EpC,EDUCACIÓN CONTRA LA CIUDADANÍA: Sigue la lucha contra el adoctrinamiento/ El vídeo y las mentiras de la Ministra Cabrera

ASIGNATURA CUESTIONADA / La decisión de la justicia
El Supremo obliga a las familias a que sus hijos estudien Ciudadanía

El Tribunal rechaza por 22 votos contra siete el derecho a la objeción de conciencia ante la asignatura - Fija el criterio de que el Estado puede inculcar valores constitucionales pero no opiniones morales controvertidas - Señala que es posible impugnar el contenido de los manuales y la forma en que se imparte la materia

MARIA PERAL/Madrid



El Tribunal Supremo salvó ayer, tras más de 20 horas de deliberaciones, la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) al concluir que en su regulación estatal no vulnera derechos fundamentales ni de los padres ni de los alumnos.

La decisión judicial, adoptada por una amplia mayoría de 22 votos frente a siete, rechaza que con carácter general se pueda plantear la objeción de conciencia ante EpC, aunque las sentencias, que se conocerán en los próximos días, harán una referencia expresa a que el desarrollo de la asignatura que se está haciendo en la práctica -a través de ciertos manuales o de la forma de enseñanza por los profesores- puede tener un contenido de adoctrinamiento perfectamente recurrible por los padres.

El fallo afecta a cuatro alumnos de centros de Andalucía y Asturias que no estaban cursando EpC y que a partir de ahora deberán acudir a clase.

Fuentes del Supremo no supieron precisar qué deben hacer a partir de mañana los otros 150 alumnos que han objetado a Educación para la Ciudadanía y que por ahora no están cursando la asignatura.La Sala de lo Contencioso-Administrativo tramita en estos momentos unos 50 recursos, cuyos afectados, en principio, podrían esperar a que se resolviera su particular impugnación. Pero las fuentes consultadas consideraron previsible que el fallo alcanzado ayer se aplique a los recursos pendientes, por lo que la obligación de cursar EpC parece sólo cuestión de tiempo.

El Alto Tribunal se ha pronunciado en este momento sobre una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía que reconoció a un alumno el derecho a la objeción de conciencia, sentencia impugnada por el fiscal y la Junta de Andalucía y que será anulada.

También ha resuelto tres recursos promovidos por los padres afectados por otras tantas sentencias del Tribunal Superior de Asturias que no reconocieron el derecho a la objeción frente a EpC, recursos que serán desestimados.

Según un comunicado del Tribunal, «en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia». La Sala ha examinado tanto los decretos estatales que regulan el contenido mínimo de EpC como los decretos autonómicos de Andalucía y Asturias y ha concluido que «por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Desde el principio, la mayoría de la Sala se mostró contraria a admitir el derecho a la objeción de conciencia en materia de educación, un portillo que el Tribunal no ha querido abrir porque podría dar lugar a innumerables impugnaciones -incluso respecto a asignaturas distintas a Educación para la Ciudadanía, como Historia- y porque, en expresión de uno de los magistrados, «los padres no tienen derecho a una educación a la carta para sus hijos».

La mayoría de la Sala sostiene, en coincidencia con la última doctrina del Tribunal Constitucional, que no se puede esgrimir el derecho a la objeción de conciencia salvo que esté constitucionalmente admitido (como es el caso de las obligaciones militares del artículo 30) o haya sido reconocido por el legislador, lo que no sucede en el ámbito de la educación.

El Supremo ha concluido que la regulación estatal de EpC tampoco vulnera el derecho a la libertad ideológica (artículo 16) en relación con el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones (artículo 27.3).

Este último fue un desenlace laborioso de alcanzar porque, en algún momento de las deliberaciones, casi la mitad de la Sala -incluyendo a magistrados conservadores pero también a varios progresistas- argumentó que determinados contenidos de los decretos podían ser contrarios al artículo 27.3, en particular aquellos que exigen al alumnado no ya conocimientos sino «actitudes» contrarias, por ejemplo, «a los prejuicios de cualquier tipo» o a los «estereotipos sexistas». Estos sectores sostuvieron que a los alumnos se les puede evaluar por sus conocimientos, pero no imponerles una adhesión a determinados planteamientos.

El consenso de la Sala que permitió reunir los votos de 22 de sus 29 miembros se produjo gracias a que las sentencias precisarán que el objetivo de EpC es enseñar el sistema de valores constitucionales, sin que la administración educativa (estatal o autonómica) ni la autoridad escolar ni los profesores puedan imponer la aceptación de planteamientos ideológicos o morales que sean controvertidos en la sociedad. Según un ejemplo manejado durante la deliberación, se puede exigir al alumno el conocimiento de que existe una ley que permite el matrimonio homosexual, pero no se le puede imponer su aceptación ni plantearle la cuestión en términos de adoctrinamiento, tomando partido y quebrantando la obligación de neutralidad.

En segundo término, las sentencias incluirán una referencia expresa a que es posible que algunos manuales que desarrollan la asignatura de Ciudadanía reflejen contenidos contrarios a los derechos de los padres garantizados por el artículo 27.3 de la Constitución, por lo que esos manuales podrían ser objeto de recursos. Durante el debate se barajaron pasajes concretos de algunos manuales -magistrados conservadores sacaron a relucir el de Octaedro- que entrarían en esa categoría.

Siete magistrados de variada ideología votaron en contra del fallo alcanzado. Se trata de Manuel Campos, Emilio Frías, Gonzalo Martínez Micó, Pedro Yagüe, Mariano de Oro-Pulido, Jesús Peces Morate y Juan José González Rivas. Este último será sustituido por Luis María Díez-Picazo como ponente del recurso contra la sentencia de Andalucía.

Fuentes del Tribunal indicaron que han quedado abiertos otros aspectos clave de EpC, en particular si los decretos estatales y autonómicos tienen cobertura legal al establecer su carácter obligatorio y evaluable, cuando la Ley Orgánica de Educación establece únicamente que «se cursará» esa asignatura.

EpC en cifras
> 2º, 3º y 4º de ESO: cursos en que se imparte.
> Más de un millón: alumnos que la han cursado.
> 50.000: objeciones de conciencia presentadas.
> 150: alumnos que no han ido a clase (Ministerio).
> 1.761: recursos judiciales sobre la asignatura.
> 281: medidas cautelares para no cursarla.
> 70: fallos judiciales favorables a los objetores.
> 39: fallos contrarios a los objetores.

ASIGNATURA CUESTIONADA / Las consecuencias
Y ahora, ¿qué pasa con los objetores?

Unos 300 alumnos tenían sentencias y medidas cautelares para no ir a clase

PALOMA DIAZ SOTERO/Madrid

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, dejó ayer claro que quien no vaya a clase de Educación para la Ciudadanía a partir del fallo del Supremo incurrirá en absentismo escolar y eso le hará suspender la asignatura, que, recordó, «es obligatoria, como las demás».

Por fin llegó este veredicto de la instancia judicial que esperaba el Ministerio desde que, hace más de dos años, el movimiento objetor empezó a cobrar fuerza y judicializó la asignatura estrella de la reforma educativa socialista. La alegría, ayer, en el gabinete de la ministra era hasta contagiosa.

Se acabó, por tanto, la calificación de «no evaluado» que han tenido los objetores que el curso pasado no entraron en clase de la asignatura (después, eso sí, de sufrir las presiones y reiterados suspensos trimestrales por parte de los profesores y directores de centro).

Es por ello que el Ministerio, aseguró, «hará todo lo posible para que los niños» que no han ido a clase de EpC ni el curso pasado ni el presente «puedan recuperar el tiempo que han podido perder» y «los conocimientos que no han recibido». Es decir, que quienes objetaron el curso pasado tendrán que repescar la asignatura. Y quienes lo están haciendo este año tendrán que entrar en clase y ponerse al día. En total, el Ministerio los cifra en unos 150 chavales.

La ministra instó a las administraciones autonómicas a que «atiendan las situaciones particulares de cada alumno».

Y ésa es la disposición que manifestó la Consejería de Educación de Andalucía, que, hasta ahora, no ha sido nada respetuosa con los alumnos objetores, pese a que tenían sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia. Hasta tal punto llegó el acoso que publicó el nombre de los niños objetores en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Fuentes del Ministerio explicaron que, si es preciso, tratarán con las consejerías de Educación la mejor manera de hacer que los niños afectados aprueben la asignatura no evaluada el año pasado, aunque serán ellas las que, a su modo, fijen las fórmulas pertinentes.

Además, Mercedes Cabrera envió un mensaje a las familias objetoras de conciencia, en especial a las que tienen intención de presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional:

«Que reflexionen» y «entiendan la importancia de esta asignatura», cuyos contenidos «no son los que muchos han dicho». También les pidió que «atiendan al fallo del Supremo» y que tengan en cuenta que «es una asignatura que existe en la mayoría de países de nuestro entorno».

No hay que olvidar que, aunque el fallo del Supremo unifica doctrina para los procesos abiertos, de momento afecta directamente a los objetores de Andalucía (la sentencia que les favorecía llegó al Alto Tribunal recurrido por la Junta y por la Fiscalía) y a algunos padres de Asturias (que recurrieron el fallo desfavorable de sus jueces).

Pero el colectivo objetor no tiene un perfil uniforme. Aparte de los padres de Andalucía y Asturias, están las familias que tienen sentencia favorable de otros tribunales superiores en La Rioja (23 familias) y Extremadura (dos) y en los juzgados de Huesca (seis) y Zaragoza (dos). Formalmente, las administraciones educativas de estas comunidades pueden esperar a que los recursos cursados sean admitidos en el Supremo, pero su respuesta ya la saben.

Y, por otro lado, están las 281 familias que cuentan con medidas cautelares para que sus hijos no cursen la asignatura. Estos padres tendrán que esperar a que los tribunales y juzgados que las concedieron las revoquen.

Es de esperar que muchas de las más de 50.000 solicitudes de objeción cursadas en toda España no lleguen a hacerse efectivas por quienes las reclamaron, pero eso no significa que el movimiento objetor a EpC desaparezca, de momento.

ASIGNATURA CUESTIONADA / Las consecuencias
Una sentencia esperada

A las 15.00 horas, un SMS del Ministerio de Educación anunciaba un videocomunicado de Mercedes Cabrera reaccionando al fallo del Supremo, hecho público media hora antes. ¿En sólo 30 minutos habían escrito el comunicado y lo habían grabado, en plena hora de comer?

Ante la inevitable suspicacia, el Ministerio presumió de eficacia.Pero ese argumento no resistía que la ministra apareciera en el vídeo con diferente ropa a la que lució ayer en dos actos públicos, uno anterior a la difusión del vídeo y otro posterior: suéter oscuro y chaqueta negra, ambos de punto, collar y pañuelo negro y blanco.

En el vídeo, supuestamente grabado entre ambas comparecencias, aparecía con un suéter negro (diferente), un pañuelo rosa y sin collar; también estaba maquillada. ¿Tanto cambio en media hora?

Puesta de manifiesto la incongruencia, el gabinete de Cabrera reconoció que había grabado tres vídeos en días anteriores, todos ellos en el mismo sentido. Los tres respondían a una sentencia favorable a Educación para la Ciudadanía porque «confiaban», según fuentes cercanas a la ministra, en que no podía ser de otra manera.

Cabrera siempre ha defendido que la asignatura es constitucional y no alberga doctrina alguna que justifique una objeción de conciencia.Su gabinete justificó la grabación de vídeos por adelantado porque querían «dar una respuesta rápida» a los medios nada más conocerse el fallo del Supremo. Esperaron una media hora prudencial, según reconocen, y lanzaron el vídeo con Cabrera dando a entender que reaccionaba a un fallo recién conocido.

Aseguran en el Ministerio que no tenían ninguna pista de por dónde iban las deliberaciones de los jueces, sino que tenían la convicción de que avalarían la asignatura.

ASIGNATURA CUESTIONADA / Las consecuencias
Apoyo y rechazo a partes iguales

>Pepiño Blanco (PSOE): «La Justicia acaba con la polémica que organizó el PP, junto con los sectores más radicales de la jerarquía eclesiástica y organizaciones ultraconservadoras».

>Gaspar Llamazares (IU): «Estoy satisfecho, porque el Tribunal Supremo ha rechazado las presiones nacional-católicas del PP y de otros sectores retardatarios de la sociedad española».

>Luis Carbonell (Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos): «Es un episodio, no el final de la historia. Acataremos la sentencia y los alumnos entrarán en clase, pero la lucha continúa y hay motivos para la esperanza ».

>Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos: «Mostramos nuestra satisfacción. A quienes dicen que esta asignatura pretende adoctrinar, les recordamos que, precisamente, en ella se intenta desarrollar la capacidad crítica del alumnado para evitar cualquier tipo de adoctrinamiento».

>Benigno Blanco (Foro de la Familia): «Las familias objetoras con una sentencia a su favor tienen derecho a que sus hijos no entren en clase hasta que la sentencia no sea firme. No se comete ninguna ilegalidad impidiendo al niño que vaya a clase».

>Profesionales por la Etica: «Padres objetores de toda España nos han confirmado su decisión de seguir luchando y un Gobierno democrático no puede ser insensible a ello».atarios de la sociedad española».

>Manuel de Castro (Federación Española de Religiosos de Enseñanza): «La decisión es positiva, porque reconoce el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos».

ASIGNATURA CUESTIONADA / Las consecuencias
Al TC, e incluso a Estrasburgo

Las asociaciones que agrupan a los padres objetores a los que el Supremo ha denegado la objeción de conciencia a EpC aseguran que presentarán recurso de amparo al Constitucional. Esto les conduciría a pedir medidas cautelares al TC con la esperanza de que suspenda la ejecución de la sentencia de ayer para los alumnos afectados en tanto estudia su caso. Si tampoco se les reconoce el derecho a la objeción, irán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

«Educar a nuestros hijos bajo nuestras convicciones es un derecho fundamental; es una cosa de cajón, así que tenemos que seguir», decía ayer Pilar Colomina, madre de un niño de La Carolina (Jaén) que objetó en 3º de ESO y sigue ahora en 4º. «No son contenidos científicos; es ideología que, encima, tienen que hacer suya para aprobar», protestaba ayer.

ASIGNATURA CUESTIONADA
El PP mantiene que eliminará la materia cuando llegue al Gobierno

Las comunidades 'populares' asumen la sentencia y obligarán a estudiar EpC

Asumir la sentencia y dejar de amparar las objeciones de conciencia, pero mantener su disposición a eliminar la asignatura en el momento en el que llegue al Gobierno. El PP solventó ayer con esta doble vía, institucional por un lado y política por otro, la difícil posición en la que le dejó la decisión de ayer del Tribunal Supremo.

Tras muchas dudas, en 2007 el PP terminó por posicionarse duramente en contra de la implantación de Educación para la Ciudadanía (EpC), pero sólo algunas comunidades autónomas en las que gobierna ampararon a los objetores de conciencia, ofreciendo alternativas a aquéllos que no quisieran estudiar la asignatura.

Ayer, tras conocerse el fallo del Supremo, hubo que tomar posición y los populares decidieron mantener su oposición política a la materia y su intención de eliminarla cuando logren desalojar al PSOE del Gobierno. Lo anunció en el Congreso el portavoz adjunto del Grupo Popular, Alfonso Alonso, que se mostró decidido al afirmar que su desaparición de los planes de estudio «es el futuro de la asignatura».

La justificación que ofreció para defender, una vez más, que se eliminará si cambia el partido en el Gobierno, fue que «el PP tiene el compromiso de que nuestros hijos sean formados en la libertad» algo que, en opinión de los populares, vulnera EpC.

Con esta idea como horizonte, las comunidades gobernadas por el PP se vieron ayer obligadas a reconocer la sentencia del Supremo.La ministra Mercedes Cabrera les incitó en su comparecencia a hacerlo y no fallaron ni siquiera las dos autonomías que han mostrado más beligerancia contra EpC: la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

En un comunicado, la Consejería de Educación del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre anunció que se darán indicaciones a los 217 centros educativos en los que se habían planteado objeciones a la asignatura para que dejen de permitir a los alumnos ausentarse de esta clase.

«Aunque el texto de la sentencia no se conoce aún, la Comunidad de Madrid considera que el Tribunal Supremo ha fijado doctrina respecto a los contenidos de Educación para la Ciudadanía y el derecho a la objeción de conciencia», dice el comunicado.

Similar respuesta dio la Comunidad Valenciana. El Gobierno de Francisco Camps la acatará, aunque ayer quiso dejar claro que no afecta a la forma de impartir la asignatura, por lo que en la Comunidad «se va a continuar con el régimen que en estos momentos hay en cada centro».

Frente a la contención de las comunidades populares, las del PSOE se felicitaron por la decisión y no dudaron en atacar al PP. Paradigmática fue la postura de la Junta de Andalucía, cuya consejera de Educación tiró a dar y afirmó que «la decisión del Tribunal Supremo pone fin a un proceso alentado por el PP de Andalucía y la derecha más conservadora, que han fracasado en su intento de hacer de la educación un elemento de confrontación».

Más comedido estuvo el consejero catalán del ramo, Ernest Maragall, que incluso propuso aprovechar el fallo judicial para «organizar de maneras diferentes» los contenidos de EpC para hacerlos «compatibles» con el ideario de cada centro.

ASIGNATURA CUESTIONADA
Rechazo de Rouco y el Vaticano

Las voces eclesiales se levantaron ayer en plena sintonía en Roma y Madrid contra la sentencia del Supremo que 'salva' Educación para la Ciudadanía. Si desde el Arzobispado de Madrid, que preside el cardenal Antonio María Rouco Varela, se anunció un recurso al Constitucional, desde Roma el 'ministro de Educación' del Papa, Zenon Grocholewski, mostró su preocupación por lo que considera la «imposición de una educación ética».

El Arzobispado de Madrid, firme defensor de la objeción de conciencia, aseguró por boca de su máxima responsable en materia educativa, María Rosa de la Cierva, que la Iglesia «irá a donde haga falta» para defender los derechos de los padres. «Vamos a seguir animando a todas las plataformas de padres y, desde luego, seguiremos yendo al Tribunal Constitucional o al de Derechos Humanos de Estrasburgo».

Con la bendición de Roma, por supuesto. Porque, para el prefecto del dicasterio de educación católica, «se trata de un derecho fundamental de los padres el que puedan educar a sus hijos de acuerdo con sus propios convencimientos».