PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN:

POLITICOS BAJO SOSPECHA / Las facturas del eurodiputado
Galeote contrató a Correa cuando cobraba comisiones según Garzón

Le adjudicaba actos del Partido Popular Europeo pagándole facturas ligeramente inferiores a 13.000 euros para poder otorgárselos a dedo

LUIS ANGEL SANZ/Madrid

El eurodiputado Gerardo Galeote contrató a tres empresas de la red de Francisco Correa por un importe que ascendió, al menos, a 169.942 euros entre febrero de 2003 y marzo de 2004. En esas fechas, Galeote era el jefe de la delegación popular española dentro del Partido Popular Europeo (PPE), por lo que era el responsable de decidir esas contrataciones, a pesar de que las abonaba la Cámara legislativa de la UE.

Durante esos meses, y según el auto del juez Garzón, Galeote recibió más de 24.000 euros en sobornos en diversas entregas.Los apuntes, según el auto, «se refieren a la misma persona (G.Galeote) si bien emplean diversas formas de identificación: GG o Galeote Europa».

Esos 24.312,09 euros que habrían ido a parar a Gerardo Galeote en forma de sobornos y regalos y que están recogidos en el auto fueron entregados en las mismas fechas en las que se extendieron varias facturas pagadas por el Parlamento Europeo. Esa cantidad es una parte del total que Garzón ha contabilizado como pagos al eurodiputado y que ha cifrado en 652.310 euros.

EL MUNDO dispone de los documentos que acreditan que Galeote contrató al menos con otras tres empresas de la trama de Correa, y no sólo con Pasadena Viajes, como aseguró él en un primer momento.En el comunicado que hizo público el miércoles, dijo: «La única relación económica que he mantenido con don Francisco Correa fue a través de su agencia de viajes», a la que admitió que llegó a comprar un coche.

Como ha podido confirmar este diario, la delegación que él dirigía contrató también, al menos, con Special Events, Down Town Consulting y Boomerangdrive.

- CHEQUES POR 144.000 EUROS. El primero de los documentos que lo prueban es una comunicación enviada por Pablo Crespo -el supuesto número dos de Correa- en nombre de Special Events y que tiene fecha de 21 de febrero de 2003. En la misma, se comunica al Banco Santander el detalle de tres cheques ingresados a cuenta de tres facturas. Son las facturas número 02/0168, 02/0170 y 02/0151.El primer cheque ingresado tiene un valor de 52.115 euros; el segundo, de 46.150, y el tercero, de 45.977 euros. Todos ellos figuran como «a cargo del Parlamento Europeo» y, en total, los tres pagos suman 144.242 euros.

- ACTO EN MALAGA. Otra de las facturas pagadas por el Europarlamento la extiende Down Town, una de las sociedades de la trama de Correa cuyo administrador era el imputado Luis de Miguel Pérez. Su importe asciende a 12.800 euros y está extendida por el «diseño e impresión de lonas y escenario para el acto celebrado los días 21 y 22 de febrero en el Palacio de Congresos de Málaga». La factura tiene fecha de 26 de marzo de 2004 y se extiende a nombre del «Parlamento Europeo. Grupo Partido Popular Europeo».

El comunicado de Galeote explicaba que «todos los actos que realiza el Grupo del PPE fuera de Bruselas, como los que tuvieron lugar en España en los años 1999 y 2003, se organizan a través de un procedimiento de selección de proveedores perfectamente reglado».Además, añadía que en los mismos no cabe «ninguna interferencia política en la decisión».

Lo que no explicó el eurodiputado del PP es en qué consiste este procedimiento reglado. Fuentes del Parlamento Europeo detallaron ayer a este diario que cualquier contrato que se realice con un coste superior a 13.000 euros tiene que realizarse mediante el llamado procedimiento negociado. Es decir, se tiene que pedir un presupuesto para un acto concreto con unas características fijadas a tres empresas diferentes. Es una especie de concurso restringido y sin publicidad. A la vista de las ofertas, se elige la mejor de ellas y la que ofrezca las suficientes garantías.

Cuando la cantidad es inferior a 13.000 euros, sin embargo, el contratante se puede saltar el procedimiento y escoger a la sociedad que prefiera, sin explicar los motivos ni comparar presupuestos.

Este procedimiento es similar al que usó el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, para saltarse los controles. Esperanza Aguirre obligó a dimitir a López Viejo hace casi dos meses, antes incluso de que se conociera que estaba siendo investigado por Garzón. El ahora diputado autonómico realizaba contratos con las empresas de la trama fraccionándolos, para que casi nunca superaran los 12.000 euros. En la legislación española, ése era el límite para adjudicar a dedo, sin concurso.

- NUEVO LOGO. Otra de las facturas en poder de EL MUNDO cargadas al Presupuesto de la Eurocámara la extiende Boomerangdrive el 25 de marzo de 2004. Esta sociedad está administrada de nuevo por el imputado Luis de Miguel Pérez, que también dirigía Down Town. En este caso, la empresa cobra 12.900 euros en concepto de «honorarios por creatividad, diseño y desarrollo del nuevo logo e imagen para el Grupo del Partido Popular Europeo». De nuevo, en el límite de los 13.000 euros.

Según el auto de Garzón, en esas mismas fechas -entre marzo y junio de 2003- Galeote recibió 24.312,09 euros en sobornos.

El primer pago fue realizado el 14 de marzo de 2003 y se refiere a un supuesto abono en especie de 12.000 euros para pagar parte de un Land Rover Discovery «adquirido por el mencionado señor Galeote y a cargo de Francisco Correa». El segundo es un apunte de 5.000 euros del 25 de marzo de 2003, en el que consta «entrega de sobre a GG». El tercero es un apunte por 2.312,09 euros «donde figura como concepto las iniciales GG y una cantidad asociada a ese concepto de 60.000 euros». Para terminar, el auto señala un último apunte de otros 5.000 euros el 27 de junio de 2003 «por instrucciones de PC» (Paco Correa).

Fuentes oficiales del Partido Popular Europeo dijeron ayer desconocer si el Grupo había contratado con empresas de la trama de Correa distintas a Pasadena. Este diario trató además, sin éxito, de contactar con el eurodiputado Gerardo Galeote, que se encontraba en Madrid. Desde su oficina en Bruselas explicaron que le habían dejado varios mensajes de voz en su móvil, sin respuesta.

Sobres, dinero y regalos para «GG»

El auto de Garzón viene cargado de indicios contra Gerardo Galeote.En opinión del juez, los mismos son «suficientes» para empezar a investigar la responsabilidad penal del 'número dos' de Jaime Mayor Oreja en Europa y antes jefe de la delegación española del Partido Popular Europeo (PPE). En primer lugar, el magistrado cita las menciones que el imputado José Luis Izquierdo, contable de la organización, hace de Galeote como «perceptor de fondos» de la trama. Además, apunta las «anotaciones sobre entregas efectuadas» a Galeote. En las mismas, se explica que se entregan sobres, cantidades de dinero o regalos a «GG» o a «Galeote Europa», entre otras formas de llamarle. Según Garzón, funcionarios de la Policía y expertos de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) le han identificado «sin ningún género de dudas» como la persona que recibe los sobornos de la trama de Correa.

Documento reproducido

Facturas por menos de 13.000 euros. Varias de las facturas extendidas por las sociedades de Correa se acercan mucho a la cifra de 13.000 euros, pero no la alcanzan. Ese es el límite fijado por el Parlamento Europeo para adjudicar contratos a dedo. A la izquierda, una por 12.900; a la derecha, por 12.800.POLITICOS BAJO SOSPECHA / La respuesta del PP
Rajoy: «Nadie lo podrá probar»
OSCAR TORRES / CARMEN REMIREZ DE GANUZA/Vitoria / Madrid

El presidente del PP se dice «convencido» de la «inocencia» de Bárcenas y Galeote - El tesorero del partido «niega» ser L. B. en la contabilidad de la trama de Correa

«Estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes».Con estas contundentes palabras se pronunció ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, en defensa del tesorero del partido, Luis Bárcenas, y del eurodiputado popular Gerardo Galeote, a los dos días de conocerse el auto del juez Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel en el que les acusa de recibir distintas cantidades de la red dirigida por Francisco Correa.

Rajoy, que visitó el Parlamento vasco para mostrar su apoyo al pacto alcanzado entre PSE y PP, mostró así su convicción en términos mucho más taxativos que lo que se esperaba en su propio partido.Más allá de su firmeza sobre la inocencia de Bárcenas y Galeote, el presidente del PP puntualizó que «estas dos personas no están imputadas por ningún tribunal, no están acusadas por nadie».Según Rajoy, «la propia Fiscalía le ha dicho al juez Garzón que no mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios suficientes contra estas dos personas».

Pocas horas después, y siguiendo la estela marcada la víspera por Gerardo Galeote, el gabinete de prensa del PP distribuyó un comunicado firmado por el tesorero Luis Bárcenas. Se trataba de la primera explicación sobre su presunta implicación en la trama por parte del senador.

A lo largo de siete puntos, Bárcenas negó «categóricamente» todas las implicaciones vertidas por Garzón, empezando por la de haber recibido cobros de las empresas de Correa, y acabando por su identificación con las siglas L. B. anotadas en la contabilidad incautada.

«Jamás he percibido cantidad alguna proveniente, directa o indirectamente, del señor Correa y/o de sus empresas o empleados», rezaba el comunicado. «Niego categóricamente que las referencias que bajo las siglas L. B. se mencionan en el auto tengan algo que ver con mi persona», añadía, para asegurar, con la misma contundencia: «Nunca he mediado ni intervenido en modo alguno ante ninguna Administración Pública para que fueran favorecidos los intereses del señor Correa ni de ninguna de sus empresas, ni he utilizado ninguno de los empleos y cargos que he desempeñado con dicha finalidad ni con cualquiera otra de naturaleza ilícita».

Bárcenas no niega haber mantenido relación personal o profesional con Correa. Lo que decía en su escrito es que «es manifiestamente falso que haya mantenido relación ilícita alguna, directa o indirectamente».Así, por vez primera, admitía haber contratado con la agencia de viajes FCS y Pasadena Viajes, pero circunscribía sus «encargos» a «determinados viajes personales» que pagó «siempre puntualmente con cargo a mi exclusivo bolsillo».

El resto de sus puntualizaciones hacían referencia a su propósito de ejercer acciones penales tanto contra Garzón como contra «determinados informadores», por haberle atribuido «conductas inexistentes».

El comunicado llegaba, no obstante, después de que saltara a los teletipos el primer exhorto público lanzado a Bárcenas por parte de un barón regional del PP: «Debe cumplir con su responsabilidad», afirmó el presidente electo de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, si bien apeló a la presunción de inocencia en su favor.

EL REVES DE LA TRAMA
La cabeza del tesorero

JUSTINO SINOVA

El Partido Popular se encuentra metido en un buen lío. Si decide desprenderse de su tesorero, el senador Luis Bárcenas, de quien el juez Baltasar Garzón dice que «posiblemente» recibió pagos de la red presuntamente corrupta de Francisco Correa, puede cometer una grave injusticia, pues él sostiene que es inocente y que demostrará su inocencia. Si decide mantenerle en un puesto tan sensible por el que pasan todos los dineros del partido, puede atentar contra su propia imagen colectiva y dañar sus expectativas para las elecciones europeas de junio, que se asegura son ahora altas. Lo mismo podría decirse del problema que le plantea el caso de su eurodiputado Gerardo Galeote, también señalado por Garzón y en trámite de ocupar un puesto preferente en la candidatura electoral próxima.

Lo malo de esta situación que le ha causado al PP el auto de Garzón del 31 de marzo es que tiene pocas posibilidades de acertar, haga lo que haga. A Bárcenas no puede destituirlo sin difundir un mensaje de sospecha e incluso de culpabilidad, cuando el tesorero es inocente mientras no se demuestre en sede judicial lo contrario.La presunción de inocencia es un derecho de toda persona hasta que un juez sentencia su culpabilidad. ¿Qué pasa si, después de entregar su cabeza en la bandeja de Garzón, Bárcenas sale absuelto, o incluso ni siquiera es procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el que, si llega el caso, decidirá? No sería el primer político caído y no recuperado por una sospecha, lo cual es una sinrazón y un agravio mayúsculos.

Pero, al mismo tiempo, el PP se arriesga a sufrir agresiones políticas sin cuento si lo mantiene en su puesto. Serían agresiones también injustas por la misma razón de la prevalencia del carácter inocente de quien no ha sido condenado, pero en el debate político algunos infringen con frivolidad y saña el principio de la presunción de inocencia. Para algunos políticos contrarios al PP, la continuación de Bárcenas en su puesto equivaldría a una confesión de culpabilidad de todo el partido. Tiene razón Mariano Rajoy cuando argumenta, como hacía ayer en Vitoria, que ni Bárcenas ni Galeote están imputados, pues el auto de Garzón es una relación de indicios que transmite a un tribunal superior. Pero en España no se hila fino en estas cosas y muchos se formarían una opinión perniciosa del PP. Sería también injusto, pero estamos hablando del campo de la política, en el que muchas veces prevalecen las etiquetas sobre la verdad.

¿Qué hacer en una situación así? El mal menor para el PP es que caiga Bárcenas. El caso de Galeote puede ser menos traumático y, aunque con riesgo para el PP, podría optar a la rehabilitación política electoral dentro de dos meses. Pero el caso del tesorero es muy influyente. Repito que es injusto exigir la cabeza de alguien no demostrado culpable. Pero, tal como están las cosas, el mejor favor que puede hacer Bárcenas a su partido es retirarse a esperar que escampe. (Y si escampa acaso llegará el momento de pedir cuentas a Garzón, de quien el PP sospecha las peores intenciones).

POLITICOS BAJO SOSPECHA / Las consecuencias
Polémica por una comida de Granados

El PSOE pide explicaciones al consejero por verse con el presidente del TSJM

LUIS ANGEL SANZ/Madrid

Una comida celebrada el pasado lunes entre el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, levantó ayer la caja de los truenos contra el PP.

Como informó ayer el diario Público, el también secretario general del PP de Madrid compartió mesa y mantel con Vieira justo el día antes de que el tribunal asumiera la instrucción de Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel, al estar investigando a tres diputados autonómicos madrileños. La comida llevó a la oposición -PSOE e IU- a comparar el almuerzo con la cacería que compartieron Garzón y el ya ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, exigió explicaciones por la reunión. «¿Es que el PP tiene carta blanca para hacer lo que le apetezca?», se preguntó. Alonso declaró que debe explicarse de qué se habló en ese encuentro y, recordando la actitud del PP en relación con la cena que compartieron en una cacería el juez Garzón y Fernández Bermejo, aprovechó para lanzar una pregunta al PP: «¿Entiende que de ahí hubo una ruptura del principio de independencia judicial, o es que el PP tiene carta blanca?», señaló.

Granados defendió su «comida de trabajo» y señaló cinco «diferencias con la famosa cacería del juez socialista y el ministro furtivo».El consejero sostuvo que las «diferencias» son: que su comida ha sido una «reunión estrictamente de trabajo y no de ocio», y que ha tenido lugar con una «persona que nunca ha sido candidata» de su partido, informa Efe. También, que éste (Vieira) es una persona «intachable» y «elegida por unanimidad de todos los miembros del CGPJ, que están indignados por las declaraciones del PSOE».y que «ni decide sobre el asunto [Gürtel], ni encausa, ni instruye, ni juzga, ni mete a nadie en la cárcel».

Por su parte, Javier Vieira subrayó que, durante su conversación, no hubo «ninguna zona oculta», aunque admitió que hablaron sobre el caso Gürtel. El presidente del TSJM adujo que el encuentro «no fue secreto ni en ningún reservado» y en él solo se produjo «un cambio de impresiones en el que se trataron cosas que afectan a la Justicia madrileña».

POLITICOS BAJO SOSPECHA / Las consecuencias
Dimite el portavoz adjunto del PP en la Asamblea madrileña

Martín Vasco, acusado en el 'caso Gürtel', mantiene su acta de diputado

PEDRO BLASCO/Madrid

Dimisión por fases, a plazos, una agonía. El portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, presentó ayer su dimisión.

La explicación oficial es que no quiere perjudicar al partido tras su implicación por el magistrado Baltasar Garzón y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el caso Gürtel.

El PP consideraba muy duro que todos los jueves las imágenes de televisión y las fotografías mostraran a Esperanza Aguirre y, detrás, a su portavoz adjunto, Martín Vasco. Ayer, el diputado regional apenas acudió al hemiciclo, pero ocupó, quizá por última vez, el escaño cercano a la presidenta madrileña.

Aguirre colocó hace algunas semanas a Martín Vasco, entonces un valor en alza, como presidente de la Comisión de Investigación sobre espionaje. Pero su nombre apareció en los primeros días de la operación Gürtel y Martín Vasco cayó en desgracia. Fue sustituido por Rosa Posada, una clásica.

El popular mantendrá su escaño en el Parlamento madrileño, pero ya no estará en la foto. Lo colocarán al fondo. La sesión de los jueves, desde que saltó a la opinión pública el caso Gürtel, ha convertido las sesiones de la Asamblea en algo parecido a un espectáculo de fantasmas.

Además de Martín Vasco, acude a la Cámara el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, también implicado en Gürtel. Se sienta en su escaño y apenas se levanta. La antigua vitalidad de López Viejo ha quedado reducida a un parapetarse detrás del escaño. Se sienta junto a Alfredo Prada, al que la mayor parte de los diputados considera un «traidor», pues cree que ha filtrado algunos documentos contra el Gobierno regional. Uno de los consejeros del Gobierno de la Comunidad dijo a este periódico que, «para lo que viene Prada, debería irse al grupo mixto o darse de baja».

Más atrás se sienta Alfonso Boch, que también está implicado en el caso Gürtel, y que no quiere dimitir tampoco de su cargo en el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte.

Por otra parte, la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, tuvo un lapsus y durante una pregunta parlamentaria llegó a llamar «señora Gürtel» a Esperanza Aguirre.

POLITICOS BAJO SOSPECHA / Las consecuencias
El TSJCV limita la causa contra Camps a los trajes

GEMA PEÑALOSA / HECTOR SANJUAN/Valencia

La vertiente valenciana del caso Gürtel continúa su recorrido en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV).El tribunal levantó ayer el secreto de sumario, dos semanas después de que el juez Baltasar Garzón lo remitiera a Valencia, abriendo las puertas del proceso a las partes.

El documento deja entrever que la vinculación del presidente autonómico, Francisco Camps, con la presunta trama de corrupción investigada se circunscribe a los trajes que pudo haber recibido de los cerebros de la red.

El auto, por tanto, concluye que no hay ningún hecho objeto de investigación que no se conozca públicamente. En el texto, el instructor de la causa, el magistrado José Flors, otorga a la Fiscalía y a las partes personadas un plazo de cinco días hábiles para que se pronuncien sobre la competencia del órgano jurisdiccional que debe investigar los hechos.

Se trata de un trámite más. La de ayer era la cuarta resolución de la Sala de lo Civil y Penal en relación a este asunto, desde que el pasado 16 de marzo comenzasen a recibirse los más de 30 tomos enviados por la Audiencia Nacional, cuyos 15.000 folios han sido ya estudiados por el magistrado ponente.

Mientras, en el Parlamento regional se produjo ayer una sonora bronca, al ausentarse Camps de la sesión, en la que debía someterse a dos cuestiones delicadas, una de ellas sobre el caso Gürtel.El PSOE recriminó al presidente que acudiera junto a la Reina Sofía a la inauguración de una exposición de arte griego en Alicante y, sobre todo, que no lo anunciara con antelación para poder retrasar su comparecencia en las Cortes.

POLITICOS BAJO SOSPECHA / Las consecuencias
Las críticas del PP a Garzón

MARIA PERAL

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dijo ayer, al ser preguntado por las críticas del PP contra el juez Garzón por su instrucción del 'caso Gürtel', que ojalá sirvan para que el principal partido de la oposición dé su apoyo a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que se propone presentar, en la que el juez «no será tanto un agente para esclarecer el delito, sino un juez de garantías», mientras que el fiscal llevará la iniciativa de la investigación.

«Espero que el PP, después de estas críticas [a Garzón], reciba de buen gusto el proyecto de ley que queremos llevar a las Cortes», dijo Caamaño durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press.