GARZÓN, SIN VERGÜENZA Y PARTE, Y EL SECTARIO JEFE POLICIAL SOCIALISTA:'Fuerte malestar' en la Fiscalía por las 'formas arbitrarias' del juez

UN JUEZ BAJO SOSPECHA / Golpe a los 'populares'
Garzón implica al tesorero del PP a 4 días de las elecciones

El juez plantea remitir el caso al Supremo basándose en un informe policial que recibió el martes en el que aparecen nuevos indicios contra Bárcenas

MANUEL MARRACO / MARIA PERAL/Madrid

El juez Garzón pidió ayer un informe «urgente» a la Fiscalía Anticorrupción sobre la procedencia de elevar el caso Gürtel al Tribunal Supremo a la vista de los «nuevos datos» aportados por un informe policial presentado el martes en el Juzgado. El magistrado ha levantado el secreto del sumario sólo para dar a conocer esa petición al Ministerio Público, difundiendo la existencia de un «nuevo caso de aforamiento» de un implicado del PP pero, otra vez, sin indicar de quién se trata.

Fuentes conocedoras de la investigación informaron a EL MUNDO de que el «nuevo caso de aforamiento» citado por Garzón en su resolución de ayer es el del senador Luis Bárcenas, nombrado por Mariano Rajoy tesorero nacional del PP en el último congreso del partido, celebrado en Valencia en junio del pasado año. El caso Gürtel, inicialmente circunscrito a una trama de corrupción de personas próximas al PP, puede pasar, así, a afectar de lleno a la financiación del partido.

La denuncia que dio origen a la investigación, promovida por un militante del PP de Majadahonda, incorporaba unas grabaciones realizadas subrepticiamente en las que el empresario Francisco Correa, núcleo central de la trama, afirma: «Yo a Bárcenas le he llevado más de 1.000 millones de pesetas».

Esa afirmación no ha encontrado ninguna corroboración hasta que se ha recibido el informe policial del martes, que a lo largo de 150 folios analiza la documentación intervenida en las empresas de la trama. Las fuentes consultadas aseguran que esa documentación ha aportado nuevos indicios que no constaban hasta ahora y que justificarían la remisión del caso al Tribunal Supremo para aclarar las relaciones entre el tesorero del PP y la trama montada por Correa.

Bárcenas no sería el único implicado que justificaría la elevación de las diligencias a la Sala Segunda. Garzón también pretende apuntar hacia un segundo aforado ante el Supremo, que sería el eurodiputado del PP Gerardo Galeote. Pero los datos contra el parlamentario europeo son, en principio, más difusos y se refieren al presunto cobro de comisiones procedentes del grupo de Correa.El nombre de su padre, ex concejal de Boadilla del Monte, también había aparecido en la investigación por su relación con el ex alcalde de la localidad madrileña, imputado por el juez. «No tengo motivos para dimitir», afirmó ayer el eurodiputado.

La aparición de ambos aforados lleva al magistrado a preguntar a Anticorrupción si, «vista la conexión» entre los aforados de Madrid y Valencia y los que son competencia del Supremo, corresponde remitir la totalidad de la causa al Alto Tribunal.

El pasado viernes, cuatro días antes de recibir el nuevo informe policial, el juez ya levantó el secreto para divulgar que iba a hacer tres copias de la causa, lo que apuntaba a que, junto a los aforados de ambas comunidades, había otros cuya competencia era del Supremo. Es decir, parlamentarios nacionales o eurodiputados.

Tan llamativo como el método empleado en la mañana de ayer para difundir la existencia de nuevos aforados fue la vía indirecta por la que, horas después, el juez confirmó la implicación de Bárcenas y Galeote. A través del servicio de prensa de la Audiencia Nacional, el juez desmintió «rotundamente» que el portavoz del PP, Esteban González Pons, fuera uno de los implicados, en contra de lo sostenido por un medio de comunicación. El magistrado eludió hacer lo mismo con Bárcenas y Galeote, pese a que sabía que también sus nombres habían sido difundidos en varios medios como los aforados a los que se refería.

El juez también considera que el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía afecta a la parte de la trama que corresponde a Valencia, ya que pregunta a la Fiscalía si, con los nuevos datos, mantienen su informe sobre la imputación de aforados en esa comunidad.

Las nuevas implicaciones desveladas por Garzón se suman a las de aforados aireados la semana pasada. A juicio de la Fiscalía, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid le correspondería estudiar la imputación de los diputados madrileños Alberto López Viejo -ex consejero de Deportes-, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. Al Tribunal Superior de Valencia le correspondería estudiar una parte de la investigación que afectaría al presidente de la comunidad, Francisco Camps.

El juez tiene previsto tomar hoy declaración a media docena de imputados, después de que se aplazaran los previstos para el lunes porque seguía recuperándose de la crisis de ansiedad que sufrió el viernes. Entre los que deben comparecer en la mañana de hoy se encuentran los apoderados de alguna de las principales empresas que Anticorrupción liga a la trama dirigida por Correa.

La voz del PP en Bruselas

>Eurodiputado. Eurodiputado desde 1994 y portavoz adjunto del PP en el Parlamento Europeo, su imputación exige suplicatorio.

>Vínculo familiar. Es hijo de José Galeote, ex concejal de Boadilla del Monte, que habría viajado a Miami a comprar inmuebles con el alcalde de la localidad, imputado en la trama.

'En el corazón de las finanzas'

> Tesorero. Es tesorero del Partido Popular desde junio de 2008, pero participa de manera destacada en la gestión financiera de esa formación desde la época en que la lideraba Manuel Fraga, en los años 80.

> Senador. Hombre de confianza de Rajoy. Senador por Cantabria, su imputación exige suplicatorio que examinaría una comisión de la que es miembro.

'Fuerte malestar' en la Fiscalía por las 'formas arbitrarias' del juez

Anticorrupción critica su manejo de «un secreto sumarial de quita y pon» para lanzar un «goteo» de imputaciones contra el PP

MARIA PERAL/Madrid

La forma en la que Garzón está utilizando el secreto sumarial en el proceso sobre la presunta corrupción del PP y el «goteo» de cargos populares cuya implicación sugiere el juez, amagando continuamente pero sin terminar de elevar el caso a los órganos judiciales que pudieran ser competentes, está causando un «fuerte malestar» en la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes de esta institución no ocultan su irritación por las «formas arbitrarias» del juez en el manejo del secreto sumarial y la utilización que pretende hacer de la Fiscalía para que se pronuncie «precipitadamente» sobre los aforados justo en la recta final de las elecciones vascas y gallegas.

Entre los fiscales no está gustando en absoluto esa especie de «secreto sumarial de quita y pon» del que se está valiendo el juez Baltasar Garzón para extender la sospecha sobre indeterminados cargos del PP, un secreto sumarial que, al mismo tiempo, impide que el Ministerio Público pueda explicar el fundamento de la posición que está manteniendo en el proceso. Dicho de otra forma, Anticorrupción no puede difundir el contenido de los informes que le pide el juez porque la Fiscalía está sometida al secreto sumarial, pero el juez lo levanta cada vez que le parece para «asomar la patita», primero con aforados ante los tribunales superiores de Madrid y Valencia, y ahora con aforados ante el Supremo.

«No nos parece correcta la forma de llevar el caso», afirman fuentes fiscales, que aseguran que en Anticorrupción existe un «fuerte malestar» por la «forma arbitraria» de manejar el secreto de las actuaciones por parte de Garzón.

El instructor ha pedido en varias ocasiones al Ministerio Público un pronunciamiento sobre la eventual responsabilidad penal de personas aforadas a los efectos de inhibirse. La primera vez fue el 12 de febrero, justo un día antes del comienzo de la campaña electoral en Galicia y País Vasco. La última, ayer, cuando dio a la Fiscalía 48 horas para informar sobre «un nuevo caso de aforamiento» que justificaría la elevación de una exposición razonada al Tribunal Supremo.

«¿Hay que hacer esto a punto de las elecciones?», protestan las fuentes consultadas, que afirman no sentirse vinculadas «por un plazo que la ley no establece». «Si el juez va a hacer la exposición, que la haga de una vez. Pero que no transfiera a la Fiscalía la responsabilidad de pronunciarse precipitadamente, justo 24 horas antes del día de reflexión electoral y sin tiempo para haber estudiado debidamente las cosas», sostienen.

«No entendemos que el instructor nos dé un plazo perentorio que la ley no prevé y que nos obligue a pronunciarnos sin la suficiente reflexión sobre cuestiones tan relevantes como la existencia de indicios penales contra personas aforadas», añaden. Anticorrupción no quiere «opinar apresuradamente» con el riesgo de que después la Fiscalía del Tribunal que, en su caso, resulte competente «vea que las cosas son de otra manera y quedemos desautorizados».

UN JUEZ BAJO SOSPECHA / Batalla en los juzgados
El PP contraataca y amplía su querella por prevaricación

Acusa al juez Garzón de querer «dañar» electoralmente al partido, pero Rajoy avisa a los suyos: «El que la haga, que la pague»

CARMEN REMIREZ DE GANUZA. Enviada especial/Orense

La estrategia es contraatacar. Al menos, hasta el domingo. Después, si hay que cortar cabezas, se verá. Y es que si la implicación de todo un tesorero del partido en una trama de corrupción amenaza la estabilidad de cualquier formación política, en vísperas de unos comicios puede ser letal. Así se entendió ayer desde la cúpula del PP, que vio un ataque frontal y electoral en la providencia de Baltasar Garzón y en la implicación del senador Luis Bárcenas.

Nunca antes en una contienda electoral había visto el PP tan claramente señalada la fecha de una imputación anunciada. Porque el nuevo plazo de 48 horas dado por Garzón a la Fiscalía para que informe sobre su inhibición en favor del Tribunal Supremo coincide con el viernes, último día de campaña. Nadie dudaba ayer en el PP de que la Fiscalía agotaría ese plazo, dando así la puntilla a las ajustadas expectativas de victoria popular en Galicia.

El más diáfano fue el decano de los barones autonómicos, Pedro Sanz, quien aseguró a EL MUNDO: «Han montado un 14-M». «El PSOE está muy nervioso», dijo el presidente riojano, «y busca ganar por vías distintas a las normales, con noticias que puedan influir en el ánimo de los electores, aunque no quede nada de ellas pasado el domingo». «Este espectáculo bochornoso, este carrusel de filtraciones, noticias infundadas y desmentidos debe terminar. Se están produciendo excesos en contra de la presunción de inocencia como para estar avergonzados. Algunos episodios son de república bananera», decía el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Mientras, Génova decidía ampliar la querella contra Garzón presentada por la mañana en el Supremo. El partido anunció que la providencia del juez no hacía sino abundar en las causas de prevaricación.Porque Garzón «ha cometido nuevos errores e ilegalidades» en «su huida hacia adelante» y en su intento de «dañar al PP» mediante filtraciones «durante el proceso electoral hasta el 1 de marzo».

Entre otras cosas, el PP dice que Garzón «rompe descaradamente y de nuevo el secreto de sumario» cuando ayer por la mañana desmintió a elpais.com. La web del diario de Prisa citaba como presuntos implicados a Luis Bárcenas y Esteban González Pons, y la de Telecinco añadía al eurodiputado Gerardo Galeote. El magistrado ordenó al servicio oficial de prensa que negase «rotundamente» que González Pons estuviese inculpado, lo que, según los populares, equivalía a confirmar la implicación de Bárcenas y Galeote.

Es un secreto a voces que nadie en el PP confía en que el Supremo estime la querella, pero todos la apoyan como un indispensable contraataque electoral. Empezando por Arenas y acabando por Rajoy, que al principio se resistía a aplicar esta medida y que ayer la suscribió por primera vez. «¡Es de libro!», afirmó.

Rajoy no comentó la implicación del tesorero que él mismo designó en el congreso de Valencia. Pero fue muy claro al requerir «una Justicia imparcial con apariencia de imparcialidad, donde no se produzca indefensión de la gente y donde se respeten los derechos de los ciudadanos», para, a continuación, advertir: «Y luego, el que la haga, que la pague». El contraataque primero y el examen de conciencia después.

El fiscal pedirá la inadmisión

>Sin fundamento. La Fiscalía del Tribunal Supremo informará en contra de la admisión a trámite de la querella promovida por el Partido Popular contra el juez Baltasar Garzón por la forma de instruir el 'caso Gürtel'.

>No hay delito. Para la Fiscalía, no hay ningún fundamento para atribuir al instructor ninguno de los dos delitos que se le imputan en esa querella, ni la prevaricación ni el impedimento ilícito de los derechos de los ciudadanos.

>Diligencias. La doctrina de la Sala Penal del Tribunal Supremo avala que los jueces de instrucción puedan realizar unas diligencias básicas para verificar la verosimilitud de los cargos que surgen contra un aforado en el curso de una investigación judicial.

elmundo.es Documento: Lea la querella del PP.

UN JUEZ BAJO SOSPECHA / Batalla en los juzgados
El imputado Nombela recusa al instructor

MANUEL MARRACO/Madrid

José Javier Nombela Olmo, uno de los 37 imputados por Baltasar Garzón en el caso Gürtel, presentó el pasado viernes un incidente de recusación contra el magistrado de la Audiencia Nacional, según indicaron ayer fuentes próximas al inculpado.

La decisión del ex vocal del PP en la Junta de Distrito de Moncloa -destituido precisamente por su imputación en el caso- llega días después de que el Partido Popular presentara un escrito de recusación ante el magistrado que no tuvo efectividad porque el propio juez rechazó que la formación pudiera ser parte en la causa.

El procedimiento marcado en caso de recusación pasa por que el magistrado afectado dé traslado a las partes para que se pronuncien sobre el asunto, algo que ayer aún no se había producido. Además, el juez debe elaborar un informe en el que defienda los argumentos por los que rechaza la recusación. El propio juez remite después ese informe a su superior, en este caso la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que por turno reparte el asunto a uno de sus magistrados.

Mientras la recusación está en manos de la Sala, la causa queda en manos del juez sustituto, que en el caso de Garzón es Santiago Pedraz. El magistrado sustituto puede durante ese tiempo realizar diligencias, pero no parece probable que vayan más allá de lo imprescindible. Este mismo lunes, cuando Garzón aún se recuperaba de su crisis de ansiedad, Pedraz renunció a interrogar a cinco imputados citados por aquél. El magistrado alegó, junto a la gran carga de trabajo que arrastraba ese día su propio juzgado, que la complejidad de la causa no hacía recomendable practicar las diligencias.

En su frustrado escrito de recusación, el PP afirmaba que Garzón ha mostrado «una constante actitud de enemistad manifiesta» hacia el partido, y que el magistrado tenía «interés directo o indirecto en la causa». El responsable de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo, consideró que «la trayectoria inequívoca» de Garzón le privaba de la «necesaria y exigible imparcialidad».