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ESPAÑA
Un 'cúmulo de chapuzas' permite que De Juana quede en libertad
Maite Pagazaurtundua expresa la frustración de la sociedad española y exige «reformas legales» para que un asesino en serie no pueda volver a salir de la cárcel sin arrepentirse ni pagar sus deudas a las víctimas y nada le impida instalarse entre ellas
JOAQUIN MANSO
MADRID.- La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, expresó ayer la frustración de la sociedad española ante el «cúmulo de chapuzas» que, a su juicio, han permitido que un terrorista condenado por 25 asesinatos pueda salir de prisión cumpliendo sólo 18 años de cárcel. De Juana ha pasado un total de 21, aunque los últimos tres años por un delito de amenazas cometido al publicar dos artículos en el diario abertzale Gara.
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En declaraciones a Radio Nacional, Pagaza destacó la necesidad de emprender «reformas legales» para evitar que un asesino en serie de semejante crueldad pueda salir de la cárcel e instalarse entre sus víctimas, buscando vericuetos para evitar pagar sus indemnizaciones y sin mostrar un ápice de arrepentimiento. En el caso de De Juana, incluso jactándose de sus crímenes. «Lo que necesitamos es un orden y una planificación, para que no improvisemos y no hagamos una chapuza tras otra, porque el caso de De Juana es un cúmulo de chapuzas todo ello», aseguró.
Pagaza resaltó la necesidad de un trabajo «serio y continuado» en la Justicia española para poner fin a «fraudes en los apartados que se refieren a cumplir o redimir penas». En este sentido, pidió unidades administrativas especializadas para perseguir las indemnizaciones que deben los etarras por sus asesinatos. «Para que quienes tienen deudas económicas no se vayan de rositas», reclamó, tras asegurar que el Estado no ha recaudado «prácticamente nada» de las responsabilidades civiles de los terroristas. Destacó la necesidad de no olvidar «dentro de dos semanas» los hechos acaecidos en torno a la salida de prisión del etarra, para que no quede en «un puro ejercicio de banalidad».
De la misma manera, pidió a los legisladores que «se pongan las pilas» y lleven a cabo los cambios legales con el objeto de que «este tipo de acciones no se vuelva a repetir». «Hace falta reformas legales para que quien no se haya reinsertado socialmente no genere la crueldad de vivir con los inocentes a los que su organización terrorista ha dañado», remachó, según recoge Europa Press.
Pagaza acertó ayer a dar voz a la incomprensión que siente la sociedad española ante la salida de prisión de De Juana, que será el mayor asesino de España en libertad.
Analizando la evolución legislativa y jurisprudencial, apenas puede comprenderse la serie de circunstancias que facilitan que un asesino condenado a más de 3.000 años de cárcel pueda salir de prisión tras cumplir 18, e instalarse entre sus víctimas sin haberse arrepentido ni pagado un euro de indemnización.
El etarra cometió sus crímenes en los años 80, cuando todavía estaba vigente el Código Penal de 1973, que en su artículo 100 establecía la redención automática de días de condena por trabajos o estudios universitarios. El precepto estaba pensado para delincuentes comunes, no para terroristas, que en aquella época hubiesen sido condenados a muerte con toda probabilidad.
Ese artículo no fue derogado ni reformado hasta que se publicó el nuevo Código Penal, en 1995, pese a la sangrienta ofensiva de ETA durante los años 80, en los que llegó a superar el centenar de asesinatos al año e inauguró nuevas formas de atentado indiscriminado, como el coche bomba, incluso contra civiles. Así, el ataque a Hipercor en 1987, en el que murieron 21 personas.
Esta reforma sólo se aplica a los crímenes cometidos durante su vigencia, y no antes. No obstante, el Supremo encontró en 2006 una vía para que los condenados por el Código de 1973 no viesen reducidas sus penas. La doctrina Parot, pendiente de un recurso ante el Constitucional, establece que el cómputo de las redenciones se hará sobre cada una de las condenas que esté cumpliendo el reo, y no sobre los 30 años de cumplimiento máximo, como venían aplicando las tribunales.
Desde que se aprobó el Código de 1995, no existen las redenciones de condena y el acceso al tercer grado y a la libertad condicional pasan siempre, en última instancia, por una decisión del Gobierno. La nueva norma introdujo también, en su artículo 48, la posibilidad de aplicar como pena accesoria en determinados delitos la prohibición de acudir, una vez cumplida la condena, a la localidad donde residan las víctimas. La sensibilidad hacia los afectados por el terrorismo no se acercaba todavía a la que existe hoy: el legislador no preveía la posibilidad de aplicarlo a los crímenes terroristas. En 2004, una circular del Ministerio Público ordenó a todos los fiscales que promoviesen esa medida y sólo desde 2006 se aplica sin excepción.
La legislación penal no dio una nueva vuelta de tuerca hasta junio de 2003, seis años después del asesinato de Miguel Angel Blanco. El Congreso aumentó el tiempo máximo de estancia en prisión hasta los 40 años para los delitos de terrorismo (hasta entonces, era de 30) y se estrecharon notablemente las condiciones de acceso a beneficios penitenciarios de los terroristas: entre otras cosas, se supedita a la satisfacción de las responsabilidades civiles.
Otro frente que han mantenido abierto las víctimas ha sido el de la imposibilidad de cobrar indemnizaciones: los etarras no pagan nunca. Hasta 1999, el Congreso no atendió esa queja. Desde entonces, el Gobierno adelanta a los afectados una determinada cantidad, que no vincula al tribunal. Por ejemplo, 138.000 euros por asesinato.
Pero la frustración de las víctimas tiene mucho que ver con la actuación de la Fiscalía y los tribunales. Hasta fechas recientes no se investigó si el etarra tenía bienes suficientes para hacer frente a sus responsabilidades civiles o si, como en el caso de su vivienda en San Sebastián, buscó un vericueto para eludirlas. También se ha conocido que un juzgado lleva invertidos dos años en determinar si De Juana falsificó sus estudios para redimir casi dos años de condena. Además, el Ministerio Público redujo sensiblemente su petición de condena por el delito de amenazas que ha mantenido al terrorista en prisión: de 96, pasó a 12 o, alternativamente, cuatro. El Supremo lo dejó en tres, y De Juana está en la calle.
EDITORIAL
DE JUANA QUEDA LIBRE PARA VERGÜENZA DE NUESTRA DEMOCRACIA
UN ASESINO EN LA CALLE / Los afectados
Versos para un asesino: «¡Oh miserable De Juana!»
Las víctimas del terrorista relatan los detalles de los peores atentados del jefe del 'comando Madrid'
JOAQUIN MANSO
MADRID.- Será hoy mismo. Quizá, cuando el lector de EL MUNDO tenga este periódico entre sus manos, ya esté en la calle. Libre. Habrá pagado su deuda con la sociedad, según el manidísimo tópico y según la ley. José Ignacio de Juana, el primero de los grandes asesinos de ETA que quedará en libertad. Fue condenado a más de 3.000 años de cárcel por 25 asesinatos, pero sólo ha pasado entre rejas 21. La salida de prisión de uno de los pioneros del atentado indiscriminado con coche bomba ha provocado un tremendo impacto en toda la sociedad española y, sobre todo, entre sus víctimas. La AVT las recordará hoy a las 12.00 horas en el monumento a las víctimas, en el escenario del peor atentado de De Juana: la plaza de la República Dominicana de Madrid.
UN ASESINO EN LA CALLE / Los afectados
¿Cuánto horror fue capaz de provocar De Juana?
Las víctimas del terrorista relatan los detalles de los peores atentados del jefe del 'comando Madrid'
MANUEL GONZALEZ BERMUDEZ
«¿Por qué tardó en aprobarse el cumplimiento íntegro de penas?»
Sólo era un aprendiz en 1986. Estaba en la Academia de la Guardia Civil, formándose para ser agente de tráfico y tenía 21 años. Cuando el autobús que les trasladaba desde el cuartel pasó por la plaza de la República Dominicana, se encontró con el semáforo que da acceso a la calle de Costa Rica en ámbar. El conductor dudó un segundo, pero decidió acelerar. De Juana también tardó un segundo de más en apretar el detonador aplicado a 50 kilos de Goma 2 embutidos en una furgoneta Sava: por eso murieron 12 aprendices, y no los 56 que eran el objetivo de ETA.
«Yo iba en la parte delantera. El chófer, al pasar en ámbar, me salvó la vida. Todos los que iban atrás murieron», relata Manuel. Tras la explosión, el estallido de los cristales le hirió el brazo y quedó unos segundos inconsciente. Después, bajó del autobús y se dio de bruces con el atentado: se encontró a un compañero suyo, mutilado y muerto. «Los que quedaban dentro pedían auxilio. Me volví a subir inmediatamente. Lo que vi jamás lo olvidaré. Todo estaba ardiendo. De los cinco que iban en los asientos traseros, cuatro estaban decapitados. Cargué en mis hombros con un compañero que tenía la tapa de los sesos levantada. Creo que murió en mis brazos».
Sólo tiene 43 años, pero ha tenido que dejar el Cuerpo por las secuelas del atentado. La salida de la cárcel de De Juana le trae a la mente muchas preguntas: «¿Por qué tardó tanto en aprobarse el cumplimiento íntegro de las penas si ya nos había hecho tanto daño? ¿Por qué tienen privilegios frente a otros presos en las cárceles? ¿Por qué el PNV no reniega expresamente de ETA?».
GERARDO PUENTE
«Los derechos de los asesinos están por encima de las víctimas»
Aquél iba a ser un gran día para España, pero De Juana y ETA quisieron acaparar el protagonismo. El 12 de junio de 1985, nuestro país firmó el tratado de adhesión a la Comunidad Europea. La banda asesinó primero a un coronel y su chófer; después, dejó un Renault 12 cargado de explosivos en el parking de El Corte Inglés de Goya. «Lo dejé ahí porque no encontraba sitio para aparcar», dijo el asesino, con cruel sorna, en el juicio. Dos tedax fueron a desactivar la bomba: Gerardo y su compañero Esteban del Amo.
«Era un cazabobos [un dispositivo con trampa]. Fuimos cada uno por una parte del coche. Cuando explotó, Esteban estaba delante de mí y absorbió toda la onda expansiva. Quedó destrozado», cuenta Gerardo, todavía impresionado por cómo, cuando llegaron al centro comercial, había miles de personas por los pasillos y sacando sus coches del aparcamiento: «Pudo ser una masacre».
Un brazo le quedó inutilizado y nunca más pudo trabajar como policía, y tuvo también profundas secuelas psicológicas. Durante las huelgas de hambre de De Juana, participó muy activamente en las campañas de la AVT. Ahora se resigna: «Se te quitan las ganas de luchar. Parece que los derechos de los asesinos están por encima de los de las víctimas».
HORTENSIA GOMEZ
«Los fiscales y los jueces no sienten como nosotros»
«Saca buenas notas para que te destinen a Madrid». Hortensia animaba así a su hijo Alberto, para que no le enviasen al País Vasco. Fue asesinado, junto a otros cuatro compañeros, en un atentado con coche bomba en la confluencia de Juan Bravo con Príncipe de Vergara, en la capital de España. Un año antes, había salido ileso del ataque de la plaza de República Argentina, y avisó a su madre: «Mamá, el próximo me toca a mí».
«Por la mañana nunca ponía la radio, pero aquel día me levanté a las siete y sí lo hice. 'Acaba de pasar algo terrible en Príncipe de Vergara esquina Juan Bravo. Creemos que puede ser un atentado', dijeron. Yo di un grito, porque sabía que mi hijo trabajaba en la Embajada americana. El no tenía que montar en ese jeep, pero su chófer se durmió y se montó en otro», recuerda Hortensia.
Alberto tenía 23 años y era el mayor de tres hermanos. Su asesinato cambió la vida de toda su familia. Su padre, que estaba enfermo, murió dos años después, muy afectado. «Cuando hace dos años se volvió a hablar de De Juana Chaos, me puse como loca, porque estaban jugando con nosotros. Que si entra, que si sale... Los fiscales y los jueces no sienten como nosotros».
CIRILO PEREZ
«Tienen que hacerles cumplir íntegras las penas»
El 9 de septiembre de 1985, De Juana estrena en Madrid el peor método del terror: el coche bomba. Dieciséis jóvenes guardias civiles quedan heridos al explotar un Peugeot 505 al paso de un autobús del Cuerpo. Un norteamericano que hacía footing fue asesinado: se le incrustó un trozo de metralla en la carótida.
«Todo se puso incandescente. Puntitos rojos, una llamarada intensa. Cuando sentí la explosión pensé: '¡Atentado!', y cogí a mi hermano por la cabeza y lo tiré al pasillo. Las láminas de chapa y la metralla nos pasaron por encima. A mí se me incrustaron dos tuercas en la espalda». Después, Cirilo fue quien trasladó al estadounidense hasta el Hospital de la Cruz Roja, taponándole la herida. La Embajada le envió una carta felicitándole y tratándolo de «héroe».
Estuvo dos meses de baja, pero nunca se repuso del impacto psicológico y, desde hace 14 años, trabaja como chófer fuera de la Guardia Civil. «Tratando bien a De Juana piensan que van a acabar con el terrorismo... Para acabar con ellos, lo que tienen que hacer es hacerles cumplir íntegras las penas. Si no salen de la cárcel, mejor», asegura Cirilo.
UN ASESINO EN LA CALLE / El personaje
«Quiero ver cómo termina esta guerra»
De Juana, que deja la cárcel tras pasar entre rejas 21 años de los más de 3.000 de condena, desafió con esta frase al policía que le detuvo
ANGELES ESCRIVA
MADRID.- La madrugada de enero de 1987 en la que los GEO irrumpieron en el piso de la calle de Gómez Ulla, José Ignacio de Juana Chaos, el jefe del comando Madrid, yacía junto a otra etarra en su habitación. Tenía la pistola sobre la mesilla con el cañón apuntando a la puerta y la miró como si pudiese alcanzarla en un instante. El policía que le tenía cercado le retó: «¿No la coges?». «Soy etarra, no gilipollas y, además, quiero ver cómo termina esta guerra», respondió. Desde entonces hasta ahora apenas han pasado 20 años. Apenas porque, tal como se han encargado de denunciar los familiares de sus víctimas, no son muchos para quien asesinó a 25 personas, y hoy sale desde la prisión sin un ápice de arrepentimiento hacia su recién adquirido piso en la avenida de Carlos I de San Sebastián.
«En su trayectoria, cada uno de los muertos y heridos le han salido por apenas unos meses de cárcel», ha lamentado alguna de las afectadas por tanto sufrimiento. Esa ley de la que se van a beneficiar decenas de etarras con historiales brutalmente sangrientos fue modificada hace unos años. No obstante, el caso de De Juana aglutina elementos distintos, algunos de los cuales alcanzaron cotas incomprensibles durante su anterior huelga de hambre, iniciada cuando el Gobierno estaba negociando con ETA.
José Ignacio de Juana Chaos pasó de formar parte de la primera promoción de la Ertzaintza en la Academia de Arkaute a las filas de ETA. Y cuando las Fuerzas de Seguridad creían tenerlo ubicado como guardia de corps de la cúpula etarra, se lo encontraron, en el verano de 1985, apretando el gatillo en el comando más sangriento que ha pisado la capital de España, al que la banda abastecía con cinco millones de pesetas al mes. Así, este etarra disparó contra el coronel Vicente Romero y el conductor del vehículo oficial que se le había designado, Juan García Jiménez; así, atentó contra Fausto Escriga, un hombre culto, relacionado con lo mejor de la inteligencia europea; así, contra el comandante Sáenz de Inestrillas o el coronel Carlos Besteiro. Para después pasar a activar detonadores.
Los testigos recuerdan cómo quedaron desparramados las extremidades de cinco guardias civiles cuya furgoneta había volado entre las calles madrileñas de Juan Bravo y del Príncipe de Vergara. Un boquete en el edificio más próximo reveló que se trataba del paritorio de un hospital en el que había nacido un niño apenas un cuarto de hora antes.
Meses más tarde, De Juana se acercó al Rastro de Madrid y adquirió una vieja furgoneta que dejó aparcada, repleta de papel higiénico y con una olla en su interior, en las inmediaciones de la plaza de la República Dominicana. Sólo tuvo que esperar al volante de un utilitario antes de que su copiloto, Domingo Troitiño, detonase el artefacto. «Autobús Academia para central, ha ocurrido una tragedia, una explosión: manden ambulancias, manden refuerzos. Por favor, se están muriendo, los chicos se están muriendo...», fue lo que el chófer García Rangel acertó a decir por radio, desesperado, cuando comprobó que estaba en la parte delantera de un vehículo destrozado, con 12 jóvenes muertos en su interior y 70 personas heridas en los alrededores.
De Juana Chaos fue condenado a 3.000 años de prisión. Sin embargo, el Código Penal de 1973 establecía que 30 años era el máximo tiempo de reclusión y que ese periodo se veía reducido de manera prácticamente automática por la aplicación de beneficios penitenciarios sujetos al trabajo o a los estudios del recluso. El jefe del comando Madrid se disponía a salir cuando apenas había cumplido 18 de esos 30 años, pero la alarma social que esta posibilidad generó incitó a la Administración a revisar sus comportamientos en la cárcel.
Esta iniciativa hizo que el etarra, que durante su estancia en prisión se había alegrado de los asesinatos de ETA -«aquí en la cárcel sus lloros son nuestras sonrisas» o «con este atentado ya he comido por un mes»-, viera cómo se abría una causa contra él por los artículos que hizo llegar a Gara amenazando a varios funcionarios de prisiones.
También se revisaron las redenciones carcelarias que había obtenido, pero apenas se encontró alguna irregularidad: dos jueces distintos le habían regalado 175 días de libertad al contabilizar dos veces los beneficios por la autoría de un libro. En 2005, un informe remitido a la Audiencia Nacional afirmaba que había falsificado los documentos para incorporarse a la universidad -aportando un título de acceso para mayores de 25 años y una licenciatura en Enfermería firmada por su hermana Altamira presuntamente inexistentes- y, por tanto, habría obtenido fraudulentamente meses de reducción de condena basados en estudios superiores realizados en prisión.
Hace mes y medio, un juzgado de Guecho determinó que lo relativo al título de Enfermería se archivaba de forma definitiva, pero una nota de la Fiscalía General precisó que se seguían investigando éste y otros casos. Respecto a las amenazas desde prisión, después de una evolución procelosa de la causa, en la que el juez Santiago Pedraz no vio delito, la Audiencia Nacional le condenó a 12 años y medio, que el Supremo redujo a tres. Los últimos. Estábamos en plena tregua de ETA y la banda decidió rentabilizar la tremenda presión sobre el Gobierno.
Durante estos tres últimos años de condena, se casó en el centro penitenciario de Valladolid con una de las portavoces de Etxerat, con la mujer que antes de contraer matrimonio compró a la hermana del etarra la casa familiar -cerca de la cual viven varias víctimas de ETA- para que éste se declarara insolvente y no tuviera que pagar las indemnizaciones que les debe a sus víctimas.
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GOLPE A LA BANCA ESPAÑOLA
El Gobierno deja que sea Botín el que se arregle con Chávez para evitar una crisis
El Santander rechaza la intervención del Ejecutivo español y busca la mejor salida posible del país - El PP exige al Gobierno que defienda los intereses de las empresas nacionales en el exterior
JUAN EMILIO MAILLO
MADRID.- El Banco Santander elude la ayuda del Gobierno y prefiere negociar por su cuenta su salida del mercado venezolano, después de la decisión del presidente del país, Hugo Chávez, de nacionalizar su filial en el país.
El Ejecutivo no tuvo conocimiento de los planes del mandatario venezolano hasta última hora del jueves, después de que Chávez hiciese pública su intención de hacerse con el Banco de Venezuela, la marca del Santander. La propia María Teresa Fernández de la Vega reconoció ayer que el Ejecutivo actuó en cuanto tuvo «información del asunto».
El desconocimiento era total, pese a que seis días antes José Luis Rodríguez Zapatero había recibido en a Hugo Chávez y se habían dado por plenamente superadas las diferencias desatadas tras el «¿por qué no te callas?» del Rey. Miguel Angel Moratinos llamó al canciller venezolano, Nicolás Maduro, para pedir explicaciones.
La versión del Gobierno es que este asunto es algo «normal», según manifestó De la Vega, porque, ante la decisión del Santander de vender su filial en Venezuela, el Gobierno de este país impone una negociación que, para la vicepresidenta, es «completamente respetuosa, normal y sin una problemática especial». Las partes están «dialogando y negociando», insistió.
Pero lo que en realidad hace Chávez es frenar un acuerdo entre dos empresarios privados, el Santander y el magnate Víctor Vargas (suegro de Luis Alfonso de Borbón), que rondaba los 1.200 millones de euros, e impone como comprador al Estado venezolano, sin que haya garantías de que se respetará ese precio.
La capitalización bursátil de Banco de Venezuela ronda los 1.100 millones de euros y el banco español invirtió 669 millones de dólares para su adquisición. En 1997 dedicó 351 millones de dólares a comprar el Banco de Venezuela y en 2000 otros 318 millones de dólares al Banco de Caracas, que fusionó con el anterior. El Santander tiene en Venezuela casi tres millones de clientes. Con las 283 oficinas que tiene repartidas por el país, la filial de entidad española cuenta con una cuota de mercado del 12,2% en créditos concedidos y del 11,3% en depósitos captados.
De la Vega intentó en la madrugada del viernes contactar con Emilio Botín, pero éste se encontraba fuera de España y ambos pudieron hablar alrededor de las siete de la mañana de ayer. El Gobierno ofreció su ayuda a Botín, pero el banco la desechó. La entidad prefiere solventar este asunto con sus propios medios. De hecho mantuvo una primera reunión con el Gobierno venezolano el mismo jueves, según confirmó anoche la Vicepresidencia de la República.
En un comunicado, se asegura que en la reunión para «recuperar» el banco participaron el vicepresidente del país, Ramón Carrizalez, el ministro de Economía, Alí Rodríguez, y el presidente de la entidad, Mickel Goguikian.
El Santander tiene claro que ha de salir de Venezuela y busca hacerlo en las mejores condiciones. Además, cualquier conflicto o altercado le podría generar problemas en otros países de la región donde sus intereses son muy superiores a los que posee en Venezuela, que apenas aporta el 7% del beneficio que el banco capta en toda Latinoamérica y el 2,3% del conjunto del grupo.
El Santander abandonó hace cuatro años Bolivia apenas unos meses antes de que Evo Morales accediera al poder. Y ahora, pese al positivo comportamiento de Banco de Venezuela (su beneficio crece actualmente al 29%), no va a dar la batalla por quedarse, sino por lograr el mejor precio posible.
De momento el anuncio de Chávez ya ha provocado el castigo del mercado. Las acciones del Santander cayeron ayer un 2,35% en Bolsa.
El banco espera que la negociación con Chávez no se demore mucho tiempo. De la Vega abundó en esta tesis al asegurar: «Ambas partes me dicen que es posible el acuerdo en muy breve plazo».
El PP aprovechó ayer este asunto para criticar la «debilidad» de la política exterior del Gobierno. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, emplazó al ministro de Industria, Miguel Sebastián, y al resto del área económica del Gobierno a dejar de hacer planes para regalar bombillas -que cuestan 400 millones de euros, según el PP- y «ocuparse de defender los intereses de las empresas en el exterior».
Caen los bonos venezolanos tras el anuncio del presidente
NUEVA YORK.- Los bonos venezolanos aumentaron sus pérdidas ayer, después de que Hugo Chávez anunciara la nacionalización de la filial del Banco Santander, una adquisición que necesitaría más de 1.000 millones de dólares de las arcas públicas.
Chávez enmarcó la compra en una serie de adquisiciones financiadas con la riqueza del crudo, que ya ha incluido proyectos petroleros, una firma de telecomunicaciones y plantas de acero y cemento.
Los retornos de la deuda venezolana, calculados sobre los precios de los bonos y los pagos de cupones, cayeron un 0,67% ayer tras un descenso del 0,33% el día anterior, de acuerdo con el Indice Plus de Bonos de Mercados Emergentes de JP Morgan. Analistas de bancos de inversión valoraban en al menos 1.600 millones de dólares el costo de la adquisición del banco.
GOLPE A LA BANCA ESPAÑOLA / La situación interna
La banca venezolana, en alerta por el nuevo competidor estatal
A través de la nueva entidad financiera, la mayor del país, el Estado controlará el 16,44% del total de créditos bancarios y el 24,38% de los depósitos
JAIME LOPEZ. Especial para EL MUNDO
CARACAS.- El nacimiento de un megabanco socialista, manejado por el Gobierno venezolano, mantiene en alerta a todos los banqueros del país. Tienen razones para ello. La filial venezolana del Grupo Santander es una de las cuatro grandes entidades, con una base de tres millones de clientes y 283 oficinas que, sumada al resto de bancos estatales (el Banco Industrial, Banfoandes, Banco del Tesoro y Banco Agrícola), daría origen al grupo financiero más relevante de Venezuela.
Una vez se concrete su nacionalización, el Estado manejará el 16,44% del total de créditos de la banca y el 24,38% de los depósitos. Banesco, la institución que le seguiría en tamaño, controla el 15,26% de créditos, y el 14,14% de los depósitos.
La creación del gran banco también absorbería todos los fondos que el Gobierno tiene depositados en el sector privado, lo que supondría, según algunas fuentes, la retirada del 30% de los pasivos totales de la banca, unos 7.000 millones de dólares; así como el pago de nóminas de ministerios, gobernaciones y alcaldías.
«El principal problema de competir contra un banco público es que el Estado -y más uno petrolero- tiene la capacidad de subsidiar, reducir sus márgenes de rentabilidad y concentrar todos sus activos en una sola entidad», explicó Jose Manuel Puente, catedrático de Economía del IESA y experto en temas financieros.
Escepticismo y cautela
Con las sucursales de la filial del Santander, el nuevo banco estatal tendrá cobertura en todo el país, contará con más de 500 oficinas y aglutinará el 17% del total de las sucursales del sistema financiero. Sin embargo, algunos analistas financieros se muestran escépticos y cautelosos ante el surgimiento de la entidad pública. Un banco se distingue por su eficiencia y su capacidad de gestión... Y éstas son las cualidades que más echa en falta Hugo Chávez para avanzar con sus planes socialistas.
«Los ciudadanos no tienen una buena opinión sobre la gestión económica oficial en su conjunto», explicó Domingo Maza Zabala, ex director del Banco Central de Venezuela (BCV) hasta enero del año pasado. «Es la percepción que se tiene tras la nacionalización en 2007 de la industria petrolera, la telefónica y la eléctrica que han sido adquiridas por el Estado, y ya empezaron a presentar fallos en los servicios», añadió.
Después de su reelección en diciembre de 2006, un mandato que Chávez juró con la consigna cubana «¡Patria, socialismo o muerte!», el Gobierno ha dedicado más de 10.000 millones de dólares en la estatalización de importantes empresas extranjeras, gracias a los precios internacionales del crudo.
Las cementeras de Cemex (México), Holcim (Suiza) y Lafarge (Francia), y la mayor acería de la región andina y el Caribe, la suizo-argentina Ternium Sidor, son las últimas compañías nacionalizadas por el Estado, adquiridas a un precio justo.
Maza Zabala agregó que la principal incógnita que planea sobre el sistema financiero es si la compra de la filial del Santander es un «hecho aislado» o «el inicio de una política financiera que tenga como fin tomar posesión de otras entidades para extender el poder del Estado a todo el sistema bancario».
El banco español Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), cuarto en el ranking bancario por detrás de los venezolanos Banesco y Mercantil, sería uno de los grandes perjudicados. El Estado venezolano concentra cerca del 45% del PIB, cuando la proporción histórica en Venezuela siempre ha sido de un 70% del sector privado, frente al 30% del público. También emplea al 45% de la fuerza laboral del país.
Dudas respecto a la nueva ley
Un total de 26 nuevas leyes fueron publicadas ayer en Gaceta Oficial por orden presidencial durante el último día de la Ley Habilitante. Gracias a estos poderes especiales, otorgados por la Asamblea Nacional hace un año y medio, el presidente de la República podía legislar mediante decretos con rango de ley. Entre los 26 nuevos decretos leyes, se encuentran el de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; la nueva Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras; la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, y la Ley Orgánica de la Administración, entre otros. El contenido de estos instrumentos legales se desconoce, puesto que la Gaceta Oficial de ayer señala que el desarrollo normativo será publicado en Gacetas Extraordinarias durante los próximos meses. Desde que asumió por primera vez la presidencia en 1999, ha utilizado poderes especiales para legislar en tres ocasiones: en 2000, cuando aprobó 50 leyes, y en 2001, cuando aprobó 51.
Incertidumbre entre trabajadores y clientes
Los titulares de cuentas en una de las sucursales del Santander en Caracas mostraban ayer su sorpresa y algunos se apresuraron a retirar sus ahorros
JAIME LOPEZ. Especial para EL MUNDO
CARACAS (VENEZUELA).- Son las ocho de la mañana. Una sucursal del Banco de Venezuela (Santander) ubicada en la céntrica avenida Francisco Miranda amanece con relativa normalidad. En la calle, no hay hileras de clientes esperando para entrar a la oficina, aunque dentro un bullicio de rumores y comentarios deja por sentado que no es un día normal en la filial venezolana.
«La verdad es que sí hay más gente que de costumbre, aunque este viernes es principio de mes y todo el mundo viene corriendo para cobrar su nómina y gastársela», comenta con picardía Kevin González, un guardia de seguridad privado.
La sorpresa y la incertidumbre por el anuncio de Hugo Chávez de estatizar la entidad predominaron entre los empleados y clientes del banco. Pablo Pérez, cajero de la sucursal, se mostró incrédulo cuando un amigo le llamó el jueves por la tarde para comentarle la información, pero reconoció que, desde hace días, el rumor de la posible venta era persistente. «Ahora, lo que toca es estarse tranquilo y esperar», dice Pérez, quien no tiene intención de abandonar su trabajo aunque el Gobierno compre el banco. El cajero enumera los jugosos bonos navideños que paga la Administración desde que Chávez está en el poder y algunos beneficios laborales que da a los trabajadores públicos.
Naya Delgado, una guapa caraqueña de 25 años, espera en una de las filas a que le toque su turno. Por delante hay más de 10 personas y, de cuando en cuando, mira su reloj con cara de premura. «Soy cliente del Santander desde hace más de tres años. No voy a cerrar mi cuenta, aunque sí quiero retirar unos ahorritos para guardarlos en mi casa. ¡Nunca se sabe!», destaca Delgado, que trabaja en un pequeño restaurante de comida.
Después de anunciar la compra de la filial del Santander, Hugo Chávez señaló que «Venezuela tendrá de nuevo el control de un banco para el pueblo» y que pedirá asesoramiento al banco estatal Caixa Económica Federal de Brasil -el segundo más grande del país- para crear un verdadero «banco socialista».
Julio Morón, otros de los clientes del banco, no entiende mucho el «socialismo del siglo XXI», pero sí sobre teléfonos móviles de última generación y ropa de marca. Crítico visceral del Gobierno, Morón no quiere guardar su dinero en un ente estatal ni aunque le paguen. «En cuanto supe la noticia, me quedé de piedra. Me levanté a las siete de la mañana para venir corriendo a cerrar mi cuenta», dice con rostro trasnochado mientras contesta un mensaje con su Blackberry.
El criterio de Tony Sousa, otro de los clientes, es muy distinto. Aunque sólo conoce la noticia por los periódicos, no tomará ninguna decisión hasta consultar con unos amigos que trabajan en el Gobierno: «Lo mejor es asesorarse y preguntar bien. Nunca se sabe cómo te puedes beneficiar».
El Banco Central de Venezuela emitió un comunicado para tranquilizar a los inversores y destacar que el sistema financiero operaba ayer de «manera satisfactoria y con solidez». También recordó que la nación posee reservas por más de 30.000 millones de dólares, un «flujo de circulante satisfactorio para atender los requerimientos de pago indispensables para las actividades de producción, distribución y consumo».
Rouco reclama a Zapatero «libertad evangélica» para criticar las leyes
El presidente del Episcopado, molesto por las formas del encuentro - El Ejecutivo pide «lealtad» y la Iglesia ofrece «respeto al Estado»
JOSE MANUEL VIDAL
MADRID.- «Las heridas que Zapatero infligió a la Iglesia son demasiado graves para curarse con la tirita de un encuentro». Así describen en la sede de la Conferencia Episcopal la reunión entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del Episcopado, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Sonrisas y cordialidad con discrepancias de fondo.
En lo formal, Iglesia y Gobierno tacharon de «protocolario» el encuentro. «De obligada cortesía institucional», explicó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El «más cordial» que recuerda Zapatero, según expresó él mismo. «Se enmarca dentro de las reuniones habituales que el presidente del Gobierno acostumbra a tener con el presidente de la CEE cada vez que éste es elegido», dice la nota del episcopado.
En los corrillos de la sede episcopal se comenta que «Zapatero vendió cara la foto con Rouco». Tanto, que tardó cinco meses en recibirlo y en la CEE ya daban por supuesto que la reunión se postergaría hasta septiembre. Además, Zapatero avisó al cardenal sólo con 24 horas de antelación y ni siquiera salió a recibirlo a las escaleras de La Moncloa, circunstancias que causaron malestar en el cardenal y su entorno.
Rouco y Zapatero saben que están condenados a entenderse, pero sin sintonía personal. Zapatero no le perdona al cardenal madrileño que fuese tan crítico en la pasada legislatura y que abanderase a los obispos de la pancarta y la manifestación. Por su parte, el purpurado gallego está convencido de que Zapatero quiere descristianizar España a toda costa, meter a la Iglesia en las sacristías y exportar su modelo laicista. En ese contexto, el encuentro sólo sirvió para reafirmar las posiciones. Eso sí, y siempre en un «ambiente de cordialidad», Rouco, con muchas tablas, quiso dejarle claro a Zapatero que la Iglesia, desde la época del cardenal Tarancón, se rige por el principio de «mutua independencia y sana colaboración» en sus relaciones con el poder político.
A la Iglesia le duele especialmente que se la tilde de antidemócrata. Rouco reiteró al presidente del Gobierno que «la Iglesia promueve el respeto a la legítima autoridad del Estado» y ayuda a la educación cívica de los ciudadanos. Pero, como contrapartida, exige «libertad evangélica» para «celebrar y anunciar la fe y la moral católicas». Es decir, libertad para criticar las leyes, siempre que atenten contra la ley natural y la doctrina eclesial. Zapatero, como no podía ser menos, ofreció, en palabras de la vicepresidenta, «el respeto del Gobierno de España y nuestra lealtad» a la Iglesia. Y añadió De la Vega: «El mismo respeto lo pedimos también de la Iglesia». La vicepresidenta, encargada directa de las relaciones con los obispos, fue más allá e incluso y agradeció «la generosa labor social de miles de personas católicas y su labor encomiable».
Preguntada si quería decir con ello que no existe respeto y lealtad por parte de los obispos hacia el Ejecutivo, Fernández de la Vega negó que hablar de estos principios signifique que no existan. Porque «son siempre exigibles en las relaciones entre todas las instituciones, también entre Gobierno e Iglesia».
En la conversación también se abordaron otras cuestiones, siempre en términos «generales», como la materia de Educación para la Ciudadanía, por la que los obispos acusan al Gobierno de querer imponer una moral estatal. Es más, el cardenal Rouco mostró su «preocupación» por la asignatura, pero Zapatero respondió que Ciudadanía está aprobada por ley y que la ley está para cumplirse. La posición del Ejecutivo es que EpC está pactada con la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) y que existe en otros países, informa Europa Press.
Sobre la anunciada reforma de la ley de libertad religiosa, el presidente del Ejecutivo le explicó al cardenal sus grandes líneas básicas y se comprometió a informar al Episcopado cuando estén perfilados sus detalles.
El otro tema estrella de la conversación, que duró una hora, fue la Jornada Mundial de la Juventud, a celebrar en Madrid en el mes de agosto de 2011 con la presencia del Papa. Un acontecimiento con resonancia mundial para el que Zapatero prometió «el apoyo logístico necesario para que sea un éxito».
Las espadas siguen en todo lo alto. Como buen gallego, Rouco tratará de templar gaitas, sabedor de que Zapatero se la tiene jurada. A él y a la Iglesia. Lo decía ayer mismo, en Santander, el arzobispo emérito de Pamplona, Fernando Sebastián: «El Gobierno tiene interés en incrementar la increencia. No espero ningún gesto de generosidad de su parte».
El PSOE cae 4,1 puntos en sólo dos meses por la crisis económica y el PP sube hasta empatar
El partido de Zapatero tendría únicamente dos décimas más que los 'populares' en unas generales - Rajoy inspira mucha menos confianza a los ciudadanos que el actual presidente del Gobierno
AGUSTIN YANEL
MADRID.- La crisis económica por la que atraviesa España, unida a la tardanza del Gobierno en reconocer que existe, ha ocasionado un serio varapalo al PSOE en sus expectativas de votos, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Si se celebraran ahora unas elecciones generales, los socialistas lograrían el apoyo del 39,5% de los votantes, prácticamente empatados con el 39,3% que tendrían los populares.
Estos datos reflejan que, en poco más de dos meses -el anterior sondeo fue realizado a finales de abril-, el PSOE ha perdido 4,1 puntos y el PP ha aumentado sus expectativas en 1,7, lo que ha permitido al partido de Mariano Rajoy alcanzar al de Rodríguez Zapatero.
La tercera fuerza política, Izquierda Unida (IU), sube casi un punto y llega al 4,8%. CiU gana una décima (3,3%), el mismo porcentaje que pierden el partido de Rosa Díez, UPyD (2,5%), y ERC (1,5%), mientras que el PNV baja cuatro (1,1%) y el BNG, dos (0,9%).
La opinión de los españoles sobre la situación económica es bastante peor que en abril. El 58,6% la considera «mala o muy mala», el 34,2% la ve «regular» y sólo el 9,7% dice que es «buena o muy buena».
Las personas consultadas para esta encuesta se muestran pesimistas respecto del futuro a corto plazo. El 47,4% opina que la situación económica será peor dentro de un año que ahora, el 26,6% cree que seguirá igual y sólo un 11,7% afirma que va a mejorar.
A pesar del mal resultado que supone este sondeo para el PSOE, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sigue siendo el líder político mejor considerado por la ciudadanía. Pero no aprueba como en abril, cuando logró una nota de 5,58, sino que se queda en un suspenso alto: 4,75.
Detrás de él se sitúan Mariano Rajoy, Josep Antoni Duran Lleida y Gaspar Llamazares, por ese orden, los tres con una ligera pérdida.
Sólo aprueban tres
La ciudadanía también castiga a los ministros. Hace dos meses aprobaron ocho integrantes del gabinete socialista, mientras ahora sólo lo consiguen tres: la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, Carme Chacón (Defensa) y Alfredo Pérez Rubalcaba (Interior). Uno de los que habitualmente aprobaban, el vicepresidente Pedro Solbes, pierde un punto y se queda con un suspenso, sin duda porque los encuestados le achacan parte de responsabilidad en la crisis económica. Especialmente llamativo es el caso de la titular de Igualdad, Bibiana Aído, que cae de una nota de 5,14 a 3,62 puntos, la peor del Gobierno.
Aunque el PP sube en expectativa de votos, Mariano Rajoy no logra convencer a los ciudadanos sobre sus cualidades para gobernar. Rodríguez Zapatero inspira «poca o ninguna» confianza al 63,4% y «mucha o bastante» al 34%, mientras que en el líder de los populares confía sólo el 18,4% de los encuestados y desconfía el 78,1%.
Los socialistas también ganan a los populares en la valoración de su gestión. El 33% considera «mala o muy mala» la labor que realiza el Gobierno, el 44,2% «regular» y el 19,9% «buena o muy buena», mientras que la tarea del PP como oposición es aplaudida por el 11,1%, calificada de «regular» por el 38,6% y de «mala o muy mala» por el 45,7%.
Esta encuesta fue realizada poco después de que el PSOE y el PP celebraran sus congresos y, a juzgar por los datos, a los ciudadanos les han interesado poco. El cónclave de los populares sólo fue seguido con «mucho o bastante» interés por una de cada cinco personas consultadas (20,5%) y el de los socialistas por el 22,7%, frente al 79,2% y 76,2% que mostraron poco interés, respectivamente.
Economía y paro, principales problemas
A. Y.
MADRID.- Los problemas de tipo económico y el paro son los que más preocupan a los españoles, los más graves para el país y también los que más les afectan personalmente, según la encuesta que ayer dio a conocer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Después de esas dos cuestiones -que son las más preocupantes según el 59,9% y el 56,1%, respectivamente- los ciudadanos sitúan la inmigración como el tercer problema (27,9%).
En el sondeo del pasado mes de abril, el cuarto problema en importancia era el terrorismo, pero la crisis económica ha hecho que en esta última encuesta preocupen más los problemas relacionados con la vivienda que la organización terrorista ETA, que sólo una de cada cinco personas consultadas cita como uno de los principales problemas.
Los políticos y los partidos son considerados uno de los tres principales problemas de España por el 6% de los encuestados.
En contra de lo que pudiera esperarse debido a las frecuentes polémicas, los nacionalismos sólo son vistos como un problema por el 0,4%, el Estatuto catalán por el 0,6%, la corrupción y el fraude por el 0,8% y los asuntos relacionados con el medio ambiente por el 1,2% de las personas consultadas por el CIS.
Hoy, 2 de agosto, se consuma la infamia de que uno de los mayores criminales de la Historia de España, con 25 asesinatos probados a sus espaldas, quede en libertad habiendo cumplido menos de un año de condena por cada una de sus víctimas. De los más de 3.000 años de cárcel que se le impusieron sólo cumplió 18 por esos hechos. 
En el caso concreto de De Juana se suman otros escándalos. Ha redimido condena gracias a unos expedientes académicos con indicios de haber sido falsificados, pero pese a que la Fiscalía presentó una querella, tres años después la investigación sumarial, obstaculizada por múltiples trabas, sigue abierta. Tras salir de prisión irá a vivir a una casa que era de su familia pero que ya está inscrita a nombre de su mujer para que no se la puedan embargar para indemnizar a las víctimas, a las que adeuda ocho millones de euros. En ese edificio tendrá como vecinos a varias víctimas de ETA. 
Emilio Botín protege sus intereses y hace un favor a Zapatero y Moratinos al prescindir de la mediación del Gobierno en la negociación que le ha impuesto Hugo Chávez. Fiel a su lógica intervencionista, el inefable caudillo obliga al Banco Santander a vender su filial en Venezuela al Estado bolivariano, tras haber sabido que Botín estaba pactando esa venta con el magnate Víctor Vargas por una cifra que rondaba los 1.200 millones de dólares. En un claro desprecio por la libertad de mercado, el presidente de Venezuela ni da garantías de que respetará este precio ni concede a Botín otra opción que no sea la de someterse a su trato. El banquero prefiere negociar por su cuenta su salida del mercado venezolano antes que contar con la ayuda del Gobierno español, que ha sido el último en enterarse de este proceso de nacionalización forzada. Con su discreción, Botín cuida sus intereses en todo el área de Latinoamérica y evita el riesgo de que un nuevo problema diplomático socave la precaria sintonía lograda hace una semana entre los Gobiernos de Venezuela y España, tras la visita que Hugo Chávez hizo al Rey en Marivent y a Zapatero en La Moncloa. Aunque el Gobierno español calificó ayer de «respetuosa, normal y sin una problemática especial» la negociación impuesta al Santander, es muy lógico que a otras empresas españolas con intereses en Venezuela les preocupe el despotismo de Chávez. La crisis preocupa... el Gobierno decepciona
