PROHIBIDO HABLAR EN ESPAÑOL: El Gobierno socialista balear pregunta a los médicos por su orientación política

El Gobierno balear pregunta a los médicos por su orientación política

El Servicio de Salud envía un formulario a alrededor de 90 sanitarios de Atención Primaria en el que les pide que digan si son de «derecha», «izquierda» o «centro»

MANUEL AGUILERA/Palma

El Servicio de Salud del Gobierno balear quiere saber hasta la ideología política de sus sanitarios. Si recientemente les preguntó el idioma que hablaban en su casa, ahora les ha enviado una encuesta en la que les pide que declaren si son de «izquierda», «derecha» o «centro».

El sondeo no se ha hecho público, pero según ha podido saber este periódico lo han recibido alrededor de 90 sanitarios de los centros de salud de Baleares. A uno de ellos se lo entregó una funcionaria en un sobre a su nombre. Por lo que el anonimato queda en entredicho.

Se trata de un estudio de la Unidad de Investigación del Servicio de Salud financiado por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. La encuesta ha sido realizada por funcionarios y está supervisada por el gerente de Atención Primaria, Atanasio García.

Según uno de sus promotores, Sebastián March, se trata de una investigación «sobre las actividades comunitarias de promoción de la Salud en Atención Primaria». El objeto es tomar el pulso a los sanitarios de los centros de salud para ver hasta qué punto han abandonado el espíritu de atención comunitaria que tenía en origen este área asistencial.

«Se debe trabajar con la idea de atender a las familias y no sólo a personas independientes», señala March. «Sólo es un estudio más de los muchos que tenemos».

43 preguntas

El formulario tiene 43 preguntas, todas menos una relacionadas con la actividad profesional del encuestado y su relación con el entorno del Centro de Salud. Hay cuestiones sobre la media de tiempo en la atención al paciente, satisfacción con el trabajo o participación en asociaciones de la comunidad. Sin embargo, la número 41 se refiere a la orientación política del encuestado.

Uno de los enfermeros que recibió el sobre con la encuesta afirma que le llamaron de Gerencia y le comunicaron que había sido elegido «al azar» para rellenar el cuestionario. «Conforme iba contestando me pareció que había segundas intenciones y, cuando vi la pregunta 41, quedé totalmente convencido». Afirma que una de sus compañeras «estaba arrepentida de haber rellenado la encuesta, porque se había sentido muy presionada». Según su versión, el sobre llevaba su nombre escrito y el formulario tenía un código, por lo que desconfía de que sea anónima.

«Me dijeron que pusiera sólo el mes y el año de mi fecha de nacimiento para no revelar mi identidad. Lo vi todo muy raro».

Según los artífices de la encuesta, el proyecto de investigación se está llevando a cabo en cinco comunidades autónomas: Madrid, Navarra, Cataluña, Aragón y Baleares. En total se ha entrevistado a entre 500 y 600 profesionales y el estudio se encuentra en la fase final de recogida de resultados.

No obstante, este periódico se puso en contacto con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y desde allí aseguraron que en los últimos meses no habían realizado ninguna encuesta en la Atención Primaria. «Los últimos estudios que hemos realizado son todos a pacientes para saber su grado de satisfacción», añadieron fuentes oficiales.

En el último año, la Consejería de Salud balear ha llevado a cabo varios estudios para conocer mejor a sus profesionales.

Durante el mes de mayo de 2008, el departamento que dirige Vinceç Thomàs se gastó 8.000 euros en una «auditoria lingüística» en el Servicio de Salud. En enero de 2009 realizó otra encuesta a todos los profesionales cuyo coste, aseguraron desde la Consejería, era «cero» porque se ha había hecho con recursos propios. En ninguno de los casos se han hecho públicos los resultados de los estudios.

«Viola la Constitución»

El experto jurista y ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Rafael Perera, señala que «obligar a alguien a revelar su orientación política es ilegal porque viola un derecho recogido en la Constitución Española». Según el artículo 16 de la Carta Magna, «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias». En este sentido, «obligar a contestar a la pregunta sería inconstitucional».

No es la primera vez que pasa. En una encuesta que se podía rellenar por internet, la Consejería de Sanidad sondeó del 7 al 23 de enero sobre los «usos lingüísticos» de su personal. Entre las cuestiones estaban las siguientes: «¿Con qué frecuencia los pacientes suelen hablarle en catalán?»; «¿usted le entiende?»; «¿cómo responde?».

Otras preguntas

Satisfacción
>«Señale cómo valoraría su nivel de satisfacción en el trabajo».
Ambiente
>«Señale cómo valoraría el ambiente de trabajo en su Centro de Salud».
Residencia
>«¿Vive en el mismo barrio/pueblo del Centro de Salud donde trabaja?».
Actividades
>«En el último año, ¿ha participado en alguna actividad del barrio/pueblo del Centro de Salud donde trabaja? (fiestas, reuniones...)».
Asociaciones
>«¿Está o ha estado implicado alguna vez con una ONG, asociación de vecinos, etc.?».
Compañeros
>«¿Hay profesionales en el Centro de Salud con los que puede contar para realizar actividades de Atención Comunitaria?».

La antepenúltima cuestión

Esta es la pregunta de la polémica, la número 41. El cuestionario enviado a médicos, enfermeros, matronas y trabajadoras sociales de Atención Primaria pide que se definan ideológicamente entre la «esquerra», el «centre» y la «dreta».

La Generalitat deja sin cubrir bajas docentes hasta el día 14

JAVIER OMS /Barcelona
El consejero de Educación de la Generalitat, Ernest Maragall, ha logrado marcarse, por sorpresa y con sigilo, una pequeña victoria en la suerte de guerra de guerrillas que mantiene con el profesorado al que intenta hacer pasar por un nuevo sistema educativo a golpe de decisiones unilaterales.

Ahora, la Consejería ha advertido a los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de que no se podrán cubrir las bajas de profesores que se reclamen entre los próximos 30 de marzo y 3 de abril, obligándoles a retrasar el nombramiento de los sustitutos hasta el próximo 14 de abril, es decir, una vez finalizadas las vacaciones escolares de Semana Santa. Dicho proceso, comunicado a través de una circular enviada a todos los centros el pasado viernes y firmada por la jefa del Servicio de Personal Docente, Dèbora Alvarez Lliso, pretende ser una de las respuestas a las «restricciones presupuestarias» a las que se ve sometido el Gobierno catalán.

La iniciativa, cuya marcha atrás parece imposible por su inmediata aplicación, no obstante, ha tomado cuerpo sin ni tan siquiera haber sido anunciada a los sindicatos de profesores, varios de ellos informados por primera vez tras recibir ayer una llamada de este diario. Así lo aseguró ayer la secretaria general de FETE-UGT, Roser Font, quien acusó a Maragall de minar, poco a poco, «un sistema que no necesita este tipo de medidas que no se aguantan por ningún lado». Según recordó, «no tiene sentido» aplicar estos recortes «cuando los sustitutos ya están incluidos en el presupuesto». Una crítica que comparte Montse Ros, secretaria general de Educación de CCOO, que no duda en acusar de «irresponsable» a un conseller que, según augura, «seguro que nos tiene reservadas más sorpresas de este tipo».

Nuevo agravio

La última decisión unilateral de Maragall, cuyas particularidades intentó conocer ayer este medio de manera infructuosa, además, promete con convertirse en una nueva muesca en la lista de agravios que los docentes vienen echando en cara a Maragall y que les ha llevado ya a protagonizar tres manifestaciones en apenas un año. La última de ellas, celebrada el 20 de marzo, concentró en Barcelona a 80.000 personas, entre profesores y estudiantes, que volvieron a reclamar la dimisión de Maragall por su «negativa al diálogo» y sus torpedos contra «una educación de calidad», tal y como señala Rosa Cañadell, del sindicato USTEC.

BARCELONA
Tres mil personas piden 'que la crisis la paguen los ricos'

BARCELONA.- Unas 3.000 personas se manifestaron ayer por las calles de Barcelona contra los despidos y en defensa de los derechos de los trabajadores y de la población en general ante la crisis, según datos de la Guardia Urbana.

Los convocantes se agrupan bajo la campaña Que la crisis la paguen los ricos, de la que forman parte entidades de sindicales, sociales, culturales, ecologistas y políticas. Entre ellas, la CGT, la Asamblea Papeles y Derechos para Todos, el Colectivo Gay de Barcelona, la Confederación de Ecologistas en Acción, y V de Vivienda, entre otras. También acudieron estudiantes contrarios al Plan de Bolonia.

Al final de la marcha, en la Plaza Sant Jaume, se leyó una «carta abierta al presidente Montilla» que exigía el fin «inmediato» de los Expedientes de Regulación de Empleo, la prestación de desempleo hasta la obtención de un nuevo trabajo y el cierre de los organismos económicos internacionales.

Hubo alguna performance, como la de varias personas desnudas, que eran detenidas por unos pseudo-policías que las perseguían a golpes de porra y las reintegraban en un redil-red, dirigido por un capitalista de traje y puro. También se quemó una gran moneda de un euro frente a la sede local del Banco de España, y se lanzaron zapatos a imágenes de los líderes del G20. / EP

ATAQUE RACISTA EN BARCELONA
Juicio para siete personas por las agresiones en un partido de fútbol

BARCELONA.- La juez que instruye el caso de la agresión racista protagonizada por jugadores del equipo de fútbol Bada Bing, de Badalona (Barcelona), ha decidido mantener como imputados a siete de los presuntos agresores: Valentín M. G.; Israel M. G.; Carlos R. G.; José Luis E. S.; Jonatan P. F.; David L. R.; y Efrem S.S.

La juez indica en el auto que las grabaciones existentes de los minutos inmediatamente anteriores a la agresión, las declaraciones prestadas hasta el momento, las diligencias de reconocimiento y los informes médicos «permiten apreciar base suficiente» para dar por concluida la fase de instrucción de este caso.

La agresión en el campo de fútbol tuvo lugar el 10 de enero de este año en el transcurso de un partido de Tercera División Regional entre el equipo de los detenidos y el Rosario Central -formado por ciudadanos sudamericanos-, después de que el árbitro expulsara a un jugador del equipo de Badalona.

Uno de los imputados, Valentín Moreno Gómez, ya fue condenado en diciembre de 2001 a ocho años de internamiento y tres de libertad vigilada por el asesinato del joven Carlos Javier Robledo, ocurrido en abril de 2000 en la Villa Olímpica de Barcelona.