INMIGRACIÓN: Nubarrones de fascismo

Una condena llamada internamiento

El Gobierno cuela un precepto para encerrar a los 'sin papeles' hasta año y medio en los CIE

PEDRO SIMON/Madrid

Serán parados por la calle y se les enviará al fondo de la sala.Se les darán mil vueltas de gallinita ciega y se tapiará la salida del laberinto. Echarán la llave y los guardianes se comerán el candado porque así lo permite la ley.

Sin ruido ni voces en contra, el Gobierno ha abierto ya la vía legal al internamiento, hasta año y medio, de clandestinos en España. Aunque el artículo 62 del anteproyecto de la Ley de Extranjería aumenta a 60 los 40 días actuales de estancia en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), lo cierto es que una excepcionalidad que recoge el mismo precepto consagra la eternización de su reclusión, a imagen y semejanza de la directiva de la vergüenza que le saca los colores a Europa.

Dice así: «El cómputo del plazo quedará suspendido mientras dure la tramitación y resolución de los procedimientos de asilo o de habeas corpus iniciados. Igualmente procederá dicha suspensión en caso de enfermedad del extranjero o por otras causas no imputables a la Administración que impidan o dificulten su salida de España».

Hasta ahora el Gobierno había vendido como titular de su reforma la consabida e «inevitable» ampliación a dos meses de la permanencia bajo vigilancia policial de los sin papeles. Pero el Grupo Inmigración y Sistema Penal -integrado por magistrados, jueces, fiscales, profesores y abogados- ha cavado hondo, ha traducido la letra pequeña y ha dejado al aire las cañerías de una norma que amenaza con quebrar el sueño de los que llegan encerrándolos sin fecha de caducidad.

El documento tiene 18 páginas, pretende modificar el plan del Gobierno en la tramitación parlamentaria y tilda el anteproyecto de «intolerable retroceso en los derechos de los extranjeros y en nuestro Estado de Derecho». «A diferencia de la actual regulación», concluye, «la propuesta permite que el plazo de 60 días se prolongue sin límite en determinadas circunstancias».

Las determinadas circunstancias a las que alude el informe son tres, los tres senderos que llevan a una pena infinita y berlusconiana.Que se lo digan al malí Babou. Que se lo digan al boliviano Juan.

Los críticos al anteproyecto creen que internar sine die «mientras dure la tramitación y resolución de los procedimientos de asilo y de habeas corpus» conlleva «sancionar el ejercicio de dos derechos reconocidos por nuestra Constitución». En segundo lugar, hacerlo por enfermedad «supone una discriminación intolerable por razones de salud». Y finalmente, está la última excepción, la que abre todos los cepos y tiende todas las celadas: suspensión del internamiento «por otras causas no imputables a la Administración que dificulten su salida de España».

De salir adelante la norma como está, se condenaría a la prolongación del encierro vigilado «en casi todos los supuestos en que concurran dificultades para emitir o hacer efectiva una orden de expulsión».La casuística que cabe en este cesto es demoledora. Al clandestino se le congelaría el contador de días, pongamos por caso, porque se desconociera su nacionalidad, porque no hubiera convenios de extradición con su país de origen o porque éste no proporcionara la documentación necesaria.

BABOU / 24 AÑOS / MALI

«Dormía en el suelo; éramos 12 en la celda»

P. S. / Madrid

En Mali era vendedor de zapatos y aquí llegó a vigilante de obra nocturno, la vida a oscuras dentro de una caseta, durmiendo y echando las cuentas de la lechera a solas bajo la vía láctea.Hasta que se hizo pedazos el cántaro. Menudo sueño.

«Me paró la Policía por la calle y estuve 17 días en el CIE.No había hecho nada, pero me metieron allí dentro... En la habitación había camas para ocho y en la mía éramos 12. Yo dormía en el suelo», recuerda. «No puedo entender que ahora quieran meter a la gente hasta 18 meses en un sitio como ése. Eso no lo puede aguantar nadie, es imposible; no es bueno, no es bueno».

Llegó a Tenerife en un cayuco con 84 personas cagadas de miedo.Dos años y medio después, tiene la ropa seca, pero es el mismo náufrago con sólo arena entre los dedos. No hay trabajo, no hay familia, no hay futuro. Padre ya le ha dicho que no pasa nada, que vuelva. Se lo viene diciendo desde hace meses: «No te preocupes, estamos aquí, ven».

«Si no tengo trabajo me voy. Ahora estoy haciendo un curso de jardinería. No valgo para estar parado». Si regresa, dejará atrás a su novia brasileña, el maletín de sueños y esa niña a la que no abrazó.

Se trata de la bebita de una de las dos mujeres ecuatorianas que le tienen alquilada la habitación. Tiene casi un año. Babou procura no hacerle caso a la pequeña. Ni cuando le hace una pedorreta.Ni cuando le va con el elefante de colorines.

Babou lo aclara: es que no se quiere encariñar.

JUAN / 40 AÑOS / BOLIVIANO

«Me dieron una paliza por coger una manta»

P. S. / Madrid

Pasaba un día y otro día y el padre no aparecía por casa. Así que la madre decidió llevar al pequeño Cristian, de 11 años, al centro de internamiento donde estaba papá. Para que le corrigiera los deberes y le hiciera el caballito. Tenían ocho minutos por delante, lo que manda un reglamento bruñido en hierro.

-¿Qué estás haciendo aquí dentro, papi?

-Estoy haciendo unos cursos no más, para el trabajo.

-¿Y por qué están estos policías?

-Para vigilar que no entre nadie malo a molestarnos, hijo.

El pequeño se fue a casa y presumió en el cole de que su padre trabajaba con la Policía. Papá estuvo en el trabajo hasta 40 días.

«Allí no se puede estar tranquilo. Los policías te sacan a gritos y a golpes, te desnudan. Duchan en agua fría a los que se portan mal. A los que son de mi país nos dicen 'sudacas de mierda' y cosas así», señala Juan, casado y con dos hijos. «Un día me dieron una paliza dos agentes. Porque cogí una manta. Es verdad que no era mía. Era de un deportado. Pero tenía frío».

«El bebé tenía cuatro meses cuando me encerraron. Yo tenía una tristeza bárbara y lloraba... La gente no va a aguantar 18 meses dentro. El ministro Rubalcaba tiene que ser más flexible con los sin papeles porque nosotros hemos venido a trabajar honradamente», comenta. ¿Y mañana?: «Me quedé sin trabajo. Tengo hijos y no me alcanza para leche ya. De seguir así, nos volvemos a fin de año. ¡Qué se le va a hacer!».

La letra pequeña de la ley

>La Ley de Extranjería actual fija en 40 días el internamiento máximo de un 'sin papeles'.

>El anteproyecto de reforma que aprobó el Consejo de Ministros aumenta los días a 60. Pero incorpora varios supuestos que, de no cambiarse, permitirán un internamiento sin límite cuando, por ejemplo, se desconozca la nacionalidad del extranjero o no haya convenios con el país de origen. La Directiva de Retorno de la UE establece el límite implícito en 18 meses.

Nubarrones de fascismo

MARGARITA MARTINEZ

En diciembre del año pasado la UE aprobó la conocida como directiva de la vergüenza, que permite mantener encerrados a los inmigrantes irregulares hasta un año y medio mientras se tramita su expulsión.El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró entonces enfáticamente que tan vergonzante directiva no supondría un empeoramiento de la situación de los inmigrantes irregulares en nuestro país.Y yo le creí. ¿Quién en su sano juicio podría pretender agravar una situación ya de por sí humana y jurídicamente insostenible?

Cuando un extranjero se encuentra en nuestro país en situación irregular, la Policía puede tenerlo detenido 72 horas, tras las cuales, mediante autorización de un juez, puede ser ingresado en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), por un tiempo máximo de 40 días, supuestamente a la espera de una orden de expulsión que en muchos casos ni siquiera podrá ejecutarse.

A la opacidad de estos espacios (vigilados por la Policía y sobre los que no existe un efectivo control judicial) se suma el hacinamiento, las deficientes instalaciones y la especial vulnerabilidad de quienes allí están encerrados. Dentro de los CIE tan sólo encontraremos mucha pobreza, mucha injusticia y mucho sufrimiento.

Recientemente, el Gobierno ha presentado el anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería, cuyo artículo 62 prolonga a 60 días el plazo de internamiento, lo que ya ha provocado las protestas de sindicatos policiales, pues ello se traducirá en peores condiciones y más hacinamiento, amén de suponer un dispendio. Pero hay más: los 60 días no son un límite máximo, sino que en muchos supuestos el internamiento podrá prolongarse ilimitadamente. Gracias a un Gobierno socialista podremos encerrar inmigrantes durante meses y meses, simplemente por haber osado vivir en nuestro país sin conseguir papeles.

Señor Zapatero: usted es jurista, fue profesor de Derecho Constitucional y predica la decencia. No necesita que nadie le diga que el proyectado artículo 62 supone un atropello de los derechos humanos de los inmigrantes. Es un precepto que como Estado de Derecho nos deslegitima, como sociedad nos avergüenza y que terminará marcándole. Por el horizonte de la civilizada Europa avanzan nubarrones de fascismo.¿Hasta dónde está dispuesto a llegar, señor Zapatero?

Margarita Martínez es catedrática de Derecho Penal de Universidad Complutense de Madrid

Prisión para un ex jefe policial de Extranjería por extorsionar a clubes

La juez instructora deja libres bajo fianza de 20.000 euros a dos abogados implicados

XIANA SICCARDI/Barcelona

El inspector de la Policía Nacional que fue detenido la semana pasada por su presunta implicación en la trama de los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels, José Javier M.P., ingresó ayer en prisión por orden de la juez instructora.

Juan José M.P., conocido como Jordi en círculos policiales, estuvo destinado en la Brigada de Información, y posteriormente fue inspector de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad (Ucrif), donde mantiene el cargo, pero desde hace tiempo está de baja por depresión. Tiene abierto, también, un expediente por el mismo cuerpo policial, después de que el propietario del prostíbulo Saratoga de Castelldefels lo denunciara por supuestas extorsiones -a finales de 2007-, en un caso que, en su día, fue investigado por la Guardia Civil.

Al parecer, pudo haber sido este imputado quien, tras haber sido denunciado, comenzara a hablar sobre las presuntas vinculaciones de compañeros y otras personas, como abogados, en la presunta red de los prostíbulos, en la que agentes policiales -algunos en activo y otros ya retirados- habían aceptado sobornos de los dueños de estos dos grandes locales de alterne a cambio de avisar con tiempo de las redadas que podían realizarse en sus establecimientos.

O eso, o presuntamente extorsionaban a los empresarios a cambio de importantes sumas de dinero, o lo hacían con el fin de que contratasen a los tres abogados, también imputados, que trabajaban en el despacho Corporación Legal Abogados España, situado en la calle Gelabert de Barcelona, en el barrio de Les Corts. El viernes, éstos dijeron a la juez -acusados de cobrar de los prostíbulos a cambio de ocultar delitos- que han declarado a Hacienda todo el dinero cobrado a los prostíbulos, a los que dijeron que asesoraron tras las investigaciones policiales.

Sobre estos acusados, la juez decretó ayer libertad bajo fianza de 20.000 euros para dos de ellos: Alex G., y Fernando Martínez, quien también es secretario general de la Federación Catalana de Locales de Alterne. La juez, en cambio, dejó en libertad con cargos al tercer abogado, Carlos C., también juez sustituto puntual en distintos juzgados de Gerona.

De momento, hay un total de 14 imputados en esta causa. Cinco de ellos son responsables de los dos locales de alterne investigados -tres están en la cárcel-, seis son policías en activo o ya retirados -en prisión están dos-, y tres son abogados.

Nexo con un guardia urbano

X. S.

El inspector encarcelado ayer, José Javier M.P., está considerado como una de las personas que podría haber dado nombres de individuos que habrían sobornado o se habrían dejado sobornar, siempre presuntamente, por dueños de prostíbulos.

Fuentes cercanas al caso apuntan que habría sido él quien, presuntamente dio el nombre de Manuel P. M., un guardia urbano cuyo caso salió a la luz a finales de 2006, cuando se le imputó por proxenetismo de chicas menores de edad en varios clubes de la capital catalana, en una actuación que finalmente resultó archivada.

En aquel auto judicial se daba carpetazo a este asunto porque, aunque había dado «cobertura, amparo» y habría «favorecido la prostitución» en los locales Tres Estrellas y Brindis de Barcelona, no estaban involucradas chicas menores de edad, concluyó el juez.Se da la circunstancia de que uno de estos establecimientos estaba asesorado, precisamente, por el abogado Alex G., imputado en el 'caso de los macroprostíbulos' de Castelldefels.

El agente Manuel P. M., que reiteró su inocencia durante todo el proceso, aseguró que se limitó a «presentar a mujeres mayores de edad a los dueños de los locales» y que lo hacía porque las conocía y quería ayudarlas.

Negó, también, haber recibido algún tipo de compensación económica por ello -se habló de 2.000 euros- y aseguró que, si la mayoría de las mujeres eran de nacionalidad rumana, era porque su pareja es de ese país.

El dueño del prostíbulo Tres Estrellas, Juan G. M., mantuvo que el agente le llevaba chicas a su local, al que iba de uniforme y de paisano.

TRAFICO DE PERSONAS
54 detenidos por facilitar la llegada de chinos 'sin papeles'

JORDI RIBALAYGUE/Badalona

La Policía Nacional lanzó ayer una amplia operación contra una red de tráfico de inmigrantes que se saldó con la detención de 54 personas en Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramenet.Desde las 7.00 horas y hasta el mediodía, los agentes accedieron a una decena de inmuebles en los que apresaron a los supuestos integrantes de la trama. Los detenidos son en su mayoría de nacionalidad china y se les acusa de tráfico de personas, falsificación documental y otros delitos. Entre los arrestados se hallarían algunas de las víctimas del grupo, que trasladaba desde China a inmigrantes en situación irregular.

El grueso de la actuación se concentró en dos domicilios de Badalona, donde se incautaron de enseres, documentación y una torre de ordenador. Además, la Policía llevó a dos de los sospechosos hasta Santa Coloma para inspeccionar un restaurante de comida china, donde supuestamente los jefes de la red recibían los pasaportes falsos para los inmigrantes.

En la operación también se registró un ático en el que los agentes arrestaron a seis hombres y cuatro mujeres. En la calle se hablaba de los gritos que se oían de madrugada y las peleas que los arrestados protagonizaban.

Farmacéuticos llevan a la CE la «corrupción» del modelo español

RAFAEL J. ALVAREZ/Madrid

Una farmacia cada 2.800 habitantes y a 250 metros de la siguiente no suena a locura, pero cuando 10.000 personas viven en un entorno de 200 metros o hay pueblos de 20 habitantes desperdigados entre sí, la cosa se complica: zonas densamente pobladas con una botica o lugareños que tienen que recorrer medio valle para lograr sus medicinas.

Contra eso y la «corrupción» del sistema español de adjudicación de farmacias se presenta hoy en el Parlamento Europeo la Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias (Plafarma), que representa a farmacéuticos «que no pueden ejercer en la modalidad de oficina de farmacia debido a las excesivas restricciones» en la materia, unos 50.000 en toda España, según sus cálculos.

Plafarma entra en el viejo debate sobre el modelo español de farmacia y el europeo, entre el de la adjudicación por concurso de méritos y el que se sostiene en las leyes del mercado.

Esta asociación apuesta por el segundo y aprovecha para denunciar una situación de «monopolio absoluto» que la propia CE censuró en 2006 debido a determinadas restricciones incompatibles con el artículo 43 del Tratado de la UE, que habla de la «libertad de establecimiento».

Mercedes Cuadra, presidenta de Plafarma, dibuja el cuadro de hoy: «En España se autoriza una nueva farmacia dando prioridad total a los farmacéuticos ya establecidos o a los funcionarios, que, por su situación, acumulan méritos. Cuando los primeros reciben la nueva farmacia, venden la antigua o la ceden a familiares.Los segundos la explotan sólo con nombrar a un farmacéutico asalariado o pidiendo una excedencia para regentarla ellos».

Desde este lado del mostrador, los farmacéuticos sin farmacia afirman que no hay razones sanitarias que justifiquen las restricciones y que la liberalización ampliará los puestos de trabajo para profesionales en paro y «será beneficiosa para los usuarios».