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jueves 29 de enero de 2009

EDITORIALES: El Supremo avala la Ciudadanía que hubiera debido ser



EDITORIALES DEL DÍA
EL SUPREMO AVALA LA CIUDADANÍA QUE HUBIERA DEBIDO SER

EL TRIBUNAL Supremo acaba de salvar la asignatura de Educación para la Ciudadanía al establecer que no cabe la objeción de conciencia ni ante los dos decretos estatales que regulan la materia ni en los cuatro casos concretos analizados. Esto significa que los más de 50.000 alumnos cuyas familias habían objetado la asignatura deberán acudir a clase y estudiar la materia tal y como su centro la haya conformado.

Sin embargo, para obtener la amplia mayoría de 22 contra 7 en el fallo, el Supremo va a incluir en la sentencia una importante matización: que la asignatura no permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que sean objeto de discusión en la sociedad, puesto que el contenido de la materia debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales.

Esta salvedad supone en el fondo una tremenda ironía, pues lo que el Supremo está avalando es la EpC tal y como debería haber sido desde un principio. Es evidente que la gran mayoría de la sociedad española hubiera estado de acuerdo con una asignatura que se hubiese ajustado a ese modelo, por la misma razón que la Carta Magna sigue generando un amplio consenso. La polémica de la asignatura no es su teoría -enseñar civismo- sino su desarrollo en la práctica, y basta una rápida ojeada por algunos manuales de la asignatura para constatar hasta qué punto pueden diferir de ese ideal al que aspira el Supremo: mientras unos libros descalifican la laicidad, otros critican las posiciones de la Iglesia católica; mientras unos se niegan a reconocer el matrimonio homosexual, otros lo reivindican; mientras unos animan a los jóvenes a llevar consigo preservativos en todo momento, otros abominan de la experimentación con embriones. Parecería que en principio todos estos contenidos podrían ser impugnados según la sentencia del Supremo, pero también es cierto que en el caso de que los padres denuncien su caso particular, lo más probable es que el fallo se produzca cuando su hijo haya terminado el curso. Será, por tanto, una magra victoria.

Todo esto no hubiera ocurrido si el Gobierno hubiese planteado la asignatura en la estela de las que ya existen en otros países europeos, y no como una puerta abierta para difundir su ideología.Ayer la ministra Mercedes Cabrera se congratulaba de que el fallo del Supremo dará fin a la «batalla política» en torno a la asignatura, pero la iniciativa para evitar que la Educación sea objeto de luchas partidistas debe brotar de quien gobierna y, en este sentido, bastaría con que el Ejecutivo hubiese consensuado los contenidos de la EpC con todos los partidos que defienden la Constitución, y en particular con el principal partido de la oposición, promoviendo una materia que difunda los principios y valores de la Carta Magna. En lugar de eso, lo que hizo fue permitir que cada centro haga de su capa un sayo y adapte la materia a su particular ideología o sistema de creencias, con la ridícula asunción de que esta asignatura va a convertirse en un criterio fundamental para elegir colegio en un país donde tal posibilidad está, en la práctica, bastante limitada.

Lejos de «resolver el larguísimo debate» como afirmó ayer la ministra, el fallo del Supremo sólo le aplica un punto y aparte.Varias familias de objetores ya anunciaban ayer que recurrirán la sentencia ante el Constitucional y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si no comprueban que la asignatura cambia sus contenidos de acuerdo con lo que propugna el Supremo, convirtiéndose en lo que siempre debería haber sido.

MUTISMO EN EL PARTIDO ANTE LA GUERRA INTERNA
LA IMAGEN de Rajoy rehuyendo ayer a los periodistas para no tener que responder a las preguntas sobre la guerra de clanes en su partido, resume a la perfección cuál es la situación que vive el PP. La paradoja es que mientras el país se hunde en una de las peores crisis y bate records de destrucción de empleo, quien se ve obligado a bajar la cabeza es el líder de la oposición y no el presidente del Gobierno. El mutismo del PP lleva a pensar que hay un intento de tapar las luchas internas por Caja Madrid y por el control de contratas de la Administración. Pero se impone la transparencia. Sin ella, Rajoy estaría cerrando en falso la herida y salpicando a terceros. Por ejemplo, a partir de la relación empresarial indirecta de Ignacio del Río con la firma en favor de la que presionó el tesorero del PP, no cabe implicarle en la trama de espionaje contra sus amigos de la Comunidad. Es inevitable comparar la sensación de abatimiento que transmite este PP con la capacidad de convocatoria que demostró ayer Rato en la Universidad.Seguramente es, hoy por hoy, el único líder capaz de unir a todo el centro derecha.

EL BBVA Y EL SANTANDER SALVAN EL 2008
González arroja sus dardos contra Botín

EN UNA JORNADA en la que los bancos europeos registraron fuertes alzas en la Bolsa, Francisco González, presidente del BBVA, rompió un viejo tabú al arremeter contra su principal competidor. González acusó a Emilio Botín, presidente del Santander, de hacer determinadas operaciones para «subir el ego» y presumir del tamaño de la entidad.La inusual reacción de Gonzalez se explica porque Botín adelantó ayer la divulgación de los resultados del Santander para hacerlos coincidir con los del BBVA. Ello causó un profundo malestar en el seno de la entidad que preside González, cuyo beneficio neto cayó un 18% en 2008. El Santander anunció un descenso del 2%.En cualquier caso, los analistas valoran como muy buenos los resultados de ambos bancos en un ejercicio en el que la mayoría de sus competidores europeos ha cerrado con números rojos o drásticas caídas de su rentabilidad. Soros evaluó ayer en Davos en 1,5 billones de dólares la cantidad necesaria para tapar los agujeros de la banca de EEUU, por lo que hay que congratularse de la buena marcha de Santander y BBVA.

LUCHA CONTRA LA INMIGRACIóN ILEGAL
INTERIOR ha endurecido su política contra la inmigración sin papeles hasta extremos rayanos en la ilegalidad, según han denunciado los tres sindicatos policiales ante el fiscal general del Estado.Los sindicatos y algunas ONG afirman que agentes policiales están haciendo redadas en las puertas de los colegios y en otros lugares públicos, donde se pide la documentación a las personas con apariencia de inmigrantes. Los sindicatos creen que estas redadas indiscriminadas pueden vulnerar los derechos constitucionales. En cualquier caso, choca el cambio de actitud del Gobierno en estos últimos meses con la política seguida en la anterior legislatura, en la que se produjo una regularización masiva y una enorme permisividad con las personas que carecían de papeles. De aquellos polvos provienen estos lodos, de suerte que el Gobierno no sabe ahora cómo resolver el problema que él mismo creó con su excesiva tolerancia hacia la inmigración ilegal.

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