MERCADOS: La crisis ceba la economía sumergida/ Racionalizar el Estado Autonómico/ ¿Unidad de mercado?/ Despilfarro público II/De compras por la Bolsa

MERCADOS
La crisis ceba la economía sumergida

>Fraude / El trabajo no declarado supone un 23% del PIB y afecta ya a un millón de trabajadores. La mayor parte de las actividades subterráneas la realizan personas que se han quedado en el paro.Por Pascual García

La crisis económica es el caldo de cultivo apropiado para el desarrollo de la economía sumergida y, consiguientemente, del fraude. Así lo vienen denunciado desde hace meses colectivos como el de los trabajadores autónomos, uno de los más afectados por las actividades de competencia desleal.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha valorado -a través del Observatorio del Trabajador Autónomo que preside el profesor José Barea- en aproximadamente un millón los trabajadores que forman parte de las redes de la economía sumergida.

Su presidente, Lorenzo Amor, informó a este diario que esa fue una de las reflexiones que compartió esta misma semana con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que mantuvo un encuentro en el Palacio de La Moncloa y al que reclamó medidas de control tanto de la Agencia Tributaria como del Inem.

Según las estimaciones de ATA, de ese millón de trabajadores que ejercen su actividad de forma irregular, hasta un 60% son asalariados que han perdido su empleo. Otro 20% son personas que complementan su actividad laboral en el escenario de la economía subterránea para obtener un sobresueldo. Un 8% correspondería al colectivo de autónomos que se han visto obligados a darse de baja como tales porque no han podido mantener el pago de sus cuotas a la Seguridad Social ni sus compromisos con la Hacienda Pública y que se han refugiado para sobrevivir en la economía sumergida. Por último, habría un 12% que los autónomos colocan bajo el epígrafe de «grupo sin trabajo conocido».

Según esta organización, que recaba abundante información a través de las denuncias de sus propios asociados, las actividades más afectadas por el trabajo no declarado (TND) son las afines a la construcción (electricistas, fontaneros, carpinteros, albañiles), que se dedican a pequeñas reformas o reparaciones de índole doméstica; personas relacionadas con la educación y las actividades sociales y sanitarias (clases particulares, asistentes sociales que cuidan enfermos o ancianos); el sector del transporte, primordialmente, el ligero (portes, mudanzas); y profesionales liberales (como contables o asesores).

«Esta situación», denuncia Amor, «además de incrementar el fraude fiscal supone una competencia desleal que juega casi siempre en contra de los trabajadores autónomos».

Utilizando como base los datos de los estudios de organismos públicos y privados -tanto españoles como comunitarios- Gestha, el colectivo representativo de los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, ha estimado que el monto de la economía sumergida en nuestro país ronda los 240.000 millones de euros, esto es, el 23% del PIB.

Según Gestha, las dos grandes bolsas de fraude existentes son las operaciones de compraventa protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias y las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales.

Los técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducirlo 10 puntos porcentuales, lo que significaría aflorar cerca de 90.000 millones de euros y recaudar, vía impuestos, unos 25.000 millones de euros.

Los técnicos de Hacienda alertan de que buena parte de este fraude se debe a la política de la propia Agencia Tributaria (AEAT), ya que, según sus estudios, el foco de fraude se centra en las pequeñas empresas. «En la actualidad», precisa el citado estudio, «el 95,8% de las compañías asentadas en España, que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros, -un total de 57.700 sociedades- escapan al plan de lucha contra el fraude, ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o tener un activo inferior a los 2,3 millones de euros».

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, denunció a este diario que otro de los elementos de control de fraude debería ser el seguimiento de los billetes de 500 euros, a pesar de que, según datos del Banco de España, la circulación de éstos entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008 se redujo en un 1,7%, hasta situarse en 112 millones de unidades. Por el contrario, el de los billetes de 200 euros aumentó un 5%, alcanzando los 22 millones.

En este sentido, los técnicos de Hacienda siguen reclamando a la AEAT la potestad para investigar delitos fiscales -a partir de 120.000 euros-, «algo que ahora», recuerda Mollinedo, es competencia de los inspectores, que no dan abasto. El número de inspectores dedicados a la investigación no supera los 750.

Gestha subraya, por ejemplo, que sólo se ha investigado el 1% de los billetes de 500 y que si se hiciera un seguimiento de la totalidad de los mismos se podría detectar fraude por valor de 6.200 millones de euros.

Partiendo de los datos provisionales de recaudación, Gestha ha estimado que el incremento del fraude por causa expresa de la crisis se acercó en 2008 a los 4.000 millones de euros (3.983), dinero suficiente para pagar la nómina del paro durante dos meses y que no queda muy lejos del presupuesto del Ministerio de Educación.

Esta estimación la realizan una vez descontados los efectos pendientes de la reforma tributaria de 2006, la paga de 400 euros y ponderando el efecto de la caída de la actividad y el consumo en los datos de recaudación hasta el mes de enero. En su opinión, estos descensos, por sí solos, no justifican, por ejemplo, una caída del 55,9% en la recaudación en el mes de enero respecto al mismo mes de año anterior. Así, si en enero de 2008 la recaudación por este concepto alcanzó los 1.247 millones de euros, en enero de este año la cifra ha descendido hasta los 550.

Gestha precisa que descontando el efecto provocado por el distinto calendario de vencimiento de los ingresos de deuda en ambos años (542 millones en 2008 y cero en 2009) y las mayores devoluciones realizadas (crecen un 86%, esto es, 161 millones más que el año pasado), el descenso se situaría en el 12% en términos homogéneos, cifra todavía muy superior a las previsiones respecto al descenso del PIB. Según Gestha, es ese margen el que apunta hacia el incremento del fraude y de la economía sumergida.

También sufre un descenso acusado la recaudación por IVA que, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, ha pasado de 1.142 millones en enero de 2008 a 763 en el mismo mes de este año, esto es, una reducción del 33,2%. En este capítulo, Gestha no comparte la valoración de «descenso no significativo» que ha realizado la AEAT, que alega el traslado de la mayor parte de los ingresos al mes de febrero. Según los técnicos, esta caída también es reveladora de un incremento del fraude.

Los técnicos de Hacienda sí consideran más ajustada, en relación con las previsiones de la caída del PIB, el descenso del 9,6% en la recaudación del IRPF. Gestha destaca también el bajón producido en las retenciones del trabajo de las pymes (-14%), muy superior al que han experimentado las grandes empresas (-2,4%), lo que en opinión de este colectivo indica, en primer lugar, que son las pequeñas empresas las que están sufriendo con mayor intensidad el azote de la crisis y, en segundo, que el incremento del fraude también se podría estar incrementando entre las pequeñas y medianas empresas.

José María Mollinedo recuerda también que la experiencia de procesos de crisis anteriores, como la de principios de los años 90, demuestran, «y los técnicos de Hacienda alguna experiencia sobre eso tenemos, que cuando una empresa entra en crisis, lo primero que deja de pagar son los impuestos, entre otras cosas, porque con un asesor hábil el impago se puede ocultar, en ocasiones, el tiempo suficiente para salir vivo de los momentos más complicados».

Otro de los elementos que permiten constatar un incremento de la economía sumergida es la comparación de las memorias de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, concretamente, los datos aportados por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de 2007 y 2008.

Según la Policía, el número de investigaciones realizadas pasó de las 752 en 2007 a las 948 en 2008. El incremento del número de personas detenidas también ha sido significativo, pasando de 403 a 519. Pero quizás el dato más relevante es el del volumen del fraude investigado que, en un sólo año, pasó de 101,9 a 115,4 millones de euros.

El incremento de la economía sumergida, difícil siempre de determinar por la naturaleza no reglada de la actividad, ha sido analizado también desde el punto de vista laboral. La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso este diario, en el que se subraya que es en los contextos de crisis cuando este tipo de actividad crece más.

El informe recuerda que, según las estimaciones internacionalmente aceptadas, en los países en vías de desarrollo la economía sumergida puede llegar a representar más del 70% del PIB oficial, mientras que en los países en transición, la economía sumergida es mayor si se trata de países de la extinta URSS (hasta un 35% del PIB).

España, a la cabeza

Por lo que a los países desarrollados (OCDE) se refiere, el estudio de AGETT precisa que el peso de la economía sumergida asciende al 17% del PIB oficial, pero con grandes diferencias por países con una horquilla que va del 7,8% de Suiza al 30,1% de Grecia.Entre medias se encuentran los porcentajes registrados en países como Austria (8,6%), Estados Unidos (8,8%), Italia (27,2%) o España (23%). En el caso español, el peso de la actividad de la construcción en el modelo productivo y la masiva llegada de inmigrantes han contribuido a incrementar las cifras en los últimos años.

Para AGETT, el trabajo no declarado (TND) tiene una motivación orientada a la evasión de impuestos y cotizaciones y los canales por los que esta motivación se expresa de tres maneras posibles: «La existencia de una demanda heterogénea y variopinta de servicios directos para hogares y personas de difícil formación contable; la reestructuración industrial y la desintegración vertical que conlleva, que facilita la aparición de una larga cadena de subcontratación que puede ir de la semielaboración de manufacturas hasta la prestación de servicios profesionales y, en tercer lugar, la generalización de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), ligeras, flexibles y versátiles, que han permitido la prestación de servicios por vías poco propensas, hasta la fecha, a la fiscalización».

El estudio coincide con otros en que entre los trabajadores no declarados es muy frecuente encontrar trabajadores regulares que, más en tiempos de crisis, complementan sus ingresos mediante actividades no declaradas, sea en la misma actividad (horas extra no declaradas y remuneradas en B), sea en actividades complementarias.En estos casos no se puede hablar de trabajadores poco cualificados.«Es frecuente también», se precisa, «encontrar personas oficialmente inactivas (estudiantes, amas de casa, jubilados) realizando tareas no declaradas de relativa simplicidad. Los parados suelen participar en este tipo de actividades cuando carecen de prestaciones. Por último, los inmigrantes también suelen iniciarse en su andadura laboral mediante la realización de actividades no declaradas y, frecuentemente, no permitidas (venta callejera)».

Francisco Aranda, presidente de AGETT, declaró a EL MUNDO que se ha demostrado que en los países donde la influencia de la economía es menor, la actividad de las ETT es mayor.

Apoyos

> LAS CIFRAS

1.000.000

Hasta un millón de personas podrían formar parte de las redes de la economía sumergida o trabajo no declarado.

22-23%. Este es el porcentaje del PIB español que, según distintos organismos nacionales e internacionales, tiene su origen en actividades de la economía subterránea.

> FRAUDE

240.000 millones de euros es la actividad que escapa al control tributario, según el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Según la Policía, el volumen de fraude detectado pasó de 101,9 millones de euros en 2007 a más de 115,4 millones en 2008. Los detenidos pasaron de 403 a 519 en estos doce meses.

> OTROS PAISES

El peso de la economía sumergida en los distintos países oscila entre el 70% que puede alcanzar en los países en desarrollo al 17% de media en los países más avanzados (OCDE). Estos últimos registran grandes diferencias: desde el 7,8% de Suiza hasta el 30,1% de Grecia.

> DINERO NEGRO

EN 2008... los billetes de 200 euros ganaron terreno a los de 500 en las operaciones fraudulentas. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, difundidos por Gestha (Técnicos de Hacienda), mientras que los de 500 euros registraron un descenso del 1,7% entre 2007 y 2008, los de 200 repuntaron un 5%.

> las PREVISIONES

Los presupuestos para 2009 del vicepresidente Pedro Solbes contemplaban un incremento de más de 5.000 millones de euros en la recaudación del IVA.

> La REALIDAD

INGRESOS. La recaudación tributaria en enero registró descensos del 55,9% en el Impuesto de Sociedades y del 33,2% en el IVA, muy por encima del recorte del consumo y de la actividad. Según los técnicos tributarios, parte de la caída tiene que ver con el aumento del fraude.

> mapa empresarial

3,4 millones de empresas conforman el mapa empresarial español. De ellas, más de 2,8 millones tienen cero, uno o dos asalariados. Esta atomización facilita, en opinión de los expertos, el crecimiento de la economía 'informal' en los momentos de dificultades.

69.618 es el número de infracciones detectadas por las 773.596 inspecciones de trabajo realizadas en 2008. Las sanciones pasaron los 218 millones de euros, lo que da una media de unos 3.139 euros.

> Laboral

Francisco Aranda, presidente de AGETT, subraya que en los países donde la influencia de la economía sumergida es menor, la actividad de las ETT es, sin embargo, mayor.

> Sectores

Los sectores que registran mayores niveles de economía sumergida van desde los tradicionales (agricultura, comercio minorista, reparación de automóviles, construcción, reparación y servicios domésticos), hasta las actividades manufactureras y de servicios.

Opinión del experto
Los héroes de la depresión
TOM BURNS MARAÑON

La economía sumergida crece con la crisis. Y ¿qué hay de nuevo? Esto ha ocurrido siempre. Hay quienes no se arrugan ante el despido y se esfuerzan por salir adelante. Montarán sus chiringuitos para intercambiar bienes y servicios al margen de lo puede ofrecer un Inem que renquea bajo el peso de su burocracia. Lo harán recogiendo cartones, reciclando lo que otros tiran a la basura, trabajando en la privacidad de sus hogares (las mujeres, por ejemplo, en tareas de confección), recolectando cosechas y enfrascados en la albañilería, por supuesto sin papeles y sin IVA por medio.Saldrán adelante repartiendo y vendiendo lo que haga falta y lo que pase por sus manos. Quienes, expulsados de la economía regulada, ya no reciben el paro no tienen otra alternativa. Por ello se lo montan por su cuenta con decencia y dignidad. Es una cuestión de supervivencia. Son los héroes de ésta y de todas las depresiones económicas. Los más avispados, consecuentes y mejores, suelen ser los inmigrantes.

Quienes operan en este mercado oculto a los poderes públicos serán, gracias a su ingenio y a su capacidad de aprovechar oportunidades, a su empeño, a su sudor y a la buena administración de sus ingresos, los mejor situados cuando la economía levante el vuelo. Entonces el mundo pertenecerá a quienes consiguieron sobrevivir a la crisis acopiando habilidades y consolidando sus redes sociales y comerciales.

Hay mucha investigación sobre todo esto y los estudiosos del tema no se refieren a la economía sumergida. La llaman la economía informal. Quien abrió el fuego en defensa de la riqueza que son capaces de generar los teóricamente excluidos y desheredados y de su potencial para el desarrollo fue el economista peruano Hernando de Soto en un libro titulado El otro sendero que fue publicado hace veinte años.

Lo que argumenta de Soto es que la excesiva reglamentación -tropecientos permisos necesarios tras ídem inspecciones requeridas y, al final, ventanillas mil para sellar el papeleo reunido- es contraproducente si lo que se pretende es aumentar el proceso productivo. A la vez, aboga, según el guión de empowerment, por dar el derecho de propiedad a quienes ocupan viviendas no reguladas en los países emergentes y en los márgenes de las economías desarrolladas.De Soto entiende la economía informal como un fenómeno enormemente positivo.

Historias de tres parados que trabajan dentro de la economía sumergida

ANTONIO SALVADOR / Cádiz / LUIS GARRIDO / Barcelona / MARIA VEGA / Madrid

El debate
El euro llegó para quedarse. ¿O no?

ENRIQUE MORA

Si se rompe el euro pagarán los países más débiles, entre ellos el nuestro. El debate sobre ese escenario se planteó con fuerza hace pocas semanas. Ahora, las cosas se han calmado algo. Es por ello un buen momento para preguntarnos si esa posibilidad es real. Y, si es así, qué medidas pueden tomarse para evitarlo.

El euro ha sido uno de los grandes logros de la construcción europea. Y también una de sus decisiones más arriesgadas. Al principio, algunos incluso predecían un rápido colapso de lo que, para ellos, no pasaba de ser un montaje artificial. Las razones no eran menores. Una moneda es, al fin y al cabo, el reflejo de una economía, y las diferencias económicas entre los estados constituyentes eran enormes. El euro preveía una política monetaria común ejecutada por un único Banco Central, pero no incorporaba todas las demás políticas y actuaciones que conforman una política económica, en particular la fiscal.

Pero quizá más importante era la ausencia de políticas comunes de fomento de la competitividad. El propio Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, ha declarado que si se volviera a diseñar el euro habría que considerar ese punto. Un país poco competitivo produce bienes y servicios cada vez más caros y de peor calidad y su balanza comercial se deteriora hasta límites insostenibles.

La solución al problema -la fácil- es devaluar. Nuestro país lo ha hecho durante décadas. Pero en el euro eso ya no es posible.Las diferencias de productividad entre los distintos países que formaron el euro llevó a algunos a pensar que el experimento fracasaría rápidamente.

Pero el euro empezó a circular cuando la economía mundial iniciaba uno de sus periodos más dulces. Y la abundancia tapa posibles miserias. España se embarcó en un crucero de dinero fácil, endeudamiento y burbujas varias, en particular la inmobiliaria. Y mientras tanto se iba agravando, sin que las autoridades tomasen medida alguna para evitarlo, nuestro principal problema: la productividad.O su ausencia, para ser precisos.

La mejor medida de la competitividad son los llamados costes laborales unitarios, que reflejan el salario ajustado por los cambios en la productividad. Entre los años 2000 y 2007, Alemania rebajó esos costes un 1,4%. Es decir, los salarios subieron menos que la productividad. En la zona euro, los costes aumentaron un 11,4%. En España, subieron un 22,7%. El dramático deterioro de nuestra balanza por cuenta corriente estaba reflejando esa situación año tras año, pero a ningún responsable parecía importarle.Ahora que la fiesta ha terminado, el daño se está mostrando en toda su magnitud.

El euro protege contra la devaluación, que no es más que un empobrecimiento súbito y colectivo. Pero que no haya tensión en el tipo de cambio no quiere decir que el problema esté resuelto. Ojalá fuera tan fácil.

Si en una tubería de mala calidad se tapa un agujero, aparecerá otro. Y aquí, ese agujero se llama aumento del interés de la deuda del Estado. España está pagando por intereses de la deuda más de un punto de diferencia con la alemana, desde el 0,02 de dos años antes. Es una situación insostenible a largo plazo, al hacer que la deuda aumente hasta cotas inadmisibles, y de ahí vino el debate sobre posibles expulsiones del euro (Grecia o Irlanda están todavía peor).

Si no se afronta el problema de fondo, el riesgo de que España se vea forzada a abandonar el euro será muy real. Abordarlo significa aumentar la productividad con inversiones masivas en I + D y educación, liberalizar más el sector servicios (no es de recibo que con una inflación del 0,7% en febrero los precios de ese sector suban por encima del 3%) y actuaciones en el mercado laboral.

Aquí no se trata de la demagogia fácil de «hay que congelar los sueldos» o la opuesta de «siempre pagan los asalariados». En Alemania, los salarios subieron más que la inflación en muchos sectores, consiguiendo el círculo virtuoso de vivir mejor y ser más competitivos. La razón reside en que hace mucho que abordaron los dos puntos anteriores.

Como dice el jefe de gabinete de Obama, «nunca desperdicies una buena crisis». Lo que no se hizo en tiempos de bonanza hay que hacerlo ahora. Será mucho más difícil, pero la alternativa es aterradora

Enrique Mora es diplomático y trabaja en el Consejo de la UE.

enrique.mora@consilium.europa.eu

LAS CLAVES
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LA AGENDA
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> FUERA DE LA AGENDA / DANUTA HüBNER / Comisaria de PolItica Regional de la UE
«El proteccionismo siempre es contra otro y eso es muy peligroso para Europa»

Por María Ramírez

Una noche de octubre de 2005, Danuta Hübner, la polaca que maneja la multimillonaria cuenta de fondos regionales de la Comisión Europea, cenaba con un grupo de alcaldes en Olivares de Duero, un pueblo de 300 habitantes en Valladolid. La cena había empezado con retraso por la llegada tardía de la comisaria, pero todos, animados, querían hablar con ella, que domina el español desde la infancia. El entusiasmo de los comensales, con un nivel de conocimiento de la UE que sorprendía a la comisaria, alargó la velada. Pasada la medianoche, insistieron en que su invitada debía visitar en la iglesia local el retablo de San Pelayo, restaurado con fondos europeos, aunque hubiera que despertar en la sacristía a alguien en poder de las llaves. Así, a la una de la madrugada, la polaca se encontró casi a solas ante un imponente altar gótico decorado con una cincuentena de pinturas de vivísimos colores enmarcadas por brillantes columnas labradas. «No lo voy a olvidar, me emocionó mucho», asegura.

A Hübner le gusta repetir que ha visitado más del 85% de las regiones europeas y ha llegado a pueblos donde nunca habían visto un comisario de Bruselas, y ni siquiera un ministro de su propio país. La mención de sus viajes a la «Europa real, no la de las cumbres» es lo que más anima a esta polaca que acostumbra a hablar bajito y mirar hacia abajo. El relato de la última confitura que le han regalado, las placas en Inglaterra sobre los proyectos financiados por la UE o su próxima cita en La Rioja -la única autonomía que le falta de España- hace que levante la vista, hable más alto y mueva rápido las manos. «Cargo la batería cuando voy a la Europa local», dice en su despacho, con estanterías coloreadas por cuadritos, estatuillas, gorras y fotos de sus giras.

La Política Regional es, para ella, el instrumento más concreto y positivo para que los europeos se familiaricen con el trabajo de Bruselas. «Los ciudadanos no quieren ser informados sobre la UE, no quieren leer informes, quieren participar en Europa Puede emocionar que uno que paga impuestos en Portugal financie un proyecto en Finlandia», cuenta.

«La gente, en general, es muy proeuropea, aunque, a veces, los políticos la usan contra Europa», explica la ex ministra que, durante los seis meses anteriores al referéndum de entrada en la UE, se recorrió su país «pueblo por pueblo», hablando «casi con cada uno» de sus habitantes y hasta bailando en los picnic populares con tal de convencer a sus ciudadanos de que la adhesión traería un desarrollo parecido al español, contra las advertencias de los poderosos partidos euroescépticos. Desde la Universidad y la gestión de varios institutos de estudios internacionales, la «apertura al mundo» de los polacos era una obsesión personal de Hübner, políglota -habla seis idiomas y sus asesores se asombran de todos los que consigue entender- y con una formación europea que pocos tenían. De hecho, ella misma reconoce que le tocó participar en la ampliación y ser comisaria porque en su país tenía muchos puestos que llenar y poca gente preparada en asuntos europeos.

Cuando llegó a la Comisión en 2004, poco le sorprendía de un lugar donde había pasado horas de negociación y donde sólo se encontraba caras conocidas en los ascensores. Lo único que la descolocó, cuenta, fue una falta de flexibilidad que no había apreciado desde fuera: ante muchas peticiones, una respuesta habitual era, «señora comisaria, eso no es posible aquí». «Los de los países nuevos nunca empezamos diciendo que algo es imposible, porque nosotros cambiamos todo, pusimos nuestro mundo al revés, así que somos más abiertos a hacer cosas que no se hacían. Los nuevos tenemos más en común con los españoles», afirma.

Si bien participó activamente en el proceso, reconoce que los ciudadanos de los Quince «no se sentían bien preparados para aceptar la ampliación» y que, sobre todo «en tiempos de crisis, es fácil despertar los sentimientos negativos» contra los últimos miembros llegados del Este. «La unidad europea, más real, más fuerte, es un trabajo que no hemos terminado», reconoce, temerosa de que la crisis levante barreras contra los estados orientales y sus trabajadores. «El proteccionismo siempre es contra otro y eso es muy peligroso para Europa», insiste.

Aunque su país ha pasado a sustituir a España como el principal receptor de fondos comunitarios, la actual crisis merma sus posibilidades.«Polonia tiene que hacer a la vez lo que España hizo en etapas», asegura la comisaria, acostumbrada a tratar durante años con Alberto Navarro y otros secretarios de Estado para la UE que intentaban enseñar a los nuevos socios cómo manejar bien los fondos.

En plena crisis, Polonia sufre con una moneda arrastrada por la presión de los mercados y que conserva por no haber querido optar al euro cuando se encontraba en mejor situación presupuestaria.«Polonia cometió un error al no hacerlo hace dos años. Durante la crisis, pertenecer a la zona euro protege», suspira, convencida de que, con o sin crisis, Europa del Este «no es un bloque» y que algunos estados nuevos tienen más en común con los viejos que entre sí. «Los intereses no son iguales, no es un grupo homogéneo», subraya.

Ahora que va a acelerar los pagos de los fondos -una de las recetas de la Comisión contra la crisis-, defiende que la mayoría del Este absorberá bien y rápido el dinero, pese a las notables excepciones.El peor caso es Bulgaria, cuyos pagos se suspendieron en julio de 2008 por fraude y falta de control. «Queremos apoyar al desarrollo, pero nuestra tarea también es proteger el presupuesto», dice, confiada en cierto progreso y con ganas de reanudar la asistencia a los búlgaros, los más pobres de la UE.

Su mandato como comisaria termina en noviembre, pero podría cambiar antes su puesto por un escaño en el Parlamento Europeo. El Gobierno de centro-derecha le ha pedido que encabece la lista para las elecciones de junio, aunque ella, que no milita en ningún partido, reconoce que, si tuviera la opción, preferiría quedarse en la Comisión, porque le parece una posición «más útil». Aún así, ya suena como posible próxima presidenta de la Eurocámara, una silla con poder simbólico, pero que no ocupa una mujer desde hace una década.

En la mayoría de sus reuniones, Hübner sigue siendo la única mujer. «Sigue habiendo algo raro en Europa. El cambio viene, pero muy lentamente. Es una pena por la pérdida de la mitad del potencial que tenemos. Las mujeres siempre tienen que justificar por qué hay que aumentar la representación y no al revés; ellos no dicen por qué no las dejan», asegura la política que luce en su estantería el libro Polish Women in History.

En cualquier caso, se alegra de que sus hijas ya no tengan que luchar por los derechos más básicos. A Hübner le gusta que sean de la generación de «nuevos polacos», que viajan por Europa y no se preocupan de dónde provienen sus amigos, algo que se le ha pegado a ella. Cuando llegó a la Comisión, tenía la manía de interrogar a colaboradores y colegas de qué país eran: «Ahora ya no pregunto. No pienso en ello».

DATOS VITALES
Orígenes: Nisko (Polonia), abril de 1948.
Estado civil: divorciada, con dos hijas.
Trayectoria: Tiene un doctorado de Economía en la Universidad de Varsovia y ha pasado por las de Berkeley, Sussex y la Autónoma de Madrid. Fue profesora universitaria. Negoció la entrada de su país en la OCDE y la UE y fue ministra de Asuntos Europeos.Desde 2004, es comisaria de Política Regional.
Pasiones: Leer. También le encantan el cine, el esquí y el jazz.
TIEMPO LIBRE
«¿Qué tiempo libre?», pregunta. Intenta hacer ejercicio y leer lo máximo posible. Danuta devora libros, desde biografías políticas hasta novelas escandinavas de detectives. Para ella, el mejor escritor polaco de los últimos tiempos es Ryszard Kapuscinski.
PENDIENTE DE...
El tiempo en Bruselas; lo que más le ha sorprendido últimamente es ver nevar en marzo. Estará próximamente en La Rioja, la única comunidad autónoma española que le falta por conocer (asegura que ha visitado el 85% de las regiones de la UE).

> AGITESE ANTES DE LEER
Y ahora, el malo de las 'pelis' es... ¡el banco!

Carlos Salas

En Estados Unidos ya se estrenó, y dentro de un mes se estrenará en casi todos los cines de Europa. Es una película en la que el malo no es ruso, ni árabe, ni japonés, ni alemán, ni extraterrestre.Es un banco. Organiza asesinatos, trafica con drogas y se enfrenta a la Interpol. «Controlamos todo», dice uno de los banqueros malísimos de la película (trailer en www.sonypictures.com/ movies/theinternational/site/).

Protagonizada por Clive Owen, con The International los productores y el guionista han dado en el clavo, pues la imagen de los bancos está en su peor momento y cualquier truculencia será aceptada por el público. En el trailer se dice: «Les das tu dinero, confías en ellos, pero ¿qué pasaría si con eso hicieran otras cosas?».Y se ve a un tío metiendo su código pin en un cajero y ¡¡Buuum!! Estalla. Los espectadores gritan: «¡Sí, son ellos. Los malos!».

A la vista de lo que ha sucedido con las hipotecas basura en Estados Unidos, con los riesgos galácticos que asumían los bancos metiéndonos el dinero por la boca, con la cantidad de productos sofisticados que regaron por el mundo sin saber que estaban colocando bombas de relojería en nuestros traseros y, por supuesto, con el colapso de muchos bancos e instituciones financieras, todo el mundo les mira ahora con desconfianza.

Pues lo que viene es peor. En mayo de estrena Drag me to hell (Arrástrame al infierno), una película de terror dirigida por Sam Raimi. Trata de una hermosa chica que trabaja en un banco y un día le llega una humilde viejecita que desea renovar su hipoteca. Ya van dos renovaciones y la empleada dice que no.La viejecita le suplica de rodillas y la empleada vuelve a negarle el crédito. Y entonces, la viejecita jura venganza. En realidad, esta viejecita es Lamia, el peor de todos los demonios, y vuelve dispuesto a llevarse al infierno a la bella protagonista (sí, muy bella, pero no le renovó el crédito, ¿eh?).

Ahí no acaban las penurias de los banqueros. También ellos son los protagonistas de algunas presentaciones ingeniosas que corren por internet como si fueran un rumor universal. La de Jonathan Jarvis se llama la crisis crediticia (http://jonathanjarvis.com/crisis-of-credit).Dura unos ocho minutos y explica con dibujos la gigantesca estupidez que cometieron los bancos cuando se dedicaron a vender hipotecas basura revestidas con nombres suculentos como los collateralized debt obligations. Una irónica voz en off expone la ridícula forma en la que se puede multiplicar el dinero a través de un mecanismo llamado apalancamiento (leverage).

Ahí no acaba todo. Hay en Youtube un vídeo de dos horas de duración que data de 2007 y se titula Zeitgeist (el espíritu de los tiempos) que relata una conspiración mundial promovida por banqueros internacionales, por los gobiernos y por las religiones para someter al globo.Las dos guerras mundiales, la de Vietnam y las del Golfo, eran en el fondo guerras económicas que beneficiaban sólo a banqueros.

Chicos: necesitáis el mejor director de comunicación del planeta porque vuestra imagen está por los suelos. «Decir ahora que eres banquero suena muy mal», me decía hace poco un directivo de banca.Alguien me contó el caso de que un banquero que solía pasar los fines de semana en su casa de la montaña, en un pueblo, pero ya no se atrevía a ir porque mucha gente que antes le admiraba ahora se le acercaba para echarle la culpa de que sus ahorros se hubieran esfumado.

Bancos, directores de sucursal y empleados son culpables de haber concedido préstamos en un volumen desmesurado sólo para cumplir los objetivos internos y llevarse una compensación por haber sido tan eficientes. La codicia les empujó a despreciar la realidad, a asumir riesgos elevados y a entrampar a los clientes dándoles más dinero del que necesitaban. La prueba es que en los peores años de la peste financiera, entre 2005 y 2007, se concedieron más créditos hipotecarios que el volumen total de depósitos en nuestro sistema. Eso tiene un nombre: locura y codicia (ver la web de la asociación hipotecaria española www.ahe.es).

Los clientes también son culpables, por supuesto. Fueron muy inconscientes, pero a los clientes no les daban bonus ni les subían el sueldo por pedir más créditos.

Todo esto ha servido para reflexionar sobre los viejos valores de la banca, es decir, esos profesionales que, antes, se dedicaban a cuidar nuestro dinero y a darnos consejos prudentes. Los bancos suizos son el mejor ejemplo: las casas familiares han resistido mejor la crisis que las grandes corporaciones. ¿Por qué? Pues porque los consejeros de los bancos familiares suizos responden con todo su patrimonio en caso de agujero o quiebra, pero los grandes gestores de los grandes bancos, que son sociedades anónimas, no responden con nada.

Eso tiene un gran impacto en la forma de gestionar, pues un banquero que se juega todo su patrimonio es más cauto a la hora de mover el dinero de sus clientes. La prueba es que hace años, Bernard Madoff, el mayor estafador del mundo, hizo un road show por Suiza para encandilarlos con ese sombrero de copa de donde sacaba rentabilidades del 12%. Los pequeños banqueros, como los de Lombard Odier, no le creyeron porque Madoff no supo explicarles su magia. Los grandes, como UBS y Credit Suisse, picaron.

Consecuencias. Los clientes del Credit Suisse parece que han perdido casi 1.000 millones de dólares en los trapicheos de Madoff.Los de UBS más de 1.400 millones y ahora los van a demandar.

Como decía John Kenneth Galbraith, «sólo tras el colapso especulador surge la verdad». Por eso, las grandes fortunas andan buscando esos bancos fiables que, como esos pequeños talleres de mecánicos, saben hacer su trabajo sin poner en riesgo el patrimonio del cliente. La gente rica ahora no quiere multiplicar su dinero sino perder lo menos posible. Como me decía un banquero hace poco: «El miedo a perder dinero siempre te causa una tensión mayor que la satisfacción por ganarlo».

carsalas21@gmail.com

CRITICA de ideas

Por Pablo Pardo

'Riesgo moral' y el rescate de empresas en problemas

En en el rescate de una empresa o un banco por el Estado siempre hay un riesgo moral (moral hazard). Con este concepto nos referimos a la posibilidad de que la presencia de un acuerdo entre dos partes modifique el comportamiento de una de ellas. Por ejemplo, si alguien tiene un póliza contra huracanes, será mas probable que se compre un chalé junto al mar en Florida: si se lo lleva el mar, que pague el seguro. En una crisis, cuando el Estado interviene en la economía, el riesgo moral implica «privatizar beneficios y nacionalizar las pérdidas». O sea, que el que la hizo no la paga, porque la paga el Estado. James Surowiecki lo resume en The New Yorker (www.newyorker .com/talk/financial/2009/02/09/090209ta_talk_surowiecki).

¿Una forma de saqueo...?

Los economistas teóricos se toman muy en serio el riesgo moral.En un estudio clásico (http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=227162), el Nobel George Akerloff y su colega Paul Romer explican que puede generar situaciones en las que las empresas «tengan un incentivo para ir a la quiebra a costa de la sociedad». No es menos cierto que todos critican el riesgo moral hasta que llegan al poder. En ese momento, la realidad se impone a las formulaciones teóricas y se empieza a ayudar a empresas (o países) en crisis.Esa es la tesis de Jeff Frankel, ex asesor de Bill Clinton, en un artículo en el blog de Nouriel Roubini (www.rgemonitor. com/ globalmacro-monitor/253324/ commercial_banks_river_banks_ and_moral_hazard).

¿...o un problema que, en realidad, no existe?

El problema es que, si no se rescata a la empresas, lo que queda es la máxima atribuida a Andrew Mellon, secretario del Tesoro de EEUU durante el crack del 29: «Liquidar el empleo, liquidar la bolsa, liquidar los granjeros, liquidar el sector inmobilairio».Esa idea provocó, ya lo sabemos, la Gran Depresión. Otra opción es que el riesgo moral haya sido exagerado. Para Steven Kamin, de la Reserva Federal (www.scribd. com/doc/1355382/US-Federal-Reserve-ifdp736), la experiencia sugiere que ni los inversores ni los gestores toman decisiones pensando en que, si las cosas van mal, el Estado les salvará.

Castigo general
> ACTUALIDAD ECONOMICA
Miguel A. Belloso

Uno de los hechos más insólitos de la crisis es que está castigando con dureza a todos, incluidos los grandes patrimonios. Está derribando mitos. Por ejemplo, Warren Buffet, antiguo oráculo de inversores, ha perdido casi la mitad de su dinero. Ha reconocido que se ha equivocado en sus apuestas. A otros que bailaban su son, como Bill Gates, les ha ocurrido algo parecido. En España, la crisis ha causado estragos entre los más ricos. El número de Actualidad Económica que ya tienen en el quiosco hace un parte de bajas que, aun siendo limitado, conmueve.

Sólo calculando las pérdidas en Bolsa de las 25 principales fortunas después de la quiebra de Lehman Brothers, que desató el pánico financiero y descompuso el mapa bancario mundial, los más ricos del país han visto cómo se ha esfumado más de un 30% de su patrimonio.La corriente de empobrecimiento general ha devastado territorios que hasta hace poco se pensaba libres o vacunados contra la debacle.

La enorme dimensión de la crisis avala las palabras del Nobel Paul Krugman, que ha estado de visita esta semana en España y ha opinado sin contemplaciones. No es que me guste el personaje, es un economista-oportunista de izquierdas que ganó el Nobel en el momento adecuado -a punto de que Obama fuera el nuevo presidente de Estados Unidos- gracias a la pleitesía que la Academia sueca rinde a lo políticamente correcto. Dicho esto, Krugman es una persona muy digna de consideración, que la mayoría de las veces dice cosas sensatas. En el caso de España, por ejemplo, nos ha asegurado mucho dolor los próximos años, y nos ha ofrecido sus recetas. Si queremos recuperar competitividad, estamos abocados a bajar los salarios -de manera inmediata- y a hacer con urgencia reformas drásticas, que sólo tendrán efectos a medio plazo. ¿Creen ustedes que habrá tomado nota Zapatero?

> ALIMENTACION
La guerra de precios en el 'híper' arruina a los agricultores

Los productores acusan a la gran distribución de inundar sus lineales con productos foráneos y hundir los precios del campo español.

Por Carmen Llorente

Un pack de litro de leche entera de Lidl cuesta 0,57 euros, casi la mitad de lo que valen las marcas líderes del mercado como Pascual o Puleva y tan sólo 17 céntimos más de lo que percibe el ganadero español. ¿Cómo puede ser que la cadena alemana de bajo coste ofrezca esta ganga? Lidl explica estos días el secreto de su éxito en grandes anuncios en la prensa escrita: «Compramos grandes cantidades de producto para abastecer a las 8.400 tiendas que tenemos por toda Europa, lo que nos permite negociar precios muy competitivos». Así, la leche que se vende en los supermercados de España puede proceder de Francia o Alemania, países con una gran producción y mucho excedente al que tienen que dar salida a bajo precio.

La misma estrategia, que se extiende a un gran número de productos de alimentación de enseña blanca, es utilizada también por otros grandes grupos de la distribución minorista de gran consumo como Carrefour, Alcampo o Dia.

La crisis económica y el desplome del consumo han provocado que las cadenas de supermercados se hayan volcado más en sus marcas blancas y que busquen cada vez con más ahínco en cualquier lugar del mundo los proveedores y fabricantes más económicos. El resultado es que en los supermercados e hipermercados de España se pueden ver conservas de vegetales elaboradas en Turquía, naranjas de Uruguay o Brasil, tomates y pepinos de Marruecos, aceite de oliva de Portugal, harina de Ucrania, salchichas de Rumanía...

Y esta invasión de productos foráneos en los lineales de la gran distribución está provocando que los precios agrarios se estén desplomando y los agricultores ni tan siquiera puedan cubrir sus costes de producción. «Los productores de cítricos están percibiendo esta campaña unos precios ruinosos por la entrada masiva de naranjas y limones de Brasil y Uruguay en los lineales de la distribución», afirma Pedro Barato, secretario General de Asaja, la primera patronal agraria española, quien asegura que el avance de la marca blanca o del distribuidor -que copa ya más del 30% de las ventas de alimentación, droguería- y la guerra de precios están dejando al «campo en la más completa ruina».

Las cifras hablan por sí mismas. La renta agraria española retrocedió un 7,8% en 2008, pérdida que asciende al 26% en los cinco últimos años. Durante el ejercicio pasado, la superficie cultivada se redujo en más de un 7% y se perdieron 43.000 empleos en el campo.

«Los precios agrícolas están bajando, pero nuestros costes productivos siguen aumentando. La tarifa eléctrica se nos ha disparado un 400%; los fertilizantes siguen por las nubes y los piensos compuestos sólo han bajado un 10%, pese a que la cotización de los cereales se ha desplomado», asegura el responsable de Asaja.

El declive del sector ha alcanzado incluso a la estrella de la agricultura española: el olivar. Los sindicatos agrarios aseguran que la gran distribución está vendiendo casi a pérdidas este producto considerado de reclamo, lo que está provocando el desplome de los precios del aceite en el campo. «Los grandes supermercados e hipermercados han puesto en peligro la supervivencia de miles de pueblos de Andalucía que viven de la aceituna. Los precios actuales del aceite de oliva en origen no cubren los costes de producción», afirman en Asaja.

Los agricultores y ganaderos ya han comenzado a lanzar sus protestas.Exigen, de una vez por todas, una total transparencia en toda la cadena de alimentación, que los productos de marca blanca estén correctamente etiquetados y se informe del origen del producto.«La gente tiene que saber que está comprando leche de Francia o aceite de oliva de Marruecos», apunta Miguel López, secretario general del sindicato agrario Coag.

Sin embargo, las quejas y demandas de los agricultores están chocando con los oídos sordos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El Gobierno catalán sí que ha hecho oír su voz. El consejero catalán de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, Joaquim Llena, afirmó hace unos días en un foro en Madrid que la proliferación de marcas blancas acabará «matando la gallina del sector agroalimentario español». Por su parte, el PP de Asturias ha pedido la intervención «inmediata y con urgencia» del Tribunal de Defensa de la Competencia en el sector lácteo a causa de las importaciones masivas de leche del extranjero.

Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno, la tensión en el campo crece día a día y se prevé una primavera llena de protestas a lo largo y ancho de España. La primera fue el pasado miércoles con una gran tractorada por la provincia de Córdoba para protestar por el desplome del precio del aceite. ¿Las próximas? Mañana en La Coruña y Oviedo, con dos grandes concentraciones frente a la delegación del Gobierno de cada ciudad para reclamar al Ministerio que articule «de modo inmediato» un plan de choque para el sector lácteo y se frene la entrada masiva de leche de Francia.

Y no serán éstas las últimas protestas. Asaja afirma que, si no hay ninguna respuesta satisfactoria del Gobierno en breve, llevarán a cabo grandes tractoradas y cortes de carretera por toda la geografía española. «No podemos aguantar más esta situación», sostiene la patronal. CITRICOS

«Aún no he cobrado la fruta de octubre»

«Esto es un caos. Aún no me han pagado la fruta que me recogieron en octubre y ya tengo que abonar para la próxima campaña». Las palabras del agricultor valenciano Rafael Cervera reflejan la situación dramática de miles de citricultores españoles que están al borde de la desaparición por la reducción continua de sus ingresos. La guerra de precios que se ha desatado entre supermercados e hipermercados ha disparado la alarma entre los productores, que temen una nueva vuelta de tuerca en lo que se les paga por su fruta.

Cervera, propietario de una explotación de 90.000 metros cuadrados en Pedralba (Valencia), teme que esa competencia feroz entre las grandes cadenas de distribución alimenticia reduzca aún más los ingresos recibidos de los operadores comerciales. Asegura que su renta no le da ya para vivir. Esta campaña sacará 15.000 euros limpios por una producción de 200.000 kilos, una vez descontados los gastos en abonos, insecticidas, gasóleo y la poda de árboles.Como ese dinero no le da para vivir, tiene que recurrir a otros ingresos familiares. En sus circunstancias, otros ya han abandonado las explotaciones.

Cervera está a la espera de las liquidaciones de la fruta que le fue recogida en su campo en octubre y noviembre para conocer cuánto le pagarán. Se teme lo peor ahora que las cadenas de distribución han abaratado la fruta en respuesta a la crisis. Las primeras liquidaciones de otros agricultores apuntan a que los operadores comerciales, que luego venden la fruta a los supermercados, pagan un 30% menos de lo pactado en los contratos al verse presionados por sus clientes. Cervera opina que la estrategia de los súper por abaratar el precio de las frutas y las hortalizas descubre los «grandes márgenes» con los que trabajaban a costa, a su entender, de pagar poco a los productores. El espera recibir 0,18 euros por el kilo de naranjas y 0,20 euros por el de mandarina. Eso significa que sólo ganará tres y cuatro céntimos de euros, respectivamente, sobre el coste de producción. Para vivir de la agricultura sería necesario que los citricultores recibiesen entre 0,24 y 0,25 euros el kilo según el tipo de cítrico. Cervera dice que el consumidor paga de media entre un 600% y un 800% más de lo que los productores reciben por su fruta.

El futuro de Cervera, como el de miles de citricultores, es muy negro. Este agricultor, que lleva dedicado a este cultivo desde 1986, quiere resistir a toda costa. «Llevo aguantando mucho tiempo.Los que somos agricultores de verdad tenemos un cariño especial a la tierra», comenta. Para sobrevivir, el agricultor prescindirá del personal que contrataba para podar los árboles, en lo que gastó 8.000 euros el año pasado. También ha comenzado a vender fruta a clientes finales sin pasar por intermediarios. Esto significa que el precio que recibe se duplica. «Este es el futuro», afirma.

¿Unidad de mercado?
#Diecisiete formas de ir al baño

El exceso de regulación autonómica dispara los costes y resta competitividad a las empresas. La actividad legislativa se ha mulplicado por 15 desde la Transición

Por Domingo Soriano

En qué se distinguen un discapacitado de Cantabria y uno de La Rioja? Seguramente en muchas cosas: en el acento, en las costumbres, es posible que, incluso, en la forma de vestir o pensar. Sin embargo, a la hora de acudir a un baño público no parece que haya demasiadas diferencias entre uno y otro. Pues bien, alguna debe haber (o al menos así lo deben haber pensado sus políticos) puesto que una y otra autonomía tienen su propia normativa en la materia. La longitud de la barra con la que se ayudan, el grosor, el número y su colocación de los objetos de ayuda en los servicios públicos han sido objeto de atención de los 17 legisladores autonómicos, y cada uno lo ha resuelto de forma diferente. Puede parecer un problema menor, al fin y al cabo los discapacitados se encuentran con el baño equipado cuando llegan, pero ¿qué pasa con las empresas que se dedican a fabricar estos elementos? ¿Cuánto les cuesta adaptar su maquinaria a las 17 normas? ¿Cuánto tiempo les lleva saber qué requisitos se piden en cada comunidad?

Este es sólo un ejemplo -casi anecdótico por lo pequeño del sector, pero muy revelador- de algo que los expertos vienen señalando en los últimos tiempos: el exceso de reglamentación autonómica puede poner en peligro la unidad de mercado en España o, al menos, suponer un coste para las empresas que las haga menos eficientes.«En su momento, el precio de no entrar en la UE se cifró en el 5% del PIB. Este tipo de diferencias entre regiones podrían llegar a implicar una pérdida similar», afirma Rocío Albert de la Universidad Complutense de Madrid y autora junto a Rogelio Biazzi del informe La torre de babel de las comunidades autónomas. Es una opinión similar a la que sostiene el profesor Francisco Cabrillo: «Las diferentes regulaciones de cada autonomía no tendrían por qué poner en peligro la unidad de mercado, pero pueden llegar a hacerlo si cada una busca sólo proteger a sus propios grupos de interés».

Es un debate complicado, puesto que es muy difícil medir el coste y tener en cuenta a todos los afectados, pero hay algunas cifras que se miran con preocupación desde ámbitos empresariales y académicos.

Uno de los datos más relevantes se incluye en el informe de Albert y Biazzi y refleja que la actividad regulatoria entre el Estado y las regiones (medida en páginas publicadas en los boletines oficiales) se ha multiplicado por 15 desde 1979. De esta manera, de los menos de 5.000 folios de nuevas normas que se generaban en el primer año de democracia, se ha pasado a los más de 70.000 que se aprobaron en 2008 (de los cuales más de un 90% correspondieron a las autonomías).

«Tenemos muchos más aspectos regulados que Alemania, un país teóricamente federal», asegura Albert. Lo cierto es que muchos empresarios, especialmente entre las pymes, y autónomos se quejan a menudo de que hay materias en las que tienen hasta cuatro niveles normativos superpuestos (UE, Estado, autonomía y ayuntamiento).

Una dispersión legislativa que se comprende cuando se recuerda que más de la mitad de los tres millones de funcionarios ya trabajan para las administraciones autonómicas y el 51% del gasto público (excluida la Seguridad Social) sale de las arcas de los gobiernos regionales.

«Cuando hablas con los responsables de las multinacionales que operan en España, muchos mencionan los problemas que les plantean algunas regulaciones autonómicas», afirma Cabrillo, que hace unas semanas publicó el informe Libertad económica en las comunidades autónomas. Así, en los últimos meses, los medios se han hecho eco de las quejas planteadas por las grandes productoras de cine americano ante la posibilidad de que se obligue a doblar la mitad de las películas al catalán, y de las protestas de las cadenas de distribución a cuenta de las normativas de apertura en días festivos y la dureza en la concesión de permisos para abrir grandes hipermercados en algunas regiones.

A la vista de estas circunstancias resultan comprensibles los resultados del estudio Doing Business que realiza el Banco Mundial cada año, y en el que España aparece en el puesto 49 (de 181) en la clasificación de Facilidad para hacer negocios, por detrás de casi toda la OCDE y al nivel de países como Bulgaria, Armenia, Namibia o Kuwait. Además, esta lista se hace uniendo 10 índices y en el que mide la Apertura de una empresa, España se sitúa en el puesto 140 (hay que realizar 10 procedimientos y se tardan 47 días en poner en marcha un negocio, frente a los 5,8 y 13,4 de media de la OCDE).

En esta línea, Fernando Fernández aboga en su estudio Unidad de mercado, autonomías y regulación por cerrar «un proceso autonómico permanentemente abierto» que provoca «el establecimiento progresivo de barreras -en el terreno emocional, en el educativo, en el cultural y en el legal- que suponen un coste adicional para el el establecimiento y funcionamiento de las empresas».

Son comentarios que podrían parecer alarmistas, pero que se entienden mejor a la luz de ciertos datos que hacen dudar sobre la unidad efectiva del país en ciertos ámbitos. Así, sólo el 8,5% de los estudiantes de las universidades españolas estudian fuera de sus comunidades de origen, lo que ha dado paso a que desde ciertos foros se pida una especia de plan Erasmus para España.

Eso sí, este reparto competencial a las regiones con su correspondiente multiplicidad legislativa no tiene por qué ser negativo. Albert y Carrillo destacan los efectos positivos para los ciudadanos que ha tenido la «competencia fiscal» desatada entre las autonomías a raíz de la supresión en varias de ellas del Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones, y que ha llevado a la eliminación del primero y a la rebaja, cada vez más acusada, en el segundo.

Será cuestión, por tanto, de mantener aquellos aspectos en los que sea lógico que cada región regule y de negociar aquellos en los que podría ser más efectivo la unidad. Porque, aunque unos desayune sobaos y otro acompañe sus cenas con vino de sus propios viñedos, en lo fundamental, no parece que un discapacitado de Laredo y otro de Haro sean tan diferentes como para necesitar un baño regional.

Análisis
Es más caro morirse en Cataluña

ANABEL MORCILLO RIPOLL

De acuerdo con las competencias normativas cedidas por el Estado a las comunidades autónomas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, éstas pueden regular, entre otros aspectos, los beneficios fiscales que consideren convenientes, siempre y cuando mejoren lo establecido a nivel estatal.

En uso de esta facultad, mientras algunas autonomías casi han suprimido el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, otras, como es el caso de Cataluña, lo mantienen y además a unos niveles de tributación que, con frecuencia, obligan al heredero a endeudarse para poder hacer frente al Impuesto o incluso a deshacerse de parte del patrimonio heredado. Ambas soluciones son siempre complicadas y aún más en situaciones económicas como la que estamos atravesando.

Esto afecta esencialmente a las familias con rentas medias, pues los contribuyentes con rentas altas disponen de instrumentos legalmente válidos para evitarlo como, por ejemplo, trasladarse a otra comunidad autónoma o integrar el patrimonio en estructuras jurídicas nacionales o internacionales.

Las diferencias entre las comunidades autónomas de las que estamos hablando son abismales, ya que actualmente, por un mismo bien heredado, se puede llegar a pagar hasta 100 veces más en un territorio que en otro por el efecto de la reducción del 99% en la cuota de herencias a favor del cónyuge o los hijos que existe en algunas regiones.

Por ejemplo, supongamos que tras su fallecimiento, un padre de familia deja a un hijo un patrimonio valorado en 850.000 euros.Con la normativa actual, heredar este patrimonio en Cataluña supone tener que ingresar aproximadamente 205.000 euros por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mientras que heredar ese mismo patrimonio en Madrid o en Valencia reduce la factura fiscal a unos 2.000 euros, que se queda en unos 200 euros si hablamos de Canarias.

La evolución del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la mayoría de comunidades autónomas, e incluso en el resto de Europa, aconseja como mínimo reducir el coste fiscal de las herencias en Cataluña y, sobre todo, afrontar y remediar la competencia fiscal que se está generando entre las distintas comunidades autónomas.

Esta competencia fiscal provoca la deslocalización de los contribuyentes hacia regiones fiscalmente más atractivas, lo que para Cataluña no supone únicamente la pérdida de recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sino también de la creación de riqueza que estos contribuyentes podrían aportar.

Ante esta evidencia, últimamente se han oído planteamientos fiscales consistentes en el establecimiento por parte del Gobierno estatal de unas nuevas bases comunes para este Impuesto de forma que se logre una tributación más uniforme a nivel estatal, cuando menos a partir de determinados volúmenes, para evitar la pérdida de recaudación en las comunidades más caras por la fuga de contribuyentes.

Si todas las autonomías recuperaran, aunque fuera parcialmente, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, resucitaría un tributo que casi había desaparecido en Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cantabria; y que sufrió recortes muy importantes en otras regiones como Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha.

Por eso, este tipo de medidas han sido rotundamente rechazadas por las autonomías que en su día abanderaron la casi supresión de este Impuesto, tachándolas de involución fiscal y asegurando que se opondrán a cualquier modificación normativa que suponga resucitar el Impuesto, aun cuando sea mediante el establecimiento de una base común mínima.

Al margen de ideologías políticas, lo que parece obvio es que las enormes diferencias de tributación por la misma herencia entre las distintas comunidades autónomas, y la competencia fiscal que ello genera entre las regiones es insostenible.

Esperamos que este tema desemboque en una reforma sustancial de la normativa fiscal catalana del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, norma que, dicho sea de paso, hace ya tiempo que necesita de un cambio para adecuarse a la realidad fiscal actual.

Anabel Morcillo Ripoll es abogada en Landwell y profesora de Esade.

El problema de la solvencia de las instituciones españolas

ALBERTO RECARTE

El sector promotor debe a la banca alrededor de 315.444 millones de euros. También sabemos que había más de un millón de viviendas nuevas sin vender a finales de 2008; ese número de viviendas puede tener, a precios de hoy, un valor de entre 160.000 y 300.000 millones de euros. De esta cantidad, es posible que entre 50.000 y 100.000 millones sean créditos de las empresas del sector de la construcción, y el resto estará soportado por los fondos propios de los promotores, pero la cifra es compatible con el endeudamiento global de 315.444 millones de euros del sector de promotores inmobiliarios.

No sabemos la distribución del endeudamiento entre viviendas, préstamos para edificaciones diferentes a las viviendas, para la adquisición de suelo y para operaciones corporativas.

Dado el descenso de ventas de viviendas, de entre el 70% y el 80%, en 2008, en relación con el mismo periodo de 2007, y siempre que la paralización de ventas continúe, lo que parece inevitable dada la notable rigidez a la baja de los precios de las viviendas nuevas en que se han empecinado muchos promotores, las posibilidades de que muchos terminen por entrar en concurso de acreedores son cada vez mayores.

La banca está intentando, como hemos comentado, la refinanciación de las grandes promotoras, pero las pequeñas representan, probablemente, más del 50% del total de esa cifra de 315.444 millones, un enorme grupo de pequeñas empresas que entrarán en concurso de acreedores o, casi directamente, en quiebra. La situación, lógicamente, afecta a otros muchos sectores ligados al de la construcción y venta de viviendas, como el de electrodomésticos, el de muebles y similares.

Por su parte, el brusco descenso del consumo del sector privado, que según el Gobierno podría haber crecido, en conjunto, un 0,4% en 2008, frente a tasas del 3% o el 4% en los años anteriores, precipitará también la suspensión de pagos de muchas otras empresas.

[...] ¿Cómo afectará esa situación a la banca? No lo sabemos, pero si los fondos propios del conjunto de entidades financieras que operan en España alcanzan en total 175.000 millones de euros y su financiación a largo plazo suma otros 50.000 millones, ésa es la cifra que tiene la banca española para soportar la actual crisis. No es imposible que los créditos en mora, por dificultades de los promotores, alcancen, si la parálisis de ventas continúa un par de años más, el 13% del total del activo, alrededor de 240.000 millones de euros. Aunque mora no significa pérdidas, sí supone un peso enorme en las cuentas de resultados y en las posibilidades de reanudar una actividad crediticia normal.

Hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir con los 315.444 millones de euros prestados a los promotores es casi imposible, por diferentes razones. [...] Por ello, hemos supuesto que de los 315.444 millones de euros de crédito promotor pueden entrar en mora algo menos del 30% del total, lo que equivaldría a 95.000 millones de euros.

[...] Si la economía española funcionara con sólo 17 ó 18,5 millones de personas (según se empleen los datos de afiliación a la Seguridad Social o los de la EPA del cuarto trimestre de 2008) en lugar de con 20,5 o 21 millones, es evidente que también sobrarían otros tipos de edificaciones, además de viviendas. Esos activos inmobiliarios, que ejecutarían los bancos que tienen préstamos con garantías hipotecarias sobre los mismos, por supuesto que tienen valor, no el que se les asignó en el momento de la concesión del crédito, pero sí, quizá, un 60-70% si se trata de viviendas y sólo un 20-30% si se trata de suelo urbano. Utilizo esos porcentajes porque las operaciones que se están formalizando en la actualidad se realizan con esos tipos de descuento.

[...] Es verdad que en anteriores crisis inmobiliarias, como la de 1990-1993, la banca recuperó la casi totalidad de sus préstamos tras ejecutar sus garantías hipotecarias y de otro tipo, y mantener los activos recuperados en el balance de compañías filiales o en el de empresas creadas al efecto, pero creo que la situación es ahora diferente.

Nunca antes se había producido una burbuja inmobiliaria. Los precios de las viviendas de principios de los noventa podían estar hinchados, en conjunto, un 10%-20%, y el volumen total de viviendas que se tuvo que adjudicar por la banca era insignificante en relación con el actual. En cuanto al suelo, lo evidente es que, antes, en la anterior crisis, apenas había suelo y su precio nunca fue un problema. El suelo siguió siendo escaso. Nada que ver con los enormes excesos que existen en estos momentos. Por eso la situación de solvencia de la banca es tan comprometida.

Si eso fuera así, la banca se enfrentaría a pérdidas de 100.000 millones de euros en los próximos años. No es una cifra excepcional dada la gravedad del problema. Lo difícil es que, en este momento, los dos grandes bancos internacionales que tenemos, el Santander y el BBVA, son los únicos con capacidad para lograr recapitalizarse si lo necesitaran. El resto de los bancos, por su tamaño, y las cajas, por su especial régimen jurídico, tienen cerrada esta vía para recomponer su capital.

Si no se recapitaliza, nuestro sistema financiero arrastrará al real, pues los créditos tendrían que reducirse drásticamente para acompasarlos a sus fondos propios y respetar los criterios de solvencia fijados imperativamente por el Banco Central Europeo, de acuerdo con las decisiones de Basilea. Habría que buscar una solución, pues una crisis financiera global de esa naturaleza provocaría una auténtica catástrofe.

[...] La actual morosidad del conjunto de la banca, que ha pasado del 0,2% a más del 3% en apenas 18 meses, tiene que ver todavía, básicamente, con el impago de cuotas hipotecarias de compradores de vivienda. Los créditos con la categoría de dudosos alcanzaban en octubre de 2008 la cifra de 54.272 millones de euros; hoy, en enero de 2009, debe de ser mucho más elevada, cerca de los 64.000 millones de euros. Según los expertos en esta materia, no sería extraño que esa cifra aumentara hasta entre el 12% y el 14% del total de los créditos concedidos, lo que situaría la morosidad en torno a los 240.000 millones de euros.

El problema, por tanto, de solvencia de la banca, de bancos, cajas y cooperativas de crédito se manifestará en toda su gravedad a partir de 2009.

Disfrutarán de una situación privilegiada los grandes bancos españoles, el Santander y el BBVA. Las dos grandes cajas, La Caixa y Caja Madrid, consolidarán su posición, aunque su deuda de peor clasificación dificultará la obtención de préstamos a largo plazo, excepto que sigan contando con el aval del gobierno.

Parece difícil que sobreviva, en su forma actual, el sistema de cajas de ahorro, lo que puede ser una buena noticia si se logra convencer al legislador de que esa forma jurídica ha quedado obsoleta, por más que haya funcionado bien hasta ahora.

Lo que no está claro es cómo podrá el sistema financiero español afrontar las pérdidas que irremediablemente se presentarán en los próximos años. Si su volumen total es tan grande como he calculado, harán falta imaginación y sustanciales aumentos de capital, que tendrán que suscribir los inversores privados o el propio Estado, como están haciendo ya desde hace meses el Reino Unido, EEUU, Alemania, Bélgica y Holanda, por no mencionar más que a los que han tenido que intervenir en primer lugar.

EL INFORME RECARTE. MERCADOS ofrece hoy en exclusiva un adelanto de El informe Recarte, el último libro del economista Alberto Recarte, publicado por La Esfera de los Libros. En la obra, el autor trata de explicar cómo se ha pasado del «mundo feliz de la globalización a la actual recesión mundial», dedicando una especial atención al caso de la economía española, una de las más debilitadas a nivel internacional y muy afectada por su déficit por cuenta corriente. Alberto Recarte es técnico comercial y economista del Estado, y fue asesor económico del Gobierno de UCD entre 1980 y 1982, además de consejero de diversas empresas y organismos.

EL DESPILFARRO PUBLICO (II). Unos 40 parlamentarios electos de otras provincias fuera de Madrid reciben una indemnización de 25.534 euros anuales para cubrir sus gastos. Sin embargo, todos ellos viven en la capital.
Los privilegios salariales de los diputados 'cuneros'

Por Francisco Núñez

Unos 40 diputados no electos por la circunscripción de Madrid perciben, además de su sueldo constitucional (de 3.126 euros mensuales por 14 pagas, es decir, 43.771,28 euros anuales), otro salario (de 1.823,876 euros al mes, otros 25.534,04 euros al año) a título de «indemnización» de sus gastos de alojamiento y manutención en la capital (sede de la Cámara).

Sin embargo, este colectivo, mayoritariamente compuesto por diputados del PSOE y del PP, tiene su residencia en Madrid.

De esta forma, estos diputados cobran casi mil euros más al mes de lo que perciben por este concepto los parlamentarios electos por la capital y que viven en la misma ciudad. E ingresan la misma cantidad que reciben los demás diputados de las provincias que sí tienen que trasladarse cada semana a la capital del Estado para asistir a las sesiones.

Se trata, según los juristas consultados, de un fraude de ley del que se benefician los denominados diputados cuneros, y sobre el que el propio poder legislativo hace oídos sordos. Además, está siendo copiado por la mayoría de los parlamentos autonómicos.

Entre estos paracaidistas con residencia en Madrid e impuestos por el partido para figurar en los primeros lugares de las listas electorales se encuentran: José Blanco, vicesecretario general del PSOE y diputado por Lugo; José Antonio Alonso, ex ministro de Interior, portavoz del PSOE en el Congreso y diputado por León; Mariano Fernández Bermejo, ex ministro de Justicia y diputado por Murcia; José María Michavila, ex ministro de Justicia y diputado del PP por Valencia; Angel Acebes, ex secretario general del PP y diputado por Avila; o Eugenio Nasarre, diputado popular por Jaén. También figura en este colectivo Luis Bárcenas, actual tesorero del PP y senador por Cantabria.

Según la información del Congreso, esta indemnización sirve para «afrontar los gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad de la Cámara». En estos casos, no se cumple el objeto del alojamiento. Además, al contrario de lo que exige cualquier norma de contabilidad, tanto pública como privada, estas dietas no tienen que justificarse, como sí ha de hacer cualquier ciudadano.

En fuentes del Congreso se señala que «la Cámara [es decir, los propios parlamentarios] decidió dar una cantidad a mano alzada a los diputados para evitar que colapsaran los servicios administrativos con facturas».

Por su parte, en los partidos intentan justificar esta cantidad y dicen que incluye los desplazamientos de los diputados a actos políticos en sus circunscripciones. Sin embargo, en estas fuentes también se reconoce que este tipo de gasto los suele cubrir el partido. En cualquier caso, se añade, «no es un ejemplo de control ni de austeridad en los tiempos que corren» de recesión y de aumento del déficit público.

Según los juristas, debería revisarse y documentarse esta indemnización, y también la de todos los diputados, ya que sus señorías reciben esta paga por 14 mensualidades cuando la actividad parlamentaria se circunscribe a poco más de nueve meses. Además, la actividad parlamentaria semanal es de «unos tres días», según reconocen en el Congreso. Lo cierto es que cualquier empresa, preocupada con sus cuentas, mira con lupa este tipo de gasto y de que se abone si efectivamente se realiza el derecho.

Por tanto, se trata de un segundo salario en la mayoría de los casos, ya que, por si fuera poco, no tributa a Hacienda. Así se establece en el artículo 16.2 de la Ley del IRPF de 1998 (aprobada por los propios diputados), que extiende este dispendio fiscal a senadores, miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamientos, miembros de la diputaciones provinciales y cabildos insulares.

De ahí, que muchos ayuntamientos hayan decidido pagar dietas a sus representantes (no pagan impuestos) en lugar de asignarles un sueldo fijo. Mientras, algunos parlamentos autonómicos, como los de Cataluña o Galicia, han estirado aún más esta indemnización de gastos en lugar de subir más la nómina de los cargos electos que figura en los presupuestos.

Así, por ejemplo, los diputados catalanes cobran por este concepto 21.605 euros anuales. Esta cantidad se eleva a 28.090 euros si residen hasta 80 kilómetros de Barcelona; a 10.956, si viven entre 81 y 190 kilómetros; y a 30.411 euros si la distancia es superior a 191 kilómetros de esta ciudad. A esta cifra, hay que sumar los 43.698 euros de sueldo.

Por su parte, de los más de 4.300 euros que perciben mensualmente los diputados gallegos, casi 2.200, más de la mitad, los cobran a titulo de «gastos de alojamiento y manutención».

Por lo tanto, toda la clase política puede disponer de esta prerrogativa ante Hacienda de la que no gozan los demás contribuyentes. Por ejemplo, las dietas de manutención de un comercial que tiene que desplazarse a otro lugar distinto del habitual puesto de trabajo tiene que pagar al fisco todas las cantidades que superen los 53,34 euros diarios si pernocta, y a partir de 26,67 euros si no pasa noche fuera.

Los gastos por transporte también corren por cuenta de las diferentes cámaras.

Apoyos

Sueldos por cese

Ante el desgaste que supondría abrir el debate público sobre el sueldo de los políticos, los legisladores no han parado en los últimos años de aprobar normas que les favorecen y que emplean para complementar su nómina o una salida airosa cuando dejen el cargo. En la última legislatura, los diputados y senadores 'se aprobaron', mediante una Resolución de las Cortes Generales, un Reglamento de pensiones y otras prestaciones en favor de los ex parlamentarios. Entre otras cosas, se han garantizado la pensión máxima pública con siete años de actividad (los demás ciudadanos necesitan cotizan 35 años). Y también se establecieron el cobro de una indemnización por cese por disolución de las Cámaras en el supuesto de que no figuraran en las listas de los partidos o que no resultarán elegidos. Según fuentes del Congreso, 103 ex diputados solicitaron el año pasado esta indemnización. Sin embargo, la cifra disminuyó porque sus respectivos partidos les ofrecieron otros cargos incompatibles con esta remuneración de cuatro meses de sueldo por legislatura.

> Nuevos mercados
La 'tele' de Telefónica, lista para invadir Argentina
La pequeña pantalla ya es el principal motor de crecimiento del grupo, con 2,26 millones de clientes en todo el mundo.

Por María Vega

Ni el teléfono fijo, ni el móvil, ni internet. La televisión es el nuevo motor de crecimiento de Telefónica en todo el mundo y el arma secreta para fidelizar a sus clientes en Latinoamérica, la región que más ingresos aporta al grupo español. La compañía ya comercializa servicios de televisión de pago, que en España vende con el nombre Imagenio, en países como Brasil, Chile, Colombia, Perú o Venezuela, y ahora prepara el desembarco de este rentable negocio en Argentina.

Esta semana, la presidenta argentina, Cristina Fernández, ha presentado el borrador del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que pondrá fin a la concentración del mercado de radiodifusión. Con esta reforma, las telecos esperan recibir la autorización para vender televisión de pago en el país austral, una práctica que hasta ahora estaba prohibida. Aunque una vez presentada la ley, el Congreso tardará varios meses en aprobarla, Telefónica calienta motores para lanzar su oferta de triple play (voz, banda ancha y televisión) en este mercado en el que cuenta con 20,7 millones de accesos de fijo, móvil y banda ancha, con los que facturó 2.527 millones de euros en 2008.

Desde hace meses, el grupo que preside César Alierta trabaja en un proyecto piloto de vídeo bajo demanda por internet que le permita desarrollar una oferta de películas, documentales, videoclips y series infantiles para los argentinos sin saltarse la Ley de Radiodifusión vigente, que fue promulgada hace 28 años durante la última dictadura militar.

Con este experimento, la operadora ya cubre 100 barrios de Buenos Aires, pero desconoce cuándo hará el lanzamiento comercial del servicio, que oferta con el venezolano Grupo Cisneros como socio local.

La apuesta de Telefónica por las ofertas de triple play en países latinos no es baladí. Los últimos resultados del grupo que preside César Alierta reflejan que la televisión de pago aporta un 29,7% del crecimiento total de Telefónica, frente al 20,9% de la banda ancha y el 16,6% de los accesos móviles.

La compañía tiene 2,26 millones de clientes de televisión por suscripción en Latinoamérica, España y la República Checa. Y para hacerse una idea del enorme peso que el mercado iberoamericano tiene en este negocio, basta con saber que el 70% de esos usuarios de televisión, es decir, 1,5 millones, vive en la región.

La 'joya' es Brasil

Brasil, y en concreto la ciudad de Sao Paulo, es el mercado estrella de la operadora por su dinamismo. En los últimos años, el crecimiento en este país con más de 190 millones de habitantes, se ha convertido en una obsesión para los directivos de la compañía. Telefónica aterrizó allí en 1998 y hoy cuenta con 60,7 millones de clientes.

La multinacional opera en Brasil a través de Vivo (empresa de telefonía móvil controlada en un 62% por un holding del que Telefónica tiene el 50%) y Telesp (operadora de fijo en la que la empresa de Alierta controla cerca del 88%). Para reforzar esa posición, el grupo español ha expresado su deseo en numerosas ocasiones de comprar el otro 50% del holding propietario de Vivo, que está en manos de Portugal Telecom. Además, la teleco española invirtió el pasado año 1.614 millones de euros en Brasil para seguir creciendo.

El papel de los servicios de entretenimiento para rentabilizar esta inversión con el refuerzo de su presencia en este y otros mercados es clave. «Con la oferta de televisión en Latinoamérica buscamos ampliar la base de clientes más que captar los que ya tienen este servicio con otra empresa. Hay que tener en cuenta que la televisión es un complemento de fidelización muy importante», explica un portavoz de Telefónica.

Por ahora, esta estrategia ha tenido buena acogida en Brasil.Telefónica comenzó a vender allí paquetes Trío (teléfono, internet y TV) en 2007 y en menos de dos años más de 472.000 brasileños contrataron la televisión de pago, según datos del cierre del ejercicio 2008.

En una región con grandes diferencias entre ricos y pobres, la incipiente clase media es el objetivo de la operadora para su oferta televisiva. Las clases altas son suscriptores desde hace años del operador de satélites SKY Latinoamérica, plataforma que tiene cerca de 1,4 millones de clientes en México y Brasil, así como de DirectTV, que cuenta con más de 1.3 millones de suscriptores.

«Nos dirigimos a las clases medias con precios que varían en función del nivel de vida de cada país, que en Latinoamérica es muy dispar», explica el citado portavoz. Eso sí, todas las ofertas tienen un precio «muy competitivo y accesible para los trabajadores», añade.

Tampoco es impedimento para su expansión la inestabilidad política de algunos países. En Venezuela, donde el dirigente Hugo Chávez nacionalizó en 2007 CANTV (Telefónica tenía un 7%), la compañía lanzó Movistar TV digital hace un año.

En el horizonte, hay una nueva oportunidad para seguir creciendo en este negocio. La Televisión Digital Terrestre (TDT), que en España sustituirá a la analógica en 2010, aterrizará en Latinoamérica en los próximos años. Este cambio tecnológico será aprovechado por Telefónica y otras empresas españolas, como Abertis, para posicionarse mejor en la zona, en la que se trabaja por imponer el estándar europeo de TDT.

Colombia, donde la operadora ya es líder como proveedor de comunicaciones y entretenimiento, con 142.000 clientes de TV de pago, ya ha apostado por este modelo digital.

Precisamente ese país, junto a Chile (donde la tele de la empresa española tiene 236.000 suscriptores), ha sido el elegido por la compañía para lanzar la nueva televisión interactiva.

Una nueva batalla entre Alierta y Slim

Antes de que Telefónica lance su ofensiva para captar clientes de entretenimiento en México, el magnate Carlos Slim, propietario de la empresa de telefonía fija Telmex, ha empezado a tomar posiciones en el negocio televisivo para partir con ventaja en esta nueva batalla.

El eterno rival de César Alierta podría obtener el permiso legal del Gobierno mexicano para comercializar televisión de pago como operador de telecomunicaciones este mismo año. Con esta concesión, el Estado mexicano compensaría a uno de los hombres más ricos del mundo por quitarle la protección legal a su monopolio de telefonía fija, según prevé la Ley de Inversión Extranjera que el Congreso mexicano espera aprobar este año.

Este cambio permitiría a Telefónica entrar con fuerza en un negocio que tiene pendiente desde hace años. La operadora española sólo está presente en México con la telefonía móvil y alcanza los 15,3 millones de líneas. El visto bueno del Congreso mexicano a esta Ley, que cuenta con consenso político, se ha retrasado en el tiempo, pero podría retomarse en los próximos meses, explican en la compañía.

Slim no tiene prisa en que se apruebe la normativa con la que Telmex perderá privilegios a cambio de la 'tele'. El magnate se ha lanzado a vender suscripciones de TV a través de acuerdos con terceros que le permiten incluir en la factura telefónica de Telmex la TV de pago.

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> INFORME GRAFICO
El tranvía resurge y relega al metro

Este medio de transporte retorna a España como la alternativa más barata contra la crisis. Nueve ciudades ya lo usan y otras 10 lo tienen en proyecto.

Por Marisa Recuero

El tranvía ha hecho boom. Y es que no hay dinero para presumir de metro. Pocas comunidades autónomas (y ayuntamientos) pueden permitirse el lujo de invertir los 75 millones de euros que se necesitan para construir un kilómetro. Mucho menos en medio de la recesión que colapsa la economía. En su lugar, prefieren gastarse sólo los 15 millones -cinco veces menos- que bastan para construir uno de tranvía.

España se ha bajado del metro, al menos momentáneamente, para subirse a un vagón que circula por la superficie del centro de las ciudades, paralelo a los coches y a los viandantes, ocupa menos espacio urbano -los coches invaden 20 veces más la calle que un tranvía- y consume menos energía que cualquier transporte público y, por supuesto, que los automóviles.

Un coche supone un 57% más de consumo energético por pasajero y kilómetro que este transporte público, según un informe elaborado por el líder mundial en soluciones de transporte Bombardier, al que ha tenido acceso este diario.

Dicho de otra manera, existen ya 142,6 kilómetros de vías españolas para tranvías, además de los 148,2 kilómetros proyectados. Nueve ciudades disponen de él y otras 10 se sumarán en breve a este negocio. Alicante y Barcelona lideran el ranking con más kilómetros de vías, 32 y 29, respectivamente, además de ser los más antiguos, con más de seis años en el caso alicantino.

Por detrás están Valencia, Tenerife, Parla (Madrid), Vitoria, Bilbao y Sevilla. Dos de ellas cuentan ya con metro -Valencia y Bilbao- y el de Sevilla está a punto de inaugurarse, después de los retrasos que ha supuesto la aparición de un socavón en el trayecto. Alicante, Valencia y Sevilla buscan ampliar su número de líneas y prolongar la existente, como es el caso sevillano.

No obstante, el grueso del negocio lo aportarán Córdoba, La Coruña, Granada, Cádiz, Zaragoza, Palma de Mallorca, Murcia, Toledo, Jerez de la Frontera (Cádiz) y León, que son las ciudades que aspiran a tener tranvía. En total, cerca de 150 kilómetros, donde aparecerá también el metro ligero, o lo que es lo mismo, un tranvía cuya vía es exclusiva para el paso del transporte ferroviario y no puede ser cruzada por otro tipo de vehículo. Granada, Murcia y Cádiz trabajan ya en sus respectivos metros ligeros.

¿Qué hay detrás de la construcción de un tranvía? ¿Es rentable para todas las ciudades? Son dos los principales argumentos que defiende un Ayuntamiento a la hora de elegir el tranvía en lugar del metro. Primero, es más barato, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como de la señalización, las estaciones o los propios vagones. Y segundo, el número previsto de pasajeros a transportar.

La construcción de un tranvía depende de la cantidad de personas que lo usarán. De hecho, esto se ha convertido también en una vara de medir a la hora de tomar una decisión sobre el medio de transporte a implantar en una ciudad. Cuando la previsión supera los 20.000 pasajeros por hora, la opción idónea es el metro. Sin embargo, si esta cifra se reduce a una horquilla comprendida entre las 10.000 y las 15.000 personas, la decisión más correcta es construir un tranvía.

El quid es cuando no hay necesidad de transportar más de cinco o seis millones de pasajeros por hora. En este caso, el autobús es el medio indicado para solucionar la movilidad urbana. Con este escenario de fondo, lo que está claro es que cuando una ciudad tiene un millón de habitantes necesita un metro, según los estudios de los fabricantes de la industria ferroviaria.

El problema se produce cuando el número de personas a transportar queda fuera de esos márgenes. En estos casos, antes de invertir, el gobierno de turno deberá cerciorarse de otra serie de factores que determinan la construcción de un tranvía. Desde las previsiones de desarrollo y crecimiento de la ciudad, hasta la orografía del terreno o la facilidad al realizar el proyecto, es decir, la posibilidad de encontrar restos arqueológicos al excavar una galería subterránea.

Pese a estos inconvenientes, lo que está claro es que el mercado tranviario se ha convertido en el sector más prometedor de la industria ferroviaria, junto con los trenes de alta velocidad.Dejó de ser aquel vehículo tirado por mulas a finales del siglo XIX, para convertirse en una solución a la galopante urbanización que inunda las ciudades españolas y a las estrictas limitaciones ambientales. En los últimos 20 años, este mercado ha pasado de tener 300 sistemas tranviarios a nivel internacional, a más de 500 en operación o en fase de construcción, además de los que se encuentran en fase de proyecto.

Un filón para el sector

La patronal europea de industrias ferroviarias, conocida como Unife, advierte de que el negocio del tranvía crecerá un 3,7% anualmente en los próximos 10 años. Esta tasa se encuentra, incluso, por encima de la prevista para los AVE, que será de un 3,6%.Es evidente que el dinamismo se ha apoderado de este mercado, que llega a mover ya más de 3.800 millones de euros y se ha convertido en un filón para los fabricantes de trenes.

El boom que está experimentado el tranvía en España no ha pasado desapercibido para los gigantes europeos de la industria ferroviaria.Bombardier y Alstom se disputan los nuevos proyectos y compiten por ser los primeros en colar su producto estrella en las ciudades españolas: el tranvía sin catenaria. Es decir, suprimir las instalaciones metálicas que presiden el paso de los trenes y que transmiten potencia eléctrica a las locomotoras, y sustituirlas por baterías a bordo de los vagones o equipos instalados en el suelo, que son las alternativas que ofrece Alstom y que ya funcionan en Niza y Burdeos.

La última sorpresa surgió de la mano de Bombardier. El fabricante canadiense y alemán está probando en sus talleres de Bautzen, en Alemania, cómo transferir energía inductiva (es decir, sin contacto eléctrico) al tranvía, para eliminar la catenaria.

En este caso, los componentes de potencia eléctrica están bajo las vías y el vehículo, y funcionan como un transformador. Un campo magnético hace que la energía se acumule en la infraestructura, convirtiéndose después en electricidad y permitiendo que el tranvía funcione. Este sistema cuenta con equipos de almacenamiento colocados en el techo del tranvía. Cuando el vehículo frena, almacena la energía que produce el frenado para utilizarla después en las aceleraciones. La tecnología Primove de Bombardier permite circular a 40 kilómetros por hora.

El año pasado, la mitad de la población mundial vivía en las ciudades. La previsión es que esa cifra se duplique en 2050 y que el 70% de los habitantes del mundo sean urbanos. El mercado está abierto.

Apoyo

El metro ligero, el 'otro tranvía'

El competidor más directo del tranvía es el metro ligero. La diferencia entre ambos medios de transporte es mínima, pero existe y radica en la segregación de la vía. Cuando está dedicada, exclusivamente, al paso de un tranvía se llama metro ligero. Es decir, ningún otro vehículo puede cruzar la ruta del tren, ya sean coches o bicicletas. Ni los viandantes. En el caso del tranvía, en cambio, la vía no está dedicada exclusivamente al vehículo ferroviario, sino que puede estar paralela a un carril de coches o ser cruzada por una calle por la que circulan otros vehículos. En España, Madrid es la ciudad con más kilómetros de vías de metro ligero.Un total de 27,7 distribuidos en tres líneas. Sólo una de ellas, por seguridad al circular por túneles, está dotada del sistema de control del metro convencional.

> Entrevista
NUNO AMADO
«Sería bueno que Caixa Geral de Depósitos se privatizara» Ha conseguido colocar a Santander Totta como el primer banco de Portugal por beneficio, un hecho sin precedentes. En su horizonte, no aparecen compras y se siente cómodo con sus 710 oficinas y 6.000 empleados.
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> APUNTES ECONOMICOS
¿Una Unión Europea?
Luis de Guindos

El comisario Joaquín Almunia comentaba recientemente en una entrevista que temía que la recuperación de la Unión Europea pudiera ser más lenta que la de los Estados Unidos una vez que haya finalizado la recesión. La causa se encuentra en la falta de coordinación de la política económica europea en comparación con la norteamericana, lo que de alguna forma, según el comisario, pone la semilla del menor dinamismo de nuestra futura recuperación. La ausencia de coordinación parece especialmente evidente en los programas de estímulo fiscal, en los que, por ejemplo, el Reino Unido ha llevado a cabo recortes del IVA, mientras que en la Europa continental se han inclinado principalmente por incrementos del gasto.

Independientemente de que quizá Almunia añore un mayor tamaño del paquete de estímulo fiscal en Europa, como buen socialdemócrata que es, seguramente es cierta la necesidad de un mayor nivel de coordinación en las actuaciones de los distintos gobiernos nacionales, especialmente en tiempos convulsos como los actuales.

En estos momentos, la coordinación de políticas económicas se ejerce en la Unión Europea a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que afecta especialmente a los países de la zona euro. Para la eurozona, al tener centralizada la política monetaria en el Banco Central Europeo y carecer de un presupuesto federal de la Unión significativo, es imprescindible la coordinación de las políticas presupuestarias. Esto se realiza a través de dicho Pacto, que establece que, a lo largo del ciclo económico, cada presupuesto nacional debe estar equilibrado y limita, salvo circunstancias excepcionales, el déficit a un máximo del 3%.

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, el juego de los estabilizadores automáticos en Europa es mucho más poderoso que al otro lado del Atlántico, lo que obliga a que las medidas discrecionales en EEUU tengan que ser de mayor tamaño que en Europa para que la política fiscal pueda jugar un papel anticíclico.Sin embargo, cada uno de los países miembros tiene libertad para determinar la composición de sus presupuestos y lo que vigila prioritariamente la Comisión son los datos agregados de cada presupuesto, junto a la evolución de su saldo en relación con el ciclo económico. Esto tiene su lógica, ya que lo que pretende el Pacto de Estabilidad no es tanto coordinar las políticas presupuestarias de los distintos países entre sí, sino la compatibilidad de las políticas fiscales nacionales con la política monetaria del BCE, de forma que el policy-mix de la zona euro sea globalmente el adecuado.

No obstante, más que un mayor nivel de coordinación ante la crisis, lo que probablemente nos va a ocurrir es que esta recesión, la más grave en décadas, va a poner a prueba los mecanismos de coordinación que nos hemos dado en los últimos años. Es en los períodos de dificultad cuando se constata la solidez de las instituciones y, en ese sentido, la existencia de la moneda única va a ser un referente, de modo que si salva el horizonte de turbulencias habrá conseguido asentarse definitivamente. Así las cosas, las dificultades pueden provenir de varios frentes. El principal sería el impacto diferencial de la crisis en los distintos países miembros. Estamos viendo cómo, a pesar de que la recesión es generalizada, en algunos países, los más expuestos al sector inmobiliario y en donde más creció el crédito, el ajuste está siendo mucho más intenso especialmente en términos de pérdida de empleo.

Los países más vulnerables a esta situación -Irlanda, Grecia, Portugal y España- son los mismos que mostraban un mayor déficit externo y, por ende, una mayor necesidad de financiación internacional, que se ha secado como consecuencia de la crisis. En estos casos, los mercados están vigilando muy de cerca su evolución y han descontado, vía una ampliación de los diferenciales de los bonos y de los CDS o seguros de impago de los riesgos soberanos, las dificultades futuras. La imposibilidad de devaluar, la salida habitual de las crisis para estas economías, sin duda va a obligar a un ajuste distinto que, en ausencia de la necesaria flexibilidad, puede agravar las consecuencias de la misma. Es necesario sustituir la reducción de los salarios reales que traía la devaluación por un mecanismo alternativo basado en un ajuste doméstico, que sin la necesaria flexibilidad de salarios nominales podría acabar generando un paro masivo.

En esta situación, la salida de la crisis de estos países será más lenta, compleja y dolorosa que la del resto de naciones de la zona euro y, lógicamente, el impacto en las cuentas públicas más profundo y prolongado. Esta razón es la que subyace en la reciente bajada del rating de su deuda. Para intentar evitar las tensiones que se empiezan a vivir en los mercados de deuda pública, una de las alternativas avanzadas sería que los países de la zona euro emitieran un bono común que de alguna forma permitiera una financiación conjunta de los gobiernos de la Unión Monetaria.No obstante, parece que la idea no le hace demasiada gracia al Gobierno alemán que es el que actualmente disfruta de un menor coste de financiación de la deuda.

En los próximos meses, a medida que la recesión se alargue y profundice, iremos viendo cómo las tensiones dentro de la Unión Europea y de la propia zona euro se intensifican. Y los países que más se beneficiaron de los tipos de interés bajos en los momentos de expansión puede que sean los que más demanden una política monetaria expansiva. El error será considerar que el euro constituye ahora una especie de chaqueta de fuerza que impide la recuperación. El fallo se cometió en los momentos de expansión, al no haber frenado el surgimiento de desequilibrios macroeconómicos a través de una política presupuestaria más estricta y de un mayor esfuerzo de reforma de los mercados de bienes y servicios.Puede que lo que acabe acelerando la salida de la crisis no sea tanto el tamaño del estímulo fiscal como la capacidad de la economía para hacer los ajustes que se van a requerir.

luisdeguindos@hotmail.com

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El 'Estado de las Autonomías' ante la recesión

Félix Bornstein

Cuando hablamos de la democracia de nuestro país no solemos ser plenamente conscientes de su impacto en la distribución de la renta nacional. Sin embargo, por primera vez en la historia española tiene sentido, aun con todas sus deficiencias, extender aquel concepto para manifestar que también vivimos en una democracia económica. Los desequilibrios territoriales empezaron a corregirse gracias a la Constitución de 1978 y a su reparto regional de competencias, sin menoscabo del rol de buen padre de familia que imprescindiblemente debe representar el Gobierno de la nación.Nuestra organización política responde al modelo de Estado compartido y esta estructura institucional ha mejorado la vida de numerosas personas hasta entonces marginadas debido a sus escasos recursos por el exclusivo y azaroso hecho de haber nacido en un territorio pobre y poco desarrollado. Desde el núcleo central del Estado se ha transferido a la periferia más deprimida (la cornisa cantábrica y las regiones pobres del sur y oeste de la península, especialmente) parte de los recursos económicos de otros territorios más prósperos, a los que se han añadido los fondos europeos. Desde este punto de vista, el Estado de las Autonomías ha sido un éxito político y el paso del tiempo lo ha consolidado y legitimado mayoritariamente ante el tribunal de la opinión pública.

La imagen que precede es la cara de la moneda, el lado reluciente que, sin embargo, no puede ni debe ocultar su cruz. Aparte de la resistencia a los trasvases de renta internos desde los territorios más ricos (exceptuadas las islas fiscales del País Vasco y Navarra), que ha sido la causa primordial de las reformas estatutarias iniciadas con el nuevo Estatuto catalán y sus pertinentes réplicas por otras regiones -«Andalucía no va a ser menos que Cataluña» y cía-, nuestro Estado autonómico presenta una falla de origen.Su malformación natural ha sido dar nueva planta a un conjunto de taifas burocráticas dominadoras de su espacio territorial con tres notas negativas que eran previsibles: su tamaño excesivo -cualquier burocracia es expansiva por naturaleza-, su carácter mimético y solapado respecto a las instituciones centrales -con la consiguiente multiplicación de órganos que realizan idéntica función- y, pese a ello, su afán de distinción respecto a las demás autonomías, porque en la práctica cotidiana es precisamente esa supuesta diversidad, más que la cohesión de todo el sector público, la que acentúa la legitimación política que justifica finalmente la propia existencia de los entes autonómicos.

Que la economía nacional haya podido soportar sin graves quebrantos la anterior anomalía tiene su explicación en 15 años sucesivos de vacas gordas, más del doble del tiempo profetizado por el cronista bíblico de la vida de José y sus hermanos como modelo ideal de economía sostenible. Ahora que el milagro español no da ya más de sí, parece un buen momento para racionalizar nuestro Estado autonómico. Al menos en tres aspectos: la necesidad de un menor gasto corriente en personal; la disminución y homogeneización de las distintas normas reguladoras de la actividad económica, fundamentalmente las de tipo fiscal; y, más que nada, la consecución de una verdadera unidad de mercado a escala nacional.

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Las Bolsas cierran su segunda semana consecutiva en positivo tras nueve jornadas al alza. El Ibex suma un 13% en el mejor rebote desde 2005.

Por J. G. Gallego

Las Bolsas salvaron el viernes in extremis lo que podía haber sido el fin del rebote y sumaron su novena jornada consecutiva de subidas que han llevado al Ibex a ganar casi 1.000 puntos.En dos semanas el parqué madrileño ha ganado un 13% en lo que ya es su mayor rebote desde 2005.

Aun así, y pese a este desenfreno bursátil, los analistas prefieren mantener todavía la calma y dudan de si la tendencia que marcará el selectivo a partir de ahora seguirá siendo alcista o si esto es sólo un alto en su camino a nuevos mínimos.

Si atendemos a la cotización del crudo, que sólo el jueves llegó a repuntar más de tres dólares por barril, se podría concluir que el mercado está empezando a creerse las palabras de Bernanke, quien repitió esta semana que la recuperación económica de EEUU llegaría a finales de este año o comienzos del próximo.

El petróleo es un gran indicador de la confianza del mercado en la economía global. Las expectativas de una recuperación impulsan los futuros del crudo, que descuentan a su vez un aumento de la demanda energética. Pero serán necesarias nuevas y continuadas subidas del precio del petróleo para poder ajustar realmente su cotización a la auténtica marcha de la economía europea y estadounidense. El viernes, el crudo tipo Brent, de referencia en Europa, cerró en el entorno de los 50 dólares.

En cualquier caso los expertos coinciden en que todavía hay una volatilidad demasiado alta como para predecir el signo del mercado.Un ejemplo parecido al que viven ahora las Bolsas está en la evolución del Dow Jones durante los tres años de mercado bajista de la Gran Depresión (desde 1929 hasta 1932). En aquella época el principal índice de Wall Street experimentó seis rebotes con subidas de más del 20% cada uno.

Por tanto, el mercado actual se presta para inversores con chaleco y escopeta, los denominados «cazadores de gangas» que saben, o intentan al menos, entrar y salir del mercado en los momentos clave.

Al margen de los movimientos especulativos, algunos datos permiten ser optimistas. El servicio de estudios del Santander destaca la positiva evolución del mercado inmobiliario de Estados Unidos -el número de viviendas iniciadas repuntó sorprendentemente en febrero- y del índice Zew de confianza industrial en Alemania, que registró también un esperanzador aumento.

Todos esos datos han sido clave para marcar la evolución de los valores del selectivo español, capitaneado por las subidas de los valores bancarios. Este sector ha acumulado las mayores subidas, con una medida cercana al 20%, y ha recuperado parte de los retrocesos que suma desde agosto de 2008. Sólo OHL, Gas Natural, Técnicas Reunidas y Grifols cierran la semana con caídas, aunque por motivos dispares. La constructora ha acusado la rebaja del rating por parte Fitch, que lo sitúa ya en grado especulativo. La gasista tiende a igualar su valor de mercado al de los nuevos títulos que empezarán a cotizar tras la ampliación de capital. Y Técnicas Reunidas y Grifols ajustaron el viernes los rebotes acumulados en dos semanas al alza.

Además, el plan de compra de bonos de la Fed ha impulsado la cotización del euro respecto al dólar. El cambio oficial del BCE está ya en los 1,3630 dólares.

> EL VALOR DE LA SEMANA
La ampliación debilita el valor de Gas Natural

La ampliación de capital que hace sólo un mes anunció Gas Natural ha perdido todo su atractivo inicial. Del descuento del 36% que se anunció en su momento, se ha pasado a una equivalencia entre el precio del mercado actual y la alternativa de comprar nuevos títulos vía derechos de suscripción.

Gas Natural suma un desplome de casi el 55% desde comienzos de febrero, cuando anunció la operación con la que pretende abordar la OPA sobre Unión Fenosa. En cierto modo, el movimiento a la baja responde a aspectos puramente técnicos, ya que los títulos tienden siempre a acercarse al precio de la ampliación. Pero además, la caída ha estado agravada por el escaso interés de los inversores minoristas (sólo un 8%) y GDF, accionista de referencia que todavía no ha decidido si acudirá o no a la ampliación.

En cualquier caso el éxito de la operación está asegurado, ya que la gasista contrató a un grupo de entidades que actúan como bancos aseguradores de la oferta. Es decir, que se harán cargo de los títulos nuevos que no adquieran sus actuales accionistas, lo que podría llevar a este pool bancario a hacerse con un importante paquete de títulos.

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> DE COMPRAS POR LA BOLSA
Dejar de empeorar es el primer paso para mejorar

Por Carmen Ramos

La pasada semana, y tras cuatro sesiones de fuertes subidas bursátiles, nos preguntábamos si estaríamos asistiendo al inicio de la recuperación o sería un mero espejismo. En las últimas cinco jornadas nuestro principal indicador, el Ibex 35, ha logrado seguir arañando puntos, de manera que en nueve sesiones de alzas consecutivas ha subido un 13%, casi mil puntos, y ha vivido su mejor racha desde 2005.Un comportamiento que no permite echar las campanas al vuelo, ni aseverar que se ha iniciado la recuperación, pero que permite pensar que los mercados ya han tocado fondo.

La verdad es que la mayoría de gestores y analistas se muestran muy prudentes al respecto, ya que los repuntes anteriores sólo han sido meros rebotes técnicos que han precedido a caídas más profundas. Unas caídas que se iniciaron por una avalancha de malos datos macroeconómicos o unos pésimos resultados empresariales, y que fueron alimentados por la operativa a crédito de los bajistas.

Por tanto, el quid de la cuestión es si la historia se va a repetir o hay referencias que permitan pensar que el contexto ha cambiado.No queremos pecar de optimistas, ya que es prematuro considerar que el decorado económico ha cambiado, pero los últimos datos que se están dando a conocer son algo mejor de lo esperado y muestran que la situación ha dejado de empeorar. Tal vez nos estemos aferrando a un clavo ardiendo, pero creemos que estamos ante los primeros indicios de una futura recuperación.

En estos últimos días se ha dado a conocer que en EEUU, y a lo largo de febrero, el número de viviendas iniciadas aumentó un 22,2%, tras ocho meses de descensos. A la vez que la actividad manufacturera y el indicador de indicadores, que recoge la variación de una serie de ellos, habían bajado menos de lo previsto. Paralelamente, se ha dado un ligero crecimiento de las ventas minoristas y una mejora de la confianza de los inversores. Un puñado de datos esperanzadores que probablemente también ha considerado Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, para afirmar que la economía norteamericana podría salir de la recesión a finales de año y el presidente del instituto alemán ZEW (Centro Investigación Económica Europea dela Universidad de Manheim) para augurar que Alemania podría hacerlo este verano.

Evidentemente, y por desgracia, no es el caso de la economía española. Desde distintos foros y voces muy dispares alertan de las sombrías perspectivas que tenemos por delante, hasta el punto de que el propio Fondo Monetario Internacional reclama un nuevo plan de estímulo fiscal. Es decir que se siga abriendo el grifo del gasto, cuando el déficit público está próximo al 7%. Si consideramos que hace un año el organismo monetario alertaba de que España se había quedado sin margen de maniobra para reanimar su economía con gasto público, hay que pensar que este cambio de tercio se debe a que considera que nuestra economía va abocada a un largo periodo de depresión.

Llegado a este punto pensarán que aunque se recupere Wall Street y las principales bolsas europeas, la nuestra no podrá sumarse a la fiesta. Pues, sí y no. Cuando se habla de las variaciones de la bolsa, de lo que ha subido o bajado, nos referimos a la evolución del Ibex 35 en el que sólo figuran las 35 empresas de mayor capitalización de las 134 que forman el mercado continuo, y además la ponderación de las cinco grandes es de tal calibre que casi determina su evolución.

Por tanto, podemos ver al índice subir, al calor de Wall Street, aunque la mayoría de las empresas del mercado no participen de la fiesta. Una situación que no lleva a seguir apostando por los grandes valores y, en general, por las empresas que estén diversificadas en el exterior, ya que podrán capear mejor la crisis. Vamos a comentar la situación de un par de empresas que, al margen de algún recorte, tienen unas cuentas saneadas y buenas perspectivas.

Iberdrola, se ha sumado a las subidas generalizadas y ha recuperado los 5,4 euros. Sería lógico que hubiera alguna realización, pero esperamos que no pierda los 5 euros y que no tarde en consolidar entre los 5,4 y los 5,8 euros, antes de dar otro paso adelante.

Banesto, como la mayoría de los bancos, ha girado al alza con fuerza en estas últimas jornadas. Puede corregir hasta los 5,5 euros para consolidar el avance y, desde ahí, encaminarse hacia los 6,5 euros.

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Los socios de PricewaterhouseCoopers en España, la líder mundial de servicios profesionales, están desfilando ante la Audiencia Nacional denunciados por la Fiscalía Anticorrupción. La Agencia Tributaria les acusa de delito fiscal tras haber recibido el 'soplo' de un vengativo ex directivo. PwC niega irregularidades y se juega su imagen.
PwC ante el juez: denuncia fiscal y venganza

CARLOS SEGOVIA

En el desfile de estos días ante la Audiencia Nacional, no todo es el Francisco Correa and company de la deprimente vida política española. Hay otro caso al que, probablemente, la Agencia Tributaria tenga muchas más ganas y que conviene esclarecer, porque afecta a una firma que es un pilar del establishment.

Se trata de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra 90 socios -incluidos cónyuges- de PricewaterhouseCoopers (PwC) en España por presunto delito fiscal. En la trastienda hay una mezcla de graves acusaciones, venganzas y chantajes. Un cóctel más propio de una telenovela que de una firma de salón plagada de ejecutivos de alto pedigrí.

PwC es la primera empresa de servicios profesionales del mundo y en España emplea a 3.700 personas. No llega a la implantación de Deloitte, pero está en la pomada de muchas operaciones. Sin ir más lejos, ultima la delicada due diligence de la fusión Unicaja-Caja Castilla La Mancha (CCM) y debe calibrar el verdadero agujero manchego, que puede superar los 2.000 millones.

El presidente de PwC en España es Carlos Mas, de 46 años y con un currículo de manual: licenciado en Económicas y Empresariales por Valencia, máster por el ICADE, recontramáster por el IESE y lealtad probada a PwC desde su llegada con apenas 24 años.

Sin embargo, ahí estaba Mas el pasado día 10 subiendo los peldaños de la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Ismael Moreno y la fiscal Anticorrupción Carmen Launa. Esta ha presentado una denuncia contra él y otros socios, porque vendieron la división de consultoría de PwC en España a IBM en 2003 con «perjuicio al Tesoro Público».

La Fiscalía les acusa de no haber declarado a Hacienda como rendimientos del trabajo los 21 millones de euros que recibieron como compensación por la venta de esa división de consultoría. Como prueba, Launa se ha hecho con un correo interno de enero de 2002 enviado por el responsable de operaciones de PwC, José Luis Tajadura, a los jefes de la multinacional pidiéndoles que cambiaran el concepto de pago de los 21 millones de euros a los socios españoles. Les rogó que no lo declararan como premio a la «significativa contribución a la red», porque eso iba a ser considerado como bonus por la Hacienda española. Así que les pidió un cambio «para reducir así el IRPF desde al 48% al 18%», según el feo mail.

Además, Launa acusa a la propia PwC en España de haberse beneficiado indebidamente de las ventajas fiscales concedidas a las fusiones.La Agencia Tributaria cifra informalmente en más de 80 millones de euros esta segunda acusación.

Mas acudió a la Audiencia no en su calidad de presidente actual, sino por haber sido uno de los administradores de la época. Negó de plano las dos acusaciones. Aseguró que no ha cobrado un bonus en su vida, porque no es esa la política de PwC, por lo que esa cantidad a repartir no fue ningún premio sino el fruto para los socios de la venta de la división a IBM. También sostuvo que la fusión fue real y no una operación ficticia que buscara ventajas fiscales. Por tanto, a su juicio, ambas operaciones fueron declaradas y bien declaradas a Hacienda y, además, supervisadas por Miguel Cruz, el actual experto fiscal de PwC y ex director general de Tributos en la etapa 'anti Lola Flores' de José Borrell en Hacienda. El juez, que ya ha tomado declaración al propio Cruz entre una decena de socios y ex socios de PwC en las actuales diligencias previas deberá decidir si continúa el caso o, como confía la firma, lo archiva. No cabe duda de que PwC no es un caso más para la Agencia Tributaria. Esta culpa a este tipo de firmas de diseñar sofisticados montajes fiscales para sus clientes y les tiene enfrente en muchos pleitos. Otra gran consultora, Accenture también fue inspeccionada por Hacienda en 2007 y el centenar de socios en España de esta multinacional, incluido el presidente Vicente Moreno, tuvieron que abonar a las arcas públicas 110 millones de euros en concepto de impuestos no pagados en 2001 más intereses. Tras una discrepancia de interpretación de las normas, los de Accenture alcanzaron un pacto en esa cantidad, pero no hay arreglo posible en el caso de PwC, porque ha ido directo a Anticorrupción.

¿Cómo le llegó a la Fiscalía? Ese es otro ingrediente de esta historia: por venganza. La Agencia Tributaria no oculta que el soplo le llegó de Román Luquín, que llegó a ser vicepresidente de Price hasta abril de 2002, participando en el diseño de la operación de escisión del área consultora.

Luquín salió con una indemnización de 1,8 millones de euros en el entendido de que le caería algún millón más si la división era vendida en Bolsa. Finalmente, fue vendida directamente a IBM y, con esa excusa de que no había salida bursátil, el entonces presidente de PwC, Miguel Fernández de Pinedo, le dijo a Luquín que de más dinero nanay. Este amenazó con contar lo que sabía a Hacienda y pleiteó hasta ponerse en manos en junio de 2007 del entonces presidente del Colegio madrileño de Abogados, Luis Martí Mingarro. Este dictaminó que con 370.000 euros más de indemnización iba Luquín servido. No se conformó y puso en manos de la Agencia Tributaria el presunto delito fiscal de 2002. Esta, ante el riesgo de prescripción, lo remitió directamente a Anticorrupción.

A PwC le habría salido más barato en imagen y dinero ser más generoso con Luquín, pero lo importante es que PwC tenga razón y acredite que cumplió con Hacienda. Quien vive de asesorar y auditar a las grandes empresas de España debe ser ejemplar.

carlos.segovia@elmundo.es

La efeméride Vuelve el Deutsche al 'ladrillo'

Cuatro años después, existe una operación en ciernes de Deutsche Bank que puede significar, por fin, una buena noticia para el sector inmobiliario español en su conjunto. En 2005, el banco alemán que preside en España Antonio Rodríguez-Pina -en la imagen-, decidió que el ladrillo estaba tocando techo y que era ya un negocio a evitar. Gracias a esa prudencia en ésta y otras operaciones, Deutsche Bank no ha sufrido en España el drama que está padeciendo en otras latitudes. Ahora resulta que cuando nadie quiere saber nada del ladrillo, Rodríguez-Pina y su equipo vuelven y se han movilizado para conseguir los 2.000 millones de euros de financiación para comprar los inmuebles del BBVA, incluida la sede de FG en La Castellana de Madrid. En Deutsche olfatean otra vez negocio a los precios actuales y, por tanto, ven un rayo al final del túnel. Lo ideal para FG es que surgieran competidores de Deutsche para obtener mejor precio, como el obtenido por el Santander hace un año por sus inmuebles, pero eso es ya prehistoria.