CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: PP e IU piden una Comisión de Investigación para la trama de Chaves
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA
PP e IU piden una comisión de investigación sobre Chaves
Ambas formaciones reclaman que el Parlamento de Andalucía aclare la subvención a la empresa de su hija / El 'número 2' del PSOE andaluz amenaza al PP si continúa mezclando política y familia: «Donde las dan, las toman»
ANTONIO SALVADOR / MANUEL MARÍA BECERRO / C. TORRES/Sevilla
Desde finales de 1995 -cuando se abortó en su fase de conclusiones la investigación de un crédito condonado a Chaves y a otros dirigentes socialistas gaditanos- no se ha constituido ninguna comisión de investigación en el Parlamento autonómico, por lo que las propuestas de los dos grupos de la oposición en Andalucía tienen pocas posibilidades de prosperar.
Ayer mismo se rechazó la penúltima comisión, solicitada por el PP a partir de las investigaciones de la Fiscalía de Sevilla por la denuncia de unos empresarios que grabaron a altos cargos del Ayuntamiento hispalense mientras solicitaban una comisión irregular de 300.000 euros a cambio de la gestión de una subvención de la Junta de Andalucía para montar una escuela de hostelería.
La petición de los populares ya está registrada en el Parlamento y hoy se sumará la de Izquierda Unida, que solicita la comisión de investigación por la posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta por parte de Chaves. El portavoz de la coalición, Pedro Vaquero, dijo ayer, en declaraciones a este periódico, que su formación quiere que se esclarezcan las responsabilidades políticas y jurídicas derivadas de la concesión de la ayuda.
A pesar de la insistencia de la oposición, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, evitó ayer asumir cualquier compromiso durante la sesión de control al Gobierno autonómico.
Por dos veces, el líder de la oposición andaluza, el popular Javier Arenas, le pidió expresamente que aclarara si está dispuesto a facilitar la investigación de la millonaria ayuda concedida a Matsa, la empresa apoderada por Paula Chaves Iborra, pero Griñán no contestó. Ni siquiera defendió la legalidad del proceso de adjudicación, ni reivindicó la «talla moral y ética» -como hizo el miércoles el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler- del hombre que lo designó como sucesor al frente del Gobierno andaluz hace apenas dos meses.
El mutismo de Griñán, según el PP, significa que «deja tirado» a Chaves. «Ayer por la tarde [por el miércoles], no apareció durante la comparecencia de Soler, porque le daría vergüenza, y hoy no dedica ni un segundo a hablar de este asunto. Está claro que se desmarca del ex presidente de la Junta porque no ve muy limpia la operación», resaltó el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz.
Durante la mencionada comparecencia, el titular de Innovación vinculó a Arenas directamente con la trama de corrupción del caso Gürtel e, incluso, insinuó que podría existir una pieza reservada en la investigación judicial en marcha.
El PP anunció que interpondrá una querella criminal contra Martín, porque el consejero se dedicó durante el debate parlamentario a lanzar «falsedades» y «mentiras» contra el presidente del PP-A, con graves «imputaciones, injurias y calumnias». En concreto, el consejero aludió a las presuntas ayudas del Gobierno de Aznar a una eléctrica de la familia de Arenas en Olvera (Cádiz). «La única respuesta ante ello sólo puede ser una querella», sentenció el secretario general del PP andaluz.
Mientras, la actividad parlamentaria se endurecía. Pocas veces se han visto debates tan tensos en la Cámara andaluza. Las preguntas presentadas por el PP sobre los casos de «enchufismo y corrupción» en instituciones gobernadas por el PSOE, especialmente las diputaciones, se saldaron con una amenaza del flamante consejero de Gobernación, Luis Pizarro, también vicesecretario general del PSOE andaluz: «Los señores diputados del PP están hablando mucho de familia. Nosotros sabemos también cosas de la familia del Partido Popular, así que tengan ustedes cuidado por dónde entran porque, donde las dan, las toman. Insisto, donde las dan, las toman».
El consejero negó así la denuncia del PP de que la Diputación de Cádiz intentó ocultar el nombramiento de su mujer en 2004 como cargo de confianza anunciándolo dentro del servicio de compras. Pizarro insistió en que su esposa ya no trabaja en la Diputación y acusó al PP de sacar a la luz estas contrataciones «porque Arenas tiene que tapar la corrupción a la que estaba sometido su partido cuando era secretario general».
La portavoz del PP, Esperanza Oña, preguntó por la contratación de la mujer de Pizarro y denunció que la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, «valiéndose de unos estatutos franquistas», ha expulsado a los miembros del PP, que representan al 70% de la población de la zona.
Tras la respuesta de Pizarro, contraatacó la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, que hizo una descripción de «la política de familia» del PSOE en las diputaciones, donde se multiplican los casos de contrataciones opacas de parientes y amigos.
Entre los casos de enchufismo citó a la mujer y al hijo de Pizarro, destacado dirigente del clan de Alcalá de los Gazules, al que también pertenece el padre de la «ministra del aborto» [Bibiana Aído], alto cargo de la Diputación de Cádiz, donde intenta convertir en funcionarios a 267 contratados laborales, negando al PP el listado. «Quizás porque hay apellidos de los nuevos cachorros del PSOE», indicó Ruiz Sillero.
«Lo mismo que el hermano de Chaves, que con sólo una llamada de teléfono ha sido recolocado en Cajasol con un sueldo de 300.000 euros», criticó.
La diputada también aludió a la hermana de Magdalena Álvarez, «nombrada directora de la Uned»; al hijo del jefe de Gabinete de la Presidencia de la Diputación de Málaga, Antonio Chaves, «al que se le creó ex profeso la plaza de jefe de prensa del consorcio de bomberos», y a la pareja de Francisco Conejo, número dos del PSOE de Málaga que, «casualidades del destino, encuentra trabajo en el patronato de recaudación».
En la Diputación de Granada, el PP denunció una «telaraña de colocación de ex alcaldes, hijos, mujeres de alcaldes, incluso amigas de mujeres de alcaldes» para volver a criticar que en ninguna diputación gobernada por el PSOE se cumplen los requisitos de publicidad, capacidad y mérito para las contrataciones.
«En estos tiempos de crisis, la política de contratación de familias es un insulto a todos los andaluces, que se avergüenzan de la corrupción socialista. ¿Y siguen diciendo que Chaves es un referente moral? Manuel Chaves y el PSOE únicamente son referentes morales de la corrupción y el enchufismo», sentenció. elmundo.es Foro: Opine sobre el tema
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA
El PP teme la 'fuga' de pruebas
>El PP tiene indicios de que la Junta ha podido 'limpiar' el expediente administrativo del incentivo a Minas de Aguas Teñidas (Matsa) para eliminar pruebas de que Chaves aprobó la ayuda a sabiendas del apoderamiento de su hija. Por ello, pedirá ante notario copia de todos los informes que figuran en el expediente de Matsa.
>Los 'populares' temen la pérdida de un escrito de apoderamiento firmado el 14 de enero ante notario y que vieron el pasado 12 de mayo los parlamentarios José Luis Rodríguez y Jorge Ramos. >José Luis Rodríguez aseguró a EL MUNDO que «el poder notarial con fecha de 14 de enero se nos mostró, con la firma de Paula Chaves, y eso lo digo y lo mantengo donde haga falta porque tomé notas de mi puño y letra». >Manuel Chaves firmó la concesión de la subvención el 20 de enero. La Junta sostiene que no conoció el apoderamiento de Paula Chaves hasta el 23 de febrero, fecha en la que ésta firmó la recepción de la ayuda. Por su parte, el ex presidente andaluz aseguró el martes: «No me constó ni me consta hoy que mi hija haya tenido nada que ver con este expediente». >Un documento notarial que vincule a Paula Chaves con el proyecto a fecha de 14 de enero rompería esa línea de defensa. Aunque hay que tener en cuenta que, aparte de lo que figure en el expediente, Matsa hizo el poder notarial a Paula Chaves el 16 de octubre de 2008 y lo inscribió en el Registro Mercantil de Huelva el 12 de noviembre. >Además, según Matsa, Paula Chaves es «desde el 2 de julio de 2007 responsable del departamento jurídico», y de «la gestión de ayudas» y la «representación ante la Administración Pública» SANTIAGO GONZALEZ La virtud socialista de la transparencia (Código de Buen Gobierno) corrió a cargo del presidente, José Antonio Griñán, que se negó a pronunciarse sobre el tema. Deberíamos llevar al Museo de Pesas y Medidas de París un patrón, una unidad que aplicar a los progresistas que traspasan la línea, al igual que tenemos el Código Penal para los otros. Otro tanto ocurre con Baltasar Garzón. Las Asociaciones de la Memoria y la prensa amiga argumentan fuera del muy razonable, bien argumentado y ponderado auto del Supremo, que no ha encontrado motivos para rechazar la querella de Manos Limpias. La última carcajada de Franco, más tierra sobre las fosas y por ahí. Se trata, al parecer, de que la acción popular sólo pueda ejercerse por personas y partidos progresistas. ¿Cómo se le puede hacer esto al mismo Garzón, que fue capaz de embridar a Augusto Pinochet? No es eso lo que el Supremo ha cuestionado. No se ha puesto en tela de juicio su honorabilidad, ni por sus deficientes instrucciones, ni por dejar en libertad a un narco, ni por haber cerrado Egin o tener dormido el caso del bar Faisán. No se trata de saber si Manos Limpias es o no, una secta de adoradores de Blas Piñar. Tampoco, evidentemente, de aclarar si Chaves es un buen padre de familia, Paula una buena hija y Minas de Aguas Teñidas una empresa ejemplar. No es muy difícil. Basta con que media España aplique a estos casos el patrón del caso Gürtel, lo que estamos esperando que los jueces nos aclaren sobre Francisco Camps: si le regalaron los trajes o no y si él correspondió con algún favor. Para exigir su dimisión bastaría con haber aceptado los trajes y haber mentido a ese respecto. Pues con Chaves viene a ser lo mismo: ¿Dio una subvención, cambiando para ello la normativa a una empresa apoderada por su hija en violación del art. 7.1 de la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos aprobada por el mismo Gobierno de Chaves en 2005? Sí o no, cualquier otra palabra es redundancia. Y con el caso de Garzón, lo mismo, por más que la prueba de la prevaricación es asunto muy difícil de probar. Si la respuesta es que sí, ya saben lo que debería venir después. AGUSTÍN YANEL
A CONTRAPELO
Urge un patrón
Argumentan los partidarios de Manuel Chaves que no se ha lucrado en 19 años de gestión al frente de la Junta, que su hija no es propietaria de la empresa que recibió una subvención de 10,1 millones del Gobierno que presidía el padre y que esa sociedad creó muchos puestos de trabajo en una zona deprimida.
El propio Chaves negó hechos que nadie le imputaba, al decir que «no se ha entregado ni 10 millones de euros, ni un solo euro, a Paula Chaves o a una empresa de Paula Chaves», sin desmentir uno del que sí se le acusaba en la información de este periódico, información hecha en su opinión desde el «rencor» y el «resentimiento». El surrealismo argumental corrió a cargo del consejero de Innovación de la Junta de Andalucía en un debate parlamentario con el popular Javier Arenas, «todo padre quiere lo mejor para su hijo» (y para su hija, claro), generalización de la que se escapan todos esos progenitores del universo Aído que ponen a parir, dicho sea en sentido estricto, a sus hijas adolescentes preñadas cualquier sábado a lo tonto.
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA
Explicaciones en el Congreso
>El PP no quiere dejar ningún cabo suelto en el caso de la subvención concedida por el Gobierno andaluz a la empresa de la que es apoderada una hija del ex presidente Manuel Chaves. Ayer, al mismo tiempo que pidió una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, solicitó que Chaves comparezca en el Congreso para dar explicaciones. La Ley General de Subvenciones indica que las ayudas que den las administraciones públicas se deben gestionar con «publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación». En el PP opinan que en este caso no se han tenido en cuenta dichos principios y por eso piden que Chaves explique en la Comisión de Economía su actuación.
Etiquetas: Corrupción Psoe
posted by e-pesimo | 07:20
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