EL CERDO DE ZAPATERO METE SU PEZUÑA PORCINA EN MADRID: El Consejo de Estado avala lo esencial de la 'ley Aguirre'

El Consejo de Estado avala lo esencial de la 'ley Aguirre'

CARLOS SEGOVIA/Madrid

Esperanza Aguirre puede recortar legalmente el poder de Alberto Ruiz-Gallardón en Caja Madrid y también despedir a Miguel Blesa este año de la entidad financiera. Así se desprende del dictamen de nueve páginas que el Consejo de Estado ha remitido al Gobierno y al que ha tenido acceso EL MUNDO.

El máximo órgano consultivo del Gobierno considera que los únicos apartados de la Ley de Cajas de la presidenta de la Comunidad de Madrid que podrían ser inconstitucionales son, básicamente, los que recortan el peso de los impositores y de los municipios de fuera de la región madrileña.

Por tanto, según el dictamen, el Gobierno debe limitarse a impugnar ante el Tribunal Constitucional exclusivamente esos aspectos, recogidos en artículos distintos a los que afectan a la pugna de Aguirre con Ruiz-Gallardón y Blesa.

Mientras que los aspectos recurribles según el Consejo de Estado se encuentran en los apartados 1 y 2 del artículo 28 de la Ley de Cajas, el recorte del poder de Ruiz-Gallardón está en el apartado 3 y la exigencia de que Blesa sólo pueda ser reelegido si así lo desea Aguirre ni siquiera figura en ese artículo.

El dictamen no es vinculante para el Gobierno, pero parece difícil que el recurso que presentará mañana la Abogacía del Estado pueda desviarse de esta opinión. Por un lado, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, justificó el pasado viernes la presentación del recurso, porque «tras el dictamen del Consejo de Estado es difícil no actuar». Por otro, ir más allá que el órgano consultivo del Gobierno demostraría que Zapatero tiene un interés político extremo en acosar a Aguirre en esta batalla.

El Consejo de Estado, presionado políticamente, sí cuestiona que la presidenta de la Comunidad haya creado dos circunscripciones electorales para poder ser elegido consejero general en Caja Madrid, porque estima que eso favorece a los municipios en los que la entidad tiene más implantación y depósitos, rompiendo la regla de proporcionalidad e igualdad que la legislación estatal prevé. «Resulta conveniente que el Constitucional pueda volver a pronunciarse sobre este concreto punto», señala el Consejo. Este órgano intenta evitar que las comunidades autónomas aprovechen su poder sobre las cajas para marginar a los depositantes que éstas tengan en otras regiones.

Un aspecto «menor»

En todo caso, este apartado es considerado «menor» por el entorno de Aguirre. Lo políticamente relevante para ella es que Gallardón y Blesa, que se han rebelado contra su normativa, pierdan la batalla. El Consejo de Estado ni siquiera menciona lo que ambos más critican, que es la posible retroactividad de la ley. Ambos cuestionan que pueda ser ya aplicada al proceso de renovación de la cúpula de Caja Madrid que debe culminar en otoño. Pero ni Solbes ni el dictamen entran en ello.

Por tanto, fuentes próximas a Aguirre señalaron ayer a este diario que el dictamen del Consejo de Estado permite aplicar todos los aspectos importantes de la Ley este mismo año. Eso supone que Blesa saldrá de la presidencia el próximo octubre y Gallardón pasará de 70 consejeros en la Asamblea General a sólo 24.

El dictamen del Consejo revela que Solbes quería atacar más preceptos de la norma. «A pesar de que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera [dependiente de Solbes] ha esbozado dudas sobre la constitucionalidad de otros apartados del artículo, la propuesta se circunscribe únicamente a los dos señalados y, en consecuencia, el presente dictamen se ceñirá sólo a ellos», señala el texto. Por tanto, ya en origen, el Consejo de Ministros se limitó a consultar concretamente al Consejo de Estado en los dos apartados que Aguirre considera menores. Otra razón para que mañana no vaya más lejos.

Según las fuentes consultadas en el PP madrileño, el Gobierno sólo podrá instar al Constitucional a suspender los dos apartados menores y por un plazo máximo de cinco meses. Por tanto, aunque la impugnación de Zapatero tiene alcance político, no lo tendrá tanto jurídico y en la práctica, según estas fuentes.

«Sin respetar la institución»

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, atacó ayer a Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños a cuenta de la pugna de Caja Madrid. Pérez recordó que es el Gobierno socialista «quien se entromete en la institución [en referencia a Caja Madrid], sin respetar las decisiones democráticas de los madrileños, expresadas en la Asamblea de Madrid y a las que el propio PSM no se opuso, quedando desautorizado [Tomás Gómez] una vez más por Moncloa».

Las críticas del portavoz 'popular' en la Asamblea de Madrid van en la línea de las que ya ha hecho públicas el coordinador de Economía del partido, Cristóbal Montoro, quien calificó de «injerencia y provocación» la decisión del Gobierno de solicitar la suspensión cautelar de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid. En una nota de prensa, Montoro aseveró que con esa decisión el Ejecutivo demuestra su «falta de voluntad» de llegar a acuerdos con el PP en materias «tan básicas y delicadas» como hacer frente a la «crisis bancaria». A juicio de Montoro, la solicitud de suspensión cautelar de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid «raya en la provocación» en un asunto que, a juicio del PP, «no es prioritario en este momento».

La falsa y cínica vicepresidenta niega «injerencias»

DAVID VIGARIO / Corresponsal/Mérida

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, justificó el recurso interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por la Ley de Cajas que impulsa la Comunidad de Madrid asegurando que «vulnera dos preceptos», aunque no dio más detalles de los mismos. Sí se extendió en lo que calificó como las razones claves para la interposición del recurso: «La constitucionalidad, la legalidad y la defensa de los ciudadanos», añadiendo que «no hay ninguna otra causa en este asunto». En este sentido, matizó que «no existe ninguna otra injerencia que valga, tan sólo hemos actuado para salvaguardar el interés general y la defensa de la legalidad». De la Vega, que hizo estas declaraciones en Mérida, dentro de una visita institucional a Extremadura, recomendó al Partido Popular «que se serene, que tranquilice los ánimos y no arremeta, como actúa siempre, cuando se producen decisiones que no le gustan, contra todos, contra los jueces, contra el Gobierno, contra los sindicatos y hasta contra los ciudadanos».

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, sostuvo ayer que «las guerras internas del PP por el poder» de Caja Madrid «ponen en juego» a la entidad financiera, por lo que solicitó al principal partido de la oposición que «deje atrás la política en la que prima el interés personal sobre el colectivo», informa Europa Press.