LA FISCALÍA INVESTIGA EL DESPILFARRO DE MONTILLA Y SUS SECUACES DE GOBIERNO

La Fiscalía catalana pide al 'Govern' que justifique el encargo de informes

La Generalitat contrata detectives para espiar a quienes reciben subvenciones

XIANA SICCARDI/Barcelona

La fiscal Nieves Bran es la encargada de investigar los cerca de 1.500 informes sobre diversas materias encargados fuera de concurso por el tripartito catalán a empresas externas, eludiendo a sus propios funcionarios y expertos. Además, los estudios pueden ser meros plagios de otros textos y de internet.

Esta fiscal ha pedido a la Generalitat de Cataluña las copias de los informes en un caso de presunta malversación de fondos públicos, en el que podrían estar implicadas hasta siete consejerías.

Dos de los informes son estudios sobre la avellana y sobre la «almeja brillante». En el caso de la avellana, la Generalitat contrató a una agencia de detectives, Método 3, para que controlase si las subvenciones que se otorgaban desde el Departamento de Agricultura, que dirige Joaquim Llena, se destinaban, efectivamente, a las mejoras de este sector agrícola. Hecho curioso, ya que se obvió así el trabajo de los empleados de Agricultura destinados a controlar estos supuestos.

Este caso concreto sobre las avellanas ya fue destapado por EL MUNDO en agosto de 2007, cuando Agricultura concluyó que casi la mitad de las personas físicas que recibieron subvenciones no debería haber tenido acceso a ellas, al no dedicarse profesionalmente al campo. Según un análisis sobre 200 beneficiarios de las ayudas sólo 112 eran trabajadores autónomos en el régimen especial agrario, tal y como reveló la agencia de detectives.

En el caso del estudio sobre la «almeja brillante», el documento costó 28.000 euros, a los que cabría sumar otros 11.965 que pagó Agricultura a externos para el estudio del cultivo de la chufa.La ley permite que puedan adjudicarse sin concurso estudios cuyo importe no supera los 12.000 euros.

El sindicato Manos Limpias denunció estos documentos a la Fiscalía, que decidió investigarlos al contemplar la existencia de posibles indicios de delito. Fuentes de la Fiscalía precisaron ayer que, aunque la investigación está todavía en una fase «muy inicial», de momento no hay nadie imputado en el caso de unos informes «sospechosos», dijo, que tienen «unos títulos raros».

Más de 1.000 polémicos informes

> El Gobierno tripartito de José Montilla podría haberse gastado 32 millones de euros en informes cuya utilidad determinará la Fiscalía. Entre ellos, el diseño de un parchís por 11.368 euros o 10 argumentos para fomentar los juguetes no sexistas por 11.948 euros.