TACHA DE «ESCANDALOSA» la inversión estatal en Cataluña

Aguirre tacha de «escandalosa» la inversión estatal en Cataluña

CiU afirma que faltan aún otros 2.700 millones de euros para cumplir el Estatuto

DANIEL G. SASTRE/Barcelona

Varios de los barones más señalados del Partido Popular alzaron ayer la voz para criticar la «escandalosa» inversión extraordinaria de 800 millones de euros decidida por el Gobierno para mejorar las infraestructuras de Cataluña. Los principales dirigentes populares de la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Andalucía se quejaron del trato de favor que, en su opinión, recibe la Generalitat. Capitaneó el coro la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que dijo que José Luis Rodríguez Zapatero pactó esa inyección económica «por la puerta de atrás».

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero catalán de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, celebraron ese acuerdo con cara de satisfacción el martes en Barcelona. La Comisión Bilateral acababa de ampliar en 800 millones de euros los 4.006 millones que los Presupuestos Generales del Estado consignaban para infraestructuras en Cataluña.

No todos están tan satisfechos, como demostró la reacción en tromba del PP. Aguirre fue de las primeras en subrayar el agravio comparativo que, en su opinión, supone el acuerdo. «Es escandaloso que se pretenda resolver el problema de algunos ciudadanos españoles y se olvide que hay otros, en concreto los madrileños, que llevan muchísimos años preteridos por el Gobierno de Zapatero», afirmó.

Aguirre también criticó las formas, porque cree que el hecho de que la inversión se pactara al margen de los Presupuestos y del Consejo de Política Fiscal y Financiera evidencia que Zapatero ha usado «la puerta de atrás» para contentar a Cataluña. Además, se quejó de que el acuerdo concede a la Generalitat «muchísimo más dinero» del que le reconoce la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, y atribuyó al presidente del Gobierno intenciones políticas ocultas: «Para lograr los apoyos que necesita en el Parlamento, Zapatero actúa en detrimento del resto de los españoles».

El vicepresidente primero de la Comunidad Valenciana, Vicente Rambla, no fue más complaciente con el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat catalana. En su opinión, la actuación del Ejecutivo central es «sectaria e insultante para otras comunidades autónomas».

Rambla criticó que Zapatero pretenda «dirigir España» pensando únicamente «en pagar favores electorales a algunas comunidades», en referencia a Cataluña, y reclamó la ayuda del Gobierno para que la Comunidad Valenciana salga de la crisis.

El presidente popular andaluz, Javier Arenas, dijo que la inversión extraordinaria de 800 millones en Cataluña «es una ofensa» para Andalucía y demuestra que el presidente de esa comunidad, el socialista Manuel Chaves, «no pinta nada» para Zapatero.

Arenas también destacó que la inyección supera lo establecido en el Estatut, y planteó que invertir en Cataluña en función de su renta puede significar un «incumplimiento grave» del Estatuto andaluz, que prima la población. Desde Murcia, la consejera de Economía, Inmaculada García, afirmó: «Parece que Cataluña es el único sitio donde no hay crisis».

Sorprendentemente, la reacción popular más tibia llegó desde el PP catalán. La portavoz en el Parlament, Dolors Montserrat, se limitó a decir que la nueva inversión sólo sirve para «tapar la boca» a la oposición en Cataluña ante el retraso del pacto sobre la nueva financiación autonómica. El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, dijo que «no es serio negociar cheques económicos sin tener proyectos detrás».

En el otro extremo se sitúa la reacción de CiU. El portavoz nacionalista en la Cámara catalana, Oriol Pujol, llamó «trilero» a Zapatero porque, en opinión de su grupo, aún faltan 2.700 millones de euros para cumplir con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto.Para llegar a esta cifra, Pujol sumó lo que faltó por presupuestar en 2007, 2008 y 2009 para llegar a la participación relativa del PIB catalán en el PIB bruto del Estado.

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Las críticas a la medida

>«Para lograr los apoyos que necesita en el Parlamento, Zapatero actúa en detrimento del resto de los españoles» (Esperanza Aguirre, PP madrileño).

> «Es una ofensa» (Javier Arenas, PP andaluz).

> «[La actuación del Ejecutivo es] sectaria e insultante para otras comunidades autónomas» (Vicente Rambla, PP valenciano).

>«Parece que Cataluña es el único sitio donde no hay crisis» (Inmaculada García, PP murciano).

>«No es serio negociar cheques económicos sin tener proyectos detrás» (Albert Rivera, Ciutadans).

El tripartito catalán vetará que haya más transparencia

DANIEL G. SASTRE/Barcelona

El Gobierno tripartito de la Generalitat vetará casi con toda seguridad una propuesta del PP que busca aumentar la transparencia en la concesión y elaboración de informes externos.

Los populares pretendían crear por ley un registro de estos estudios, formar una comisión asesora que estudie su oportunidad y establecer un régimen de incompatibilidades que impida realizarlos a personas vinculadas con el Ejecutivo.

La polémica sobre estos informes -principalmente los que se adjudican por menos de 12.000 euros y, por tanto, no exigen la convocatoria de un concurso público- sobrevuela Cataluña desde hace unos meses, cuando se descubrió que muchos de los 1.583 documentos encargados en 2007 eran de dudosa utilidad o eran simples impresiones de informaciones de internet. La Generalitat gastó ese año 31 millones de euros en esos estudios.

La casualidad ha querido que la proposición de ley que el PP presentó en junio por ese motivo vaya a debatirse en el pleno de la semana que viene, cuando un diputado de CiU, Jordi Turull, está destapando nuevas irregularidades en ese frente. Además, en los últimos días también se ha conocido que algunos departamentos del Gobierno catalán -precisamente Presidencia, Vicepresidencia e Interior, encabezados por los hombres fuertes de PSC, ERC e ICV- están obstaculizando el acceso a los informes que encargaron ese año.

Esta situación llevó al presidente del Parlament, Ernest Benach, a interceder por Turull: instó a José Montilla, Josep Lluís Carod-Rovira y Joan Saura a facilitar fotocopias de los textos al diputado.

Nada más apropiado que el pleno de la semana que viene para debatir acerca del incremento de los controles sobre esos informes, según el diputado del PP Josep Llobet.