EL MASTODONTE FUNCIONARIAL QUE NOS COME: España tiene por primera vez 3 millones de funcionarios

UN PAIS EN CRISIS / Los trabajadores públicos
España tiene por primera vez 3 millones de funcionarios

En 2008 se crearon 116.000 nuevas plazas públicas, mientras 1.280.000 asalariados se quedaban en paro

FRANCISCO NUÑEZ/Madrid
Las administraciones del Estado viven ajenas al duro ajuste de la recesión económica. Mientras el paro aumentó en 2008 en 1.280.300 trabajadores, el número de empleados públicos creció en 116.200 personas, de los que 39.400 entraron en nómina en el último trimestre.Esto significa que sigue engordando el aparato burocrático del Estado y, sobre todo, el de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

Además, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2008, por primera vez en la Historia estadística aparecen más de tres millones de asalariados en el conjunto de las administraciones (3.029.500) frente a los 2,3 millones de hace, por ejemplo, 10 años y los dos millones de 1988. Precisamente este récord se alcanza cuando la misma EPA ha situado el paro en 3.207.900 personas en el sector privado.El coste total de las nóminas de los funcionarios superará este año los 108.000 millones de euros.

Mientras las empresas privadas, y también Solbes, han pedido un esfuerzo de moderación en las reivindicaciones salariales de sus empleados, incluso la congelación o la reducción, la masa salarial de la Administración central crecerá este año un 5,6% (algo más, según el Banco de España) y la de las comunidades autónomas un 6%.

El coste total de las nóminas públicas, que sale de los impuestos de todos los contribuyentes, superará este año los 108.000 millones de euros, lo que equivale al 10,2% del PIB y a un tercio del Presupuesto total consolidado del Estado (ministerio, organismos autónomos y Seguridad Social). Cada empleado público le cuesta 2.400 euros anuales a cada habitante.

Este incremento del gasto de personal, en muchos casos sin justificación, impide a los 18 gobiernos (17 autonómicos y el central, sin contar los 8.000 locales) tomar decisiones a la hora de ajustar los presupuestos a la realidad tras la caída de los ingresos ligados al ladrillo o al descenso de la actividad y el empleo.

Incluso hay autonomías (por ejemplo, Canarias, Aragón o Andalucía) que dedican más de un tercio de su Presupuesto al pago de las nóminas. También impide que se puedan establecer otras prioridades de gasto, por ejemplo en inversión pública, para combatir la recesión. De esta forma, se evitaría el espectacular incremento del déficit y de la deuda, que tanto hipotecan el futuro y la salida de la recesión.

En cuanto al pago total de las nóminas, el Estado empleará este año 33.057 millones; las autonomías, 55.309 (11.000 millones más que hace tres años); y los ayuntamientos, más de 20.000 millones.El coste real de las corporaciones locales es difícil de calcular (el Presupuesto inicial de 2007 era de 18.349 millones), ya que muchos de ellos no informan de sus partidas de gasto a la Intervención General del Estado.

Según la EPA, mientras los asalariados públicos han crecido en un año en 116.200 personas (88.300 corresponden a las autonomías), los del sector privado se han reducido en 684.600 trabajadores.De los tres millones de empleados públicos, el 56% pertenece a la Administración autonómica; el 18%, a la central (la que menos crece); y el resto, a los ayuntamientos.

En el último trimestre del año, cuando las administraciones aprovechan para gastarse todo el presupuesto disponible para evitar futuros recortes, se notó un aumento importante del empleo público. Casi 40.000 funcionarios se incorporaron al sector entre octubre y diciembre; más de la mitad, en las comunidades autónomas.

En la EPA también se observa que mientras los funcionarios representan el 18,6% del total de los asalariados españoles en 2008 (la cifra es de 16,3 millones), nueve comunidades superan esa media.

Así, en Extremadura el 32,5% de sus asalariados residentes (trabajadores por cuenta ajena) es empleado público. Es decir, un tercio de sus trabajadores es funcionario. Le siguen Castilla-La Mancha, con el 23,6%; Castilla y León, 22,2%; Andalucía, 21,7% (en esta comunidad hay 537.000 empleados del conjunto de las administraciones); y Canarias, 21,% del total de trabajadores.

En Madrid, donde se concentra la Administración central, además de la autonómica y la local, el número de funcionarios es de 478.800 (el 18% del total nacional), con un aumento de 29.400 personas en un año.

Por sexos, se observa también que la mujer tienen mayor presencia en las administraciones. Hay 1,6 millones de empleadas públicas (el 54%, dos puntos más que hace un año), frente a 1,4 millones de varones (46%).

Por edades, el 46% (cerca de 1,4 millones) tiene más de 45 años (unos 19.000 han prorrogado su vida laboral por encima de los 65 años). Y en cuanto a las horas efectivas semanales trabajadas, los asalariados públicos alcanzaron las 31,8 de media en el cuarto trimestre de 2008 mientras los privados trabajaron durante 34,7, seis horas menos que el trabajador por cuenta propia (autónomo).

UN PAIS EN CRISIS / Los trabajadores públicos
Cuando Aznar congeló los salarios públicos en 1997

FRANCISCO NUÑEZ/Madrid

El Estado y las demás administraciones públicas no se han apretado el cinturón. Cuando Zapatero mencionó por primera vez el término 'crisis', en una entrevista en televisión (8 de julio de 2008), recordó también que «en esta crisis hay mucha gente que no va a tener ninguna dificultad». Seguramente era una pista, ya que Solbes, que ha reiterado que no tiene margen de maniobra presupuestaria, se ha negado a congelar el sueldo de los funcionarios del Estado en el peor año de la Historia económica. Podría haber servido de ejemplo para el resto de las administraciones, acostumbradas a pedir más a 'papá Estado' cuando se les caen los ingresos y no pueden mantener el gasto.

El vicepresidente sólo congeló testimonialmente el sueldo de los altos cargos para este año, sin incidencia alguna en el gasto total. Lo mismo sucedió con la reducción, también simbólica, del gasto corriente de los ministerios en un 1,8%.

A pesar de la grave situación económica, y del aumento del paro en el sector privado, el Gobierno decidió aplicar el acuerdo firmado con los sindicatos en 2004. De esta forma, se incrementó el sueldo medio de los funcionarios un 3,8% (un 2% de aumento salarial general, un 1% más para pagas extras, un 0,5% para el fondo de pensiones y un 0,3% más para fondos adicionales) frente a una inflación actual del 1,4% y en claro descenso por el deterioro del consumo. A esta cifra hay que sumar los deslizamientos, más los incrementos de los complementos, que componen la masa salarial.

El aumento total de esa masa de la Administración central será del 5,6%, es decir, unos 1.740 millones. Mientras, la de las autonomías, según el Banco de España, crecerá en 3.115 millones (con un 6% de aumento de la masa salarial); y la de los ayuntamientos superará los 1.200 millones.

En total, el incremento salarial para 2009 del sector público se aproximará a los 6.000 millones a pesar del consejo de Solbes a los trabajadores privados de que es mejor tener empleo que perderlo por reivindicar un aumento de los salarios.

Sin embargo, existe un antecedente en este tipo de actuaciones.Y en aquel momento la situación económica no era tan alarmante como ahora. El Gobierno de Aznar decidió en 1997 congelar el sueldo de los funcionarios, entre otras partidas corrientes, para que la economía española pudiera cumplir los requisitos exigidos en la cumbre de Maastricht para la integración en la Unión Monetaria.

Fue una de las claves del ajuste que se vio forzado a realizar el PP cuando encontró en los cajones de los ministerios más de 4.000 millones de euros sin contabilizar. Los sindicatos recurrieron esta decisión ante la Audiencia Nacional, ya que existía un acuerdo con el Gobierno de Felipe González en 1994.

La Audiencia falló contra la congelación. Sin embargo, el Tribunal Supremo y, posteriormente, el Constitucional avalaron la medida del PP. Al final, ante la queja sindical, el Tribunal de Estrasburgo no apreció «violación de los derechos y libertades garantizados» por ese convenio firmado por el PSOE.

UN PAIS EN CRISIS
Sáenz de Santamaría: «No se ría, que voy a hablar del paro»

>La portavoz popular Soraya Sáenz de Santamaría fracasó ayer en su segundo intento de llevar al presidente del Gobierno al Congreso para dar explicaciones sobre el paro y la recesión. No obstante, durante su intervención, la dirigente del PP aprovechó para atacar por la retaguardia al Grupo Socialista y afear a un grupo de sus diputados el relajo y las risas con que atendían a sus argumentos en favor de los españoles afectados por la crisis, según informa Carmen Remírez de Ganuza. «...Porque Rodríguez Zapatero prefiere vivir en la mentira antes que dar explicaciones de la España real. Quizá en la España de Rodríguez Zapatero, las armas que se venden al Ejército israelí sean de fogueo», (risas), según recoge el acta, «y no se ría, señor Moraleda, que le voy a hablar de las 800.000 familias que tienen a todos sus miembros en el paro y que lo están pasando muy mal».

UN PAIS EN CRISIS / Las propuestas
Papá, quiero ser funcionario

JOSE RAMON PIN ARBOLEDA

Según la EPA, 2008 acabó con 19,8 millones de personas ocupadas en España. De ellas, además de los empresarios y los autónomos, 16,3 millones son asalariados: 11,7 millones tienen contrato indefinido y 4,5 millones, temporal.

Los empleados públicos son tres millones, es decir, el 15% de los ocupados. Además, dado que casi todos tienen asegurada su permanencia, son el 21% de los ocupados con contrato indefinido.¡Más de uno de cada cinco!

Su crecimiento en el último trimestre ha sido de 40.000, cuando se han perdido 609.100 puestos de trabajo en la economía en el mismo periodo.

En esta crisis hay algunos sectores que mantienen la ocupación, e incluso la aumentan. Entre ellos, el energético, el educativo, el sanitario... y el público. Nada que objetar a los tres primeros.¡Ojalá hubiera más!

Pero ¿qué decir del sector público? Cuando las empresas privadas se aprietan el cinturón y realizan expedientes de regulación (ERE), nuestros gestores públicos se lo aflojan. Engordan el capítulo 1 de sus presupuestos: sueldos y salarios.

Pueden decir que así combaten la crisis, «creando puestos de trabajo». ¿Se puede tomar en serio este argumento? A cortísimo plazo es posible, pero a medio y largo supone contraer obligaciones de pago rígidas y dificultar medidas como la reducción de impuestos, un mecanismo clarísimo de activación económica; agrandar el déficit y excitar la avaricia recaudatoria de las administraciones.

No me extraña que un taxista reciba una multa de 90 euros por circular a 74 kilómetros por hora cuando la velocidad permitida es de 70; o que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) no hagan sino subir. Tampoco que la ocupación preferida del universitario español, su oscuro objeto del deseo, sea... ser funcionario.

No estoy en contra de tener buenos y bien pagados funcionarios, eficaces gestores. Sin embargo, no parece que aumentar el número de empleados públicos indefinidamente sea una solución sensata cuando disminuyen los ocupados del sector privado.

Conozco el funcionamiento de la contratación de empleados públicos.Nada que objetar cuando se utilizan los procesos normalizados que garantizan la igualdad de oportunidades.

Sin embargo, también sé que, cuando las prisas aprietan, se abusa de las figuras del interino o del contratado laboral. Así se esquivan los procesos de oposición. Podría decirse que el interinato o la contratación laboral, al revés que el sistema de oposición, permiten la reversibilidad: el cese de esos contratos cuando no son necesarios. Pero la experiencia es que, en muchos casos, se acaba funcionarizando mediante un remedo de oposición. El ejemplo más evidente es el sector sanitario. Se han funcionarizado en los últimos años miles de facultativos. Probablemente lo merecían y los necesitábamos, pero que no nos digan que su contratación fue «temporal y reversible».

Cuando el capítulo 1 de ciertas administraciones públicas supera el 60%, no quedan fondos para infraestructuras e inversiones productivas a largo plazo. Lo que queda es una obligación de pago que los demás ciudadanos tienen que soportar, sin recibir mayores beneficios sociales. ¿No se habla tanto de productividad y competitividad? Pues eso se refiere tanto al sector público como al privado.

José Ramón Pin Arboledas es profesor del IESE

UN PAIS EN CRISIS / Las propuestas
La patronal catalana sostiene que sobran 500.000 empleados públicos

El traspaso de competencias debería eliminar 800.000 empleos

DANI CORDERO/Barcelona

Sobran medio millón de funcionarios en España. Dirigentes de la patronal catalana Fomento del Trabajo llevan años denunciando el gran peso de la Administración Pública y la escasa evaluación que sufre, cuando es justo la clase política la que reclama excelencia en el sector privado. En ese sentido se ha pronunciado su presidente, Joan Rosell, en diversas ocasiones, pero también el presidente de Fepime, Eusebi Cima, quien ha llegado a reclamar una auditoría de calidad en los organismos públicos.

La organización empresarial presentó el pasado verano un informe en el que denunciaba que Cataluña era la comunidad autónoma que, pese a las críticas, mantenía una menor tasa de funcionarios por habitante: 3,98 por cada 100 habitantes. En el otro lado de la balanza se encontraría Extremadura, con 8,5 trabajadores en las administraciones por cada 100 ciudadanos, y Madrid, en un término medio pese a ser la capital estatal y acoger los ministerios, 6,8 funcionarios.

Pero la queja de Fomento iba por otros derroteros. El debate sobre el nuevo sistema de financiación estaba en fase alta porque faltaban escasos días para que expirase el primer plazo para tener un modelo cerrado, según reza el texto del Estatuto catalán, y Fomento consideró que era el momento de alejar la supuesta insolidaridad catalana vinculada también a un excesivo peso de las administraciones catalanas.

La patronal había considerado unos meses antes que 150.000 funcionarios del Estado tenían un trabajo sin sentido porque las competencias que tenían que cubrir habían sido transferidas a las comunidades autónomas. Después, ya en agosto, elevó la cifra de inutilidad a casi medio millón de funcionarios. Según sus tesis, el cuerpo del Estado tendría que haberse reducido en 800.000 funcionarios por las transferencias de competencias, pero en cambio sólo se habría recortado en 300.000 personas.

Esa cifra podría tratarse también de un promedio: si Cataluña quiere o debe situarse en los niveles de Extremadura, necesitaría 124.000 funcionarios más. Por el contrario, si el conjunto de España quiere tener los niveles de empleos públicos de Cataluña, sobrarían 781.000 plazas.

En resumen, Rosell consideraba que ésa era «una carga excesiva, que no puede continuar ese ritmo porque no habrá suficiente dinero para mantener esos puestos de trabajo». La crisis ya se dejaba notar en las carnes de la economía española y se discutía la necesidad de frenar salarios. Rosell reclamó que, al menos, las mejoras en la retribución de los funcionarios se pueda equiparar a las de los empleados de la actividad privada e, incluso, los pensionistas. Para todos ellos, venía a decir, el encarecimiento del nivel de vida sigue las mismas reglas. Y todos ellos deben tener la misma seguridad de mantener el empleo.