JUSTICIA FINGIDA: EpC: Antes de la deliberación de los jueces del Supremo, el Gobierno ya conocía la sentencia

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACION / Tras el fallo del Supremo
Polémica por el vídeo de Cabrera

("Acabamos de conocer el fallo del Supremo...")


>El PP pidió ayer explicaciones al Ministerio de Educación por el vídeo-comunicado de la ministra grabado dos días antes de que el Supremo anunciara su fallo.

>Esperanza Aguirre lo criticó en Onda Cero, y en el Congreso, Sáenz de Santamaría dijo que pedirá los tres mensajes grabados por Cabrera -casi iguales, según el Ministerio- para llegar «hasta el final».

>Mercedes Cabrera declaró: «No tenía más objetivo que facilitar a los medios nuestra opinión. Sacar otras conclusiones es volver a introducir elementos que no tienen nada que ver y cuestionar al Supremo, que es más grave».

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACION / Tras el fallo del Supremo
Los grupos 'antiEpC' llaman a los objetores a resistir

Insisten en que el fallo del Supremo sólo afecta a cuatro alumnos por ahora y que no es más que «una batalla dentro de la guerra»

PALOMA DIAZ SOTERO/Madrid
Las asociaciones que han alentado la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía en los últimos dos años, convencidas de que invade la moral personal, han acuñado una frase en las últimas 24 horas para referirse al fallo del Tribunal Supremo que avala la asignatura: «Es una batalla dentro de una guerra».

No les vale con que el Alto Tribunal haya concluido que la normativa que desarrolla la materia no vulnera derechos fundamentales de los padres o de los alumnos.

En contra del llamamiento a los objetores para volver a las aulas y «pasar página» que hicieron el Gobierno central y los de Andalucía y Asturias (de donde eran los casos de objeción que llegaron al Supremo), la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), la patronal de colegios privados Cece, la plataforma Profesionales por la Etica y el Foro de la Familia, entre otros, decían ayer: «Este no es el final; sólo un episodio más».

Ellos insisten en que EpC es ideológica e invade la moral personal, y siguen reivindicando su derecho a objetar.

Lo primero, se acogen a que el fallo afecta sólo a los cuatro alumnos de Andalucía y Asturias, cuyos recursos llegaron al Pleno del Supremo. Lo segundo, están convencidos que la sentencia, cuando se conozcan sus fundamentos jurídicos, alumbrará resquicios a los que acogerse.

Según informaba ayer EL MUNDO, el Pleno del Supremo redactará una sentencia que diga que el Estado no puede inculcar opiniones morales controvertidas.

Rafael Lozano, del Foro de la Familia, contaba ayer que durante el día no cesaron las llamadas de objetores preguntando si debían permitir ya la entrada de sus hijos en clase. A los que tenían sentencia de otros tribunales (por ejemplo, de Extremadura y La Rioja) les dejaron claro que no, mientras el Supremo no dirima sobre sus recursos. A los que tienen medidas cautelares a la espera de resolución judicial, lo mismo: que no se muevan de su sitio.

«La decisión del Supremo en relación con cuatro recursos de objeción no cambia absolutamente nada», dice Profesionales por la Etica en su convocatoria del II Encuentro nacional de Objetores para el próximo 28 de febrero en Madrid.

Luis Carbonell, presidente de Concapa, asegura: «Seguiremos animando a los padres a objetar». En su opinión, «sólo hay un final posible»: que el Gobierno se siente a renegociar los contenidos de la materia, pese a estar respaldados ahora por el Supremo.

Preguntado por cómo podrán los objetores llegar a aprobar la asignatura, responde: «Esta asignatura está tan desacreditada que ningún profesor que se precie va a poder suspender a un niño objetor. La ministra no puede exigir que se tome en serio esta asignatura».

Cofapa, otra asociación de padres, «continuará prestando su apoyo a todas las familias que quieran ejercer las acciones legales».

«Esto es una escaramuza en una guerra. Aún queda mucho por andar», dice Isabel Bazo, presidenta de la patronal de colegios privados, a quienes pide apoyo para los objetores. «A los centros, lo único que les voy a decir es que respeten lo que digan los padres por el momento. Aún no hay sentencia y también hay que esperar a lo que digan las administraciones autonómicas».

Por su parte, Pedro Rascón, de Ceapa (padres laicos) pide «que se deje de crispar» y «que se lean los decretos. «Otra cosa es lo que digan los libros y los profesores», aclaraba.

De momento, las consejerías de Educación no se han dirigido a colegios y objetores para abordar la recuperación de la materia.Es pronto. La sentencia puede tardar semanas en escribirse. Sólo la de Castilla-La Mancha ha adelantado: «Ante todo y dentro de la legalidad, se va a tratar de beneficiar al alumnado».

A CONTRAPELO
¿Adoctrinar en esta escuela?

SANTIAGO GONZALEZ

El Tribunal Supremo ha rechazado por 22 votos contra siete que Educación para la Ciudadanía (EpC) vulnere el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. La asignatura responde a una recomendación de la UE y si el nuestro fuera un país normal, debería impartirse con la misma naturalidad con que se hace en otros de la Unión, en los que la nación se articula sobre consensos básicos. Pocos, pero duraderos. Uno de ellos es el educativo.Ningún otro país ha conocido cinco leyes de Educación en 25 años, con sólo dos partidos alternándose en el Gobierno. En ningún otro país se introducirían en la educación criterios morales que estuvieran bajo discusión en la sociedad.

Tanto entusiastas como detractores sobreestiman la capacidad adoctrinadora de la escuela. La transición fue obra de generaciones de españoles educados en la dictadura franquista, sin que el monolitismo del régimen pudiera oponer más resistencia a la voluntad social de cambio que las murallas de Jericó a los trompetazos del pueblo elegido. Comprenderán ustedes que en estos momentos no ofrezca detalles identificativos.

La escuela franquista y nacionalcatólica no impidió que muchos españoles (y españolas, claro) nos hiciéramos antifranquistas y no creyentes. La escuela no es el único ámbito educativo, ni siquiera en los regímenes totalitarios. Cuánto menos en una sociedad democrática, abierta y permeable en estos tiempos de internet.Incluso en casos en los que el ideario obligatorio de la escuela hacía juego con el ambiente doctrinal que aquellos españoles respiraban en sus casas. Hijos de padres falangistas y educados con la Enciclopedia Alvarez son hoy espejo de izquierdismo en sus cargos de ministros.

El temor a una asignatura adoctrinadora en la escuela pública tras la LOGSE es un alarde de confianza en el Estado por parte de la Iglesia. No es que falte voluntad adoctrinadora. Es que el mecanismo es inservible, no hay más que ver los resultados del informe PISA, que nos sitúan en un desahogado puesto del pelotón de cola en materia educativa y en la expulsión por la vía del fracaso escolar de uno de cada tres alumnos. Ah, si al menos pudiera servir para adoctrinar.

Hace tres meses tuvimos noticia de que todos los alumnos de dos institutos de Alicante habían suspendido el examen de EpC, que en la Comunidad Valenciana se imparte en inglés, una extravagancia autonómica para sabotearla. Los resultados acreditan el nivel de nuestro sistema educativo y de la enseñanza de lenguas extranjeras antes que ninguna otra cosa.

No va a ser una asignatura muy popular entre los estudiantes.Para que tuviera capacidad doctrinal habría que acompañarla de un relato. La Iglesia acertó al colgar la asignatura de Religión de la Historia Sagrada. En tiempos de la tele, Verano azul fue a la España de la Constitución lo mismo que Crónicas de un pueblo a la España del desarrollismo y la Ley Orgánica del Estado. Sin el relato apropiado, los estudiantes asistirán a las clases de Educación para la Ciudadanía con el mismo desapego que sus padres, y aún sus abuelos en algunos casos, asistíamos a Formación del Espíritu Nacional.

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACION / Tras el fallo del Supremo
Camps ve en el fallo un «varapalo» al Gobierno

Arenas acusa a Chaves de querer «adoctrinar a los niños en su credo»

Valencia / Sevilla
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, afirmó ayer en Madrid, tras su visita a Fitur, que la decisión del Tribunal Supremo de tumbar la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) es un «varapalo» para el Gobierno central.

En opinión de Camps, la resolución judicial no deja de poner en evidencia que la materia «ha sido destrozada de arriba abajo», al quedar también demostrado que lo único que pretendía era «adoctrinar» a los jóvenes. El dirigente valenciano apuntó directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, al ser preguntado sobre qué va a pasar con los alumnos objetores, a los que desde el Gobierno valenciano se quiso dar una alternativa con la opción B de trabajos que luego suspendió cautelarmente el Tribunal Superior de Justicia.«Este es un problema de la ministra de Educación y de Rodríguez Zapatero», sentenció, informa Noa de la Torre.

Mientras, en Andalucía la polémica a cuenta de la asignatura siguió creciendo. El PP se mostró especialmente molesto con la actitud del presidente autonómico, Manuel Chaves, quien, nada más conocer la decisión del Supremo, arremetió contra el principal partido de la oposición al proclamar su «derrota política e ideológica» y le culpó de haber amparado «el conservadurismo más ultramontano e integrista».

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, calificó como «inadmisible» la reacción del presidente de la Junta, quien, en su opinión, llegó a «insultar» a muchas familias y, sobre todo, puso de manifiesto su pretensión de «adoctrinar a los niños en su credo político».

También se pronunció ayer sobre la polémica el vicesecretario general del PSOE, Pepiño Blanco, quien subrayó que, con su fallo, el Tribunal Supremo ha dado la razón a quienes creen que «explicar la Constitución, los Derechos Humanos o simplemente cómo se utiliza un preservativo es algo que está de acuerdo con nuestros valores y que a nadie debe molestar».

Pepiño confió en que el PP «rectifique su posición, acate la decisión del Supremo y pase página», informa Europa Press.

EL REVES DE LA TRAMA
El caso no está cerrado

JUSTINO SINOVA

La sentencia del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía (EpC) ha sido interpretada por algunos como un espaldarazo a la controvertida asignatura y un punto final a la protesta de miles de padres que desembocó en más de 52.000 objeciones a cursarla.Pero es más bien un punto y seguido, pues el aval del Supremo va acompañado por unas precisiones sobre el contenido de la materia que deja abierta la puerta a las reclamaciones. El caso no está cerrado.

Habrá que leer con detenimiento la argumentación del Supremo cuando la haga pública, pero por lo que sabemos ahora, de acuerdo con la información facilitada por el propio tribunal, el veredicto declara que el decreto de creación de la asignatura no es rechazable y aclara, al mismo tiempo, que no puede imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son discutibles, sino que debe centrarse en los principios y valores constitucionales. En otras palabras, el Supremo dice sí a los postulados que definen la asignatura y dice no a la tergiversación o abuso de su contenido.

Esto no está exento de cierta incongruencia. Lo primero le permite rechazar la objeción, pues no se lesiona en teoría el derecho de los padres a que «sus hijos reciban la formación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (art.27 de la Constitución), pero con lo segundo abre la puerta a las protestas de los padres cuando la asignatura trate de imponer criterios morales o éticos que ellos refutan, con lo que a fin de cuentas sigue apareciendo en el horizonte la posibilidad de la objeción como recurso de urgencia ante una arbitrariedad.

Se podría aducir que la defensa de los padres contra el adoctrinamiento no deseado está garantizada por los tribunales mediante recursos contra determinados textos escolares, pero ésa no es solución suficiente para este supuesto por los dilatados plazos con los que trabaja la Justicia. ¿Qué pueden hacer unos padres cuyos hijos tienen que empezar a cursar EpC con un texto que ofende o niega sus criterios morales o éticos? Como la justicia fallaría cuando ya no hubiera lugar para el remedio, no tendrán otra salida que oponerse y evitar que sus hijos pasen por el aro doctrinal indeseado, llámese eso objeción o como se quiera. Esa protesta tendrá que ser rotunda y rápida si se quiere eficaz; su validez se medirá por la posibilidad de evitar el denunciado adoctrinamiento.

Todo esto sería innecesario si el Gobierno de Zapatero no hubiera creado esta asignatura perfectamente prescindible -porque los valores constitucionales han de estar presentes en el ámbito continuo de la educación- y que puede ser un atrevido vehículo ideológico, como revelan no sólo algunos textos impresentables ya editados, sino el aviso formulado por el Supremo. Si el Gobierno quisiera defender en serio el derecho a la educación, anularía EpC. Pero como no lo hace, los padres se ven obligados a estar vigilantes para evitar un abuso sobre las mentes de sus hijos.Están en juego los derechos a la educación y a la libertad ideológica, ambos fundamentales, a los cuales el Supremo debe proteger. Esperemos que en la letra de la sentencia cumpla con eficacia ese objetivo.