CORRUPCIÓN: Chaves dio 10 millones a una empresa apoderada por su hija. Zapatero fue al mitin de Sevilla en un Falcon militar

Chaves dio 10 millones a una empresa apoderada por su hija Zapatero fue al mitin de Sevilla en un Falcon militar

El Consejo de Gobierno presidido por él aprobó el 20 de enero la subvención a Mina de Aguas Teñidas (Matsa). Su hija Paula había sido nombrada representante legal de la compañía dos meses antes, el 12 de noviembre. La Ley de Incompatibilidades obliga a los altos cargos a inhibirse si afecta a familiares de primer o segundo grado

MANUEL MARÍA BECERRO/Sevilla

El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, aprobó, dos meses y medio antes de abandonar la Presidencia de la Junta de Andalucía, una subvención de casi 10,1 millones de euros para una empresa de la que es apoderada su hija, Paula Chaves Iborra.

Según expertos jurídicos, esto podría constituir una violación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos aprobada por el Parlamento autonómico andaluz durante la anterior legislatura.

El Gobierno de la Junta se reunió el pasado 20 de enero bajo la presidencia del propio Chaves para aprobar -a propuesta de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa- un incentivo de 10.093.472,70 euros a la sociedad anónima Minas de Aguas Teñidas (Matsa).

La subvención va dirigida a financiar su proyecto de construcción de una planta de tratamiento mineral en el municipio onubense de Almonaster la Real.

Según consta en el correspondiente expediente administrativo, la agencia Idea dio luz verde a esta multimillonaria ayuda el 13 de enero, una semana antes de ser ratificada por el Ejecutivo andaluz. Cuando dicho expediente llegó al Consejo de Gobierno, la carpeta contenía una escritura de apoderamiento a favor de la hija de Chaves fechada el 14 de enero, un día después de que el órgano decisorio hubiera acordado la subvención.

Sin embargo, según consta en el Registro Mercantil de Huelva, el apoderamiento en favor de Paula Chaves Iborra se inscribió dos meses antes, en concreto, el 12 de noviembre de 2008. Entre otras atribuciones, su responsabilidad le permitía «comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la comunidad autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes», aparte de «solicitar, tramitar, obtener y, en su caso, ceder, adquirir o transmitir licencias, concesiones y autorizaciones administrativas de todas clases».

Se da la circunstancia de que, hasta ese 12 de noviembre, la subvención autonómica que se barajaba para el proyecto minero de Matsa era bastante menos sustanciosa de la que ratificó finalmente el Gobierno de Manuel Chaves. En concreto, hubo dos propuestas de incentivo de la comisión de valoración de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación en Huelva, fechadas consecutivamente el 4 y el 5 de noviembre, que no superaban los siete millones de euros (ambas se quedaban en 6.931.780,20 euros).

Es después de que se eleven a escritura pública los poderes de Paula Chaves Iborra en Matsa cuando se produce una tercera propuesta de la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, que aumenta notablemente el montante de la subvención, en concreto en más de tres millones de euros, hasta rozar los 10,1 millones. Esta es la cifra que ratificó definitivamente el Gobierno andaluz el pasado 20 de enero, en un acta rubricada por el entonces presidente Chaves.

Según expertos jurídicos consultados por EL MUNDO, la firma de quien era el jefe del Gobierno autonómico no debería figurar en ese documento porque, como alto cargo andaluz, estaba obligado a inhibirse del conocimiento de cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido, o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiese tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil, conforme al artículo 7 a la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía.

En principio, sí parece que un asunto como éste obligaba a Chaves a excluirse de la decisión y, sin embargo, presidió la reunión y no tuvo el menor inconveniente en firmar el acta de la sesión en la que se ratificó la ayuda.

La empresa Matsa cuenta con un capital social de 59,6 millones de euros. El 100% de sus acciones pertenece a la firma de capital canadiense Iberian Mineral Corporation desde 2005, coincidiendo con la cancelación de la suspensión de pagos en que estaba inmersa desde 2003. La sociedad prevé extraer en Huelva más de 20 millones de toneladas de mineral en 12 años, sobre todo cobre, plomo, zinc y plata.

Curiosamente, Chaves participó, en su calidad de presidente de la Junta, en la inauguración de la propia mina el 7 de noviembre de 2007, felicitándose de que la reapertura iba a suponer la creación de 280 empleos directos y en torno a 1.300 indirectos. Según dijo, estos puestos se iban a cubrir, hasta en un 75%, con gente de la zona. Además, resaltó que la viabilidad del proyecto respondía a que «las cosas se están haciendo bien, con seriedad y rigurosidad».

Los escándalos salpican a la familia

Dos hermanos de Chaves estuvieron implicados en el 'caso Climo Cubierta'

MANUEL MARÍA BECERRO/Sevilla

Las acusaciones de favoritismo de la Junta de Andalucía a miembros de la familia de Manuel Chaves han sido frecuentes en el final de mandato del flamante vicepresidente tercero del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre todo, a raíz del caso Climo Cubierta, la investigación de las adjudicaciones y subvenciones concedidas con cargo al presupuesto autonómico a la empresa asesorada por un hermano del ex presidente andaluz desde una dirección general dirigida a su vez por otro hermano de Chaves.

El nuevo responsable deportivo del club de baloncesto Cajasol, Leonardo Chaves, llegó a firmar como alto cargo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes la adjudicación a dedo de una obra a la compañía Climo Cubierta, en la que el mayor de los hermanos Chaves (Antonio José) era asesor y en la que han estado trabajando hasta tres sobrinos carnales del presidente de la Junta, entre ellos el hijo del propio director general.

Era un incumplimiento flagrante del mismo artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades que podría haber vulnerado Chaves al ratificar la ayuda a la empresa en la que está apoderada su hija. Sin embargo, la Inspección de la Junta terminó eximiendo de responsabilidades a Leonardo Chaves, argumentando que Antonio José no asesoró a posteriori en la obra concreta, obviando que a priori, cuando la Junta le adjudicó la obra, no se podía saber cuál sería su participación concreta.

A raíz de aquellas informaciones, Antonio José Chaves interpuso una querella criminal contra el director de EL MUNDO de Andalucía, Francisco Rosell, el redactor jefe Javier Caraballo, el articulista Francisco Robles, seis redactores de las distintas ediciones y la empresa editora. La perdió en primera y segunda instancia porque las informaciones eran «veraces, relevantes y proporcionales», según la Justicia.

La Audiencia Provincial de Sevilla añadió que tanto Chaves como su hermano, el director general Leonardo Chaves, al ser «cargos públicos», debían «soportar las críticas o las revelaciones aunque duelan, choquen, inquieten o sean especialmente molestas o hirientes».

El nombre de Paula Chaves, la hija del ex presidente, no es nuevo tampoco para los medios. Hace casi tres años, el ahora consejero de Innovación, Ciencia y Empresa del Gobierno andaluz, Martín Soler, la puso en un brete al denunciar -durante un comité provincial del PSOE de Almería- que Telvent, una filial del Grupo Abengoa en la que la hija de Chaves era apoderada, era «la madre de todas las corrupciones».

Soler circunscribió sus críticas al trato dispensado a dicha empresa por el Ayuntamiento de la capital almeriense, pero aquella salida de tono del consejero de Innovación obligó al entonces presidente de la Junta a dar un paso ante la opinión pública, en pleno estallido además del caso Climo Cubierta. «Mi familia hace una actividad honrada, honesta y legal; el único inconveniente que tienen Antonio José Chaves y Paula Chaves es que son el hermano y la hija del presidente», aseguró Chaves.

Zapatero utilizó un avión militar para ir a un mitin

Moncloa dice que fue como presidente y no como líder del PSOE

SEBASTIÁN TORRES/Sevilla

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, utilizó el pasado domingo un avión oficial para asistir a un mitin de su partido en Dos Hermanas (Sevilla).

Zapatero llegó al aeropuerto en un Falcon 900, un avión de transporte VIP del Ejército reservado para los viajes oficiales de la Casa Real o de Presidencia del Gobierno, y utilizó el mismo avión para su regreso, a las 14.50 horas, según confirmaron distintas fuentes.

El avión iba pilotado por un militar, el que «habitualmente» comanda los vuelos del presidente, según las fuentes, que señalaron que, asimismo, el vuelo tenía un «código de Estado».

El viaje del presidente del Gobierno tenía como fin asistir al mitin del PSOE en el velódromo de Dos Hermanas, cita tradicional de las campañas electorales en Sevilla desde que Zapatero resultó elegido secretario general del PSOE.

Fuentes oficiales del palacio de La Moncloa admitieron ese viaje y lo justificaron afirmando que lo hizo como presidente del Gobierno y no como candidato, según Europa Press. Las mismas fuentes precisaron que Rodríguez Zapatero debe llevar la seguridad adecuada como jefe del Ejecutivo.

Las fuentes de La Moncloa consultadas precisaron que «no hay nada que ocultar» y admitieron que el presidente se desplazó en un avión militar porque lo hizo en calidad de jefe del Ejecutivo. Zapatero no es candidato y su asistencia al mitin de Dos Hermanas era para apoyar al cabeza de lista de su partido, Juan Fernando López Aguilar.

Como respuesta, el PP pidió ayer la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Carme Chacón, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que aclaren la utilización del avión. El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, consideró este hecho «muy grave» y exigió que la factura del viaje se envíe a la sede socialista de Ferraz para que el PSOE se haga cargo de ella.

El presidente del PP de Sevilla, José Luis Sanz, explicó ayer que su partido considera «impresentable que se utilicen medios públicos, como es el caso de un avión de las Fuerzas Armadas, para venir a un mitin del PSOE cuando al mismo acudía como secretario general de este partido», declaró Sanz.

El dirigente popular indicó que esta actitud recuerda «a modos y maneras típicos socialistas de los que nos habíamos olvidado, pero a los que en Andalucía estamos acostumbrados», y señaló que se trata de «una falta de respeto a los españoles» en momentos de crisis.

Sanz denunció la «falta de respeto y de ética» que supone esta actitud de Zapatero, y añadió que no se puede permitir que haya un uso partidista por parte del PSOE «de los bienes de todos los españoles».