JUSTICIA DE CHIRIGOTA: El juez Andreu, amiguete de Garzón en la AN, también quiere hacer garzonadas

Israel cree 'delirante' la imputación en España a su ex ministro y 6 militares


MANUEL MARRACO/Madrid

Israel consideró ayer «delirante» la decisión de la Audiencia Nacional de imputar al ex ministro de Defensa Benjamin ben Eliezer y otros seis altos mandos militares un delito contra la Humanidad por el asesinato en 2002 de un dirigente de Hamas con una bomba que mató a otras 14 personas e hirió a 150. El juez Fernando Andreu había acordado horas antes admitir la querella presentada por seis familiares de las víctimas.

El magistrado considera que el relato de la querella supone «una notitia criminis que debe ser investigada» en España en aplicación del principio de jurisdicción universal.

La primera medida que ha adoptado es pedir a Israel que notifique a los imputados su decisión y les cite a declarar en una fecha aún por determinar. También solicita a Israel y a la Autoridad Nacional Palestina autorización para desplazarse a Gaza e interrogar a los querellantes, en su condición de testigos y perjudicados.

Los hechos se remontan al 22 de julio de 2002, cuando, poco antes de medianoche, un F-16 lanzó una bomba de una tonelada sobre la casa de Gaza en la que se encontraba Salah Shehadeh, supuesto comandante de Hamas. El artefacto destruyó completamente esa casa y otras ocho, además de afectar a una treintena. La mayoría de los fallecidos fueron bebés y niños, y siete pertenecían a la misma familia, tres de cuyos miembros se encuentran entre los querellantes.

Según el juez, los hechos «deben ser considerados indiciariamente como Delito contra la Humanidad, respecto de los que los compromisos internacionales suscritos por España imponen su persecución».«Nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil, [...] producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva», añade.

La querella considera que los hechos encajan en el artículo 611 del Código Penal, que castiga los delitos contra «personas protegidas en caso de conflicto armado», entre las que se encuentran los civiles. El artículo impone de 10 a 15 años de cárcel a quien «realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos» contra la población civil. A esta pena habría que sumarle correspondiente a cada asesinato o lesión.

La ya anunciada negativa de Israel a colaborar impedirá que los querellados afronten un juicio en España, pero no que el magistrado pueda acabar dictando una orden internacional de detención que entorpecería su salida al extranjero.

En su auto, el juez advierte de que la investigación podría demostrar que lo sucedido «responde a una estrategia preconcebida o predeterminada», lo que podría dar lugar a «una calificación de los hechos distinta y aún más grave de la que inicialmente pueda considerarse», lo que según fuentes jurídicas, apunta a que podría encajar los hechos como un delito de lesa Humanidad, que tiene lugar cuando el ataque a la población cvil es «generalizado y sistemático».

Antes de resolver sobre la admisión, y conforme a la petición de la Fiscalía, el juez preguntó a Israel si había investigado judicialmente el caso, lo que podría cerrar la vía a la intervención de la Justicia española. El juez resalta en su auto que Israel no ha cumplido con el convenio de cooperación jurídica y ha dado la callada por respuesta.

Las imputaciones alcanzan, además de al ex ministro, al entonces comandante de las Fuerzas Aéreas Dan Halutz; al general encargado del mando Sur, Doron Almog; al presidente del Consejo Nacional de Seguridad, Giora Eiland; al secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; al jefe del Estado Mayor, Moshe Ya'Alon y al director del Servicio General de Seguridad, Abraham Dichter.

Tráfico de poderes por el túnel

>Los abogados españoles no tuvieron fácil obtener los poderes firmados con los que presentar la querella. Finalmente, las firmas de los seis familiares salieron de Gaza por uno de los túneles secretos que llegan a Egipto.

>La falta de cooperación no se limitó, como era previsible, a las autoridades israelíes, sino que la embajada de España en Tel Aviv tampoco prestó la colaboración que solicitaron los abogados, según explicaron fuentes jurídicas.

elmundo.es Participe: ¿Debe la Justicia española perseguir estos delitos?

Tel Aviv hará todo lo posible para «anular la decisión del juez»

Jerusalén

«Es una decisión delirante. Quien define lucha contra el terrorismo como crimen contra la humanidad vive en un mundo al revés». Es la primera reacción del ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, a la querella admitida ayer en Madrid. Los siete israelíes implicados se abstendrán de viajar a España a raíz de la denuncia por el ataque del 22 de julio de 2002 en Gaza, que provocó la muerte de 14 civiles.

La acción fue aprobada por el jefe del Gobierno, Ariel Sharon, y el ministro de Defensa, Beniamin Ben Eliezer. Este recibió ayer con incredulidad la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, afirmando a EL MUNDO: «Es ridículo y me da mucha rabia. Los terroristas usan los tribunales del mundo libre para seguir atacándonos. No me arrepiento, porque Shehadeh [jefe militar de Hamas y objetivo del ataque] era un asesino. Ese día, nadie sabía que había civiles en la casa adyacente. Yo había suspendido tres veces en el pasado la operación contra Shehade, ya que el Ejército me informó de la presencia de civiles».

Israel «hará todo lo posible» para anular la decisión, con el asesoramiento del Ministerio de Justicia y en permanente contacto con el Gobierno español. «Es un hecho muy grave que puede enturbiar las relaciones entre ambos países», dicen fuentes oficiales.

La ministra de Exteriores, Tzipi Livni, ya telefoneó ayer a Miguel Angel Moratinos, para transmitirle que «Israel considera muy grave la decisión del juez, tomada sin recibir antes toda la documentación relevante». «Demuestra que es una decisión política y no judicial», defendió Livni.

El Gobierno intentará minimizar el impacto

Moratinos argumentará ante Livni que la Justicia es un poder independiente

MARISA CRUZ/Madrid

El Gobierno ha ofrecido a las autoridades israelíes, a través del ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, argumentos de manual para evitar que Tel Aviv interprete en clave política la decisión de la Audiencia Nacional.

«España es un Estado de Derecho en el que la Justicia es un poder independiente que decide lo que estima oportuno, y es obligación del Gobierno respetarla». Esta era la explicación que tenía preparada Moratinos y que le transmitió anoche a su homóloga israelí, Tzipi Livni, en una conversación telefónica entre ambos.

No obstante, consciente de que la decisión de Andreu no se produce en el mejor momento diplomático, el ministro está decidido a «hacer todo lo necesario para que el asunto tenga el menor impacto» sobre la relación bilateral.

La posición del Gobierno parece haber sido entendida por la embajada de Israel en España que rechazó hacer valoraciones por entender que el asunto estaba fuera del alcance del Ejecutivo.

Moratinos explicó la postura del Gobierno en un receso de su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso. El ministro interrumpió durante 20 minutos la sesión para atender una llamada de la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton.«Me ha trasladado su deseo de reforzar la relación y hemos quedado en llamarnos Miguel y Hillary para hacerlo más fácil», dijo.