VÁYASE Sr GALLARDÓN: El tesorero presionó para lograra contratos de la Comunidad

CRISIS POLITICO-FINANCIERA / La investigación
El tesorero del PP presionó para lograr contratos de la Comunidad

Luis Bárcenas, mano derecha y sucesor de Alvaro Lapuerta, hizo gestiones para que Serygur obtuviera la seguridad de la sede de Sol y la Ciudad de la Justicia - Una sociedad de los ex altos cargos 'populares' Ignacio del Río y Alvaro de la Cruz gestiona esta empresa, que facturó más de cinco millones a la Comunidad de Madrid - Coincidiendo con esas presiones, Aguirre recibió un anónimo en el que se denunciaba la connivencia de Ignacio González con una compañía competidora

CARLOS SEGOVIA/Madrid
El actual tesorero y miembro de la Ejecutiva nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, hizo gestiones ante la Comunidad de Madrid en favor de la empresa de seguridad Serygur para que fuera adjudicataria de concursos públicos. Así lo han confirmado a EL MUNDO tanto en el Ejecutivo regional como en Serygur.

El hecho se remonta a diciembre de 2007, cuando Bárcenas pidió al entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, que adjudicara a Serygur la seguridad de la nueva Ciudad de la Justicia en la capital, un contrato valorado en 700.000 euros. Serygur fue finalmente la ganadora.

La actuación de Bárcenas pudo ser fácilmente interpretada en el Ejecutivo regional como una presión, puesto que era de facto el máximo responsable de finanzas de su propio partido político.

Bárcenas aún no había reemplazado en el cargo de tesorero a Alvaro Lapuerta, el octogenario responsable entonces de la gestión económica del PP, pero era su mano derecha. «El presidente del PP no tiene la más remota idea», afirmó ayer un portavoz del partido preguntado por la gestión de Bárcenas.

Al conocer su intervención en favor de Serygur, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, telefoneó a Bárcenas para que aclarara cuál era su interés en la sociedad. Este negó al lugarteniente de Aguirre que tuviera acciones de Serygur o algún interés económico. Justificó su gestión por su relación personal con los gestores de la empresa, que son el ex concejal de Madrid Ignacio del Río y, sobre todo, el ex director de Innovación Tecnológica del PP Alvaro de la Cruz.

«Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur.Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar al consejero Prada. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad», explicó ayer a este diario Alvaro de la Cruz.

De la Cruz es consejero delegado de Serygur y mantiene una larga relación de amistad con Bárcenas, puesto que ambos trabajaron juntos en la pasada década en la sede del PP en Génova. De la Cruz fue jefe de gabinete del entonces secretario general popular, Francisco Alvarez Cascos. Subraya que el contrato obtenido fue finalmente de 400.000 euros porque había una parte del servicio que no podía suministrar Serygur.

La empresa se jugaba más en otro contrato, el de la seguridad de la sede de la Presidencia madrileña, en el emblemático edificio de la Puerta del Sol. Serygur era la responsable de la vigilancia desde el año 2000, cuando la ocupaba Alberto Ruiz-Gallardón, pero podía perder la renovación en la pasada primavera y la necesitaba.Su facturación, que había superado los cinco millones de euros con la Comunidad, había decrecido en los últimos tiempos. El propietario de Serycur es, según el Registro Mercantil, José Luis Cuadros. «Nosotros no somos accionistas. En el verano de 2007 la empresa nos pidió que nos hiciéramos cargo de la gestión y firmamos un contrato mercantil», asegura De la Cruz. Este y Del Río son socios en Ciudad 21, que es la firma contratada por Serygur.

Llegó febrero de 2007 y el problema de Serygur, que cuenta con 400 empleados, era que había una decena de empresas, las más importantes del sector, que también pretendían encargarse de la importante vigilancia del edificio de la Puerta del Sol.

En la Comunidad aseguran que Bárcenas también se interesó por este caso concreto, pero De la Cruz lo niega. Del Río se reunió con González para sondear las posibilidades de continuar con el contrato, pero éste se remitió a su hombre de confianza Borja Sarasola. Este aseguró a De la Cruz y Del Río que sería un concurso abierto a todos los candidatos, incluido Serygur, pese a que sugirió que algunos de sus vigilantes habían incurrido en hurtos.

Las presiones de distintas empresas se sucedieron y, en coincidencia con este proceso, la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, recibió un anónimo. En él se le advertía de las relaciones entre la empresa que el sector considerada favorita, Segurisa, y el ex secretario de Estado de Comunicación y suegro de Sarasola, Pedro Antonio Martín Marín.

Segurisa está dirigida por Enrique Sánchez que, según el diario El País, es el empresario amigo de Ignacio González que viajó con él a Sudáfrica en marzo de 2007 junto a Martín Marín. No obstante, Segurisa, que se había adjudicado en 2006 la seguridad del Canal de Isabel II, no ganó el concurso de la Puerta del Sol. Tras el anónimo recibido, el Ejecutivo regional y Segurisa convinieron en que no era adecuado que concurriera a este concurso.

De la Cruz niega cualquier relación de su empresa con anónimos, espionajes o dossiers, y asegura que mantiene una relación normal con los dirigentes regionales. La adjudicataria final del contrato de la Puerta del Sol fue finalmente Segur Ibérica por decisión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2008. Logró el contrato para la vigilancia de Sol, las dependencias del Boletín Oficial regional y el Museo de la Plaza de Toros por 2,6 millones de euros.

«Bárcenas reaccionó con malestar al no resultar ganadora Serygur, pero no era la mejor oferta», aseguran fuentes de la Comunidad.Segur Ibérica está participada por distintos fondos extranjeros de capital riesgo y cuenta, como secretaria del consejo, con Marta Gil de Biedma, prima de Aguirre. «Gil de Biedma no ocupa ningún puesto ejecutivo en Segur Ibérica ni es accionista de esta sociedad», explican en el Gobierno, que niega irregularidades.

El poderoso tesorero del PP

>Luis Bárcenas está en el corazón de la gestión financiera del PP desde la presidencia de Manuel Fraga, aunque ha sido promovido recientemente al máximo cargo de tesorero.
CRISIS POLITICO-FINANCIERA / La investigación
Blesa se rebela ante Aguirre, y niega actividades de espionaje
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CARLOS SEGOVIA/Madrid

El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se mantiene en rebelión y da un nuevo paso. Tiene previsto presentar mañana al Consejo de Administración de la entidad un proyecto de nuevos estatutos que no recoge la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid para la renovación, este año, de la cúpula de la entidad financiera.Es decir, que no limitan el poder del Ayuntamiento de Madrid ni el de Izquierda Unida ni complican la continuidad del propio Blesa.

El argumento del presidente de Caja Madrid, apoyado por sus servicios jurídicos y Uría Menéndez, entre otros bufetes, es que la nueva ley no se puede aplicar al proceso electoral porque fue iniciado en octubre, antes de que entrara en vigor.

Sin embargo, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, sostiene que la ley incluye una disposición transitoria que la hace aplicable a los procesos electorales «que no hayan concluido» a la entrada en vigor de la misma, el pasado día 1.Las elecciones se completan en septiembre. Blesa intentará formar una mayoría en favor de sus estatutos y muy probablemente la consiga, porque los consejeros afines a Alberto Ruiz-Gallardón, Izquierda Unida y Comisiones Obreras suscriben su visión de que no cabe retroactividad.

Fuentes de la Comunidad relativizaron este hecho, puesto que la autoridad al respecto corresponde al Ejecutivo regional, ya que tiene el deber de tutela para que Caja Madrid aplique la normativa vigente. Beteta es competente para incluir o eliminar lo que considere oportuno en los estatutos para ajustarlos a la ley. No obstante, la posición de Blesa complica el golpe de autoridad que ha impulsado Esperanza Aguirre con su Ley de Cajas, al tener ésta abierto el frente político de los espionajes y de los dossiers.

Juan José Güemes, consejero de Sanidad y secretario de Comunicación del PP de Madrid, relacionó el pasado domingo el escándalo de los espionajes con Caja Madrid, lo que rechaza Blesa. El presidente de la entidad negó en la Comisión Ejecutiva de la caja del pasado lunes cualquier relación con los dossiers contra Aguirre o los espionajes al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Aseguró ante los miembros de este organismo que la caja nunca entraría en maniobras de este tipo y reivindicó la «decencia» de las actuaciones de la cuarta entidad financiera del país, según fuentes próximas.

CRISIS POLITICO-FINANCIERA / Guerra de informes
Aguirre confirma que Lapuerta manejó un dossier contra González

El vicepresidente le espetó en 2008 a Rajoy: «Estoy harto de que me investiguen»

LUIS ANGEL SANZ/Madrid

La presidenta del Gobierno de Madrid, Esperanza Aguirre, confirmó ayer que el tesorero nacional del PP Alvaro Lapuerta manejó dossiers que afectaban a los dos hombres fuertes de su Gobierno: su vicepresidente, Ignacio González, y el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, como publicó ayer EL MUNDO.

Aguirre explicó que Rajoy le llamó para decirle que el tesorero tenía dos dossiers con presuntas irregularidades de los dos miembros de su Ejecutivo. «Inmediatamente les pedí que hablaran con el tesorero y aclararan cualquier asunto que pudiera poner en duda su honorabilidad».

Ambos fueron a la sede nacional del PP y se entrevistaron con Rajoy y con Lapuerta. Según Aguirre, «se demostró que todo ello era falso y calumnioso», con lo que el asunto se cerró. Incluso, como añadió ayer Aguirre, «el presidente del partido no le dio demasiada importancia».

Los hechos ocurrieron en marzo de 2008, después de las elecciones; aunque Aguirre aseguró ayer que fue en 2006. Distintas fuentes confirmaron a este diario que los hechos sucedieron el año pasado, dos meses antes del XIV Congreso Nacional del PP que se celebró en Valencia.

En aquellas fechas, González mantuvo otra reunión muy violenta con Rajoy. En la misma, el vicepresidente espetó a su jefe de filas que estaba «harto» de que se le estuviera investigando y de que «desde el partido» se estuvieran diciendo cosas que ponían en duda su honor y su honestidad.

Aguirre reclamó ayer «transparencia» para que se aclare la supuesta trama de espionaje, de la que dijo ser «una víctima». «Políticamente, van a por mí, no les quepa ninguna duda», aseguró.

Volvió a pedir que la Justicia investigue la supuesta trama y añadió que ella es «la principal interesada en que todo esto se aclare».

La presidenta se mostró convencida de que «todo esto se aclarará y saldrán a la luz los responsables de este asunto y quienes hemos sido falsamente acusados de cosas que no hemos cometido en absoluto». Aguirre reiteró que tiene toda su «confianza puesta en los miembros» de su Gobierno «y, por supuesto, también en los miembros de la cúpula nacional de mi partido».

Por otra parte, UGT Madrid pidió ayer disculpas a la Consejería de Presidencia y afirmó que ni acusa ni acusará al Departamento de realizar misiones ilegales, en contra de lo que aseguró El País.

Delmundo.es Z Vídeo: Aguirre se siente «una víctima».

CRISIS POLITICO-FINANCIERA / Guerra de informes
Las fotos del policía municipal

LUIS ANGEL SANZ

El 9 de enero, el día de la gran nevada, el servicio de seguridad de la Asamblea -la Cámara autonómica donde acuden con regularidad Esperanza Aguirre y su Gobierno- detectaron a un hombre que tomaba fotos del edificio y, en concreto, de la entrada principal.

El jefe de seguridad de la Cámara fue alertado y salió en busca del 'fotógrafo', al que le pidió que se identificara. Este le dijo que era policía municipal y le enseñó su placa, pero se negó a revelar el motivo por el que estaba tomando imágenes.

Cuando el responsable de la Asamblea le preguntó dónde estaba destinado, el agente no quiso responder. Posteriormente, el servicio de seguridad de la Cámara ha comprobado la veracidad de la información: el hombre es agente del Cuerpo de Policía Municipal y está destinado en la Junta Municipal de Arganzuela, un distrito diferente al de la Asamblea, que está en Vallecas.

Fuentes de la Cámara consultadas por este diario confirmaron todos estos extremos y explicaron que la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, va a pedir explicaciones al concejal de Seguridad de Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Calvo, para conocer por qué y con qué objeto se tomaron estas imágenes y si ha habido algún dispositivo que no haya sido comunicado al Parlamento de Madrid.

CRISIS POLITICO-FINANCIERA / Guerra de informes
Informar en el Pleno

JAIME G. TRECEÑO/Madrid

Los socialistas quieren saberlo todo sobre la Oficina de Seguridad Corporativa del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Se trata de una unidad parapolicial, según denunció el pasado lunes el sindicato policial UPM en este periódico. El Consistorio niega tal extremo. El portavoz del grupo municipal del PSOE, David Lucas, ha registrado una 'batería' de 25 preguntas para saber qué funciones tiene, los miembros que la componen, a quién informa...

«Queremos pedir explicaciones al alcalde», aseguraba Lucas. Además, pedirá la comparecencia del concejal de Seguridad, Pedro Calvo, en el Pleno de febrero.

Para el portavoz de Seguridad de IU, Angel Lara, este asunto de la oficina suena a «contraprogramación» porque «ha habido un problema en la Comunidad y hay que involucrar al Ayuntamiento», según informa Europa Press.

CRISIS POLITICO-FINANCIERA / Guerra de informes
Piden la comisión de investigación

>Los grupos parlamentarios del PSOE e IU en la Asamblea registraron ayer una petición conjunta para crear una comisión de investigación en la Cámara que «analice y evalúe las responsabilidades políticas que pudieran derivarse del presunto espionaje».

>Aguirre no descartó que el PP la acepte, pero dijo que antes se tendrá que saber «si es compatible» con la investigación judicial abierta por los mismos hechos.