez. No hace falta recordar que la Fiscalía informó en contra de una admisión a trámite de libro -como demuestra el hecho de que el proceso penal abierto al superjuez fuera adoptado por unanimidad- para presumir que la presentación de un recurso estaría condenada al fracaso y sólo podría interpretarse como un intento de torpedear el proceso. Ninguno de los cinco magistrados de la Sala Segunda ha tenido dudas de que había motivos para investigar a Garzón por un supuesto delito de prevaricación en la instrucción de su disparatada «causa general contra el franquismo». La cuestión no es dilucidar un debate político sobre los crímenes cometidos por los sublevados en julio de 1936, sino comprobar si un magistrado se ha saltado a la torera el ordenamiento jurídico por un prurito de gloria. Con esta causa queda claro que nadie es impune ante la ley.

INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE LA UE:
Centros comerciales fuera de Baleares y Cataluña

EN CONTRA de lo que establece la directiva europea, que obliga a los países miembros a liberalizar totalmente los servicios, y en contra de todas las recomendaciones de los expertos para hacer frente a la crisis económica, los gobiernos de Baleares y de Cataluña prohibirán de hecho la apertura de grandes superficies. El Ministerio de Industria les ha hecho el favor de retocar el proyecto de ley de comercio -ahora en estudio- que permitirá a los gobiernos autonómicos hacer lo que les venga en gana en materia de centros comerciales. En Cataluña no podrán tener más de 800 metros y en Baleares, 700. Puesto que este tipo de centros no son rentables por debajo de 2.500 metros cuadrados, el resultado será que en estas dos comunidades no se abrirán grandes superficies. La medida no sólo atenta contra la unidad de mercado y los derechos de los consumidores, sino que, en contra de las tesis oficiales y del tópico, tampoco ayuda al pequeño comercio. Hace años que en Cataluña no se abren grandes superficies y sin embargo han bajado persianas cerca de 10.000 comercios.

PENA DE DOS AñOS QUE SUPONE ELUDIR LA CáRCEL:
Un cuestionable pacto entre la Fiscalía y once etarras

LLEGARON, pactaron y vencieron. Los 11 etarras que comparecieron ayer en la Audiencia acusados de facilitar información a la banda para atentar y de captar nuevos terroristas llegaron a un acuerdo con el fiscal para rebajar su pena de seis a dos años, lo que en la práctica significa que no irán a prisión. Para más ignominia, los procesados reconocieron como ciertas las acusaciones, lo que les sirve de atenuante. La opinión pública se ve así obligada a asistir atónita al espectáculo de ver cómo quienes reconocen haber facilitado los domicilios y movimientos de potenciales víctimas y haber reclutado nuevos criminales se van de rositas a su casa y con la chulería añadida de portar una camiseta que pide que se detengan las torturas. Las pruebas variaban para cada individuo y algunos, aunque no fueran todos, podrían haber ido a la cárcel. Un pacto con el que la Fiscalía hurta a la democracia de un juicio debido.