EL CERDO DE ZAPATERO METE SU PEZUÑA PORCINA EN MADRID de forma coordinada con el indeseable Gallardón: Tercer acto

LA CRISIS DE LAS CAJAS / La entidad madrileña
La caja del Zapatero. Tercer acto

IGNACIO DEL RIO

El acuerdo del Gobierno por el que presenta recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, artículo 28 de la Ley 3/ 2008, del 29 de diciembre, constituye el tercer acto de la ópera El rapto en torre KIO, una auténtica metáfora de la obra de Mozart, 'El rapto en el serrallo', en la que Constanza (Caja Madrid) ha sido secuestrada por el Pachá Selim, que desea conseguir sus amores bajo amenaza de tortura. En el resto del reparto, Esperanza Aguirre representa a Belmonte, el novio; y Gallardón a Osmín, el criado del Pachá. Y dejo a su imaginación adjudicar los papeles de Pedrillo y Blonde.

La historia comenzó el 20 de octubre cuando el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, decidió proponer al consejo de administración dos acuerdos: la designación de entidades representativas y su número de representantes, y el inicio del proceso electoral para la renovación parcial en 2009 de los miembros de la asamblea general. Un doble acuerdo que se produce rompiendo consciente y voluntariamente el consenso establecido en la designación de las entidades representativas desde que se incorporan, como consejeros generales, a los órganos de la caja, y que tiene una contestación negativa, precisamente, desde la representación mayoritaria de los consejeros que le dieron su apoyo para acceder a la presidencia de la entidad.

A pesar de que Blesa niega en la última asamblea, hasta tres veces, que ni él ni su consejo tienen responsabilidad alguna en la situación creada, la lealtad institucional, la historia de Caja Madrid y el rigor con el que se debe administrar una entidad financiera, exigían que hubiese retirado el acuerdo e impulsado una recomposición del consenso. Pero no quiso hacerlo.

¿Qué razones le mueven a adoptar esta actitud? Algunos suponen que simplemente busca una diferente coalición de apoyo para su reelección. Sin embargo, si se contempla la Ley del Estado, Ley 44/2002, Ley Rato, es palmario que el plazo de duración de los mandatos es de 12 años. También lo es que la disposición transitoria sólo es aplicable a la primera renovación desde su entrada en vigor, y si únicamente es reelegido por el mismo sector, el de la Asamblea de Madrid, que le nombró consejero general.

En el escenario, en el que el PSOE jugaba un papel secundario, probablemente el de los sarracenos en la obra de Mozart, irrumpe con fuerza Zapatero, apoyándose en un dubitativo informe del Consejo de Estado, que le da la coda para anunciar, no un recurso de inconstitucionalidad, sino la orden dada al Servicio Jurídico del Estado. La tacha de retroactividad, que también reiteró Blesa en la asamblea en un ejercicio de apreciación personal, carece de la más mínima solvencia si se leen con literalidad los acuerdos del Consejo de Caja Madrid a la luz de la Ley, los Estatutos y el Reglamento electoral.

Por mucho que se quiera contra argumentar que, iniciado un partido no se cambian las reglas, lo que se pretende es crear una apariencia que evite comprobar cómo alguno ha pretendido meter un gol y que suba al casillero antes de la hora de comienzo, sin salir al campo, ni equipo contrario ni árbitro.

La otra objeción, la ruptura del principio de proporcionalidad en la representación de las corporaciones locales, también tiene poco fundamento. La Ley Rato ya estableció una limitación de los derechos de voto, y las comunidades autónomas como Cataluña (donde gobierna el PSOE), han limitando la representación municipal en mayor porcentaje.

Además, el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que la Ley Básica no sólo agota las competencias legislativas de las autonomías, sino que además determina el punto de partida a partir del cual pueden ejercer su competencia estatutaria.Y también que la vulneración del principio de igualdad del artículo 14 exige «el tratamiento desigual de los que se encuentran en situaciones esencialmente similares», lo que no sucede con la Ley de Madrid.

Dos días después, comprendemos el nuevo ejercicio de trilerismo político que nos ha proporcionado Zapatero utilizando el informe del Consejo de Estado. En el tercer cubilete estaba el garbanzo negro, en forma de intervención de la Caja de Castilla-La Mancha, dirigida por el prócer socialista Hernández Moltó, ex consejero y ex diputado que representó el eximio papel de azote del entonces Gobernador del Banco de España, y que ha dirigido una caja con el beneplácito, hasta hace un mes, de los consejeros no socialistas, entre ellos, los designados por el Partido Popular.

La magna obra de Mozart se transforma en una ópera bufa o en el silencio de los corderos, donde será necesario investigar cuantas mariposas disecadas en forma de participaciones empresariales dormitan en la cueva.

Zapatero, el político mutante, ha ejercido una vez más sus habilidades para enseñar dos pañuelos y sacar un conejo de la chistera, mientras distrae al personal. Aunque, en esta ocasión, hay que reconocer que avisó a Rajoy en la última sesión de control del Congreso.Otra cosa es que, en pleno subidón, el líder del PP reconociera el aviso que le estaba mandando. Como diría un castizo, le madrugó la cartera.

El Gobierno, Solbes y Gallardón están cómodos con Blesa. Todos se han pronunciado a su favor. Quizá, porque al amparo de la crisis y de la intervención del Banco de España se está preparando un proceso de absorción de las cajas tóxicas por las sanas, como el propio Blesa deja entrever en su informe ante la asamblea al referirse al papel que tendría que desempeñar dentro del sistema.

Si así se hace, es necesario diluir el poder autonómico que sea incómodo, todo revestido con la apelación a la excepcionalidad de la crisis. Lo cierto es que se avecina un nuevo reparto del tablero entre las cajas y que el debate ha rehuido la identificación de los derechos de propiedad y su auténtica despolitización.Este debate no interesa a la izquierda, dispuesta a imponer su mayoría electoral, cuando la tiene, así como su mayoría social, cuando hay que representar los intereses colectivos.

Desgraciadamente, las dudas y tibiezas de Rajoy sólo sirven para que sus adversarios campeen por sus respetos. Y Ruiz Gallardón, hace bien en defender los intereses del ayuntamiento, ahora que ya no desea reducir sus competencias. Pero, subirse como palafrenero al carro de Zapatero, sólo sirve para trabajar a favor del objetivo marcado por Ferraz: romper electoralmente Madrid y Valencia.

Ignacio del Río es consejero general de Caja Madrid.

LA CRISIS DE LAS CAJAS / La entidad madrileña
El Gobierno impugnará el recorte de Aguirre a Gallardón en Caja Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid critica que se trate a su norma de la misma forma que al 'plan Ibarretxe', al recurrirla ante el Tribunal Constitucional

CARLOS SEGOVIA /Madrid

El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la norma que permite a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, recortar el poder del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, en la cuarta entidad financiera del país.

Según las fuentes consultadas, el Ministerio de Administraciones Públicas, encargado de preparar el recurso, está legitimado para hacerlo por la duda que desliza el Consejo de Estado en su dictamen.El máximo órgano consultivo del Gobierno estima que la limitación establecida por la Ley de Cajas de Aguirre de que el Ayuntamiento de Madrid no supere el 30% de los consejeros generales representantes de municipios -frente al 70% actual- es admisible y existe jurisprudencia al respecto del propio Tribunal Constitucional. «La aplicación de esta doctrina llevaría a despejar las dudas sobre su constitucionalidad», señala el órgano consultivo en su respuesta al Gobierno central.

Sin embargo, y en contra de lo publicado ayer erróneamente por este diario, el Consejo de Estado considera conveniente que el Tribunal Constitucional vuelva a pronunciarse. La razón es que «la legislación básica estatal ha sufrido una evolución y, además de subvenir a la finalidad democratizadora con la modificación de la Ley Orgánica de Organos Rectores de las Cajas de Ahorros por la Ley 62/2003, se ha puesto especial énfasis en la proporcionalidad estricta de dicha representación en atención a la cifra de depósitos captados». Según esta tesis, el Ayuntamiento de Madrid debería estar representado estrictamente en función de los depósitos de la caja en su municipio y sin limitación.

Fuentes próximas a Aguirre consideran que el Constitucional no cambiará su Ley en este punto. La razón es que otras legislaciones autonómicas imponen limitaciones similares o incluso más duras como es el caso de Cataluña. «Está en vigor en ocho comunidades autónomas sin que se haya formulado recurso de inconstitucionalidad alguno», afirman. Por tanto, un pronunciamiento del Constitucional favorable a Gallardón forzaría a revisar las normas de otras autonomías.

«La LORCA solamente exige con carácter básico la proporcionalidad por depósitos captados en la asignación de los Consejeros Generales en el nivel de las comunidades autónomas no en el de los municipios», señalan en el PP madrileño. El Gobierno tiene previsto presentar hoy el recurso contra la Ley de Cajas madrileña, dos días antes del plazo límite. La impugnación deberá limitarse a los apartados concretos que sugiere el Consejo de Estado e implica su suspensión durante cinco meses al ser un procedimiento similar al utilizado contra el plan soberanista del Gobierno vasco.

Por su parte Aguirre, consideró a ayer «desproporcionado» que el Gobierno central recurra la Ley de Cajas madrileña por el mismo método que el Plan Ibarretxe, es decir, acudiendo al Tribunal Constitucional.

«El presidente del Gobierno recurre ante Tribunal Constitucional nuestra Ley de Cajas, que de los 120 diputados del Parlamento de Madrid ha tenido sólo 7 (votos) en contra. ¿Y cómo recurre y por qué? Pues por el mismo procedimiento previsto para paralizar del Plan Ibarretxe. Nada más y nada menos», protestó, según Europa Press.

«¡Cómo si introducir un cambio mínimo para la representación en la caja para que la sociedad pueda estar mejor representada en la entidad y evitar que los consejeros se perpetúen en su cargo fuera un ataque a la Constitución de la envergadura del Plan de Ibarretxe! Yo no he visto en mi vida nada más desproporcionado, pero peor para ellos», exclamó la dirigente regional durante su intervención en Móstoles en el primer acto de precampaña de las elecciones europeas organizado por el PP de Madrid. Aguirre enmarcó el recurso del Ejecutivo central a la Ley de Cajas en la «campaña sin precedentes» que los «adversarios y enemigos» del PP han emprendido en las últimas semanas. Sin embargo, no quiso darle importancia a estos ataques y advirtió a los militantes que hay que hay que ser «valientes, decir las cosas claras y aguantar las críticas».