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sábado, 13 de diciembre de 2008

EDITORIALES: Los Derechos Humanos al servicio de la imagen del indigente intelectual/



EDITORIALES DEL DÍA
LOS DERECHOS HUMANOS, AL SERVICIO DE LA IMAGEN DEL GOBIERNO

 María Teresa Fernández de la Vega presentó ayer un listado con 172 compromisos en materia de derechos humanos que el Gobierno se propone cumplir en los próximos cuatro años. Aunque se trata de una simple declaración de intenciones que no incluye ni plazos ni presupuesto, y pese a que tampoco es un plan original -según Amnistía Internacional una treintena de países cuenta con un documento similar-, la vicepresidenta del Ejecutivo aseguró que esta iniciativa situará a España «en la vanguardia mundial en la defensa de los derechos humanos».

El plan es en realidad un batiburrillo que propone actuaciones en ámbitos muy dispares, desde la prostitución a la atención en los centros de internamiento de extranjeros. Además, se mueve entre generalidades, como la de organizar campañas de concienciación ciudadana, y medidas concretas, como la instalación de cámaras en las comisarías para garantizar una correcta atención a los detenidos y a los terroristas incomunicados.

Con este programa, De la Vega dijo ayer que el Gobierno trata de garantizar «la salvaguarda de los derechos humanos dentro y fuera» de España, aunque no especificó
 cómo ejercerá esa vigilancia fuera de nuestras fronteras. Es seguramente esa voluntad de conseguir eco internacional lo que llevará a la vicepresidenta a presentar el proyecto en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el próximo lunes, coincidiendo con el acto de conmemoración del 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el primer trimestre de 2009, el Ejecutivo tiene también la intención de presentar el documento en la sede de la ONU en Ginebra.

La iniciativa sigue así los pasos de la rimbombante propuesta de la Alianza de Civilizaciones del presidente Zapatero, de gran repercusión mediática, pero que después de cuatro años no ha producido avances -como era lógico esperar- en el acercamiento entre Occidente y el mundo musulmán. En el fondo, asistimos a lo mismo: una nueva campaña de imagen con la que el Ejecutivo desvía la atención de la crisis económica, verdadero problema de los ciudadanos y caballo de batalla de todos los gobiernos.

Zapatero intenta convertir a España en campeón mundial de los derechos humanos en un momento en el que lo que más preocupa es el derecho al trabajo, y cuando los indicadores pronostican que nuestro país sufrirá una recesión más profunda y duradera que la de la mayoría de estados europeos.

El Gobierno es, por lo demás, contradictorio, por cuanto se lanza a reivindicar unos derechos a nivel planetario que es incapaz de garantizar de puertas adentro, desde el momento en el que hay comunidades autónomas en las que es imposible escolarizar a los niños en la lengua oficial del Estado y donde se multa a quien rotula su comercio en español. Dado que el compromiso del Ejecutivo es velar por los derechos humanos incluso fuera de España, Zapatero corre el riesgo de que otros países le reprochen que no predica precisamente con el ejemplo.

Un documento que desborda a Zapatero

El ex ministro Jesús Caldera presentó ayer el primer trabajo de la Fundación Ideas, vinculada al PSOE. El documento propone un decálogo de medidas entre las que figuran la supresión de los paraísos fiscales, la limitación de los sueldos de los altos ejecutivos, la prohibición de los contratos blindados, la progresividad fiscal en las rentas de capital y la desaparición del secreto bancario. La Fundación Ideas defiende también medidas para regular el sistema financiero internacional como limitar el nivel de endeudamiento de los bancos, crear una autoridad económica europea y penalizar la especulación a gran escala. Las iniciativas que propone este documento no sólo desbordan por la izquierda la política económica del Gobierno sino que además se parecen mucho al programa de IU. ¿Está de acuerdo Zapatero en introducir un agenda tan radical de reformas? Desde luego, este decálogo no concuerda en casi nada con lo que ha venido haciendo el presidente del Gobierno en sus políticas o ha propugnado en los foros internacionales. Muchas de estas ideas son inviables porque tendrían que ser abordadas mediante un consenso internacional, como el propio Caldera reconoce. Da toda la impresión de que este documento es a la vez un guiño al electorado más radical del PSOE (Los niños de ZP) y una toma de posición del propio Caldera, que siempre ha querido ser una referencia en ese sector del partido que cada vez tiene menos influencia.

CUANDO GENERAL MOTORS SE TAMBALEA

La industria estadounidense del automóvil se tambalea como un boxeador que está a punto de derrumbarse sobre la lona. Anteanoche, el Senado rechazó la concesión de 14.000 millones de dólares en créditos a General Motors, Ford y Chrysler, que están sufriendo una dramática caída de sus ventas desde el pasado verano.

La propuesta, que ya había aprobado la Cámara de Representantes, no tuvo los votos suficientes en el Senado. En ella, se exigían a la industria reducción de sus costes industriales, congelación de los salarios de los ejecutivos y renuncia a pagar dividendos. Más de 30 senadores, liderados por el republicano McConnell, lograron bloquear la ley al entender que no había garantías de que la industria fuera a acometer la profunda reconversión que necesita.

Tras el derrumbe de las Bolsas como consecuencia de esta negativa del Senado, un portavoz de la Casa Blanca afirmó ayer que el presidente Bush podría sacar esos 14.000 millones de dólares del plan de rescate a los bancos para evitar que alguno de los fabricantes se declare en suspensión de pagos. El presidente de General Motors ha dicho que hará todos los esfuerzos para evitar esa situación, que dañaría la imagen de la marca y ahuyentaría a los compradores. Pero economistas como el nobel Joseph Stiglitz defienden que la industria del automóvil tiene que acogerse al llamado Capítulo 11, que les permitiría renegociar su deuda, cerrar plantas y reducir personal.

El debate que ha emergido en toda su crudeza en la sociedad norteamericana es si estas grandes compañías, símbolo del capitalismo del país, pueden competir en unos mercados globalizados con unos costes muy por encima de la industria japonesa.

El principal problema de estos gigantes es el elevado coste de la mano de obra, debido a los seguros médicos y los fondos de pensiones de los que disfrutan los trabajadores, obtenidos gracias a la fuerza de los poderosos sindicatos del sector. La inevitable reconversión que tendrá que afrontar la industria americana pasa por el recorte de estos privilegios y una sustancial reducción de la mano de obra, que topa con el rechazo sindical.

Todo ello se complica por la delicada situación financiera de las empresas, que necesitan una urgente inyección de fondos para sobrevivir en los próximos meses. Aunque Bush decida conceder ayudas a corto plazo, será Obama el que tendrá que asumir un serio ajuste de esta industria, que ha pasado del esplendor a la miseria en muy poco tiempo.

UE: pasos adelante con concesiones

El balance de la cumbre europea en la que Sarkozy se despidió de su semestre presidencial resume en sí mismo el devenir de la UE en los últimos años: la construcción europea da un paso adelante y otro atrás, avanzando con grandes dificultades. El presidente francés, que ha ejercido el liderazgo de la UE con brío y fortaleza, aseguró en tono triunfalista que los dos acuerdos logrados en Bruselas -el compromiso de recortar las emisiones de efecto invernadero y la resurrección parcial del Tratado de Lisboa- son históricos y marcarán el futuro comunitario en la próxima década. Zapatero fue por la misma senda al asegurar que Europa «ha salido fortalecida» de la reunión. Sin embargo, en la consecución de esos pactos, los 27 se han dejado algunos pelos en la gatera. Para que Irlanda vuelva a someter a referéndum el tratado europeo que fue rechazado, la Unión ha tenido que renunciar a uno de los acuerdos del Tratado de Lisboa, el que limitaba el número de comisarios para hacer más eficaz el funcionamiento de la Comisión. Del mismo modo que para sacar adelante las medidas de estímulo fiscal, Brown y Sarkozy han tenido que hacer concesiones a la canciller Angela Merkel para que cada país pueda decidir cuáles son las reformas que le convienen, por lo que la UE no ha logrado aprobar un paquete común para todos sus miembros. En cuanto al acuerdo sobre el cambio climático, alabado por todos los líderes, fue rechazado de plano con igual unanimidad por las asociaciones ecologistas.

ECONOMÍA: Primero ocultaron a los PARADOS, luego escondieron la CRISIS y ahora quieren ocultar las QUIEBRAS Y SUSPENSIONES DE PAGOS



El Gobierno cambia la ley para evitar una oleada de quiebras y de suspensiones de pagos

Exime a las empresas durante dos años de tener que reflejar la pérdida de valor de sus activos

CRISTINA CABALLERO.


 MADRID.-
El Gobierno quiere evitar una avalancha de quiebras empresariales, y para ello, ha optado por una decisión drástica: modificar de un plumazo la ley de sociedades anónimas y eliminar uno de los supuestos de disolución de empresas: la disminución del patrimonio. Las sociedades tendrán ahora dos años de moratoria para reflejar la depreciación de sus activos en el balance en lugar de los dos meses que exigía la norma. El cambio beneficia sobre todo a las inmobiliarias.

El Gobierno teme una avalancha de quiebras de empresas, sobre todo de promotoras inmobiliarias. Ya que los bancos se niegan a seguir dando créditos, y dado que es imposible reactivar la compraventa de viviendas, se ha adoptado una decisión drástica: modificar de un plumazo la ley de sociedades anónimas y eliminar uno de los supuestos de disolución de empresas que contempla la norma: la disminución del patrimonio de la sociedad por debajo del 50% del capital social como consecuencia de la depreciación de sus activos. Tras el cambio de la ley, las empresas cuyos fondos propios sean inferiores a la mitad del capital social, una de las causas obligatorias de disolución, tendrán dos años de moratoria en lugar de los dos meses que exige ahora la norma.

La modificación ha sido hecha pensando sobre todo en promotoras inmobiliarias, que se encuentran en una encrucijada debido a la sobrevaloración de activos que se hicieron en épocas de bonanza. Ahora, tras el pinchazo de la burbuja, sus activos no valen prácticamente nada. Esa depreciación de existencias, sin embargo, aunque conste en el balance, no obligará a la empresa ni a reducir capital ni a entrar en concurso de acreedores como ocurría desde que se aprobó la norma, hace casi 20 años.

La sorpresa legislativa fue aprobada ayer en el Consejo de Ministros, dentro de un Real Decreto Ley en el que se concede un crédito de 5.000 millones de euros para financiar la nueva línea para circulante del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Dentro de ese decreto, se incluye un cambio del artículo 163.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, que, según el Gobierno, «ayudará a las empresas a hacer frente a las dificultades que se están planteando en estos momentos por la depreciación de sus activos».

El texto de la modificación dice textualmente que «de manera excepcional, y sólo durante dos años, la disminución del patrimonio neto de una empresa por la depreciación del inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias, no se tendrá en cuenta a efectos de las reducciones de capital y de las causas obligatorias de disolución que contemplan la Ley de Sociedades Anónimas y la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada».

Según la norma actual, los empresarios que no soliciten en dos meses la disolución judicial cuando estén en causa de disolución responderán solidariamente de las deudas de la sociedad. Es decir, los acreedores de la sociedad podrán reclamar íntegramente el cobro de sus créditos con cargo al patrimonio personal de cualquiera de los administradores de la misma.

Tras el cambio legislativo, esa responsabilidad se difumina, ya que el empresario tendrá dos años para arreglar su balance.


«Es un artificio contable»

La modificación de la ley de sociedades anónimas cayó ayer como una bomba en el ámbito jurídico. Diversos abogados consultados por este periódico calificaron de «barbaridad» y «artificio contable» el cambio normativo. «Es una artimaña para no reflejar la realidad empresarial, sobre todo en el sector inmobiliario», aseguró un abogado de uno de los mayores bufetes que prefirió ocultar su nombre. Los expertos consultados creen que se trata de una moratoria para que pase lo peor de la crisis sin que haya una avalancha de quiebras. Sin embargo, consideran que es un engaño que saldrá a la luz antes o después. «¿Qué pasará después de esos dos años? ¿Qué sucederá si los activos han desaparecido o se han malvendido? ¿A quién se le pedirá la responsabilidad?», se pregunta Alvaro Baíllo, experto en Derecho Mercantil y socio de Osorio & Asociados.

Este abogado recuerda que la ley de sociedades anónimas contempla actualmente dos causas de disolución: el sobreseimiento generalizado de pagos y el desbalance. Esta última causa es la que se ha modificado, pero «sólo ayudará a crear un bosque empresarial de desbalances que no refleja la realidad».


CAMBIO NORMATIVO

Causa de disolución: La ley establece como causa de disolución la disminución de los fondos propios por debajo del 50% del capital social.

Plazo: Antes del cambio de la norma, los administradores tenían dos meses para arreglar el balance reduciendo capital o presentar concurso de acreedores.

Ampliación: El Gobierno ha cambiado la norma y permitirá durante dos años que las empresas no tengan que disolver la empresa aunque esté en causa de disolución.


Las cajas cuadruplican su tasa de morosidad en el último año

Los impagos en España alcanzaron en octubre su nivel más alto desde 1997

M.V.

MADRID.-
La morosidad se ha triplicado en el último año, según datos difundidos ayer por el Banco de España, que revelan que en el mes de octubre los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito a particulares y empresas alcanzaron una tasa de morosidad del 2,837% en este país.

Se trata de la decimosexta subida consecutiva de este indicador y la tasa de morosidad más alta desde diciembre de 1997, cuando se colocó en el 2,85%.

Esta subida, que coincide con el momento en el que el Euribor comenzaba su tendencia a la baja, demuestra que la banca no escapa de la coyuntura actual.

De acuerdo con los datos de la institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez, la tasa de morosidad más alta fue la referida a los préstamos concedidos por las entidades financieras para actividades inmobiliarias. Al cierre del tercer trimestre de este año, ésta se disparó hasta el 4,57%, 12 veces más que la registrada a 30 de septiembre del año pasado.

El saldo de préstamos dudosos de cobro a promotores en ese periodo alcanzó los 14.417 millones de euros, frente a los 6.203 millones que suponían en la misma fecha del año anterior. Este dato, que supone una subida de 8.214 millones de euros, incluye la deuda del concurso de acreedores que solicitó de manera voluntaria el pasado julio la inmobiliaria Martinsa-Fadesa.

Los impagos en los préstamos para la compra de una vivienda también han crecido en los últimos meses. El pasado septiembre, la morosidad en los créditos con garantía hipotecaria alcanzó el 1,82% del saldo total cifrado en 602.618 millones de euros, de acuerdo con el Banco de España.

En el apartado de préstamos dudosos para la adquisición de vivienda también se nota una subida con un aumento en 12 meses de 7.429 millones de euros, hasta superar los 11.000 millones de euros a cierre de septiembre.

En el último informe de estabilidad financiera elaborado por el Banco de España, la institución alertó de que la tasa de mora había «repuntado con intensidad» y pronosticó que «seguirá aumentando en los próximos trimestres». Esta situación reducirá la cobertura de las entidades y la situará en línea con la de otros sistemas bancarios del entorno, informa Europa Press.

A finales del tercer trimestre del año, el volumen total de préstamos concedidos en España para todo tipo de actividades alcanzó 1,8 billones de euros.

Los datos divulgados este viernes muestran que las cajas de ahorro son las que cuentan con el mayor saldo de créditos dudosos con un saldo 29.270 millones de euros en octubre, cuatro veces más que un año atrás. Con esta cifra, la tasa de mora de estas entidades se sitúa en el 3,31%, frente al 0,86% del mismo mes de 2007.

Los impagos afectan algo menos a la banca, aunque la morosidad de los bancos también se encuentra en máximos históricos con una tasa del 2,35% en octubre. Estos niveles no se registraban desde 1997, cuando la morosidad alcanzó el 2,45% de todos los créditos concedidos. Hasta octubre, las entidades bancarias tenían concedidos 810.373 millones en créditos a sus clientes. De ellos, 19.056 eran préstamos dudosos.

Por último, las cooperativas de crédito dejaron octubre con una morosidad del 2,624%, mientras que sus créditos alcanzaron los 95.419 millones de euros, de los que 2.504 millones eran dudosos.

En volumen absoluto, las entidades financieras que pueden conceder créditos en España sumaban a finales de octubre un total de 50.830 millones de euros en créditos dudosos para una cartera total de 1,78 billones de euros, según la citada institución.

Los precios de los servicios básicos aumentarán por encima del IPC

La caída del consumo provoca el mayor desplome de la inflación en 21 años El Gobierno se ahorrará 2.500 millones en pensiones respecto a 2007

FRANCISCO NUÑEZ

MADRID.-
La recesión económica y el descenso continuado del precio del petróleo siguen reduciendo la inflación. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó ayer que el IPC bajó cuatro décimas en noviembre respecto al mes anterior y la tasa anual disminuyó 1,2 puntos hasta situarse en el 2,4%.

Desde enero de 1987 no se había producido un descenso interanual tan acusado (en aquel mes alcanzo 2,3 puntos) y desde agosto de 2007 no se registraba una tasa tan baja (en este mes se situó en el 2,2%).

Según el Ministerio de Economía, de los 1,2 puntos de descenso casi un punto se puede atribuir al descenso de los precios de los componentes energéticos mientras que las otras dos décimas se explican por el menor incremento de los precios de los alimentos tras el subidón registrado hace un año.

La caída de la inflación interanual se observó en mayor medida en el sector del transporte hasta situarse en el -1,5% como consecuencia del abaratamiento de los carburantes. Sorprende, sin embargo, que la vivienda siga en tasas del 6,6% de aumento anual cuando según el Gobierno su principal componente es el precio del gasóleo de calefacción.

También ha influido en esta variación a la baja el descenso del grupo de los alimentos que se ha situado en tasa interanual en el 3,1%.

Que este descenso se debe a factores exógenos y a que el consumo se encuentra en crecimiento negativo lo demuestra el dato de la inflación subyacente o estructural (que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados). En noviembre sólo bajo dos décimas en tasa interanual respecto a octubre hasta situarse en el 2,7%, tres décimas por encima del IPC general (desde septiembre de 2007 no se producía una situación similar).

El Ministerio de Economía destacó ayer que el diferencial de precios de España con la zona euro se situará en 0,3 puntos en este mes, la tasa más baja desde octubre de 2001 y muy por debajo del 1,1% del que registra el IPC español desde la entrada en la UE. Es una buena noticia, pero tiene efectos limitados ya que los principales clientes de las empresas exportadoras españolas, sobre todo europeos, están también en recesión.

Según la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), de seguir la caída continuada del precio del crudo, la inflación se situará en diciembre por debajo del 2%. También matizó que España no podrá evitar un periodo de deflación (una caída de los precios en el conjunto de la economía que se prolonga durante varios períodos, al menos en dos trimestres según el Fondo Monetario Internacional, como consecuencia de la caída de la demanda) durante el próximo año, ya que el IPC se situará por debajo del 2% en el mes de diciembre y llegará a registrar tasas negativas en los meses de junio y julio de 2009. No obstante, Funcas considera que la tasa media del IPC en el conjunto de 2009 alcanzará el 0,6%.

Con una inflación que acabará por debajo del objetivo previsto del 2% para 2008 (sólo sucedió en 1999) ya se conocen las primeras intenciones de las autoridades públicas de aplicar una subida generalizada de precios intervenidos a partir de enero (la previsión oficial es una vez más del 2%).

Por ejemplo, la primera subida del recibo de la luz en enero será del 3,6% (una segunda completará un incremento del 8%); las tarifas de los trenes de AVE y de largo recorrido crecerán un 4%; y algunos municipios, como Barcelona, Murcia y Badajoz, ya han anunciado un incremento del recibo del agua del 8,3%, 4,9% y 4,1% respectivamente.

Por otra parte, el descenso de la inflación en noviembre da un respiro también a las arcas de la Seguridad Social, ya que el Ministerio de Trabajo utiliza el dato de este mes como referencia para la revalorización de las pensiones.

Al haberse situado el IPC en el 2,4%, procede una actualización de cuatro décimas con que compensar a los 8,5 millones de pensionistas del desvío sobre la previsión inicial (2%). Según este Ministerio, la Seguridad Social abonará por estas cuatro décimas 314,4 millones de euros mediante una paga que se realizará en enero. Esta desviación tendrá además una consolidación en las nóminas futuras de los jubilados, con un coste de otros 320,9 millones.

Por tanto, el gasto total para la caja de las pensiones será de 635,3 millones. La cifra es cinco veces inferior a la que tuvo que abonar el año pasado la Seguridad Social (3.121,8 millones) para compensar a los pensionistas, ya que en noviembre de 2007 la inflación interanual se situó en el 4,1%, 2,1 puntos por encima del objetivo previsto.


HACIA LA DEFLACION

La causa: La recesión y la caída del precio del crudo ha reducido la inflación al 2,4%.

Las expectativas: Los expertos prevén que el IPC de diciembre se situará por debajo del 2%.

Los riesgos: La deflación (crecimientos interanuales negativos de precios) se producirá en junio y julio de 2009.

Más subidas: Algunos precios públicos, como la luz, el tren y el agua subirán en 2009 por encima del IPC previsto.

Rajoy insta al Congreso a cambiar la Ley de OPA en favor de los minoritarios

El Grupo Popular preguntará el miércoles a Moratinos si su viaje a Rusia fue para aprobar la entrada de Lukoil en Repsol

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.-
El PP va a promover en el Congreso un cambio de la actual Ley de OPA, inspirado en el caso Lukoil, y cuyo objetivo es garantizar los derechos de los accionistas minoritarios. Se trata de idear nuevos mecanismos para impedir que se pueda concertar el precio de las acciones -como en el caso del paquete de Sacyr Vallehermoso en Repsol con la petrolera rusa-, al margen del mercado y de los intereses de la mayoría de sus cientos de miles de pequeños propietarios.

A ello se comprometió ayer Rajoy al término de la reunión que mantuvo en la sede de su partido con los representantes de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), y que, según el PP, le transmitieron su preocupación por la defensa de los accionistas minoritarios y, en especial, por su situación en la operación de toma de control de Repsol por la empresa Lukoil.

Y así lo confirmó el portavoz popular de Economía, Cristóbal Montoro -presente en la reunión-, al anunciar la próxima presentación de una proposición de ley al efecto, en cuya redacción colaborarán expertos en Derecho Mercantil y cuyo debate en Pleno pretenden para la vuelta de las vacaciones parlamentarias.

Además, Montoro anunció que el PP trasladará también esta inciativa al Parlamento Europeo. Por sugerencia de la misma asociación, los populares pretenden adelantarse a la «inquietud» generada entre los accionistas en toda Europa y promover, en la medida de lo posible, una modificación de la Directiva que dio origen a la actual Ley de Opas española, para actualizar los mecanismos de control.

«Se trata», explicó Montoro a los medios, «de modificar nuestra legislación para impedir que los accionistas minoritarios, que son los auténticos dueños de las compañías y que cotizan en Bolsa como Repsol, no puedan vender sus acciones si no es al precio del mercado, mientras que los accionistas de otro tipo sí pueden vender sus acciones al doble del precio».

Para el portavoz popular «esto es políticamente inadmisible y, por tanto, hay que modificar nuestra legislación para evitar semejante discriminación, que frustra que millones de personas, que son los accionistas minoritarios, no vean cumplidos sus objetivos de garantizar la rentabilidad de sus ahorros».

La pretendida modificación legal va dirigida a evitar cualquier concertación de precios entre particulares que suponga una «manipulación» para el accionariado, pero, también, y de manera muy especial, impedir la intervención del Estado en este tipo de operaciones.

Precisamente en este sentido, en la sesión de control del próximo miércoles el Grupo Popular interrogará al Gobierno sobre el reciente viaje del ministro de Exteriores a Rusia y su entrevista con el presidente Medvéved. El diputado Gustavo de Arístegui le preguntará si «trató con él sobre la entrada de alguna empresa rusa en el capital de alguna empresa española». Su compañero Alvaro Nadal, preguntará, por su parte al ministro de Industria, Miguel Sebastián, si «comparte» las declaraciones de Moratinos tras la citada reunión, «sobre cooperación en materia energética».


CRISIS DEL AUTOMOVIL / La reacción de los mercados
La banca se hunde por el revés en EEUU al plan del motor y el Ibex pierde un 2,3%
Los inversores recogen beneficios y devuelven a la Bolsa española por debajo de los 9.000 puntos


LA CRISIS DEL AUTOMOVIL/ La situación en Europa
Los Gobiernos europeos, a la espera de lo que decida EEUU
La industria continental del automóvil pide ayudas similares a las ofrecidas a la banca apoyándose en los más de 12 millones de empleos que genera

España prepara ayudas por 800 millones

ZP quisiera ser campeón del mundo mundial en un tema donde haya poca competencia y se obtenga resonancia internacional



ZP quiere ser «vanguardia mundial» en derechos humanos con un plan «sin meta final»

Elabora un protocolo con 172 medidas e incluye en ellas la defensa de la Alianza de Civilizaciones Quiere más garantías tanto en el ámbito penitenciario como en el policial para presos y detenidos

MARISA CRUZ/ FERNANDO LAZARO

 MADRID.-
Protocolo ambicioso, muy ambicioso, con pretensiones de convertirse en referencia mundial. Muchos principios en defensa de los derechos humanos, pero poco contenido práctico y poco desarrollo.

Un plan que, poco después de que la número dos del Ejecutivo lo presentara como la panacea de los derechos humanos, recibió las primeras críticas desde Amnistía Internacional por su indefinición. La ONG criticó, por ejemplo, que no se elimine el régimen de incomunicación.

La propia vicepresidenta explicó que el plan «tiene vocación educativa» y señaló que no contempla «una meta final», sino múltiples «metas volantes» que deberán ir alcanzándose sin plazos fijos.

No obstante, el proyecto colocará a España «en la vanguardia mundial de los derechos humanos», según explicó. «Es una auténtica hoja de ruta para salvaguardarlos dentro y fuera de nuestras fronteras», añadió.

El plan consta de 172 medidas que van desde el compromiso de «luchar contra la pena de muerte y para prevenir la tortura» hasta «promover la protección integral a las víctimas del terrorismo y la Alianza de Civilizaciones».

Una de las pocas medidas prácticas incluida es la colocación de cámaras en aquellas dependencias policiales que reciban detenidos en régimen de incomunicación, como es el caso de los terroristas.

La disposición del Ejecutivo incluye también la intención de modificar la legislación penitenciaria con el fin de ampliar los derechos humanos en las cárceles.

En el mismo marco, se establecerán garantías de derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros con un protocolo sobre servicios mínimos esenciales de funcionamiento y de régimen interno.

La intención del Ejecutivo es , además, proponer una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación. Asimismo, como si fuera novedad, anunció también que el plan reconocerá el derecho al voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes no comunitarios. En un amplio protocolo de intenciones, garantizará su derecho de reunión, asociación, educación, sindicación y asistencia jurídica gratuita.

Dentro de su lucha por los derechos humanos en el territorio nacional, también se plantea la intención de elaborar un proyecto de ley que recoja los derechos de los ciudadanos ante la Justicia: esencialmente a recibir información transparente sobre los asuntos tramitados. También contempla la reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo, cuyo texto lleva meses elaborándose y buscando un consenso con las diferentes asociaciones. Apostará por el «reconocimiento moral y político de las personas acosadas por el terrorismo» y buscará «garantías para velar por la dignidad, el honor y la memoria de las víctimas».

Por otro lado, el Ejecutivo dio el visto bueno ayer al Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Y entre sus medidas -que necesitarán una reforma de la Ley de Extranjería para entrar en vigor- se encuentra la concesión de residencia legal a las víctimas de las mafias que denuncien a sus explotadores. Además, se creará un fondo con los bienes decomisados a las mafias que trafican con seres humanos cuyos beneficios irán destinado a las organizaciones que luchan contra esta lacra.

El PP «no se fía» y dice que se quiere «controlar» el hecho religioso

M. C. / F. L.

MADRID. - El Gobierno, bajo el título de Plan Nacional de Derechos Humanos, ha aglutinado una amalgama de medidas, propósitos y declaraciones variopintas. Entre ellas destaca el rescate de la promesa hecha por la vicepresidenta De la Vega, el 7 de mayo en el Congreso, de proceder a una reforma de la Ley de Libertad Religiosa.

Ni entonces ni ahora se han proporcionado detalles. En su día, De la Vega explicó que el objetivo es «alcanzar la condición de laicidad que la Constitución otorga al Estado». Lo esencial sería, explicó entonces, reconocer el derecho fundamental a ejercer la libertad de conciencia y recoger los derechos de los agnósticos.

El Gobierno recalcó desde un principio que la reforma no pretendía ir contra la Iglesia católica. Ayer mismo lo volvió a repetir.

Sin embargo, esta afirmación no convence al PP. El coordinador de Justicia y Libertades Públicas, Federico Trillo, aseguró ayer que su partido «no se fía» del Plan de Derechos Humanos porque se trata de una «maniobra» para «controlar el hecho religioso y aquellas libertades que resultan molestas».

Según Trillo, el plan es «contradictorio con la idea misma de los derechos fundamentales de la persona», que son, en su opinión, libertad, capacidad de iniciativa y de autoorganización, en tanto que un planteamiento de este tipo «supone programación, control e interferir sobre la libertad de los ciudadanos».

Zapatero se encargó de responder a estas críticas desde Bruselas. Según él, el laicismo «no se comprende bien», aunque «simplemente significa la idea democrática». Para el presidente, «la democracia está equiparada con una visión laica y aconfesional». El papel del Estado, señaló, «no es imponer una doctrina, ni hacer que tenga preferencia».

ALGO SE CUECE ENTRE ZP Y ETA: aquí hay ETA encerrada



LA POLEMICA NACIONAL ANV NO SE MUEVE DE SUS AYUNTAMIENTOS
Sospecha: aquí hay ETA encerrada

VICTOR DE LA SERNA

Las alambicadas palabras de Zapatero y la blanda y silente postura del PP tras el asesinato de Ignacio Uria lo dejan todo claro: no se disolverán los ayuntamientos de ANV.


Las espectaculares detenciones de etarras acompañadas de guiños a ANV llevaban a Ignacio Camacho, en ABC, a recordar lo del palo y la zanahoria: «Gestos como el acercamiento de presos supuestamente hastiados de la vía violenta o la perezosa reluctancia a disolver los ayuntamientos controlados por ANV parecen destinados a mantener la expectativa de un posible diálogo con los elementos menos atroces de la banda y su red de apoyo. El rebuscado estrambote retórico del 'bisturí' que extirpa ¡células cancerígenas! -¿dónde habrá estudiado medicina el escribidor de discursos de Zapatero?- sin rozar el 'corazón del pluralismo' no puede ser interpretado más que como un guiño en esa dirección. (...) Acaso continúe convencido de que el presentido final de ETA no debe producirse por consunción silenciosa, sino con un hecho visible que sirva para escenificar el papel del presidente como pacificador histórico».

Un editorial de EL MUNDO sobre la ilegalización de ANV afirmaba que ésta es factible según la Ley de Bases de Régimen Local: «El artículo 61 señala que el Consejo de Ministros podrá acordar la disolución de un ayuntamiento cuando exista 'cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes lo enaltezcan'». Exactamente lo mismo expresaba el editorial de La Razón: «El artículo 61.2 es meridianamente claro».

En el mundo proetarra se reaccionaba con furia. Curiosamente, en Gara un sulfurado Anjel Ordóñez tan sólo citaba a EL MUNDO (como, por cierto, su colega la fina analista Maite Soroa y su «chusquero de la derechona»): «La derecha levantisca se revuelve contra la realidad y contra la voluntad popular. No es de extrañar: son así. Ahora se han empeñado en disolver ayuntamientos por la gravedad de la decisión ciudadana de elegir a concejales de ANV». (Uno no entiende bien esta última frase, pero es que hasta la sintaxis debe ser diferente allá arriba...).

En el bando progubernamental, Josep Ramoneda, en El País, despotricaba con su estilo habitual sobre el PP y lo que él considera como su falta de principios: «Disolver un consistorio es una medida muy excepcional porque, como todo el mundo sabe, los ayuntamientos se forman sobre la base del sufragio universal. Los dirigentes de ANV no están allí porque hayan ocupado el ayuntamiento sino porque han sido votados por los ciudadanos, por muy doloroso que resulte tenerlo que aceptar. Y, precisamente por esto, la ilegalización del partido no comporta la pérdida de los puestos de concejales. La disolución no la puede decidir el Gobierno de un plumazo, como parece insinuar el PP. Hay muchas dificultades legales para conseguirla, y el PP lo sabe». Curiosas aseveraciones en el mismo periódico en el que Luis R. Aizpeolea y Anabel Díez acababan de anunciar una inmediata reforma legal para poder echar a ANV de los ayuntamientos...

En El Periódico, un Iñaki González... pragmático: «Azpeitia, como antes Arrasate, se debate entre la conveniencia política y la exigencia ética. Más allá, por favor, del reduccionismo de suponer que desalojar a ANV sea virtud suficiente como para que se aparquen las demás consideraciones de un panorama político fragmentado y preelectoral». Y, en Público, una de cal y otra de arena: Ramón Cotarelo fulminaba «el problema moral que afecta al País Vasco», pero un reportaje reivindicaba esa inmutable partida de tute como un sentido homenaje a Ignacio Uria.


LUCHA ANTITERRORISTA / La acción de la Justicia
Un experto en derechos humanos asume la defensa de De Juana

Fitzgerald ha representado a islamistas, a terroristas del IRA y a Berezovsky

EDUARDO SUAREZ. Enviado especial

BELFAST.-
No se puede decir que la tercera comparecencia de José Ignacio de Juana Chaos ante el juez de Belfast fuera un evento irrelevante. Y no porque hubiera fumata blanca, que no la hubo. Más bien por un puñado de pinceladas adyacentes que excitan la curiosidad del observador.

Algunas conocidas: como el todoterreno negro con chófer que lo recoge a la puerta de los juzgados o el gorila de pelo cano que le protege del forcejeo de los fotógrafos. Otras más sorprendentes: como la aparición en escena de un abogado de postín.

Porque Edward Fitzgerald, que ayer ejerció la defensa de De Juana, no es un letrado cualquiera en el Reino Unido. No hay muchos que saquen brillo a una reputación similar. Experto en derechos humanos, ha ganado fama por defender lo indefendible: tipos como los clérigos radicales Abu Hamza y Abu Qutada, la asesina en serie Myra Hindley o el oligarca ruso Boris Berezovsky. También un puñado de terroristas del IRA y un grupo de rastafaris que quemaron vivo a un sacerdote en una iglesia de una isla caribeña.

Católico devoto, Fitzgerald tiene en su haber diversos galardones y desde junio el título honorífico de caballero del imperio británico por su defensa de los derechos humanos. «Hay gente que me dice: '¿Por qué te pasas la vida defendiendo a personas terribles?'», contaba hace unos meses en el diario The Guardian, «y la respuesta es que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo. El proceso legal es un intento de civilizar nuestros sentimientos de revancha. Cualquier cosa es mejor que la ley de Lynch [en alusión a los procesos extrajudiciales de linchamiento]».

El bufete que representa a De Juana -Kevin R. Winters & Co.- ha recurrido a Fitzgerald para la recta final de esta primera parte del proceso. Presumiblemente echando mano del dinero del contribuyente, que en el Reino Unido abona la minuta de quienes defiendan a personas sin recursos. Un asunto en el que sólo en el Ulster el Estado gasta anualmente cerca de 30 millones de euros.

No se puede decir que Fitzgerald defraudara ayer al tendido. Expuso con autoridad el argumentario de la defensa. En primer lugar, que la euroorden dictada por el juez Velasco es «defectuosa». Básicamente, porque echa mano de un procedimiento previsto para delitos con penas de más de tres años, cuando la condena máxima que se le podría aplicar a De Juana es de sólo dos.

En segundo, que la euroorden no es lo suficientemente detallada en su relato de los hechos que se le imputan al etarra como para saber si a De Juana se le podría condenar por el mismo delito en Irlanda del Norte. Un requisito esencial para que se haga efectiva su entrega a España.

Así, según Fitzgerald, el juez Tom Burgess debe solicitar a Velasco la textualidad del escrito cuya autoría se atribuye a De Juana y no conformarse con la interpretación que el juez español hace de él. Está por ver que el juez norirlandés quiera adentrarse en esas honduras. Ayer concluyó la vista advirtiendo que estudiará la petición, pero sin desvelar si solicitará o no nuevas aclaraciones a España. Una decisión que demoraría el desenlace del proceso al menos hasta el día de Reyes.

elmundo.es Vídeo: De Juana comparece ante un tribunal de Belfast.

El PP pide a Balza que explique por qué tres 'ertzainas' trabajan en Bruselas

O. TORRES

VITORIA.-
El consejero vasco de Interior, Javier Balza, eludió ayer explicar en el Parlamento vasco qué funciones desempeñan tres agentes de la Ertzaintza desplazados a Bruselas y se limitó a señalar que tienen su puesto de trabajo, «su mesa y su ordenador» en la Delegación del País Vasco en la capital belga.

Balza tampoco dio a conocer, hasta que la información fue desvelada por el parlamentario del PP Carlos Urquijo, que el Gobierno vasco tiene alquilado un chalé en las cercanías de Bruselas por el que paga un alquiler de 1.800 euros mensuales, que los agentes utilizan como residencia esporádica.

Los ertzainas desempeñan labores de acompañamiento, según ha podido contrastar EL MUNDO, cuando miembros del Ejecutivo vasco se desplazan a Bruselas. Lo habitual es que los agentes se desplacen desde el País Vasco con el coche oficial para, atravesando Francia, llegar a Bruselas para recoger a los cargos públicos en el aeropuerto.

Urquijo planteó la cuestión a Balza en la sesión plenaria celebrada ayer después de recibir una escueta respuesta del consejero a una pregunta por escrito, en la que señalaba que los policías «no realizan ninguna función operativa», y respecto a la cobertura legal con la que actúan en Bélgica, aclara que su situación es «la propia de cualquier funcionario del Gobierno vasco», es decir, que no cumplen funciones policiales.

El asunto molestó de forma especial al consejero de Interior, que pidió al PP que obligara a dimitir a Urquijo por desvelar en el debate la dirección del chalé, lo que calificó como «una grave irresponsabilidad» que ponía en peligro la seguridad de los policías.

«Me gustaría que llegaran la Vuelta, el Tour, el Giro... todo»

Ibarretxe defiende que las pruebas ciclistas pasen por el País Vasco, pero crítica al PP por proponer que lo haga la ronda española

X. GARMENDIA / M. VEGA

SAN SEBASTIAN / VITORIA.-
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, conocido por su afición ciclista, criticó ayer el «interés político ciego del PP» al plantear la propuesta de que la Vuelta Ciclista a España discurra por las carreteras del País Vasco. A pesar de ello, aseguró que le gustaría que las pruebas más importantes del calendario ciclista llegaran a la comunidad autónoma que preside.

La polémica surgió el jueves por el rechazo de los partidos del tripartito (PNV, EA y EB) y PCTV a dar su apoyo para que las carreteras del País Vasco acojan la Vuelta 2009, porque «no es España».

«Me gustaría que llegaran el Giro, la Vuelta, el Tour, el Campeonato del Mundo, todo...», dijo Ibarretxe a este periódico, para, a renglón seguido, criticar al PP por plantear la propuesta: «Las cosas no se hacen así».

Joseba Egibar, presidente de la ejecutiva del PNV de Guipúzcoa, es también un destacado aficionado al deporte de las dos ruedas. Coincidió con el lehendakari en acusar al PP de actuar con interés político, pero aseguró que no tiene una opinión clara sobre si deben llegar las etapas de la Vuelta al País Vasco. «A mí, cuando me interesa una etapa me voy adonde sea», aseguró.

Todos los estamentos vascos del ciclismo mostraron ayer su predisposición a que la principal carrera a nivel nacional, tercera en el mundo tras el Tour y el Giro, atraviese el País Vasco.

Iñaki Iglesias, presidente de la Federación Vasca de Ciclismo, consideró que si «el Tour ha venido a Euskadi, teóricamente estamos ante la misma situación con la Vuelta». Tras proclamar que puede sentirse «más vasco que nadie», aseguró que le gustaría «que pasara la Vuelta. Creo que deportivamente es interesante que cualquier prueba de alto nivel pase por Euskadi».

El ex corredor Mikel Zarrabeitia consideró que «sería lógico que pasara por Euskadi», aunque matizó que «siempre que se diferencie bien. Esto es lo que es. Lo mismo que va a salir de Holanda, ¿por qué no va a salir del País Vasco?». Destacó que «Euskadi es Euskadi; entonces, no habría ningún problema» para que la ronda española pisara suelo vasco.

También Abraham Olano, ganador de la Vuelta en 1998, aludió ayer al hecho de que la próxima edición arranque en los Países Bajos para mostrar su contrariedad por que no atraviese el País Vasco. «Saldrá de Holanda, por la afición que hay allí, no porque Holanda sea España». Sin citarlos, se refirió a deportes como el fútbol, el baloncesto o el balonmano, cuyas ligas de España se disputan semanalmente en distintos campos del País Vasco: «El Tour tuvo salida en el País Vasco hace unos años. Si otros eventos y campeonatos de España se desarrollan aquí, no entiendo por qué la Vuelta a España no puede pasar», lamentaba el ex corredor, que trabaja ahora en Unipublic, entidad organizadora de la ronda española.

ETA moviliza a sus ex presos para frenar las deserciones

Un centenar de miembros de la banda que cumplieron sus penas convoca hoy una concentración en Usurbil (Guipúzcoa) para denunciar que la política penitenciaria del Gobierno pretende dividirles

ANGELES ESCRIVA

MADRID.-
Un centenar de ex presos de ETA anunció ayer que comparecerán hoy para dar su opinión sobre «la situación que se está dando actualmente en las cárceles». Según fuentes del Ejecutivo, se trata de una maniobra de ETA que tiene como finalidad aglutinar a sus reclusos, marcar las directrices a la izquierda abertzale y lanzar una advertencia a quienes pudieran querer acogerse a las medidas de acercamiento que está desarrollando el Gobierno y que han afectado a, al menos, una decena de reclusos veteranos disconformes con la estrategia de la actual dirección de la banda.

Dignidad y Justicia solicitó ayer al juez Santiago Pedraz, titular del número 1 de la Audiencia Nacional, que prohíba el encuentro porque puede ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Dignidad y Justicia pide al magistrado que libre los oficios oportunos a las Fuerzas de Seguridad y a la Ertzaintza para que emitan informes urgentes que avalen dicha suspensión. No obstante, a pesar de que los datos indican que se trataría de ex reclusos respetuosos con la ortodoxia de la banda terrorista, al cierre de esta edición ninguno de los cuerpos policiales, tampoco ninguna de las administraciones, había encontrado prueba alguna para tomar la iniciativa.

La convocatoria indica que la rueda de prensa tendrá lugar en el frontón de Usurbil -municipio gobernado por ANV- y que tomarán la palabra como portavoces Joxean Aguirre y Begoña Sagarzazu. Según las fuentes consultadas, de ambos se sospecha extraoficialmente sus presuntos vínculos con Askatasuna, la formación ilegalizada destinada a exponer las exigencias de ETA en lo que concierne a sus presos. Los dos han participado en numerosos eventos celebrados para pedir el reagrupamiento y la excarcelación de los reclusos de la banda terrorista.

Pero fuentes de Interior sostienen que no hay pruebas que demuestren que han podido incurrir en actividad delictiva alguna en la actualidad. No hay tampoco carteles difundiendo el acto que vengan firmados por algún tipo de organización sospechosa, y la celebración de la convocatoria ha sido camuflada entre otras ya previstas: en el frontón de Usurbil hoy hay anunciadas varias exhibiciones y, entre ellas, diversas demostraciones de deportes rurales. Tampoco ha prosperado la otra opción, la prohibición administrativa que pudiera haber aplicado el Gobierno vasco ante la solicitud presentada por celebración de acto público.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que había sido informado del acto, pero prefirió ser «prudente» y no analizar su alcance ni su contenido, algo que el Ejecutivo hará en su momento.

Una actitud abierta a los acontecimientos podría tener su explicación en una circunstancia especialmente peculiar. Según ha podido saber este periódico, inicialmente la convocatoria de esta comparecencia no estaba auspiciada por ex presos fundamentalistas y no pretendía un cierre de filas para evitar deserciones. Según las fuentes consultadas, los organizadores iniciales habrían tenido la pretensión de lanzar un mensaje de «búsqueda de solución al conflicto». La filtración interesada de la convocatoria habría provocado que recibiesen las amenazas de la organización y optasen por dar marcha atrás. Por eso, las Fuerzas de Seguridad, daban ayer por seguro que el centenar de asistentes anunciado se verá reducido a un grupo menor.

Así, si se confirma que la reunión ha sido reconducida, lo que pretenderían los intervinientes sería lanzar «una llamada de atención» a la sociedad vasca para seguir manteniendo «la lucha» por los derechos de los presos, en un momento en el que consideran que el Ejecutivo del PSOE pretende «dividir» al colectivo.

Podrían, asimismo, hacerse eco de la proposición no de ley aprobada el jueves por el Parlamento vasco reivindicando la excarcelación de los etarras aquejados de alguna enfermedad y probablemente realicen un llamamiento a participar en la manifestación convocada por Etxerat para el 3 de enero en Bilbao en favor de los reclusos.

El anuncio de esta rueda de prensa se produce en un momento en el que coinciden varios hechos significativos, algunos de los cuales son indicativos de las circunstancias difíciles que ETA está atravesando. El miércoles este diario revelaba que al menos 10 presos veteranos de la banda terrorista -de la entidad de Francisco Múgica Garmendia o José Luis Urrusolo Sistiaga- habían sido trasladados a cárceles próximas al País Vasco después de mostrar su desacuerdo con la estrategia de la actual dirección de ETA. Horas antes se había producido el descabezamiento -de nuevo en tres semanas- del aparato militar de la banda. Y hace 10 días se llevaron a cabo dos pronunciamientos que no han pasado inadvertidos, aunque han de ser analizados con extrema cautela porque pueden deberse al reparto de papeles habitual en ETA.

Por una parte, la entrevista que Arnaldo Otegi concedió a Gara realizando un planteamiento sin precedentes sobre los presos al alegar que son personas, una manifestación de individualismo opuesta a la estrategia tradicional de la banda, que prefiere bloques sin fisuras que obedezcan sus directrices. Y, por otra, un comunicado de la izquierda abertzale el día de la Constitución reivindicando la declaración de Anoeta.

Otro elemento no menos importante es la desmoralización que, según las Fuerzas de Seguridad, atraviesa el denominado frente de makos [presos]. ETA tendría motivos para convocar un acto en el que el lema real sea el de «prietas las filas».

Por fin el Gobierno solicita al TS que «comunique» al Parlamento vasco la disolución del PCTV

MARIA PERAL

 MADRID.-
La Abogacía del Estado pidió ayer a la Sala del 61 del Tribunal Supremo que
«comunique» al Parlamento vasco que el grupo Ezker Abertzalea, constituido por los diputados autonómicos del Partido Comunista de las Tierras Vascas, «ha quedado disuelto» como consecuencia de la sentencia de ilegalización del PCTV dictada el pasado 22 de septiembre.

El escrito en el que el abogado del Estado insta la ejecución del fallo de ilegalización no deja lugar a dudas sobre los términos en que debe producirse la desaparición del grupo parlamentario del PCTV: procede «comunicar al Parlamento Vasco que el grupo Ezker Abertzalea ha quedado disuelto, ordenando que se adopten las medidas precisas para hacer efectiva tal disolución y que cesen de forma inmediata los pagos que, en su caso, se vengan realizando a dicho grupo», dice el abogado del Estado.

Corresponde, por tanto, al Supremo «ordenar» la disolución del grupo parlamentario del PCTV, dirigiendo «el correspondiente mandamiento» a la Cámara vasca, la cual debe limitarse a «hacer efectiva» la orden del Tribunal.

No parece, sin embargo, que vaya a producirse un nuevo caso Atutxa. Y no tanto por la claridad de la cuestión tras la condena del ex presidente del Parlamento vasco por no disolver en su día el grupo de Batasuna sino porque, esta vez, puede ser el calendario el que haga ineficaz el fallo de ilegalización del PCTV en ese punto.

Está previsto que la Cámara autonómica se disuelva a principios de enero para la celebración de elecciones en marzo. Dado que se ha tardado más de dos meses en instar la ejecución de la sentencia de ilegalización del PCTV, es muy posible que la orden de desaparición del grupo sea recibida cuando la Cámara ya haya sido disuelta o esté a punto de serlo.

Mediante otro escrito también presentado ayer, la Abogacía del Estado ha pedido al Supremo que ordene la disolución de los grupos municipales constituidos por Acción Nacionalista Vasca (ANV) en 125 Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, también cuando los concejales del partido -ilegalizado el 22 de septiembre- han pasado a constituir grupos mixtos. Se solicita, asimismo, que se disuelvan los grupos junteros de ANV.

El abogado del Estado ha instado también la liquidación patrimonial de PCTV y ANV. Respecto a esta última, señala expresamente como bien sujeto a liquidación la cantidad de 270.101,47 euros correspondientes a subvenciones electorales que el Ministerio del Interior no ha llegado a abonar.

«Sembrar dudas para captar votos»

El Gobierno reiteró ayer, a través de su vicepresidenta, que «actúa en todos los frentes» para evitar que las formaciones proetarras ocupen puestos en las instituciones.

También insistió en que la vía más segura es modificar la Ley de Bases de Régimen Local y, pese a que considera «muy difíciles» otros caminos, «no cierra la puerta a nada».

En este sentido, De la Vega señaló que las críticas del PP «no son de recibo» porque con ellas pretende «sembrar dudas sobre la firme voluntad del Gobierno de acabar con los terroristas y sus cómplices, para captar un puñado de votos».

La vicepresidenta primera hizo hincapié en la necesidad de ser «muy cautelosos» para que cada paso que se dé contra ETA «sea un cerrojazo seguro» y sirva para crear un «muro sólido que aísle definitivamente a los violentos».

"RECUPERAR LA DEMOCRACIA": «El poder excesivo que tienen los políticos es un grave problema» El filósofo Ignacio Gómez de Liaño presenta su libro para



«El poder excesivo que tienen los políticos es un grave problema»

El filósofo Ignacio Gómez de Liaño presenta su libro 'Recuperar la democracia' para demostrar que «está amenazada» en España

PILAR ORTEGA BARGUEÑO

MADRID.-
El filósofo Ignacio Gómez de Liaño tiene la convicción de que «la democracia española está amenazada» porque los políticos ejercen un poder que va más allá del que les corresponde y porque la propia Constitución ofrece, en su opinión, ambigüedades y hasta contradicciones que pueden poner en peligro el sistema democrático. De esta preocupación nace su libro Recuperar la democracia, un texto que analiza la situación española desde múltiples perspectivas, con el fin de contribuir al saneamiento de la vida pública y que ayer presentó Fernando Savater en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

¿Cuál es el principal defecto que Ignacio Gómez de Liaño advierte en la democracia española? «Uno muy grave es el excesivo poder que tienen los políticos en su ejercicio de gobierno, ya que ejercen un control enorme sobre múltiples ámbitos. Este exagerado poder se ve agudizado, además, en regiones donde predominan los nacionalistas y los socialistas, porque en el ideario de estos partidos está el intervencionismo».

En este sentido, Gómez de Liaño apunta que «la convergencia de las tendencias políticas ultranacionalistas que predominan en Cataluña y País Vasco y de las posiciones que se decían de izquierdas, ha dado como resultado formaciones políticas que renuncian a valores como la igualdad, la libertad o la solidaridad».

Gómez de Liaño se cuestiona qué democracia puede haber con la peor enseñanza pública de Europa y donde el control de la educación se materializa en «la forma de acceso a la docencia universitaria y en la implantación en los planes de estudios de normas nacionalistas y nacionalsocialistas».

En Recuperar la democracia, Gómez de Liaño toma como punto de partida la transición de la dictadura de Franco, y se pregunta cuál es el estado de salud del nuevo régimen, por qué en las regiones donde gobierna el nacionalismo se da un déficit de libertad y seguridad, por qué la izquierda se alía habitualmente con esa orientación política y por qué los grupos terroristas siguen actuando en el mejor estilo de las SS. Para el filósofo, «la democracia es una forma de gobierno muy expuesta a involuciones totalitarias».

PROHIBIDO HABLAR EN ESPAÑOL: La TV socialista de Cataluña admite que no reconoce la pluralidad Lingüistica de Cataluña



TV3 admite que no reconoce la pluralidad lingüística de Cataluña

El presidente del ente público de los medios catalanes, Albert Sáez, dice que lo «solventará»

CRISTINA RUBIO

BARCELONA.-
Si hasta ahora la Carta de Principios Lingüísticos, que imponía el uso exclusivo del catalán en las emisiones, parecía el libro sagrado de TV3 y de Catalunya Ràdio, el presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Albert Sáez, desmontó ayer el mito al admitir que el texto no reconoce la pluralidad lingüística de Cataluña. Una declaración sin precedentes que se produjo en el Parlament tras las recriminaciones de CiU por dos entrevistas realizadas en castellano en TV3.

De hecho, el diputado convergente Jordi Cuminal exigió a Sáez el estricto cumplimiento de la Carta de Principios tras las entrevistas en castellano al ex presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra y a la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. Según la Carta, cuando un invitado a un programa no habla o no entiende el catalán, el presentador no puede dejar de usarlo, por lo que se debe optar por la traducción simultánea. Es más, explicita que los locutores «utilicen siempre la lengua catalana cuando estén en antena».

Sin embargo, el presidente del ente que agrupa a los medios públicos de Cataluña recordó que el texto lo confeccionó el anterior equipo directivo -comandado por el ex ministro socialista Joan Majó- y ahora «provoca ciertos choques informativos en el día a día de la cadena». Sáez añadió que, con el nuevo libro de estilo, esperan «solventarlos». Todo un alegato que justifica el uso del castellano en antena y critica la falta de pluralidad lingüística en TV3 y en Catalunya Ràdio.

No obstante, el diputado de CiU echó en cara que periodistas que han sido discípulos del promotor del catalán en los medios de comunicación, el radiofonista Joaquim Maria Puyal, «ahora hablen en castellano». Cuminal culpó de la presencia de esta lengua en TV3 y Catalunya Ràdio al PSC.

Lo cierto es que la tendencia lingüística en los medios públicos catalanes ha dado un vuelco en apenas un año de gobierno del nuevo consejo directivo, comandado por Albert Sáez, un hombre, curiosamente, muy cercano a ERC, y Rosa Cullell, la directora de la CCMA, próxima al PSC.

Los responsables de los medios públicos catalanes también tuvieron que lidiar con la polémica surgida a raíz del varapalo judicial al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) por el anuncio de las selecciones deportivas catalanas en las que un niño vestido con la camiseta de España impide a otro con la indumentaria de Cataluña jugar un partido de fútbol.

Aunque el PP solicitó que se reclamen los 178.000 euros que la CCMA donó para la producción de un spot que la Justicia ha declarado «ilícito y prohibido», Cullell hizo oídos sordos.

Como de vídeos iba el asunto, también salió la polémica desatada por la aparición, en una famosa serie de TV3, de una pintada en la que se veían las siglas del PP dentro de una diana. La directora de TV3, Mònica Terribas, defendió que el equipo de la telenovela no se percató de la existencia del graffiti. A pesar de las disculpas públicas de Terribas, al PP catalán «le cuesta pensar que pasara desapercibido en una producción sometida a tantos filtros antes de emitirse», tal como argumentó el diputado popular Rafael López.

El Informe sobre Educación del Consejo de Europa Tumba el Modelo de Inmersión Lingüística Obligatoria

Contrariamente a lo que leíamos ayer en El País (ver: Europa aboga por la Inmersión Lingüística en las escuelas), cuyo titular y contenido eran francamente equívocos e intoxicadores, el Consejo de Europa ha emitido un informe que explicita claramente que la Inmersión Lingüística puede ser total, pero en ningún caso puede ser obligatoria, invalidando rotundamente el modelo de inmersión lingüística obligatoria aplicado en Cataluña.

Tal y como nos aclara la
Voz de Barcelona, el informe, de 160 páginas, señala en su punto 218 (ver más abajo) que el Gobierno español ’se comprometió a asegurar que se impartiría enseñanza en las lenguas regionales o minoritarias a todos los niveles’, en referencia al catalán, y ‘considera que estos compromisos se han cumplido’.

Sin embargo, acto seguido, recuerda que ‘la Carta no prevé la enseñanza obligatoria en catalán para todos los alumnos, sino, únicamente, que todos los alumnos reciban educación en catalán si sus padres así lo desean‘.

El informe desmonta así los argumentos de los sucesivos Gobiernos autonómicos de Cataluña, que aplican desde hace décadas un modelo de inmersión lingüística escolar en catalán único y obligatorio, mientras que desde diferentes asociaciones y algún partido político vienen defendiendo la posibilidad de elegir voluntariamente (como señala el Consejo de Europa) entre diferentes líneas escolares: una con el catalán como única lengua vehicular (el sistema actual), una mixta y una con el castellano como única lengua vehicular.

El informe insiste en el punto H de las conclusiones: ‘La elaboración de un modelo de “plena inmersión” sumado al modelo bilingüe es el objetivo que todas las comunidades autónomas interesadas deberían tratar de alcanzar con miras a alcanzar gradualmente los compromisos suscritos. Asimismo, existe supuestamente un sistema basado en la impartición de educación fundamentalmente en la lengua cooficial para todos aquellos que lo solicitan, pero este sistema no debe ser obligatorio para todos los niños‘.

Punto 218 del informe:

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11-M: El tribunal niega a víctimas del 11-M el vídeo con la pericial de explosivos



El tribunal niega a víctimas del 11-M el vídeo con la pericial de explosivos

JOAQUIN MANSO



MADRID.-
El tribunal del 11-M ha denegado a la Asociación de Ayuda a las Víctimas de la matanza una copia de los vídeos en los que se registró toda la prueba pericial de explosivos. La agrupación de afectados, personada como acusación particular en el juicio, había solicitado las grabaciones para poder decidir si ejercía alguna acción penal contra el jefe de la pericia, el policía Alfonso Vega.

Según reveló EL MUNDO, Vega gritó e insultó al inspector jefe de los Tedax cuando los análisis encontraron DNT, un compuesto que no forma parte de la Goma 2 ECO, que según sostenía la Fiscalía entonces era la única marca de dinamita que había estallado en los trenes. Después, quiso imponer su criterio cuando lo que apareció fue nitroglicerina, que tampoco encajaba con esa Goma 2.

La asociación de víctimas que preside Angeles Domínguez emitió un comunicado para «manifestar públicamente el dolor y el daño» que asegura que ha producido esa decisión. Además, recuerda que la sentencia de la Audiencia Nacional contiene un párrafo del siguiente tenor literal: «El tribunal facilitará a las partes los testimonios que soliciten para que, en su caso, ejerzan las acciones que estimen convenientes una vez que la sentencia gane firmeza», momento que ya ha llegado.

El abogado de la asociación, José María de Pablo, se quejó del «incumplimiento de la sentencia» que, a su juicio, supone esa negativa, y consideró que los jueces «deberían dar ejemplo».

Bermejo provoca a los jueces con su ley 'estrella'

Pese al rechazo unánime de la Magistratura, el ministro sustrae al juez el señalamiento de juicios

MARIA PERAL

MADRID.-
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha hecho oídos sordos a los pronunciamientos de las juntas de jueces de toda España, al criterio de los presidentes de tribunales superiores, de los presidentes de audiencias provinciales, de los jueces decanos y de asociaciones judiciales y ha mantenido su decisión política de sustraer a los titulares del Poder Judicial la facultad de determinar el día y la hora para la celebración de juicios y vistas. Bermejo pretende que sean los secretarios judiciales -funcionarios dependientes de su Ministerio- los que tengan en sus manos la agenda de los jueces, esto es, los que les señalen qué juicios y vistas deben celebrar y cuándo.

El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta de Bermejo, el proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para implantar la nueva oficina judicial, un proyecto que el Ministerio presenta como esencial para la modernización de la Administración de Justicia.

El texto llega con notable retraso (de hecho, procede de la legislatura anterior y es desarrollo de una ley aprobada en 2003 por el PP) y llega, además, en un momento de enorme malestar en la Magistratura.

A dos meses de una posible huelga de la carrera judicial, Bermejo ha optado por desairar una de las reclamaciones masivamente planteadas por los jueces: conservar la capacidad de señalar los juicios y las vistas que ellos mismos van a presidir, una facultad que consideran vinculada al ejercicio jurisdiccional al afectar a la dirección de los procesos. Los jueces estudiarán el caso, decidirán sobre la admisión de pruebas, resolverán los asuntos previos al juicio, pero será otro el que les diga cuándo tienen que celebrarlo.

«La sustracción de la facultad de señalamiento al titular del órgano judicial, atribuyéndosela a un funcionario jerárquicamente dependiente del Poder Ejecutivo, es una forma mediata de control e injerencia en el trabajo de los miembros del Poder Judicial», indicó la Junta de Jueces de Marchena (Sevilla) en su reunión del pasado 21 de noviembre.

Fue una de las numerosas juntas de jueces que expresaron su oposición «radical» a la ley de Bermejo. En la misma línea se han manifestado los presidentes de tribunales superiores y audiencias y los jueces decanos. En el seno del Consejo General del Poder Judicial, la vocal Concepción Espejel formuló un voto discrepante al informe de la Comisión de Estudios sobre el anteproyecto, informe que asumía la idea ministerial.

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, por su parte, envió el jueves una carta a Bermejo en la que incluye el asunto de los señalamientos como una de las cuestiones que, «caso de no ser asumida por ese Ministerio antes del 21 de enero de 2009», puede dar lugar a «la adopción de las medidas necesarias».

La Junta de Jueces de Málaga acordó ayer, en una reunión en la que participaron 52 de sus 69 miembros, limitar el número de procedimientos que cada uno de ellos va a atender con el fin de garantizar una mínima calidad de la Justicia. La práctica totalidad de los asistentes se mostró partidaria de ir a la huelga el próximo 18 de febrero, medida que se concretará en una nueva reunión convocada para el 21 de enero.

Los jueces malagueños también acordaron informar a los ciudadanos, a través de las pantallas electrónicas situadas en la Ciudad de la Justicia, de la situación de los Juzgados en cuanto al número de asuntos que tramita cada uno y las vacantes de funcionarios que tienen sin cubrir.

Aguirre se desmarca del PP y «rechaza» las palabras de Fraga



Aguirre se desmarca del PP y «rechaza» las palabras de Fraga

Llamazares y el socialista Alonso se quedan solos en su defensa

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.-
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se desmarcó ayer del PP al atreverse a «rechazar» de manera explícita las declaraciones de Manuel Fraga sobre que «habría que colgar a los nacionalistas de algún sitio».

Aguirre, sin mencionar ni una sola vez al presidente fundador de su partido, llegó a decir en Getafe (Madrid) que sus palabras «nos han escandalizado a muchos, la verdad» y «no estoy de acuerdo con ellas». No obstante, marcó la frontera entre lo dicho días atrás por el presidente de la FEMP, Pedro Castro, sobre «los tontos de los cojones que votan a la derecha» y lo dicho por Fraga: «No preside una confederación de partidos nacionalistas. Si la presidiera, la habría tenido que dejar», afirmó, para insistir en la dimisión de Castro.

Reacción bien distinta fue la de Génova, que, 24 horas después, trasladó a Europa Press una explicación justificativa de las palabras de Fraga: resulta que se refería a colgar de la báscula; una antigua báscula romana, se entiende, para «medir» el peso de los nacionalistas. Por su parte, el vicesecretario Javier Arenas aseguró que el PSOE está «utilizando» las declaraciones de Fraga sobre los nacionalismos para que no se hable de Castro, o de Joan Tardà.

Lo cierto es que las reacciones de los nacionalistas contra Fraga se sucedieron ayer como una bola de nieve. La secretaria general del Partido Andalucista, Pilar González, dijo que sus aseveraciones «son la prueba palpable de que hay que jubilarse cuando las neuronas empiezan a patinar». Llegó a añadir que su lenguaje «es más propio de los camisas azules que fusilaron al padre de la patria andaluza, Blas Infante». El portavoz de Bloque por Asturies, Rafael Palacios, llamó a Fraga «terrorista de la palabra» y «responsable del aparato de represión del franquismo», de cuyos «crímenes» pidió «investigar su responsabilidad».


Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que las palabras del senador del PP fueron «tan desafortunadas que se descalifican por sí solas», y que los partidos parlamentarios «merecen todo el respeto».

Curiosamente, fueron el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, y el portavoz socialista, José Antonio Alonso, los únicos que defendieron a Fraga. El primero abogó por que «nadie imponga algo o castigue a los cargos públicos por lo que dicen». El segundo, aún más, dijo que «ya les gustaría a Castro y a Tardà llegar al nivel del señor Fraga», de quien destacó su «impecable trayectoria en la lucha por el establecimiento de las libertades en España desde hace mucho tiempo».


La Fundación del PSOE pide subir impuestos y limitar sueldos altos


Caldera presenta su informe contra la crisis, más cercano a las tesis de IU que a las del Gobierno Quiere acabar con los paraísos fiscales en 6 años

MANUEL SANCHEZ

 MADRID.-
Jesús Caldera debutó ayer como máximo responsable de la Fundación Ideas -el nuevo laboratorio ideológico del PSOE, que quiere competir con Faes- presentando un decálogo de propuestas contra la crisis financiera en el que propone desde subir los impuestos a las plusvalías del capital hasta reformar y limitar la remuneración de los directivos y los blindajes empresariales.

Acompañado de los profesores Emilio Ontiveros y Carlos Mulas-Granados, Caldera demostró que está anclado en el ala izquierda del PSOE, con un decálogo de medidas que representa, según dijo, la respuesta progresista a la actual situación económica.

Y no mintió porque, de hecho, muchas de las medidas propuestas están más cerca del programa o de las iniciativas parlamentarias de Izquierda Unida que de la acción política del Gobierno.

Según explicó Caldera a EL MUNDO, «son propuestas socialdemócratas, razonables y posibles», aunque el nuevo pensador del PSOE insistió en que deben enmarcarse en un contexto internacional.

Así, defendió gravar las plusvalías, es decir, las ganancias del capital especulativo con tipos mayores que las rentas del trabajo.

«Pero esto debe hacerse internacionalmente y nuestra propuesta tiene esta finalidad», explicó, «porque si sólo lo hace un país, el capital se fugará inmediatamente a otro más cercano».

También defendió la propuesta de acabar con los grandes sueldos y las monumentales indemnizaciones de algunos directivos o miembros de los consejos de administración de empresas.

El ex ministro de Trabajo ejerció como tal: «No es justo que los trabajadores tengan límites a sus indemnizaciones, y no los tengan los altos cargos de las empresas», dijo.

Así, en el documento se plantean posibilidades como la prohibición de los contratos blindados o eliminar que las indemnizaciones millonarias sean gastos deducibles para las empresas. Es decir, regular por ley dichas indemnizaciones con un tope máximo.

Aunque Caldera insiste en que sus propuestas son posibilistas, no dejan de sorprender medidas como eliminar los paraísos fiscales en un plazo de seis años -el documento apunta hasta 2015- y que, además, de su supresión se obtengan fondos adicionales para cumplir con los objetivos del Milenio y reducir el hambre en el mundo.

Para ello, el decálogo de medidas plantea una amnistía o perdón que, en el documento, se denomina «proceso de regularización fiscal progresiva». En concreto, se propone que durante un periodo de seis años los capitales que abandonen los paraísos fiscales no sean penalizados y tributen a un nivel inferior.

Aunque la medida es más que llamativa, Caldera indicó que cuando se la comunicó al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz éste le respondió: «Excelent!» e, incluso, le propuso acortar el plazo y prohibir y sancionar antes de 2015 los paraísos fiscales.

Todo indica que Caldera se ha puesto en su papel de pensar y que el papel lo aguanta todo.

FIRMAS: Isabel San Sebastián, Erasmo, Lucía Méndez, Manuel Hidalgo, Pedro G. Cuartango, Arcadi Espada, Robert Kuttner, Antón Saracibar



LA TRASTIENDA
ISABEL SAN SEBASTIAN
El huerto

Existe un lugar sombrío, a resguardo de vientos críticos, donde reina la quietud y se respira buen rollito. Es el reino del talante, patria de la progresía, bañado por la lluvia fina y alimentado de mentiras casi nunca piadosas. Un espacio libre de «crispación», tal como se denomina allí a esa tarea generalmente llamada oposición, en el que nadie se mueve y las fotos salen nítidas. Es la España de ZP, también conocida como el Huerto.

El pasado mes de junio -me cuenta un pajarito justiciero- este acogedor rincón fue escenario de un acuerdo verbal suscrito entre el anfitrión, Zapatero, y el invitado, Rajoy, que estrecharon metafóricamente sus diestras para sellar varios «pactos de Estado» en materias de vital importancia: Política antiterrorista, incluida su vertiente penitenciaria, Justicia y Constitución. La cosa quedó entre ellos y un pequeño número de escuderos, ya que oficializar los compromisos en un documento firmado habría obligado al presidente del Gobierno a extender la invitación a otros partidos potencialmente peor dispuestos. Ese fue al menos el argumento empleado por el inquilino de La Moncloa para convencer a su interlocutor, y éste, asiduo visitante ya de los mullidos paisajes del Huerto, aceptó un apretón de manos, sin luz, ni taquígrafos, ni puertas abiertas al sol, confiado en la buena fe de ese encantador de serpientes que es nuestro líder patrio, el de la eterna sonrisa, a quien sonrie la suerte.

Amparado en ese pacto, que amordaza a la oposición y lleva a más de un diputado popular a echar de menos el Grupo Mixto, donde al menos podrían «hablar todos los días un ratito», Rodríguez mantiene intacta su política de ambiguedad respecto de ETA, combinando los palos certeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con esas zanahorias merced a las cuales mantienen los terroristas el gobierno y los dineros de 41 ayuntamientos (existiendo instrumentos legales sobrados para forzar su disolución) y se acerca a 10 asesinos presuntamente «arrepentidos» a cárceles próximas al País Vasco. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde la colaboración activa de Pakito y compañía a la derrota definitiva de la banda? ¿Y qué pasa con las víctimas, nuevamente escarnecidas?

Hay estupor en el PP entre quienes no comprenden que se haya cedido a Rosa Díez el protagonismo en la denuncia de estas medidas indecentes. Crece la rabia ante las consignas que llaman a «no tensar la cuerda», haga lo que haga el Ejecutivo en este campo. Las pocas almas combativas que sobreviven en el Huerto se resisten a rendirse.

ERASMO
Sepla

Tal sindicato de pilotos: huelga de celo en Iberia y la que está cayendo, tan cuantioso, angustioso diluvio de procesos concursales, quiebras, ERES, and son on. Real: dos horas detenidos en Bilbao, el asiento del piloto, bajo. Johannesburgo: el copiloto fue a comprar tabaco. Marcan estilo en la historia del movimiento obrero, tan adorables huelguistas y su salario medio: 150.000 ( ) año. ¿Resto? Apriétense los cinturones

SABATINA SABATICA
MANUEL HIDALGO

Schuster y la droga

«Bah, no trae nada», decía mi abuelo, y volvía a dejar, tras un vistazo, el periódico sobre la mesita. Eso sucedía hace muchos años, cuando la prensa empezaba a ser una droga adictiva. La ausencia de grandes noticias -esto es, malas, trágicas, fuertes- comenzaba a crear mono entre los lectores, cada día más enganchados a la nicotina, la cafeína o la heroína de las emociones. Porque de eso se trata: de emociones.

A mí me cae bien Schuster. Entre otras razones, por antipático. O, dicho de otra manera, por su nula disposición a caer bien a nadie. A la prensa, menos aún. No dudo de que habría tales y cuales razones para echarlo, pero, desde semanas antes de su cese, comencé a notar ese mono de noticias fuertes en torno a él, ese movimiento ansioso y agitado de la opinión pública y quienes la manejan -es lo mismo- necesitados de titulares, de emociones intensas, del chute de cada día. Ya llegó, obtuvimos la dosis, y ahora estamos en el nirvana del reposo. Hasta necesitar el siguiente pinchazo, que ya se va retrasando.

El pueblo acudía a la plaza pública a presenciar las ejecuciones, la quema de brujas. Bajaba el pulgar en el circo romano pidiendo la muerte del gladiador. Emociones que ahora se exigen y se reproducen sobre la arena de papel y plasma del circo mediático.

Sé de sobra que hay otros motivos e intereses en el rodar de cabezas. Pero quiero centrarme aquí en esta hipótesis psicológica relacionada con la adicción a esas sustancias estupefacientes que son las emociones. En todo caso, subrayaría -en cierta concomitancia- que una ciudadanía que decide muy pocas cosas por los procedimientos democráticos necesita creer que decide algo cuando se junta en turba de presunta opinión pública y ve cortar la cabeza que, tras tantear aquí y allá y mover el radar en todas direcciones, ha seleccionado.

Las decapitaciones y su íntima relación con la droga emocional aún guardan conexión con otro aspecto del momento: la prisa, la urgencia, el corto plazo. En esta época de rapidez y fragmentación del tiempo -y de noticias al segundo-, casi nadie sabe trabajar a largo plazo. Todo tiene que ocurrir ahora mismo, el éxito o la tragedia que indique su carencia.

Hay problemas, es bien cierto, que requieren soluciones urgentes. Pero los problemas más importantes se solucionan a largo plazo por una razón muy sencilla: porque sólo un trabajo a largo plazo garantiza que el problema no llegue a producirse. No sé si me explico.

El problema número uno de España, a distancia de cualquier otro -el que queramos- es la Educación. Y es la causa de buena parte de los demás problemas. Pero en 30 años de democracia ni los partidos han trabajado en este asunto a largo plazo ni la sociedad -ávida de emociones inmediatas- lo ha demandado. Es un campo que cada día produce un sinfín de percances graves -hay que saber relacionar cosas para poder verlo-, pero excita más gastar dinero en televisión y festivales, en cosas que estén pasando y reporten noticias y emociones ahora mismo. Ya.

ASUNTOS INTERNOS
LUCIA MENDEZ
La abstención

La abstención en un proceso colectivo de toma de decisiones consiste en no tomar posición. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Todos y cada uno de los abstencionistas tienen motivos distintos para no ir a votar. Desde los colectivos antisistema a las personalidades perezosas, hay un amplio abanico de causas para no emitir el voto. En Estados Unidos, por ejemplo, se dice que ir a las urnas es inútil porque, según los economistas, tienes más probabilidades de morir en el camino para ir a votar que de decidir el resultado de una elección.

La abstención, en cualquier caso, refleja una cierta abulia, una apatía cívica, una dejadez ante la disyuntiva de tener que pronunciarse con claridad sobre algo.

El PP se abstuvo esta semana en la votación del Fondo Estatal de Inversión Local que inyecta 8.000 millones de euros en los ayuntamientos para obras públicas. Al optar por la abstención, el PP no dijo ni sí, ni no, sino todo lo contrario. La cuestión es si el principal partido de la oposición, que aspira lógicamente a ser Gobierno, puede permitirse el lujo de no tener opinión sobre un plan de estas características. Lo que importa, o debería importar un poco a los diputados del PP, es si la abstención es una fórmula adecuada para hacer política. Hay que recordar que hace poco, el PP rompió su pacto con UPN porque uno de sus diputados optó por abstenerse en la votación de la Ley de Presupuestos.

No sería justo decir que los diputados del PP se abstuvieron por pereza. En realidad, al PP le daba un poco de vergüenza votar no, mientras sus alcaldes hacían uso, como es lógico, del fondo aprobado gracias al voto afirmativo de otros grupos. ¿Por qué, entonces, la dirección no ordenó pulsar el botón del sí? En este caso, por vergüenza interna, para evitar las críticas de su ala derecha sobre la supuesta blandenguería de Rajoy frente a Zapatero.

En descargo del PP hay que decir que la pereza abstencionista no es exclusiva de este partido. El presidente Zapatero, por ejemplo, también ha optado por la dejadez abstencionista ante la evidente pérdida de fuelle político de algunos de los ministros de su Gobierno. El diagnóstico interno no deja lugar a dudas: el Consejo de Ministros necesita un lifting político. Pero al jefe le da pereza afrontar una crisis a ocho meses de haber tomado posesión.

El vicepresidente Solbes, suponemos que a su pesar, se ha convertido en el rostro de esa crisis. El hombre hace lo que puede, llegando al extremo casi surrealista de tener que pedir a los bancos que concedan créditos a las empresas y a las familias, que viene a ser algo así como tener que pedir a los panaderos que hagan pan o a los sastres que corten trajes. Si los bancos no cumplen su función principal, ¿para qué sirven entonces? También los banqueros se ven afectados por la abulia y la desidia abstencionista. Menudo panorama

VIDAS PARALELAS / TEDDY BAUTISTA / VESPASIANO
PEDRO G. CUARTANGO
'Pecunia non olet'
Vespasiano fue un aristócrata y un militar que llegó a ser proclamado emperador de Roma tras una cruenta guerra civil. Agobiado por los gastos del aparato administrativo del Imperio, Vespasiano tomó la decisión de subir los impuestos. Como no sabía de donde recaudar más dinero, el emperador impuso una tasa por el uso de los baños y las letrinas públicas, que hasta entonces habían sido gratuitos.

Un buen día se encontraba con su hijo Tito, cuando el recaudador del impuesto de las letrinas le entregó una gran bolsa de monedas. Tito hizo una mueca de repulsa y le reprochó a su padre que cogiera el dinero, que, a su juicio, tenía un origen sucio.

Vespasiano tomó la bolsa, olió las monedas y le respondio a Tito: «Pecunia non olet» (el dinero no huele).

Teddy Bautista se ha debido sentir muy identificado con la filosofía de Vespasiano, hasta el punto de que me lo imagino respondiendo con la misma frase a quienes le reprochan la voracidad recaudadora de la SGAE.

El ex cantante canario -que se hizo famoso por aquella premonitoria canción que decía Ponte de rodillas- ha dejado pequeño al emperador en su afán de sacar dinero de las piedras. Quería que las Fallas pagaran más dinero por las orquestas que amenizan las calles de Valencia, al igual que cobra por la Feria de Abril de Sevilla, los bailes de fin de año, los concursos de sardanas y la música en los bares, los estadios o las academias de baile.

Hemos sabido esta semana que la SGAE se cuela hasta en las bodas para que nadie se libre de pagar su óbolo cuando suena una nota. ¿Habrá que tributar también por cantar en la ducha?

Hay muchas leyendas sobre la avaricia de Vespasiano que llegó incluso a hacer negocios con la acuñación de moneda, pero Teddy Bautista ha superado todos los récords al lograr que el Gobierno imponga un canon sobre los discos vírgenes y los aparatos electrónicos por si a alquien se le ocurre copiar.

Las legiones romanas al mando de Vespasiano llegaron a conquistar la costa este de Inglaterra, pero los detectives contratados por la SGAE están dispuestos a ir mucho más lejos para que no haya bicho viviente que deje de tributar.

Bautista ha construido un Estado dentro de un Estado y tiene a su servicio a una legión bien pagada de autores e intelectuales que glorifican su celo persecutor. Lo mismo hizo Vespasiano con Suetonio, Tácito y Plinio el Viejo, que trazaron un retrato favorable del emperador que erigió una colosal estatua a Apolo.

Bautista le tendría que erigir un monumento semejante a Zapatero, que ha sacado adelante el impuesto más impopular e injusto de la historia.

Si Vespasiano llevó los límites de Roma más lejos que ningún otro gobernante tras aplastar las rebeliones de Egipto y Judea, Teddy Bautista ha hecho lo mismo con la SGAE, siglas temidas como las legiones imperiales pero no queridas.

Vespasiano, cuando expiraba víctima de una infección instestinal, exclamó que sufría la alucinación de creerse Dios. Teddy Bautista también se cree lo mismo, pero no es una alucinación.

EL MUNDO QUE VIENE / ROBERT KUTTNER
«Obama se está rodeando de centristas para poder gobernar desde la izquierda»

ECONOMISTA Y «ANALISTA DE IZQUIERDAS», RECOMIENDA AL PRESIDENTE ELECTO DE EEUU QUE SIGA LA ESTELA DE LINCOLN Y ROOSEVELT E IMPULSE UN CAMBIO RADICAL EN EL PAIS. 'EL RETO DE OBAMA' ES EL ULTIMO LIBRO DE QUIEN LLEVABA AÑOS ALERTANDO CONTRA LOS EXCESOS DE LOS MERCADOS Y LA CRECIENTE DESIGUALDAD ENTRE LOS NORTEAMERICANOS.

CARLOS FRESNEDA

CARGO: Economista, periodista y escritor, autor de 'El reto de Obama' / FORMACION: Estudios en la London School of Economics, doctorado en la Universidad de Berkeley / EDAD: 65 años / LUGAR DE NACIMIENTO: Nueva York / CREDO: El humanismo y la democracia, «una lucha que nunca acaba» / SUEÑO: Mejorar la sociedad

La crisis. No se habló de otra cosa en la reunión que hace sólo unos días celebraron los socialistas europeos en Madrid. Allí estuvo también Robert Kuttner, como miembro de la delegación estadounidense. Para alguien que se jacta de trabajar «en el lado izquierdo de lo posible», éste ha sido sin duda un encuentro muy reconfortante, sobre todo ahora que las dos orillas del Atlántico parecen aproximarse. Kuttner coincidió con Zapatero, y le extendió la misma fórmula que recomienda a Obama desde los mentideros de Washington: «El Gobierno va a tener que gastar mucho dinero para prevenir la depresión».

A sus 65 años, con una reputación ganada a pulso entre la política (es cofundador de la revista The American Prospect) y la economía (autor de Everyting for sale y The Squandering of America), Kuttner vuelve a la palestra con un opúsculo visionario que figura entre los libros más venerados de esta intensa y trepidante transición en la Casa Blanca: Obama's Challenge (El reto de Obama).

Vaticina el autor que si el presidente electo quiere entrar en la lista de los elegidos, al oreo de Roosevelt y Lincoln, no le va a quedar más remedio que echarle valor y gobernar desde la izquierda, pese a su gabinete centrista. La historia, asegura Kuttner, ha dado repetidas veces esa lección: Obama tiene dos años por delante para encauzar la crisis económica e inaugurar una nueva era progresista en Estados Unidos.

PREGUNTA.- Usted sostiene que Obama necesita ser más radical como presidente de lo que ha sido como candidato. Sus primeros nombramientos, sin embargo, han confirmado su giro hacia el centro. ¿Se siente usted decepcionado, como tantos progesistas?

RESPUESTA.- Su equipo económico es un poco frustrante, ésa es la verdad.. Se ha rodeado de los viejos clintonianos, como Larry Summers, que fueron los que nos metieron en este lío, con sus políticas neoliberales que favorecieron las desregulación de los mercados... Pero Obama es más inteligente que todos ellos, y creo que hay que darle tiempo. La realidad se está desplazando hacia la izquierda. La recesión en la que estamos requiere cada vez más intervención del Gobierno y Obama se va a dar cuenta, como se fue dando cuenta Roosevelt cuando llegó al poder, antes de poner en marcha el New Deal.

P.- Pero no negará que su gabinete es hasta cierto punto continuista. ¿Dónde está el cambio que prometió?

R.- Quiero pensar que lo que está haciendo Obama es crear una especie de gabinete centrista para poder gobernar desde la izquierda. El nuevo centro está a la izquierda de donde solía estar, porque las circunstancias así lo exijen. Obama va a tender una mano a los republicanos, no lo dudo, pero es que hasta los republicanos van a tener que girar a la izquierda, lo están haciendo ya... Cada semana, los programas de rescate o de estímulo económico son más abultados porque la economía va a peor.. Si la gente que te vota pierde su trabajo, si las infraestructuras se desmoronan, si el dinero no llega a las escuelas... ¿cómo no vas a pedir ayuda al Gobierno federal? La situación en la que estamos va a servir para que muchas posturas progresistas, como la inversión pública o la regulación de los mercados financieros, se perciban como postideológicas. La Casa Blanca va a tener que gastar mucho dinero para prevenir la depresión; nadie lo pone ya en duda.

P.- Usted se hace en su libro la misma pregunta que McCain lanzó a los americanos durante la campaña: «¿Quién es realmente Barack Obama?». Me pregunto si ha encontrado la respuesta...

R.- La he ido encontrando, sí. Creo que su posición política es la de un progresista y su estilo es el de un unificador. Creo también que es un hombre pragmático sin renunciar a un cierto idealismo. Ahora bien, ¿será capaz de abanderar una era postideológica y de unir a los americanos en un propósito común? Eso está aún por ver.

P.- ¿Cómo le ve hasta ahora en el papel de presidente electo?

R.- Obama ha asumido completamente el mando. Quedan todavía cinco semanas para que se produzca el relevo, pero a los ojos de los americanos ya es el presidente. ¿Dónde está Bush? Ha desaparecido por completo. Ha ido a engrosar la lista de presidentes débiles y fallidos, como Nixon o Carter.

P.- ¿No corre acaso el riesgo de estrellarse en los dos primeros años por quererlo hacer todo muy rápido, como le ocurrió a Clinton?

R.- El problema de Clinton es que llegó a Washington como un outsider e ignoró por completo al Congreso. Actuó más como un primer ministro británico que como un presidente norteamericano, empujando los asuntos sin más. Perdió mucho capital con los demócratas por culpa del Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA). Intentó impulsar también la reforma sanitaria sin contar con el Capitolio... Obama ha aprendido de ese error, y lo primero que ha hecho ha sido rodearse de gente con mucha experiencia en el Congreso, como Ralph Emanuel o el ex senador Tom Daschle. Sus primeros movimientos han sido estratégicamente inteligentes, a pesar de lo poco que me gusta su equipo económico, insisto. A mí me hubiera gustado ver a gente como Joseph Stiglitz, James Galbraith o Sheila Bair.

P.- ¿Cuál es su receta como economista para plantarle cara a la recesión?

R.- Hay cuatro cosas que necesita hacer Obama. La primera es invertir mucho dinero público, y eso lo va a hacer. Desde que el secretario del Tesoro Paulson puso el listón en los 700.000 millones de dólares para el plan de rescate financiero, podemos hablar de cifras que antes parecían impensables. Por ejemplo, a los 150.000 millones que Obama prometió para la reconversión a las energías renovables en una década deberíamos sumarle ya un cero... El segundo paso es recapitalizar el sistema financiero, pero con un plan coherente, no con parches como hasta ahora. El tercero es una regulación muy explícita del sistema bancario, para que nunca más pueda producirse una situación como la que nos ha llevado hasta aquí. Y por último hay que poner en marcha un programa robusto para refinanciar las hipotecas y garantizar que la ayuda llega a los propietarios de las casas. Yo creo que Obama irá en esa dirección. Al fin y al cabo, Tim Geithner y Larry Summers han cambiado también en los últimos meses.

P.- ¿Y qué hacemos con los tres grandes fabricantes de coches?

R.- Necesitarán también ayuda, y hasta cierto punto tienen argumentos a su favor, por los puestos de trabajo que generan y por lo importante que son para la marcha de la economía. Con razón se preguntan: «¿Cómo es posible que el Citibank logre 45.000 millones y que a nosotros nos den sólo una tercera parte y con condiciones?». También es cierto que los fabricantes americanos dejaron escapar su oportunidad de reinventarse a sí mismos, como hicieron los japoneses.

P.- ¿Puede quedar Obama atrapado en la crisis y descuidar la política exterior?

R.- La crisis económica va a consumir estos dos primeros años, no cabe duda. Su futuro político va a depender de si será o no capaz de encauzar la situación de aquí al 2010. Si lo consigue, y logra revalidar la mayoría demócrata en el Congreso, tendremos Obama para rato... Su primer objetivo va a ser claramente ése, y en política exterior podemos esperar una vuelta relativa a la normalidad. Lo anormal es lo que hemos visto estos ocho años. América volverá a abrazar el multilateralismo y a ejercer el poder blando, a apoyarse en la diplomacia y usar el poder militar sólo como último recurso. Aquí, como en la cuestión económica, Obama se ha vuelto a rodear de gente más centrista que él, como Hillary Clinton. Pero creo que estará otra vez por encima y contará con el favor popular en el exterior. La guerra de Afganistán, más que la retirada de Irak, será su verdadera prueba. Pero no podemos descuidar la situación explosiva de Pakistán, ni por supuesto el reto de Irán.

P.- ¿No existe también el peligro de una situación límite como la que arruinó la Presidencia de Jimmy Carter?

R.- Carter fue un presidente fallido por muchas otras razones. La crisis de los rehenes no hizo más que ponerle la puntilla. Fue uno de los peores presidentes en sus relaciones con el Congreso y culpó de alguna manera a los americanos del malestar económico. Su respuesta fue muy errática durante la crisis. Si Carter hubiera sido un poco mejor, nunca habríamos tenido a Reagan, que tuvo también su mérito de transformar el país, sólo que en la dirección equivocada. La historia da a veces esos volantazos repentinos.

P.- ¿Cómo se distingue a un presidente transformador de un presidente sin más?

R.- Como apunta mi amiga Doris Kearns Goodwin, que ha indagado en los logros de Lincoln, de Roosevelt, de Kennedy y de Johnson, los grandes presidentes han sabido usar su liderazgo primero para trasformar la opinión pública y después para romper el impass político y movilizar la sociedad. Lincoln hizo posible la abolición de la esclavitud, Roosevelt expandió tremendamente el papel del Gobierno federal en la economía, Kennedy y Johnson impulsaron los derechos civiles (aunque el último empañara su legado con la guerra de Vietnam). Todos tuvieron en común algo que le va a hacer falta a Obama: no fueron centristas en el sentido convencional, sino que asumieron un gran riesgo político para defender sus principios.

P.- Mucha gente piensa que los líderes redentores pertenecen a otra época...

R.- Eso lo piensan en todo caso los pesimistas. La verdad es que vamos a necesitar siempre líderes, y van a surgir en los sitios más inesperados. Lincoln era un personaje oscuro hasta 1858, tras su paso por el Congreso, y luego resultó ser el mejor presidente que hemos tenido. Nelson Mandela emergió después de 25 años de cárcel con una dignidad increíble. Martin Luther King supo ascender también en una era de grandes convulsiones y cambios sociales. El ascenso de Obama ha sido de algún modo un accidente. ¿Quién iba a pensar que un tipo joven, afroamericano y con poca experiencia iba a estar en el lugar y en el momento adecuado? El liderazgo no es una ciencia exacta: nadie podía haber previsto el fenómeno Obama hace cuatro años.

P.- Parece que los mejores presidentes emergen en los momentos más difíciles...

R.- Sí, pero no siempre. Ahí tenemos a Herbert Hoover, que no fue precisamente el líder que necesitábamos en la Gran Depresión. Y por supuesto a Bush, que ha fallado estrepitosamente como líder tras el 11-S. En todo caso fue capaz de mover a la opinión pública durante seis meses, pero luego aprovechó los atentados de una manera oportunista, en vez de crear un propósito común.

P.- Gorbachov le ha recomendado a Obama que ponga en marcha una perestroika en Estados Unidos...

R.- No creo que sea una comparación adecuada. En todo caso, una perestroika para restablecer los derechos constitucionales saboteados por Bush. Por poco perdemos nuestra democracia: tuvimos unas elecciones robadas y un Gobierno que interfirió en el derecho a votar. Pero hemos recuperado la esperanza y empezaremos a parecernos más a cualquier otra democracia occidental, donde los ciudadanos cuentan con más servicios y están más protegidos.

P.- ¿Entramos en la era postracial?

R.- Todavía nos falta, pero hemos dado un paso de gigante. La raza solía ser un contrato social, pero ahora se ha convertido en algo muy complejo. Ya no hay sólo blancos y sólo negros, sino también hispanos y asiáticos, y los hijos mezclados de todos ellos. Obama no es tanto un presidente negro como un presidente birracial. Nunca habría ganado las elecciones si llega a haber competido como el candidato negro. Compitió como el mejor candidato, que casualmente era negro. Hasta las primarias de Carolina del Sur, los afroamericanos no le aceptaron como uno de los suyos. Y gran parte del mérito lo tiene Michelle. Ella sí que es una mujer fuerte y negra en el mejor de los sentidos.

P.- ¿Cree que el escándalo del gobernador Blagojevich, que ha intentado vender el escaño de Obama, puede empañar su imagen como presidente? ¿Hasta qué punto se le puede percibir como un producto de la política sucia de Chicago?

R.- Obama ha salido de momento limpio de este escándalo, y todo parece indicar que nunca ofreció nada al gobernador. Los medios se lo pasarán muy bien durante una semana con este asunto, pero creo que al final le va a servir a Obama para desmarcarse de la política sucia de Chicago. Los demócratas de Illinois han estado divididos entre los reformistas y los corruptos, y Obama pertenece a la primera tradición, al igual que el otro senador del Estado, Richard Durbin.

P.- Por último, ¿de qué habló con Zapatero en Madrid, durante su breve encuentro en el Consejo de los socialistas europeos?

R.- Hablamos sobre todo de la respuesta ante la crisis, de la necesidad de un gasto público muy sustancial y de la regulación de los mercados financieros. Coincido con el planteamiento de que hay que poner a la gente primero. Confío en que el Partido Demócrata vuelva a ser en EEUU el partido del pueblo, y no el segundo partido de Wall Street.


«Tras lo vivido en EEUU, uno sólo puede ser un optimista»

¿Cómo puede un economista como usted ser optimista en estas circunstancias?

- Si eres un progresista auténtico, después de todo lo que hemos vivido en EEUU el último medio siglo, tienes que ser optimista por fuerza. En el siglo XX tuvimos periodos horribles de guerra y otros de gran redención. Esa alternancia se produce también en la vida de cualquiera. Creo que pese a la recesión económica profunda, estamos a las puertas de un periodo de redención. A veces, en momentos así, surge un líder capaz de captar esa voluntad de cambio y logra que la gente ascienda a la altura de las circunstancias. Digamos que tengo bastante fe en Obama.

¿Ha recibido alguna llamada de la oficina del presidente electo?

- Uf, no creo que Larry Summers me diera un puesto después de todo lo que he dicho de él... Pero estoy como asesor en la comisión del Congreso que supervisará el plan de rescate financiero. Eso es todo. Prefiero mantenerme como un outsider para seguir escribiendo libros y decir lo que quiero en mis columnas. También quiero seguir tendiendo puentes entre la democracia política y la democracia económica en foros de pensamiento como Demos. Digamos que he elegido trabajar en los cauces convencionales de la política antes que hacerlo desde la izquierda radical. Mi esfuerzo consiste en empujar la política americana hacia el centro-izquierda.

Usted lleva toda la vida alternando la militancia progresista con el periodismo y la economía ¿En qué papel se siente más cómodo?

- A mí me gusta trabajar «en el lado izquierdo de lo posible», como decía Michael Harrington, autor de La otra América, uno de los autores más influyentes de la izquierda americana (Kennedy se inspiró en él para lanzar su cruzada contra la pobreza). Empecé con el periodismo convencional en el Washington Post, en la época del Watergate, luego trabajé como investigador en el Comité de Banca del Senado, y ahí fue donde aprendí de verdad economía. Trabajé desde dentro en la Administración Carter y participé en las primeras reuniones estratégicas de economía en la era Clinton. Conozco el Gobierno desde dentro y por eso sé que soy más útil desde fuera.

¿Algún sueño incumplido?

- Mejorar la sociedad y perfeccionar la democracia, una lucha que nunca acaba.

¿Y en el tiempo libre?

- Lo paso entre mis nietos, el tenis, la fotografía y la poesía... Hace 10 años publiqué un libro, Family Reunion, en el que trabajé a medias con mi primera esposa, Sharland, que murió hace 11 años. Con mi segunda mujer, Joan Fitzgerald, tengo también mucho en común: es profesora en la Universidad de Nueva York y está acabando un libro sobre el renacimiento verde de las ciudades.

LA CUESTION

- ¿Tiene Obama lo que hay que tener para ser un presidente transformador, como lo fueron Lincoln o Roosevelt?

- Sí. Su historia personal es el mejor de los indicios. Su autobiografía, 'Sueños de mi padre', es un libro extraordinario, con una profundidad y una capacidad de reflexión sorprendente. Se diría que con 33 años tenía ya esa rara cualidad llamada 'sabiduría'. Obama es un hombre con mucha seguridad y confianza en sí mismo, pero sin llegar a ser arrogante. Tiene tanta cofianza que es capaz de nombrar a Hillary como secretaria de Estado. Pocos se habrían atrevido a tanto. No tiene miedo a que le robe protagonismo, lo cual es bastante destacable... Si Obama logra capear el temporal económico en dos años y consigue revalidar la mayoría demócrata en el Congreso en el 2010, no me cabe la menor duda de que será un presidente 'transformador' e iniciará una era progresista en EEUU que puede durar décadas. Será el contrapunto a la 'revolución conservadora' de Reagan que ha durado hasta el 2008, con el breve interludio de Bill Clinton.

TRIBUNA LIBRE
ANTON SARACIBAR
14-D: 20 años después

Al terminar las campanadas de las 24 horas del 13 de diciembre de 1988, un joven que estaba viendo la televisión le dijo a su padre, ante el apagón televisivo que se acaba de producir: «Se ha averiado la televisión». El le contestó que no y le explicó a continuación, de la mejor manera que supo, y no sin dificultades, que era el primer síntoma de que había comenzado la huelga general. Los dos, padre e hijo, estaban asistiendo por primera vez a una huelga general convocada legalmente por los sindicatos en un contexto democrático.

Efectivamente, había comenzado la huelga del 14-D de 1988, posiblemente la de mayor participación e impacto entre los trabajadores y la opinión publica de las llevadas a cabo por el movimiento obrero en España -además, sin ningún tipo de incidentes- a lo largo de toda su historia.

Si nos remontamos al siglo XIX, son dignas de mención las movilizaciones obreras en respuesta a los llamamientos tanto de la I y II Internacional como de las centrales sindicales, en contra de la explotación de los trabajadores y en defensa de sus reivindicaciones relativas, principalmente, al derecho de sindicación y de negociación colectiva y, por supuesto, a los salarios y a la jornada de trabajo, sobre todo en torno al Primero de Mayo. De la misma manera son de destacar, a comienzos del siglo XX, las movilizaciones obreras en torno a la guerra de Marruecos y a la carestía de la vida y al aumento del precio del pan, como consecuencia de la I Guerra Mundial.

Más tarde se produjo la huelga general de 1917 -una fecha también emblemática del movimiento obrero-, convocada contra el poder despótico del Gobierno y a favor de un cambio de régimen. En la II República, la historia del movimiento obrero se hizo eco sobre todo de la huelga general de 1934 -con amplia repercusión en Asturias-, ante el avance del fascismo internacional.

Ya en plena dictadura franquista, fueron destacables la huelga general del País Vasco en mayo de 1947, y las repetidas movilizaciones llevadas a cabo a lo largo de las décadas de los 60 y de los 70 reivindicando, además de las demandas laborales, la recuperación de la libertad, la democracia, y la disolución del sindicato franquista. Movilizaciones que fueron fuertemente reprimidas -significando la cárcel y el destierro para muchos militantes obreros-, produciendo incluso víctimas mortales entre los trabajadores en El Ferrol, Granada y Vitoria en la etapa final de la dictadura. En cuanto a las movilizaciones obreras que se llevaron a cabo al comienzo de la Transición, es de reseñar la huelga general convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS ), en noviembre de 1976, secundada por más de dos millones de trabajadores en toda España.

También, después del 14-D, se celebraron importantes huelgas generales ante las reformas laborales impuestas: la del 28 de mayo de 1992; la del 27 de enero de 1994; y, finalmente, la huelga general del 20 de junio de 2002 -en este caso, en contra del Gobierno del Partido Popular-, que fueron seguidas mayoritariamente por los trabajadores.

Esta breve reseña histórica demuestra la fuerte capacidad de movilización del movimiento obrero, destacando en esas convocatorias hechos verdaderamente relevantes, como lo fue la huelga que estamos comentando. Efectivamente, la huelga del 14-D fue tan importante como singular; no estamos hablando por lo tanto de una huelga más de las convocadas por el movimiento obrero en nuestro país. Desde luego fue distinta; tuvo algo de especial, destacando sobre todo la unanimidad con que la ciudadanía secundó las reivindicaciones de los sindicatos, lo que conmocionó al Gobierno y creó estupor y sorpresa en la opinión pública europea. Se trataba, además, de la primera huelga general en democracia después de la dictadura franquista, y de la primera huelga general convocada por los sindicatos con el PSOE en el poder.

El paro fue secundado masivamente por los trabajadores en los centros de trabajo; el comercio y los servicios cerraron en su gran mayoría; el transporte también secundó la huelga, e incluso el paro se secundó en los medios de comunicación audiovisuales y escritos.

La gran mayoría de la ciudadanía secundó la huelga como no se recordaba en España, a pesar de las sucesivas campañas del Gobierno para evitarla, tratando para ello de desprestigiar a los sindicatos, descalificando sus reivindicaciones, estableciendo servicios mínimos abusivos y desestabilizando en concreto a UGT a pesar de que los 11 miembros de su comisión ejecutiva eran afiliados del PSOE.

Los sindicatos asumieron un gran protagonismo social en esta etapa -ante la ausencia de una verdadera oposición política- y demandaron una serie de medidas en relación con los trabajadores más desfavorecidos, oponiéndose particularmente al Plan de Empleo Juvenil como banderín de enganche de la huelga, además de exigir el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva, la mejora de la prestación por desempleo y el aumento de las pensiones. Sin embargo, además de estas reivindicaciones, existían problemas más profundos que justificaban una movilización de estas características contra un Gobierno socialista, como podemos observar a continuación.

Debemos dar por hecho que el único objetivo de la política sindical seguida por UGT y CCOO en la década de los 80 seguía siendo la defensa de los intereses de los trabajadores, que es lo único que justifica su propia existencia. Algunas de las referencias que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo esa política son conocidas: la centralidad del trabajo en una sociedad democrática, el movimiento sindical europeo, las ideas socialdemócratas que se intentaban aplicar con el mayor rigor posible, además de la memoria histórica que seguía siendo una referencia constante para UGT.

Precisamente, en la defensa de los trabajadores, los sindicatos se sintieron incomprendidos al no ser correspondido por el Gobierno el esfuerzo de corresponsabilidad realizado por los trabajadores y los sindicatos, en un contexto económico particularmente difícil. Se equivocaban, pues, quienes manifestaron que la única razón de la huelga se debía a razones de enemistad personal entre Nicolás Redondo y Felipe González o a las ansias de poder de UGT dentro de la llamada familia socialista.

Debemos recordar que UGT aceptó en los primeros años de la década de los 80, con lealtad, un duro ajuste industrial y de salarios justificado por la crítica situación de la economía española, esperando recuperar más tarde una parte de los beneficios que se generarían por un mayor crecimiento de la economía.

Sin embargo, eso no ocurrió y además se comprobó que en el Gobierno predominaba un enfoque neoliberal que mantenía una permanente demanda de contención salarial y planteaba duras propuestas que chocaban con las reivindicaciones sindicales. La reforma de la Seguridad Social (en el año 1985) y el referéndum de la OTAN (en 1986) son dos motivos de grave confrontación que antecedieron a la huelga.

Además de las medidas impopulares, lo que preocupaba a los responsables de los sindicatos era el tono con el que éstos eran tratados en las altas esferas del Gobierno, dando una imagen de ellos como organizaciones opuestas al progreso social, como grupos de presión en defensa de intereses corporativos a los que había que limitar su capacidad de acción. Se postuló, en definitiva, una política calificada de socialdemócrata sin sindicatos... Como si eso fuera posible.

Todo ello unido a un discurso sobre el fin de la clase trabajadora en un mundo postindustrial, defendiendo que las clases medias profesionales abandonaran la alianza con la clase obrera. Esta pasó de ser vanguardia de la transformación social a un grupo en declive, retardatario, y conservador al que había que frenar en su creciente influencia en la sociedad. Fundamentalmente, esto justificó que el conjunto del movimiento sindical encabezara la contestación obrera donde se reivindicó principalmente el reparto de una parte de los beneficios que se estaban generando por un mayor crecimiento de la economía: exigencia del «giro social», como compensación de la «deuda social» contraída con los trabajadores desde años atrás.

La consecuencia más negativa de todo ello fue el enfrentamiento con el Gobierno socialista de Felipe González, y con su política económica en concreto, en coherencia con la defensa que hicieron los sindicatos de una política de solidaridad y, por lo tanto, de los trabajadores más débiles: jóvenes sin empleo, pensionistas, trabajadores con un contrato precario, dependientes del SMI o con salarios bajos y desempleados sin prestación por desempleo.

La parte positiva del enfrentamiento fue que los sindicatos se hicieron mayores de edad; rearmaron a sus cuadros en la defensa de sus siglas; reafirmaron su autonomía; y consiguieron con su actuación fortalecer, más si cabe, el carácter constitucional de los sindicatos en defensa de los trabajadores en una sociedad democrática. Los sindicatos hicieron músculo, fundamentalmente con sus afiliados en los centros de trabajo, y ello les hizo más fuertes y seguros de sí mismos, demostrando que la lógica política no tiene nada que ver con la lógica sindical y que el papel de los sindicatos y de los partidos políticos es distinto en un sistema democrático, sobre todo cuando los partidos son interclasistas, como ocurre en la actualidad.

Además de todo ello, y a pesar de las críticas que se hicieron a los sindicatos de no saber gestionar el éxito de la huelga -por no saber «negociar de manera realista»-, las reivindicaciones obtenidas, eso sí, un año después del 14-D, se pueden considerar muy positivas, siendo valoradas por encima de los 250.000 millones de las antiguas pesetas como pago de la deuda social contraída. Además, los sindicatos consiguieron retirar el Plan de Empleo Juvenil, y que se aprobaran la Ley de pensiones no contributivas, el derecho a la negociación en el ámbito de la función pública y la cláusula de garantía de la retribución de los funcionarios, la cláusula de garantía para los pensionistas, el incremento de la ayuda familiar para las rentas más bajas, y el salario social a través de las comunidades autónomas, entre otras medidas.

Sin embargo, todo hay que decirlo, los sindicatos no consiguieron cambiar ni la política económica del Gobierno ni la extensión de los contratos temporales hasta límites insospechados en el resto de los países europeos. Tampoco significó la debacle electoral del PSOE, aunque los sindicatos volvieron a demostrar con la huelga su capacidad para deslegitimar la política del Ejecutivo socialista entre los trabajadores.

Desde entonces han pasado 20 años y la situación ha mejorado mucho en España. Destacan los avances relacionados con las libertades, la consolidación de la democracia, el crecimiento económico, la plena integración en la UE, el control de la inflación, el avance en políticas sociales, y, por supuesto, en políticas de igualdad. Pero, sobre todo, cabe destacar en estos años el protagonismo de los sindicatos a través del diálogo social y de la negociación colectiva, reafirmando con ello el pleno reconocimiento de la representatividad de los sindicatos en la defensa de los trabajadores, que hoy nadie discute.

Sin embargo, y a pesar de los avances que se han producido, los sindicatos siguen teniendo en la actualidad nuevos retos y nuevos compromisos con los más desfavorecidos. A mi entender, estos son los más significativos:

- La globalización de la economía y de las comunicaciones, en un contexto de crisis financiera y recesión.

- El aumento de las desigualdades y de la pobreza en el mundo.

- El dumping social y la deslocalización de empresas.

- La presencia del capitalismo financiero en las empresas.

- El cambio climático.

- El fenómeno de las migraciones.

- El déficit en protección social, por debajo en nuestro caso de la media europea.

- El desarme fiscal.

- La pérdida de los salarios en la renta nacional.

- El desempleo y la precariedad alarmante de nuestro mercado de trabajo.

- El preocupante número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Y, finalmente, el estado de nuestros servicios públicos -sobre todo los relativos a la enseñanza y la sanidad- y las políticas encaminadas a su privatización en algunas comunidades autónomas.

Estos son algunos de los retos que tenemos que recordar al cumplirse el 20º aniversario de una fecha memorable para los trabajadores como el 14-D, que, según pasan los años, es mejor comprendida por muchos de sus antiguos detractores al considerar ahora normal que los sindicatos utilicen un recurso como el derecho de huelga, que reafirma su autonomía y sus competencias constitucionales en la defensa de los intereses de los trabajadores, incluso en contra, si es necesario, de un Gobierno con la etiqueta de progresista... y desde luego de los empresarios.

Eso es lo que viene sucediendo desde hace ya muchos años en la UE y esa es la normalidad que queremos que se consolide, también en nuestro país, a partir de la experiencia que estamos viviendo en la actualidad y de la madurez adquirida aquel14-D.

Antón Saracíbar es ex dirigente de UGT y miembro del Patronato de la Fundación Francisco Largo Caballero.

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