ECONOMÍA: Zapatero otorga a Cataluña 800 millones más en plena recesión/

Zapatero otorga a Cataluña 800 millones más en plena recesión

El pacto con la Generalitat supera en más de un 20% los Presupuestos e incluso lo establecido en el Estatut
DANIEL G. SASTRE/Barcelona

La crisis económica no ha sido obstáculo para que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incremente en más de 800 millones de euros la inversión prevista para este año en infraestructuras en Cataluña, que ascendía a 4.006 millones. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, subrayaron su «satisfacción» por un acuerdo que va más lejos de lo que establece el Estatuto.

Según ese texto -pactado por Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas-, el Estado debe invertir en infraestructuras para Cataluña el equivalente a la participación relativa del PIB catalán en el PIB bruto del Estado durante siete años. Ciento cuarenta de esos 800 millones anunciados ayer servirán para enjugar el déficit por este concepto que Cataluña arrastra desde 2007, el primer año de aplicación del Estatuto.

A nadie se le escapa que entre las aplicaciones políticas de la inversión anunciada ayer -que eleva hasta los 4.806 millones el dinero previsto en los Presupuestos de 2009 para las infraestructuras de Cataluña- está la de calmar los ánimos de la Generalitat por el retraso de la financiación.

El nuevo modelo, que debía estar encauzado en agosto del año pasado, según el plazo acordado en el Estatuto, no se trató en la reunión de la Comisión Bilateral de ayer.

Esta operación de ampliación en las inversiones con respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) supone un calco casi milimétrico de lo que ocurrió hace un año. En aquella ocasión, el Estado también aprobó a posteriori una compensación de 826 millones de euros en las cuentas de 2008 en virtud de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Cataluña.

Con cara de gran satisfacción, Salgado y Saura desgranaron las aplicaciones sobre el terreno que tendrá la inyección económica.Más de la mitad de los 800 millones de euros se destinará a inversiones del Ministerio de Fomento para mejorar la red ferroviaria y de carreteras de Cataluña. El resto del gasto se lo reparten los departamentos de Medio Ambiente, Ciencia e Innovación e Industria, Comercio y Turismo.

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, quiso destacar que la inversión de 4.806 millones en infraestructuras supone aumentar en más del 75% lo que Cataluña recibió por ese concepto en 2004. «La cantidad supera incluso lo que está dispuesto en el Estatuto», dijo de forma tajante.

La titular de Administraciones Públicas también aseguró que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está «absolutamente decidido» a cumplir el Estatuto, y dijo comprender que la Generalitat quiera «ir más rápido» en el despliegue de lo que establece el texto, pero instó a la parte catalana a calibrar la «complejidad» de algunas transferencias.

Joan Saura, por su parte, calificó de «importantísimo» el acuerdo alcanzado ayer, y subrayó que el Gobierno ha dispuesto incluso una cantidad destinada a sufragar el déficit surgido en los años 2007 y 2008 por las inversiones presupuestadas y no realizadas para cumplir con la Disposición Adicional Tercera.

Se usarán para ese fin 140 millones de los 800 prometidos ayer; eso servirá para reducir los 500 millones que el Estado aún debe a la Generalitat de Cataluña desde 2007. Todavía no se sabe a cuánto asciende el déficit en 2008, porque aún no está cerrado el ejercicio.

De los 453 millones de Fomento, unos 230 millones servirán para actuaciones en la red ferroviaria, como la de continuar con la concesión de la línea Figueres-Perpiñán hasta Barcelona. También se pagará con ellos actuaciones de seguridad, instalaciones logísticas, mejora de las actuaciones y accesibilidad.

Falta por decidir el destino de 158 millones, cuyo uso debe decidir la Subcomisión de Infraestructuras. Sin embargo, ni Salgado ni Saura descartaron que ese dinero vaya a servir finalmente para construir la nueva estación de la Sagrera (Barcelona) del tren de alta velocidad.

La Subcomisión de Infraestructuras, pues, estudiará la propuesta del consejero catalán Joaquim Nadal de financiar la construcción de la estación del AVE con dinero del Estatuto. La Generalitat recuperaría luego la inversión con la venta de los terrenos al Ayuntamiento de Barcelona.

La ministra Salgado también se mostró comprensiva con la impaciencia del Gobierno catalán para cerrar la nueva financiación. «Quiero quitar tensión a estos retrasos», dijo la titular del Ministerio de Administraciones Públicas, quien recordó que, en cualquier caso y se firme cuando se firme el acuerdo, se aplicará de forma retroactiva «desde el 1 de enero de 2009».

Precisamente ayer se refirió a la cuestión el consejero de Economía catalán, Antoni Castells. Insistió en que a ambas partes las separa «algo más que flecos», en que el modelo actual es «injusto» para Cataluña y en que, si hubiese que firmar hoy, no habría acuerdo.

Lo que dice el Estatuto

> La Disposición Adicional Tercera del Estatuto se cerró en la misma noche que Zapatero y Artur Mas pactaron el texto en La Moncloa. Se vio desde el principio que se prestaba a diferentes interpretaciones -porque aludía a la participación catalana en el PIB español- y que traería polémica. Fue vendida por CiU como uno de los éxitos más claros de la negociación de su líder con el presidente del Gobierno.

> Tras un tira y afloja de varias horas, la Disposición Adicional Tercera reza finalmente: «La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del Producto Interior Bruto de Cataluña con relación al Producto Interior Bruto del Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas».

ANALISIS
Y sin esperar al Constitucional
CARLOS SEGOVIA. Corresponsal Económico/Madrid
«Hay que hacer un gran esfuerzo de austeridad en las cuentas públicas», proclamó el presidente del Gobierno el pasado 9 de febrero ante el Congreso de los Diputados. Pero esa austeridad no se vio ayer por ninguna parte en la Comisión Mixta Gobierno-Generalitat.El Govern de José Montilla no sólo ha logrado que Zapatero cumpla con creces el Estatut catalán en 2009, sino que le ha concedido, como mínimo, 140 millones más, según las cifras oficiales de Hacienda.

Estos son los cálculos. Pedro Solbes reconoció el pasado otoño en la Ley de Presupuestos para este año que, para cumplir con la disposición del Estatut que fuerza al Estado a invertir en infraestructuras catalanas, había que poner sobre la mesa 4.670 millones de euros. No obstante, sólo presupuestó 4.006 y, consciente de la presión que iba a ejercer Montilla, se guardó en la recámara otros 1.000 millones a repartir entre Cataluña y Baleares. Esta última partida, insólita en la Ley de Presupuestos, era para «proyectos pendientes de determinar», pero que el Estado se comprometía a financiar.

Así que el conseller Joan Saura pudo ayer presumir con fundamento de que no sólo ha logrado superar los 4.006 millones garantizados, sino que ha superado los 4.670 millones que, como máximo, debía recibir. El Gobierno central puede alegar que la propina adicional de 140 millones es para cubrir proyectos no financiados en ejercicios anteriores, pero ya quisieran otras muchas comunidades que se cumpliera estrictamente con sus expectativas e incluso se les pagara atrasos en este año de recesión galopante.

Tiene razón la Generalitat en que hay un déficit de infraestructuras en Cataluña, pero la sensación de discriminación entre muchas otras comunidades se acentuará con el acuerdo de ayer. El Gobierno demuestra una vez más que Cataluña, caladero clave de votos y de apoyos en el Parlamento, tiene preferencia en los repartos presupuestarios. Solbes cumple en exceso el Estatut cuando él mismo ha apuntado que el Tribunal Constitucional pondrá serios reparos a su capítulo financiero.

Además, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, permitió que Saura presentara el acuerdo como el logro de 800 millones adicionales a Cataluña apenas 12 días después de que el Consejo de Ministros aprobara un recorte de 1.500 millones de euros en la Administración central. Y encima, con las autonomías en vilo porque aún no se ha cerrado el nuevo modelo de financiación.

Italia construirá centrales nucleares 22 años después de prohibirlas

Berlusconi sella un pacto con Sarkozy para que Francia aporte su tecnología

IRENE HDZ. VELASCO. Corresponsal/Roma
Veintidós años después de cerrar sus centrales nucleares en cumplimiento con el resultado de un referéndum popular, Italia ha decidido volver a producir energía atómica. Y, para ello, se ha aliado con la mayor potencia nuclear de Europa: Francia.

Silvio Berlusconi y Nicolas Sarkozy firmaron ayer en Roma un pacto que sienta las bases para una amplia cooperación entre ambos países en materia de energía nuclear, desde la investigación a la producción, a través de sus dos respectivos grupos eléctricos controlados por el Estado, Enel y Edf. Pero, sobre todo, el acuerdo prevé la construcción de al menos cuatro centrales nucleares de tercera generación en territorio italiano, la primera de las cuales sería operativa en 2020.

Italia era en los años 70 y 80 unos de los principales productores europeos de energía atómica. Sin embargo, en un referéndum realizado en 1986 (un año después del accidente de Chernóbil), la mayoría de los italianos se declararon en contra de ese tipo de energía, por lo que las centrales nucleares fueron desmanteladas. Sin embargo, Berlusconi siempre ha defendido la necesidad de reabrir las plantas atómicas, argumentando que era necesario para hacer competitivas a las empresas italianas y abaratar sus abultadas facturas eléctricas, un 30% más elevadas que la media europea.Y ahora, ha sentado las bases para hacerlo.

«Debemos despertarnos de nuestro sueño y adecuarnos a la realidad, porque el futuro está en las energías renovables y en la nuclear», subrayaba Il Cavaliere en la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral francoitaliano.

«Colaboraremos en la realización de centrales nucleares en Francia y otros países y afrontaremos la construcción de centrales nucleares en Italia, teniendo a nuestro lado a Francia, que ha puesto a nuestra disposición sus conocimientos en la materia, lo que nos permitirá ahorrarnos varios años e iniciar la construcción de las centrales en un tiempo absolutamente rápido», afirmó.

El acuerdo que ayer firmaron ambos países define las directrices para la implantación en Italia de la tecnología Epr, como se llama al modelo de reactor de tercera generación que sigue el modelo francés. Por su parte, la italiana Enel participaría con una cuota del 12,5% en el proyecto de construcción de un segundo reactor nuclear Epr en Francia.

«Queremos desarrollar junto con Italia energía limpia. Queremos trabajar, y lo mismo debe hacer Europa para cumplir sus propios compromisos y desarrollar energía nuclear y energías renovables.Para el año 2020 será necesario desarrollar centrales nucleares de manera masiva y nadie debería poner vetos», subrayaba el presidente galo, Nicolas Sarkozy, quien no dudó en calificar el acuerdo energético entre Francia e Italia de «histórico».

Sin embargo, tanto la oposición italiana de centroizquierda como las organizaciones ecologistas se mostraron muy críticas con el acuerdo bilateral. «Sarkozy busca los fondos públicos italianos para sostener la industria nuclear francesa, que actualmente no es competitiva», se quejaba a lo largo del día de ayer Ermete Realacci, del Partido Demócrata.

La nueva British-Iberia, a Londres

Blesa y Conte negocian con Walsh que la nueva entidad tenga la sede en Reino Unido - El grupo británico acepta igualdad de puestos en el consejo sólo durante dos años

CARLOS SEGOVIA/Madrid
Los máximos responsables de British Airways, Iberia y Caja Madrid negocian que el nuevo grupo hispano-británico que agrupe a las dos históricas compañías aéreas tenga su sede en Londres y se rija por la legislación de Reino Unido, según fuentes próximas a las conversaciones consultadas por EL MUNDO.

Aún no se ha alcanzado un acuerdo, pero el presidente de Iberia, Fernando Conte, ha convocado un Consejo de Administración de la compañía para mañana con el objetivo de exponer los últimos flecos y conseguir un acuerdo final el mes que viene. Los responsables últimos de la negociación son el propio Conte, el consejero delegado de British Airways, Wille Walsh, y el vicepresidente de Iberia y, a la sazón, presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

Este último es el que tiene más poder en Iberia, al representar a la caja, el máximo accionista. Walsh reclama que la nueva sociedad, llamada hasta ahora Topco, (Top Company) sea de derecho británico, y Conte y Blesa -que barajaban inicialmente que la sede estuviera en un tercer país como Holanda- están abiertos a esa posibilidad.

Pero es arriesgado, porque no es sólo simbólico para British Airways. Con la legislación británica, el papel de Caja Madrid, que será el primer accionista de la nueva entidad fusionada con un 9% del capital, quedará muy diluido, dado el relativo poder que tienen los accionistas sobre los consejeros de administración británicos, plagados de miembros independientes y profesionales.

Esta pretensión británica encenderá las alarmas en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, preocupado porque un futuro británico de Iberia oscurezca el desarrollo del aeropuerto de Barajas y la nueva Terminal 4, que suponen un 10% del PIB regional. «No vamos a aceptar ninguna fórmula que ponga en peligro el futuro de la T4 como gran aeropuerto y que deje en otras manos el control de Iberia», afirmó ayer a este diario un alto funcionario del Gobierno de Esperanza Aguirre.

El negociador en nombre de British Airways es el director financiero, Keith Williams. Este ha hecho concesiones para calmar los ánimos de los españoles, pero su efecto tiene corto plazo. Los británicos aceptan que el consejo de administración de Topco sea paritario, con igualdad de representantes de British y de Iberia. Era algo impensable al inicio de la negociación dada la diferencia de tamaño entre ambas.

Se da la circunstancia de que Williams, que se quedaba él mismo fuera del reparto de puestos, ha reclamado en las últimas semanas uno más para los británicos a lo que Conte y Blesa han respondido afirmativamente, siempre que haya otro adicional para los españoles.Por tanto, habrá paridad, pero sólo por un periodo de dos años, según los términos actuales de la negociación. Corto horizonte.

La estructura que se diseña es que Topco emitirá acciones de un nuevo grupo que los accionistas de Iberia y British Airways podrán canjear -no habrá transacciones en metálico- por las suyas.De Topco dependerán dos filiales, British Airways en Reino Unido e Iberia en España con autonomía plena de gestión. Pero el problema es que las posibilidades de que los españoles manden en la matriz a medio y largo plazo son difusas tratándose de una sociedad británica que dirimirá cualquier pleito en tribunales británicos.

En cuanto a la ecuación de canje, el propio Blesa se ha felicitado ya de que será cercana a una proporción 55-45 a favor de British.Tales niveles habrían sido impensables hace meses, cuando se hablaba de un reparto 65-35, dado que el grupo británico es de mayor tamaño.

Pero la depreciación de la libra y la más saneada posición de Iberia han forzado a los británicos a aceptar un nivel más equiparable en la ecuación. British Airways quiere, eso sí, el puesto del máximo ejecutivo de la empresa (CEO), dejando a Conte el de responsable de operaciones (COO), aunque en este punto no hay acuerdo.

No obstante, Blesa ha manifestado que ve próximo el acuerdo.Pero va a encontrar resistencia. El Gobierno regional teme que Blesa, en su último año en Caja Madrid tras su enfrentamiento con Aguirre, esté siendo demasiado suave con los británicos a cambio de una salida personal futura en Topco como consejero independiente, lo que en su entorno niegan de plano y con indignación.

El PP quiere cambiar las reglas del mercado para proteger al pequeño accionista

Impulsará una reforma para mejorar la protección al pequeño accionista

MARIA VEGA/Madrid
El PP presentará una proposición de Ley «para proteger y defender a los pequeños accionistas», según avanzó ayer la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Tras el fin del culebrón Endesa, que acabó el pasado viernes con la venta de la participación de Acciona a la italiana Enel, los populares solicitarán la modificación de la Ley del Mercado de Valores para que los pequeños inversores no se «sientan desprotegidos» ante la CNMV cuando los accionistas mayoritarios realicen «acciones concertadas» entre ellos.

«La CNMV tiene que tener un papel que hacer para proteger a los pequeños accionistas que ven como los grandes llegan a acuerdos y obtienen beneficios, a veces con una labor por detrás de intermediación del Estado y de las instituciones públicas», señaló la portavoz parlamentaria, que escogió la operación de la eléctrica para ilustrar su demanda.

«Todos conocemos el caso de Endesa, una empresa puntera española que está a punto de pasar a manos casi íntegra de un gobierno», aseguró en una rueda de prensa. Después, Santamaría recordó que esa operación fue fraguada «con una labor de intermediación de instituciones públicas como el ICO que depende del Gobierno de la Nación».

La portavoz popular subrayó que los inversores particulares han estado al margen de estos movimientos empresariales al no disponer de información.

En este sentido, reiteró la voluntad del PP de exigir al regulador de los mercados que obligue a Enel a lanzar una OPA de exclusión sobre el total del capital de Endesa y el 8% en manos de los minoritarios.

CRISIS FINANCIERA / La primera fusión
La socialista CCM desvía sus activos 'tóxicos' a una sociedad para contener la morosidad

Caja Castilla-La Mancha ha transferido ya 450 millones de euros en créditos dudosos

CRISTINA CABALLERO / CARLOS SEGOVIA/Madrid

La deteriorada situación financiera de Caja Castilla-La Mancha (CCM) le ha llevado a transferir algunos de sus activos tóxicos -préstamos impagados o dudosos- a una sociedad creada ex profeso con el objetivo de contener su morosidad.

Según ha podido saber este periódico de fuentes internas de la entidad, la sociedad, denominada Midamarta, actúa como un banco malo, es decir, compra a CCM los préstamos impagados y los créditos que antes del vencimiento tengan muchas posibilidades de ser calificados como morosos. La caja se libera así de esos activos y contiene su ratio de morosidad oficial en niveles menos espectaculares.

CCM constituyó Midamarta a finales de diciembre de 2006, y durante los dos últimos años ha estado adquiriendo activos dudosos procedentes de su entidad matriz. Su saldo asciende ya a 450 millones de euros, aunque la actividad de este banco malo se intensificará probablemente este año. La caja manchega se encuentra en plenas negociaciones con Unicaja para una eventual fusión, y necesita presentarse lo más saneada posible. Hoy está previsto que el consejo de la entidad autorice al presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, a iniciar conversaciones formales con la caja andaluza.

Todas las operaciones que ya están clasificadas como morosas entran en Midamarta, de modo que esos préstamos dudosos desaparecen de la gestión normal de la caja y figuran en esa sociedad. «Cuando llegue el vencimiento del préstamo Dios dirá, pero por ahora la caja se quita el problema de encima», asegura la fuente consultada.A medio plazo, la caja tendría varias opciones: vender la sociedad, forzar la suspensión de pagos o capitalizarla. Un portavoz de CCM admitió a este diario la existencia de esta sociedad y la justificó diciendo que «hay muchos bancos que también lo están haciendo». Fuentes bancarias reconocen que la creación de este tipo de sociedades ha proliferado en los últimos tiempos.

Sin embargo, la peculiaridad de CCM es que la tasa de morosidad de la caja manchega ha crecido peligrosamente durante el último año, hasta situarse en la segunda más alta del sector, por encima del 4,5%. Teniendo en cuenta que hay muchos préstamos impagados en Midamarta que la caja no contabiliza en su estructura convencional, esa tasa podría ser en realidad superior, incluso más del doble, según las fuentes consultadas. El agujero de CCM podría ascender a casi 3.000 millones. La caja tiene unos 1.200 millones declarados como morosidad real. Además, cuenta con cerca de 500 millones comprometidos en operaciones de refinanciación.

«La refinanciación es un malabarismo que los bancos y cajas están haciendo para evitar calificar ese crédito como moroso, pero en su fuero interno saben que hay muchas posibilidades de que la mayoría no salga adelante y se quede finalmente sin pagar», explica una fuente bancaria. Las compañías a las que está refinanciando mayoritariamente la caja son empresas inmobiliarias, que ante la imposibilidad de pagar los créditos, piden tiempo para conseguir más dinero.

Por último, la caja manchega tiene otros 500 millones de euros en préstamos pendientes de vencimiento, la gran mayoría de ellos relacionados con el ladrillo. Sumadas todas estas cifras a los 450 millones de euros en préstamos «dudosos» que ya ha comprado Midamarta, el resultado asciende a 2.650 millones, que sería el agujero que tendrá que afrontar Unicaja si finalmente la fusión sale adelante.

La sociedad de activos tóxicos, que no tiene personal a su cargo ni tampoco oficinas, está presidida por el director general de CCM, Ildefonso Ortega. El consejo de Midamarta sólo lo componen dos personas más. Una es Javier Saiz Alonso, subdirector general de Riesgos de la caja manchega y consejero de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Hernández Moltó sostiene que hay una «brutal campaña» contra CCM injustificada y ha dado garantías a los depositantes.

Expediente a los 'díscolos' del PP

Los dos consejeros 'díscolos' propuestos por el PP que se negaron a abandonar el consejo de la caja manchega, desoyendo la petición del Partido Popular, serán expedientados. Así lo acordó ayer el Comité Ejecutivo regional del PP. Germán Chamón y Tomás Martín-Peñato fueron las dos únicas personas, de entre los nueve representantes que el PP tiene en los órganos de gobierno de la caja, que desobedecieron al partido y decidieron continuar en el consejo. El PP quería mostrar su desacuerdo con el proceso de fusión con Unicaja iniciado por la caja manchega «a espaldas del consejo, de los trabajadores y los impositores y en un proceso pilotado desde Ferraz», como denunció la formación política.

En ese sentido, el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Castilla-La Mancha aprobó ayer una resolución en la que pide al presidente regional, José María Barreda, que dé explicaciones en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre su «renuncia» a CCM. «Exigimos a Barreda que no renuncie a la mayor institución financiera regional, y que defienda un instrumento que tan preciso es para nuestra tierra». En el caso de que se produzca «un saneamiento público de CCM» el PP quiere que eso «sirva para que CCM siga en Castilla-La Mancha» y aclara que, si tal situación se produjese, demandará la asunción de responsabilidades «tanto por los gestores como por la entidad tutelante, es decir, el Gobierno regional». Caja Castilla-La Mancha tiene que quedarse en la región «y si se sanea, con más razón», apuntó ayer María Dolores de Cospedal, secretaria general de los 'populares'.

La caja celebrará mañana un consejo en el que está previsto que se autorice al presidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, a iniciar conversaciones formales con Unicaja. Además, el consejo podría abordar la toma de posesión de Francisco Galán Polo y Emilio Loriente Piqueras como nuevos consejeros de este organismo, en sustitución de Rosa Romero y Emilio Sanz, respectivamente, los dos vocales que presentaron su dimisión la pasada semana.

Críticas desde las filas socialistas

>Gaspar Zarrías, vicepresidente de la Junta andaluza, acusó ayer al PP de «intentar torpedear» la fusión entre Unicaja y CCM, una actitud que atribuyó «al grado de desesperación» política en la que se encuentra.

>El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Moreno, indicó que no existen precedentes de una agresión «tan brutal» a una institución financiera.

CRISIS FINANCIERA / La situación de la banca
La socialista Unicaja, la que más se aprovecha del dinero de todos

El dinero público que ha obtenido en las subastas del Gobierno equivale al 2,7% de sus créditos

JUAN EMILIO MAILLO/Madrid

Unicaja, la elegida por el PSOE para acudir al rescate de Caja Castilla-La Mancha, es la entidad que con más intensidad se ha beneficiado de las medidas de apoyo puestas en marcha por el Gobierno para inyectar liquidez en bancos y cajas, que ascienden a 19.341 millones de euros.

En concreto, Unicaja ha captado 681,3 millones en las cuatro subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) celebradas hasta ahora, según los datos que ayer reveló en el Congreso el secretario de Estado de Economía, David Vegara.

Los fondos recibidos por Unicaja equivalen al 2,73% del volumen de préstamos concedidos por la entidad a 30 de noviembre, que ascendía a 24.954 millones de euros. Ningún otro banco o caja de ahorros supera esa cifra. La Caja de Burgos la iguala, tras captar 236,4 millones en las subastas del Tesoro.

El balance ofrecido por Vegara evidencia que los bancos no han acudido a esta línea de liquidez con tanta intensidad como las cajas de ahorros. En concreto, los ocho bancos que han participado en las subastas (entre ellos no figuran los dos grandes, Santander y BBVA) han accedido al 24% de los fondos, algo más de 5.000 millones de euros, frente a los más de 13.000 que se han repartido 38 cajas de ahorros. El resto del dinero ha ido a parar a manos de siete cooperativas de crédito y a la financiera Lico Leasing.

Junto a Unicaja y la caja burgalesa, son la Caja General de Canarias, Bankinter, Caja Navarra, Cajastur, la CAM y Bancaja, las que más han exprimido el apoyo público en relación a su tamaño. Pero también han recibido más de 1.000 millones de euros Banesto, el Sabadell, Caja Madrid y La Caixa, y 939 millones el Popular.

Lo que el Gobierno no reveló ayer es cuánto ha pagado cada entidad por la entrega de sus activos al Tesoro (han vendido bonos a dos años con opción de recompra y cédulas a tres años de forma definitiva a cambio de liquidez).

Vegara restó ayer importancia a que los dos grandes bancos no hayan acudido a las subastas del Tesoro y recordó que se trata de un sistema «voluntario». Asimismo, eludió responder a las preguntas de varios diputados de la oposición que le reclamaron aclaraciones acerca de que las cajas estén usando masivamente esta vía.

Y tuvo que admitir que, pese a lo que en su día aseguró el Gobierno, las subastas no están generando un aumento del crédito.

«No puede esperarse que una sola medida, con el volumen de recursos del que estamos hablando, pueda cambiar de forma radical la evolución del crédito», dijo el secretario de Estado.

Argumentó que se han movilizado 19.341 millones para un volumen de préstamos concedidos por el sector financiero de 1,8 billones.Sólo en el último año, recordó, se ha elevado el saldo crediticio en 100.000 millones de euros.

Vegara no convenció a los grupos de la oposición. Alvaro Nadal, del Partido Popular, resaltó que el crédito crecía a ritmos de 300.000 millones al año antes de la crisis, con lo que «al sector privado le faltan 200.000 millones».

Y afirmó que ha habido entidades que no han acudido a las subastas o no lo han hecho con más intensidad porque «no tenían» activos «de calidad» que ofrecer, como es el caso, dijo Nadal, de Caja Castilla-La Mancha. El fondo sólo compra activos con calificación de doble A o superior por parte de las agencias de rating.

Nadal y Vegara se enzarzaron en una trifulca sobre la situación de esta caja de ahorros, presidida por el socialista Juan Pedro Hernández Moltó.

El parlamentario del PP le instó a «apartar» del cargo a unos directivos que han «fracasado» en la gestión y lamentó que el PSOE haya optado por Unicaja, liderada por otro socialista, Braulio Medel, como salvadora de la caja manchega para «tapar responsabilidades con pactos políticos». Vegara se defendió: «No se trata de pactos políticos, se trata de solucionar problemas». Pero no convenció a la oposición: «O se hace de otra manera o no apoyaremos la reestructuración bancaria», sentenció Nadal.

CRISIS FINANCIERA / Las cifras
España supera por primera vez desde 1998 el 3% de déficit público
La Administración cierra 2008 con un saldo negativo de 41.874 millones