EL GOBIERNO PIDE CÁRCEL para los trabajadores desobedientes de El Prat/ Redadas ante los colegios de sus hijos

Piden cárcel para los operarios que ocuparon las pistas del Prat

El fiscal acusa a 27 empleados de Iberia de colapsar el aeropuerto

XIANA SICCARDI/Barcelona
Por haber causado el pánico entre los viajeros y provocado el caos en el aeropuerto del Prat en el verano de 2006, la Fiscalía pide penas de hasta cuatro años de cárcel para 27 de los 400 trabajadores de Iberia que ocuparon las pistas cuando temían la pérdida de sus empleos. Son los que los investigadores han podido identificar y a los que la Fiscalía acusa de un delito contra la seguridad del tráfico aéreo.

A algunos de los procesados también se les imputa otro delito de desobediencia grave y resistencia a los agentes de la Guardia Civil que intentaron abortar la huelga, que tuvo lugar en plena operación salida de julio y que afectó a 100.000 pasajeros y 600 vuelos.

Las penas más severas se centran en dos sindicalistas de UGT, Omar M.G. y José Luis G.P., a los que se acusa de desobedecer e insultar a la Guardia Civil y de alentar a los demás trabajadores a ocupar las vías, «siendo conscientes de que con ello generaban un peligro para las aeronaves que todavía circulaban», argumenta la Fiscalía.

Los problemas comenzaron durante los días anteriores a aquel 28 de julio de 2006, cuando la fiscal recuerda que «existía un malestar» entre los trabajadores que prestaban sus servicios de asistencia en tierra para Iberia en el aeropuerto. El motivo era que, pocos días antes, la gestora pública Aena había adjudicado las licencias de handling a Newco Airport Services, Flightcare y a una UTE formada por Globalia Handling y Servicios Portugueses de Handling. Esto implicaba que Iberia perdía el servicio, dando entrada a las otras empresas. Los responsables de Aena se reunieron con los líderes de UGT y CCOO sin éxito. El enfado de los trabajadores, motivado por la intuición de que se iban a perder puestos de trabajo, les llevó a ocupar las tres pistas de aterrizaje y despegue, según la Fiscalía.

Muchos pasajeros «permanecieron horas en el interior de las aeronaves» hasta ser evacuados. Luego algunos huelguistas colocaron «estratégicamente» algunos vehículos en las pistas y volcaron contenedores y maletas en las zonas de paso «con la clara finalidad de obstaculizar su circulación». Se quedaron en las tres pistas durante varias horas, haciendo caso omiso a la petición de la Guardia Civil de que se retirasen.

«¡Claro que había riesgo de fuga!»

El juez que encarceló a dos chicos por robar una pizza y empujar al repartidor se ratifica y critica la noticia de EL MUNDO: «No envié a prisión a dos pobres criaturas marginadas»

RAFAEL J. ALVAREZ/Madrid

«¡Claro que había riesgo de fuga! Si a los imputados les hubieran advertido de que les pueden caer de dos a cinco años, habrían desaparecido». Habla Carlos Valle, el juez que el 28 de diciembre envió a la cárcel de Soto del Real a dos jóvenes madrileños por hurtar una pizza y empujar al repartidor, «un robo con violencia, intimidación y lesiones indiscutible».

Valle no tuvo ayer un día fácil. La noticia contada en EL MUNDO provocó una montonera de llamadas en su móvil y otra de explicaciones.«Confirmo mi decisión, pero el tono frívolo y tendencioso de la información me parece una tropelía. Yo no tomé esa decisión porque me fuera a ir de vacaciones, que no me fui, ni mandé a la cárcel a dos pobres criaturas marginadas que no hicieron nada.Sólo me basé en la ley. Si nos parece mal, habrá que cambiarla».

La información de este periódico no exoneraba a los imputados, ni frivolizaba una decisión judicial que se ajustó a Derecho, pero sí cuestionaba la proporción de la condena, ironizaba con el hecho de que fuera impuesta el Día de los Inocentes y reflejaba las opiniones de la familia y de la abogada de los encarcelados, que consideran exagerada la prisión.

Valle sostiene que el perfil de los chicos -viven con sus padres, cobran el paro y no está acreditado que frecuenten ambientes de delincuencia-, su ausencia de antecedentes y que no portaran armas no evitan la prisión provisional. «Intimidaron al repartidor, derribaron su moto, le lesionaron y le amenazaron. Le aseguro que el 99,9% de los robos con violencia acaba en la cárcel».

Mientras el repartidor aseguró a la Policía que los imputados le habían empujado y amenazado, éstos reconocieron el robo pero negaron la agresión -dicen que se puso nervioso y se cayó de la moto al arrancarla- y la intimidación. Las presuntas amenazas no aparecen concretadas en los informes, ni fueron ayer referidas por el juez en su charla con este periódico. El informe forense del Hospital Gregorio Marañón de Madrid acerca de la víctima diagnosticó «dolor en la mano y en la muñeca» y recetó un antiinflamatorio.Especificó «no patología ósea», y no refirió ninguna otra lesión grave. En el artículo que castiga el robo con violencia con dos a cinco años de cárcel, la ley establece que, «en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas, podrá imponerse la pena inferior a la prevista».

¿Se podría haber decretado libertad provisional o no haber dictado prisión ajustándose a la ley? Señoría, su turno: «Sí, pero me reafirmo. Fue un robo con violencia».

Redadas de padres 'sin papeles' ante los colegios de sus hijos

Los sindicatos policiales denuncian ante el fiscal general del Estado la escalada del Ministerio de Interior contra la inmigración ilegal

Los inmigrantes que viven en España están ahora, más que nunca, en el punto de mira de la Policía. Muchos tienen miedo hasta de coger el metro porque cada vez se topan con más controles y redadas. Algunas incluso se producen a la puerta de los colegios, adonde acuden los agentes a la caza de padres sin papeles que van a recoger a sus hijos, según se quejan las ONG. Estas denuncias se cruzan con las de los sindicatos policiales, que han expresado al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la «especial preocupación» que les produce «la práctica policial de identificaciones masivas e indiscriminadas en la vía pública o en locales de ocio».

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SP) sostienen que las detenciones se realizan «sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas por ser jóvenes, por transitar por determinada zona, por ser de origen extranjero».

Como piensan que las identificaciones «pueden vulnerar la legislación vigente», le piden a Conde-Pumpido «una clarificación legal» para determinar «cuándo», «en qué circunstancias y supuestos» y «por cuánto tiempo» se «puede impedir la libre circulación de un ciudadano».

Según la denuncia -que también han remitido al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios-, los arrestos «se desarrollan siempre en cumplimiento de órdenes superiores». Fuentes del SUP explican, por ejemplo, que el comisario Carlos Rubio, que el año pasado tomó posesión como jefe superior de Policía de Madrid, dio orden verbal, nada más llegar, de identificar «por sus rasgos físicos» a inmigrantes que pudieran estar indocumentados.

Son los mandos policiales y, por extensión, el Ministerio del Interior, como máximo responsable, los que obligan a los policías a realizar estas prácticas. Desde Interior se defiende la profesionalidad de los agentes. Un portavoz oficial asegura que ningún mando ha dado órdenes de realizar detenciones indiscriminadas de sin papeles y aclara que la Policía Nacional, igual que el resto de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, se limita a cumplir la ley.

Pero las ONG y los colectivos de extranjeros aseguran que en los últimos meses se ha producido una escalada en la lucha contra la inmigración ilegal. Las redadas se han intensificado sobre todo en Madrid, pero también en Bilbao, Las Palmas, Valencia, Málaga y Ceuta, tal y como ha detectado la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine).

«Desde hace unos meses nos llegan noticias de personas interceptadas cuando salen de su casa a tirar la basura o cuando regresan del trabajo en el Metro», confirman en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear).

Es el caso de René Maldonado, un ciudadano chileno que es colaborador de Cear, miembro de Ferine y vocal de la Asociación Chilena al que la policía cazó en el suburbano madrileño al volver de una reunión. René era jefe de operaciones de una empresa naviera en Chile y en España no tiene papeles. Por eso ha tenido que dormir en una celda del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en situación de «hacinamiento» y «teniendo que pedir permiso para ir al baño».

«Me quitaron hasta los cordones de los zapatos. Me hicieron sentir como un delincuente», dice Maldonado, al que le han abierto expediente de expulsión. En el CIE conoció a gente tan peligrosa como él; por ejemplo, una señora a la que pillaron en chanclas cuando iba de su casa al locutorio.

«Sabemos de casos en los que se ha pedido la documentación a los extranjeros cuando iban al colegio a recoger a sus hijos», sostiene José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge, hecho que confirman otras ONG.

«Entran en las peluquerías, en los locutorios, en los centros culturales... Hay un clima de terror e indefensión. Es un estado policial, una campaña de acoso y caza», añade Abuy Nfubea, presidente de la Federación Panafricanista, un colectivo que agrupa a más de 70 asociaciones.

La nueva ley, sin consenso social

>El Consejo Económico y Social (CES) reprendió ayer al Gobierno por no haber «negociado con los interlocutores sociales» el anteproyecto de la Ley de Extranjería. Este órgano de consulta del Ejecutivo emitió ayer su dictamen sobre la nueva norma, en el que, entre otras cosas, recomienda «fortalecer y agilizar los canales de inmigración laboral regular necesarios para cubrir las demandas».

Prisión para un 'mosso' por robos en el Metro

Barcelona

El juez de instrucción número 22 de Barcelona decretó ayer prisión provisional para uno de los dos Mossos d'Esquadra implicados en una red de ladrones que operaba en el Metro de Barcelona por un delito contra la salud pública, robo con violencia e intimidación y revelación de secretos.

El segundo mosso implicado ha quedado en libertad provisional junto a otros cinco detenidos, y continuará imputado en la causa con obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, según informa Efe. Una investigación permitió a la Policía autonómica establecer que los agentes podrían estar apropiándose de dinero de diversas personas de países del Este que cometían robos de forma habitual en el Metro de Barcelona. A los mossos se les abrió expediente y se les suspendió de empleo y sueldo.