EDITORIALES del día:

EDITORIALES DEL DÍA
LOS ERRORES DE ZAPATERO CON ETA LE PASAN FACTURA

Juan José Ibarretxe ha hecho llegar al presidente del Gobierno un documento titulado: «Propuesta abierta de Pacto Político para la Convivencia refrendado entre el presidente del Gobierno español y el lehendakari del Gobierno vasco». Ibarretxe pide a Zapatero la creación de un «órgano común» entre el País Vasco y Navarra «con atribuciones legislativas y ejecutivas», además de un compromiso para «reconocer la identidad nacional del pueblo vasco» y «respetar las decisiones que adopte la ciudadanía vasca».

Tanto el enunciado del documento como el contenido pueden ser calificados sin duda como disparatados e inaceptables desde cualquier punto de vista político o institucional. Sin embargo, Ibarretxe se considera legitimado para plantear estas peticiones al Gobierno por la sencilla razón de que los enviados de Zapatero y la dirección de los socialistas vascos -en el marco del llamado proceso de paz- ofrecieron a ETA lo mismo que ahora reclama el lehendakari. Tal y como publicó este periódico el pasado mes de abril, la oferta de los enviados de Zapatero a las reuniones de Ginebra después del atentado de la T-4, con las que el Gobierno pretendía salvar el proceso in extremis, incluía «un órgano institucional común entre el País Vasco y Navarra con capacidad ejecutiva y propuesta legislativa». Otro de los puntos de la oferta del Gobierno era la creación de una Eurorregión, demanda que también incluye Ibarretxe en su documento.

Además, el lehendakari introduce expresamente «las cinco bases para el acuerdo de normalización política» que el PSE estuvo dispuesto a aceptar en las conversaciones paralelas de Loyola, en las que participaron Batasuna y el PNV. Es indudable que la actuación de Ibarretxe es constitucionalmente desleal, pero no es menos cierto que si él tiene el valor de presentarse en el despacho de Zapatero pidiendo lo mismo que una banda criminal es precisamente porque el Gobierno estuvo dispuesto a darle a ETA lo que ahora reclama el PNV. Y es también indudable que la apuesta política y personal del presidente del Gobierno en la pasada legislatura, abriendo un diálogo político con la banda terrorista, fue una tremenda irresponsabilidad que ahora le pasa factura.

Evidentemente, Zapatero no tendrá más remedio que decirle que no a Ibarretxe, pero no podrá evitar que el mandatario vasco salga de La Moncloa diciendo que el Gobierno le niega a un partido que usa las vías democráticas lo que está dispuesto a darle a quien utiliza el asesinato y la extorsión para lograr sus objetivos. Zapatero ha variado su política, pero su irresponsable actuación al establecer una negociación con ETA y Batasuna está teniendo consecuencias. La primera, ya irreparable, es la presencia de ANV en los ayuntamientos vascos. La segunda, es el rearme político del nacionalismo en su deriva radical.

RECHAZO A LA JUBILACION FORZOSA

El reconocimiento del derecho a la jubilación y sus prestaciones fue una de las más importantes conquistas de los trabajadores que, desde finales del siglo XIX, se extendió de manera progresiva aunque desigual a lo largo de todo el planeta. Por ello, no deja de ser una paradoja que este derecho se haya acabado convirtiendo, hoy en día, en una imposición para un importante porcentaje de empleados en nuestro país.

En concreto, la jubilación obligatoria a los 65 años en el sector público -o a los 70 para algunos profesionales como los catedráticos de Universidad- constituye un agravio frente a los del sector privado. Porque éstos sí se han beneficiado en los últimos años de una flexibilización en la legislación que permite prolongar la vida activa más allá de los 65, con incentivos tan ventajosos para el trabajador como para las arcas del Estado.

Esta discriminación ha llevado a redactar un Manifiesto contra la jubilación obligatoria, firmado ya por más de 40 profesionales muy relevantes de la Universidad, la política o la economía, que hoy publicamos. Catedráticos como Emilio Lamo de Espinosa, la investigadora Margarita Salas o el político Joaquín Leguina suscriben el documento promovido por el sociólogo Juan Díez Nicolás, en el que reclaman un cambio legal que permita a los trabajadores públicos que lo deseen, y que estén en plenas facultades, prolongar su trabajo «después de la edad oficial de jubilación».

El manifiesto expone algunas consideraciones irrefutables muy fundamentales. Como el hecho de que la calidad en ámbitos como la docencia, la investigación, la justicia o la sanidad se ve mermada al prescindir forzosamente de estos profesionales llegados a una edad en que su valía es extraordinaria precisamente por la acumulación de conocimientos y su prolongada experiencia.

La obligatoriedad de la jubilación exclusivamente por razón de la edad es una discrimación carente de toda lógica en estos tiempos. Porque la esperanza de vida ha aumentado considerablemente y la práctica totalidad de quienes cumplen los 65 años lo hacen en su plenitud de facultades intelectuales. Que el sector público prescinda de un plumazo de su extraordinario bagaje sólo constata la pérdida de valores como la eficacia, el interés general y el mérito del que adolece nuestro sistema.

Esta fue ayer una apreciación unánime entre los asistentes al homenaje que la Universidad Complutense rindió a Enrique Gimbernat. Destacadas personalidades del mundo jurídico coincidieron en que la inminente jubilación de este prestigioso catedrático de Derecho Penal y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO es una pérdida lamentable para la Universidad. Su caso, como el de tantos otros, ejemplifica lo incomprensible de una norma que desdeña el talento y la excelencia por el mero hecho de cumplir años. Cómo si los servicios públicos del país estuvieran sobrados de estas virtudes.

Una dura y justa reprobación a Olga Sánchez
Las tres asociaciones de víctimas del 11-M manifestaron ayer públicamente su «profundo malestar y consternación» por las imágenes exhibidas anteayer por la fiscal Olga Sánchez en una mesa redonda en la Universidad Rey Juan Carlos. Olga Sánchez había mostrado fotografías de las víctimas en los atentados del 11-M, alegando que ya había pasado suficiente tiempo. Las tres asociaciones subrayan que esta exhibición de imágenes vuelve a reabrir las heridas de las familias y recuerdan que fue prohibida expresamente por el juez Del Olmo. No hay ni la menor justificación a esta actuación de la fiscal, que se ha aprovechado de su posición para divulgar un material que ofende la sensibilidad de mucha gente. La AVT y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M criticaron también sus comentarios respecto a la absolución de El Egipcio como autor intelectual de los atentados. Olga Sánchez señaló que no está de acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional, aunque la Fiscalía no la ha recurrido. Las dos asociaciones reprochan que la fiscal exponga estas opiniones en un foro público y le recuerdan que no pudo ser determinada en el juicio la autoría intelectual del 11-M porque ella hizo mal su trabajo. «Asistimos a una absoluta falta de responsabilidad profesional y a una deplorable ausencia de sensibilidad y humanidad», dicen estas dos asociaciones sobre el comportamiento de Olga Sánchez.

El alcalde de Coslada debe dimitir

Diversos dirigentes del PP de Madrid pidieron ayer la dimisión de Angel Viveros, el alcalde socialista de Coslada. Todos ellos le hicieron responsable político de la trama de corrupción policial. Hasta el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, pidió «depurar todas las responsabilidades». Mañana mismo, pasarán a disposición judicial Ginés Jiménez, el jefe de la Policía Municipal, y otros 17 agentes, acusados de delitos de extorsión, amenazas, chantaje, cohecho y corrupción. Según la investigación, Jiménez y los agentes habían impuesto un imperio del terror en esta localidad de 90.000 habitantes, en la que los propios agentes municipales daban palizas a quien se atrevía a denunciarles. EL MUNDO informa hoy de que Jiménez disponía de confidentes en los juzgados, lo que le permitía neutralizar las demandas presentadas contra los abusos policiales. La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega afirmó ayer que «no hay nada que repugne más al Gobierno que la corrupción» y celebró la detención de estos agentes como una demostración de que el Estado de Derecho funciona. Estamos plenamente de acuerdo con sus palabras, pero la exigencia de responsabilidades tiene que incluir al alcalde, que, en el mejor de los supuestos, no se enteró de que sus subordinados se dedicaban a chantajear a los ciudadanos de forma mafiosa y a sembrar el miedo en las calles. Angel Viveros debe dimitir por un elemental sentido de la responsabilidad in vigilando que tiene cualquier cargo público.


DESAFIO NACIONALISTA/ El 'lehendakari' exigirá que el Gobierno promueva la creación de un órgano institucional común para el País Vasco y Navarra, como se acordó en Loyola y se planteó a Batasuna y a ETA
Ibarretxe exige ahora lo mismo que el Gobierno le ofreció a ETA

Pide crear un órgano institucional común para el País Vasco y Navarra con «atribuciones ejecutivas y legislativas» idéntico al que los enviados de Zapatero plantearon a la banda tras el atentado de la T-4

ROBERTO L. DE CALLE

BILBAO.- Juan José Ibarretxe culminó ayer su desafío al presidente del Gobierno al proponerle que vuelva a asumir ahora los compromisos que el PSOE adquirió con la ilegalizada Batasuna y con el PNV durante el fallido proceso de paz, y que los enviados del Gobierno propusieron después, infructuosamente, a ETA en Ginebra.

Entre dichos compromisos se encuentra el que deja la puerta abierta a la materialización de «todos los proyectos políticos», que incluiría la independencia y -como informó este periódico-, la creación de un órgano común entre el País Vasco y Navarra con capacidad ejecutiva y legislativa.

Ibarretxe ya había anunciado que su «propuesta de pacto» giraría en torno a las «bases para el acuerdo de normalización política» asumidas en Loyola, pero fue ayer cuando dejó constancia de la literalidad de su anuncio, ya que el documento de trabajo remitido al presidente Zapatero es una reproducción exacta del planteado entonces.

Ibarretxe insiste así en su estrategia, secundada reiteradamente por el PNV -a veces de forma más implícita que otras y en esta ocasión expuesta documentalmente de manera oficial-, de reprocharle al presidente que, contradictoriamente, no esté dispuesto a pactar con un partido democrático lo mismo que le ofreció a una formación ilegalizada en las reuniones mantenidas durante el otoño de 2006 en Loyola y con una banda terrorista a principios de 2007.

Pero, al mismo tiempo, el lehendakari exhibe el verdadero alcance de su voluntad de acuerdo político con Zapatero al proponer como base negociadora un texto en el que no participaron ni el PP, ni Eusko Alkartasuna, ni Ezker Batua, y del que incluso se descolgó Batasuna; es decir, que únicamente fue asumido por dos partidos políticos vascos en el marco de un proceso de negociación que pretendía erradicar el terrorismo, y que fue rechazado precisamente por la única formación que ampara a ETA.

Este hecho no sólo permite adivinar que Ibarretxe ha recobrado su liderazgo en el seno del PNV y del tripartito vasco, sino también que, aunque necesita escenificar lo contrario, da por enterrada cualquier posibilidad de entendimiento con Zapatero el próximo día 20 y se prepara para la celebración de las elecciones autonómicas.

La propuesta que ayer remitió el jefe del Ejecutivo vasco a Rodríguez Zapatero consta de cuatro puntos en los que se desgranan los compromisos que adquirieron los socialistas y los nacionalistas en el otoño de 2006 en el santuario de Loyola, y que los radicales hubiesen firmado si ETA no les hubiese ordenado lo contrario en última instancia.

En el texto no sólo figura un compromiso para «garantizar que la sociedad vasca pueda ejercer el derecho a decidir libremente su futuro», sino que también deja la puerta abierta a una continua actualización de los «procedimientos legales» para que éstos «no sean una limitación a la voluntad popular sino garantía de su ejercicio».

El texto que asumió el PSE-EE y para el que ahora Ibarretxe reclama la firma del presidente incluye un compromiso explícito en torno al respeto que las instituciones del Estado deben otorgar a todas aquellas «decisiones que, sobre su futuro político, adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca».

El documento también recoge una histórica reivindicación nacionalista como es la creación de un órgano institucional común para el País Vasco y Navarra «con atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde». Es una propuesta que fue discutida y plasmada en las negociaciones mantenidas en Loyola, pero su protagonismo no quedó en ese punto dado que, en términos generales, fue la oferta que los enviados del Gobierno realizaron a Batasuna y a ETA en Ginebra tras el atentado contra la T-4 de Barajas, con el objetivo de impedir la comisión de más atentados por parte de la banda terrorista.

Ibarretxe rescata este compromiso pese a que fue asumido por los socialistas cuando éstos acariciaban el Gobierno foral -a las puertas de las elecciones- y pensaban en desbancar a Miguel Sanz de la Presidencia, algo que finalmente no ocurrió.

Hay un detalle importante que, en cualquier caso, el lehendakari ha preferido ignorar. Si esta propuesta pudo ponerse encima de la mesa fue porque los preacuerdos de Loyola establecían que dichas decisiones en torno al nuevo marco jurídico debían adoptarse «en ausencia de cualquier tipo de violencia y coacción, siguiendo las normas y procedimientos legales, y respetando los métodos democráticos y los derechos y las libertades de los ciudadanos». Este precepto ha sido obviado por Ibarretxe para confeccionar su hoja de ruta, que incluye la celebración de una consulta el próximo 25 de octubre.

El lehendakari, además, en esa estrategia de poner a los socialistas ante sus propias contradicciones, propone al presidente del Gobierno -así lo reveló en una entrevista nocturna concedida el jueves a Radio Euskadi- rescatar la resolución del Congreso de mayo de 2005, que le habilita para entablar un diálogo con la banda si se dan las circunstancias para ello, pese a que diversos dirigentes del PSOE han dejado constancia de que la iniciativa decayó con el fin de la pasada legislatura y el recrudecimiento de la violencia.

El lehendakari culmina su propuesta lanzando un sorprendente mensaje al presidente del Gobierno. Ibarretxe le anima a «convocar conjuntamente» la consulta del próximo 25 de octubre, después de que el Parlamento vasco la autorice. Sin embargo, este extremo tampoco parece factible a día de hoy.

Dada la correlación de fuerzas en el Parlamento vasco, el tripartito -PNV, EA y Ezker Batua- junto a Aralar suman 33 escaños, los mismos que PSE-EE y PP, mientras que el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) ejerce de árbitro en la Cámara. Y si Ibarretxe, aunque no obtenga el beneplácito del presidente del Gobierno, fundamenta su futura acción política en unos acuerdos que la izquierda abertzale rechazó en 2006, difícilmente podrá invertir esta tendencia en el Pleno del próximo 27 de junio -a menos que los radicales quieran ponerle en un compromiso-, con lo que la consulta no pasaría el filtro parlamentario y el lehendakari estaría abocado a disolver la Cámara y celebrar elecciones en octubre.

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LA EXIGENCIA DE IBARRETXE

«Partiendo de la actual realidad jurídico-política plasmada en la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra, nos comprometemos a promover la creación de un Organo Institucional Común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos.

Este Organo Institucional tendrá las atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde».

LA OFERTA DEL GOBIERNO A ETA

«Se creará un Organo Institucional Común entre el País Vasco y Navarra. Se modificarán los estatutos de ambas comunidades, de modo que los dos corpus legislativos cedan competencias a la institución común de las dos autonomías. Se creará una comisión interparlamentaria, compuesta por un número paritario de representantes cedidos por ambos parlamentos, para administrar los contenidos estatutarios asumidos.

El Organo Institucional Común tendrá capacidad ejecutiva y de propuesta legislativa».

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EL GOBIERNO YA DICE LO MISMO QUE EL PP SOBRE LA INMIGRACION


Definitivamente, el Gobierno de Zapatero ha cambiado su discurso sobre inmigración. Si durante la pasada legislatura abogó -en palabras de la vicepresidenta De la Vega- por una «mirada cosmopolita y abierta» a la hora de abordar este fenómeno, justificó el proceso de regulación de inmigrantes como «necesario, conveniente y positivo» -según el propio presidente- y, en definitiva, puso el acento en la comprensión del problema, ahora el mensaje es otro. Incluso se habla de «avalancha» y «efecto llamada», expresiones que hasta antes de las elecciones escandalizaban al Ejecutivo cuando las utilizaba el PP.

El nombramiento de Celestino Corbacho -un hombre que como alcalde de Hospitalet ha vivido la realidad del problema- en sustitución de Jesús Caldera -el responsable de las regularizaciones masivas- ya presagiaba cambios. Pues bien, el ministro del Interior anunciaba ayer que España endurecerá las medidas contra la inmigración ilegal. Por lo pronto, se ampliará el plazo de internamiento de los extranjeros que entren en el país de forma irregular (40 días) para ganar tiempo a la hora de tramitar su expulsión. Ahora, a muchos clandestinos se les deja en la calle porque prescribe el plazo sin que se haya resuelto el papeleo para su repatriación. Esta medida le costará al Gobierno enfrentarse con las organizaciones humanitarias, que son contrarias a modificar la normativa.

«Tenemos que actuar así porque si somos laxos con la inmigración ilegal, la avalancha no hay quien la pare», se justificó ayer Rubalcaba. El ministro abogó también por lanzar «un mensaje a Africa» que evite «un efecto llamada». Muy probablemente el Ejecutivo también tenga que tomar medidas para evitar que el aeropuerto de Barajas se convierta en un coladero, después de que el magistrado Santiago Torres decretara el martes que la sala de inadmitidos carece de las dotaciones que establece la Ley de Extranjería, pues no dispone de «servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios». En tales condiciones, mantener a personas retenidas en esas instalaciones supone «un claro supuesto de privación de libertad». De hecho, el juez ordenó por ello la puesta en libertad de una brasileña que había denunciado su situación.

En todo caso, los datos facilitados ayer por el Observatorio Permanente de la Inmigración son preocupantes en un escenario de crisis económica como el actual. El número de extranjeros con permiso de residencia es ya de 4,2 millones, lo que supone un 30% más que en 2007, después de que en los últimos 12 meses aumentara en casi un millón. El 60% de estos extranjeros procede de países extracomunitarios. Baste apuntar que el paro creció en 2007 un 24% entre los trabajadores inmigrantes, frente al 5,3% de media nacional.

De las declaraciones de Rubalcaba se deduce que el Gobierno ha acabado por toparse con la realidad en materia de inmigración, ha puesto los pies en el suelo y contempla con inquietud la posibilidad de que el deterioro de la situación económica pueda crear un caldo de cultivo peligroso. Aunque es bueno corregir los errores, si en lugar de asumir la consigna de papeles para todos el Ejecutivo hubiera actuado con responsabilidad a su debido tiempo, hoy la situación sería mejor.

SOLBES DICE NO A LA BANCA


Pedro Solbes se mostró ayer contrario en el Congreso a que el Gobierno adopte medidas «artificiales» para ayudar al sector inmobiliario, lo que, según sus palabras, podría retrasar el «necesario» ajuste de los excesos cometidos en los últimos años.

Cabe interpretar estas manifestaciones de Solbes como una respuesta negativa a la sugerencia de bancos y cajas de utilizar parte del fondo de reserva de la Seguridad Social en la compra de bonos y cédulas hipotecarias.

La banca tiene un serio problema de liquidez, como el ministro de Economía reconoció ayer, ya que se han cerrado las puertas de la financiación exterior. Pero Solbes sugirió que tampoco es partidario de una solución a la británica, en la que el Banco de Inglaterra está canjeando títulos del Estado por deuda hipotecaria garantizada para dar liquidez a las entidades financieras.

No es lo mismo esta alternativa, que nos parecería razonable bajo ciertas condiciones, que invertir las reservas de la Seguridad Social -que ya superan los 45.000 millones de euros- en comprar títulos hipotecarios de los bancos y las cajas.

No somos partidarios de esta solución, en primer lugar, porque el dinero de los cotizantes de la Seguridad Social no está para sacar de apuros a los bancos, por muchas garantías y rentabilidades que se ofrezcan en estas emisiones.

En segundo lugar, hay que recordar que el Gobierno es el gestor de la Seguridad Social, pero que los propietarios de sus recursos son los cotizantes. Son los casi 20 millones de ciudadanos que cotizan quienes deberían decidir si están de acuerdo con invertir las reservas en títulos bancarios o inmobiliarios.

No albergamos dudas sobre la contrastada solvencia del sector financiero español, pero sería un mal precedente echar mano de los recursos de la Seguridad Social para deshacer los entuertos que algunas personas han provocado con claros fines especulativos.

A finales del franquismo y durante la durísima reconversión industrial de los años 80, el Estado tuvo que hacerse cargo de sectores industriales en pérdidas como el naviero, la siderurgia y los bienes de equipo.

Ha pasado esa época y la lección está aprendida. Por tanto, la banca y el sector inmobiliario tienen que aguzar el ingenio para salir de esta crisis con sus propios recursos, lo que no quita que el Estado pueda ayudar a una solución dentro de límites razonables.

Nos cuentan que... el ministro de Justicia ha convocado la comisión sectorial que reúne a los consejeros autonómicos para el 20 y 21 de julio, casi a las puertas del verano. Esta vez, además, Mariano Fernández-Bermejo ha añadido una parte lúdica a la cita, ya que el encuentro se celebrará en el recinto de la Expo de Zaragoza, atendiendo a una invitación que realizó el consejero aragonés, Rogelio Silva, en la última sesión de este órgano. La confirmación ha llegado a través de una misiva enviada por el director de Relaciones con la Administración de Justicia, Angel Arozamena, a todos los gobiernos autonómicos con competencias transferidas. Los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP, liderados por el valenciano Fernando de Rosa, pretenden no obstante que esa reunión sea algo más que un encuentro protocolario. El Ministerio ya ha escuchado algún reproche ante la posibilidad de trasladar a la sociedad la imagen de que los responsables de la Justicia «se van a la Expo» cuando arrecia la tormenta derivada del caso Mari Luz y las denuncias acerca del atasco en toda regla que sufren los juzgados, aunque el ministro quiso ayer restar gravedad a la situación y dijo que no se puede hablar de «colapso», sino de «problema endémico». ¿Cual es la diferencia?


Tolerancia cero frente a la corrupción policial

El mayor golpe dado a la mafia policial en España se saldó ayer en Coslada (Madrid) con la detención de 26 policías locales. Los agentes han sido imputados por extorsión a comercios y bares de alterne, cohecho, robo, tráfico de drogas y delitos contra la libertad sexual. Las investigaciones apuntan a la existencia de una auténtica organización criminal. La trama ha minado lógicamente la imagen de la Policía Local de Coslada, que ha asistido a la detención de un cuarto de su plantilla. También ha conmocionado a los vecinos, que confirman lo que sólo eran rumores muy extendidos. De hecho, varios funcionarios brindaron tras la detención de los agentes y cerca de 200 cosladeños se concentraron frente a la sede de la Policía Local para increparles. Incluso las autoridades municipales admiten que conocían quejas, si bien no investigaron -dicen- porque no existían denuncias. Lo cierto es que el jefe de la Policía Local, Ginés Jiménez, -considerado el líder de la banda- había sido denunciado 28 veces por brutalidad, un currículum que inducía a sospechar sobre su integridad profesional. La de ayer es la quinta operación contra la corrupción policial en 2008. Tras haberse descubierto casos similares en Conil, Melilla, Barcelona y Málaga, es normal que los ciudadanos se pregunten si tenemos un creciente problema de corrupción policial en España, o si es ahora cuando con mayor intensidad se persigue un fenómeno sobre el que debe haber tolerancia cero.

Putin, un primer ministro con poderes de zar

Cumpliéndose el guión, sólo un día después de ser investido presidente de Rusia Medvedev, su antecesor y padrino, Vladimir Putin, fue ayer nombrado primer ministro. Tenía prisa por abrazar su nuevo cargo para así poder copresidir hoy el primer desfile militar con misiles que se celebra en la Plaza Roja desde la caída de la URSS. En la foto Putin saldrá, como quería, bien cerca de Medvedev, imagen que presagia lo que previsiblemente va a suceder en Rusia los próximos cuatro años: una insólita cohabitación entre el jefe del Estado y el primer ministro que se antoja muy complicada. Porque nadie cree que Putin esté dispuesto a desprenderse del poder casi absoluto que ha ejercido desde 1999. Al contrario, su hoja de ruta para seguir controlando los resortes del poder se está cumpliendo al milímetro. Primero nombró para sucederle a su delfín, Medvedev, confiado en manejarlo. Y sólo unos días antes de tener que ceder la Presidencia aprobó varios decretos mediante los que, entre otras cosas, se ha asegurado seguir siendo él quien controle a los gobernadores regionales, auténticos virreyes en la inmensa Rusia y piezas fundamentales para ejercer la autoridad. Putin es, además, el líder incontestable de Rusia Unida, partido que domina el Parlamento, lo que le confiere la última palabra ante el nombramiento de cualquier alto cargo. Todo ello deja a Medvedev un margen de maniobra ciertamente escaso, lo que disipa casi cualquier esperanza

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LA EUSKALDUNIZACION DIEZMA LOS RECURSOS DE LA SANIDAD VASCA

El conocimiento de euskara no sólo merece la máxima evaluación en las convocatorias de empleo público de Osakidetza -el servico vasco de salud-, sino que también mengua buena parte de los recursos humanos y económicos del sistema. Según informa hoy EL MUNDO, a lo largo de los últimos cinco años, de los cerca de 22.000 profesionales sanitarios y administrativos que engrosan Osakidetza, un total de 3.983 -casi uno de cada cinco- han cobrado su sueldo por acudir a aprender euskara en lugar de ir a los hospitales y ambulatorios.

El plan de euskaldunización del personal sanitario para el periodo 2004-2008 detrae de los fondos públicos cerca de 41 millones de euros que, lógicamente, no se dedicarán a mejorar las prestaciones, ni a renovar el material hospitalario, ni a becar a los profesionales para que amplíen sus conocimientos. Según los protocolos previstos en este plan, el personal puede acogerse a dos fórmulas de inmersión: la liberación parcial, por la que el profesional dedica varias horas de su jornada a aprender euskara, y la liberación total, un régimen de exención laboral que puede prolongarse de seis meses a dos años.

El conocimiento del euskara, un idioma que sólo domina el 32% de la población del País Vasco, es una de las principales aptitudes y de los requisitos más importante para el ejercicio médico en una comunidad que ha llegado a padecer verdaderos problemas por la falta de pediatras y por la marcha de profesionales a zonas vecinas. Ello supone, en primer lugar, una discriminación para los médicos y profesionales de otras comunidades que no pueden acceder a un puesto de trabajo en el País Vasco.

La burocracia nacionalista ha hecho del conocimiento del euskara una señal de identidad, que funciona como uno de los más eficaces mecanismos de promoción interna. Así lo demuestra el hecho de que en los baremos de méritos para el acceso a una plaza, el conocimiento del euskara se evalúe con una calificación de 16 puntos, mientras que un doctorado sólo merece sumar 4 puntos y un máster 2 puntos.

La discriminación positiva de las competencias idiomáticas roza lo esperpéntico y, además, supone una grave carga financiera. Ante este tipo de absurdos, resulta aún más escandaloso tanto el agravio comparativo del concierto económico -que exonera al País Vasco y a Navarra de toda contribución a la solidaridad interterritorial- como las pretensiones de bilateralidad del Gobierno vasco. Ayer se supo que el lehendakari Ibarretxe ha logrado que Zapatero le reciba el 20 de mayo para reiterarle su «voluntad de diálogo» y su intención de lograr un «pacto político por la convivencia». Este último debería empezar por servir a los intereses de los ciudadanos en lugar de dividir a la población y fortalecer las reivindicaciones nacionalistas.

SI A LA REFORMA ELECTORAL

La vicepresidenta del Gobierno anunció ayer en el Congreso dos importantes iniciativas que merecen comentario: la creación de una subcomisión en la Cámara para estudiar una reforma de la Ley Electoral y la revisión de la Ley de Libertad Religiosa.

Respecto a la reforma electoral, Fernández de la Vega informó que el Gobierno va a solicitar de forma inmediata un informe del Consejo de Estado. La vicepresidenta precisó que el cambio de la actual normativa debe realizarse «con una abrumadora mayoría» y dentro de los límites de la Constitución.

El artículo 68 de la Constitución establece que el criterio de repesentación debe ser «proporcional» y que las circunscripciones tienen que ser provinciales. Ello supone un importante límite al alcance de la reforma, pero estamos de acuerdo en que hay que abordar cambios de calado en una Ley Electoral que tiene grandes ventajas pero también muy serios inconvenientes.

Como ya recogíamos en nuestras 100 Propuestas, somos partidarios de la introducción del sistema mayoritario por distrito, semejante al británico, para la elección de una parte sustancial del Congreso. La proporcionalidad podría salvarse mediante la elección de un tercio de la Cámara por un sistema de lista única nacional, en la que cada partido obtendría un número de escaños en función del porcentaje de voto logrado en todo el territorio.

Tambien podría introducirse un tope del 5% de votos a nivel nacional -como sucede en Alemania- para que los partidos pudieran tener representación parlamentaria, lo que podría corregir la actual sobrerrepresentación de las formaciones nacionalistas. Habrá que esperar a conocer las propuestas del Consejo de Estado, aunque corresponde a los partidos negociar una reforma electoral que debería contar, al menos, con el consenso del PSOE y del PP.

De la Vega mencionó también la revisión de la Ley de Libertad Religiosa, que, según sus palabras, tiene como objetivo avanzar en «la laicidad», adecuar la norma al pluralismo de la sociedad y garantizar el derecho fundamental de la libertad de conciencia.

Se trata de nobles propósitos con los que, en abstracto, es imposible estar en desacuerdo. Pero mucho nos tememos que la reforma busque recortar el poder de la Iglesia Católica en favor de otras confesiones donde el PSOE podría obtener un mayor apoyo electoral.

Si el Gobierno quiere defender la libertad de conciencia, lo primero que debería hacer es amparar el derecho de los padres a que sus hijos no sean adoctrinados por ese engendro que se llama Educación para la Ciudadanía. Pero desgraciadamente la reforma no va a ir en esa dirección.

Nos cuentan que... la rivalidad entre los aspirantes a presidir el Partido Popular en Cataluña es cada vez más visible y enconada. En estos días en que la imagen pública y la presencia en los medios de comunicación es casi tan importante como los avales de los militantes, el actual líder de la formación, Daniel Sirera, ha tenido una suerte de ataque de celos mediáticos. Es lo que se desprende del incendiario mensaje a tráves del teléfono móvil que recientemente envió a la diputada y candidata a dirigir la formación, Montserrat Nebrera. En el SMS se decía, textualmente: «Montse, me dicen que vas a El Club [magazine que se emite a diario en TV3 a las 16.00 horas, dirigido por Albert Om]. No me parece buen día, ni que lo cierres por tu cuenta sin comunicarlo, y no creo que sea buena idea que vayas por libre». Nebrera acudió al programa televisivo porque, al parecer, el mensaje le llegó a un número de teléfono antiguo, por lo que no llegó a leerlo hasta el día siguiente de su polémica intervención. El también aspirante a presidir el PP catalán, Alberto Fernández Díaz, vuelve a sentirse desplazado hasta en esta singular guerra mediática.

¿A qué espera Hillary para retirarse?

La maraña que envuelve al Partido Demócrata se ha empezado a despejar tras el resultado de las primarias de Carolina del Norte y de Indiana. La abultada victoria de Obama en el primer Estado por 16 puntos y la muy pírrica de Hillary en el segundo -con un 51% de los votos frente al 49% de su contrincante- suponen un paso decisivo del líder afroamericano en su carrera hacia la Casa Blanca. Estos resultados dejan los cartuchos de Clinton casi agotados y han dado a Obama un gran triunfo, también moral, al constatarse que no ha sufrido el desgaste esperado tras la tormenta desatada por las incendiarias declaraciones del reverendo Wright, su ya ex consejero espiritual. A día de hoy, Obama cuenta con unos 200 delegados más que Hillary, casi el mismo número que hay en juego en las primarias que faltan por celebrarse. Esto supone que matemáticamente ninguno de los dos puede ya lograr la cifra mágica de 2.025 que se necesita para obtener la nominación sin la intervención de los superdelegados. Y son muchos los riesgos de que finalmente sean ellos quienes deban elegir al candidato, y de esperar a hacerlo en agosto. Así las cosas, no se entiende a qué se aferra Hillary para no retirarse ya de esta interminable contienda, trufada de descalificaciones, mientras el candidato republicano, McCain, se frota las manos. La ambición personal de Clinton parece estar tornándose en puro egoísmo, poniendo en serio peligro la posibilidad de que el próximo presidente de EEUU sea un demócrata.

Tenis: Pedro Muñoz debe dimitir

El capitán y los jugadores del equipo nacional de Copa Davis hicieron ayer pública una carta en la que denuncian «las formas dictatoriales, caprichosas y manipuladoras» de Pedro Muñoz, presidente de la Federación Española de Tenis. Los firmantes repudian la gestión de Muñoz y afirman que «han sido continuamente engañados en las decisiones tomadas desde el inicio de su mandato». En consecuencia, manifiestan que ninguno de ellos participará de ahora en adelante en los actos promocionales de la Federación. La gota que ha colmado el vaso del descontento de los jugadores -entre los que figuran Nadal, Ferrer, Moyá, Robredo y Ferrero- es el empeño de Muñoz de que la próxima semifinal de la Copa Davis frente a EEUU se celebre en Madrid. Muñoz había manifestado previamente a los jugadores que dejaría en sus manos la elección de la sede de la eliminatoria. Casi todos ellos se habían inclinado por disputar los partidos en pista de tierra en una ciudad al nivel del mar, que favorecería las características de su tenis. Pedro Muñoz, que ha mezclado en más de una ocasión sus intereses empresariales con los de la Federación y que ha hecho una gestión marcadamente personalista, no ha dejado de crear conflictos en los tres años que lleva al frente del tenis español. La única solución al enfrentamiento con la elite de este deporte es que Muñoz abandone el cargo. Entre los jugadores y él, no hay duda: que se vaya cuanto antes.

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EL GOBIERNO ADMITE QUE EL PARO Y LOS PRECIOS SE LE ESTAN YENDO DE LAS MANOS

Decíamos hace dos semanas que el fuerte aumento del paro registrado ha encendido la alerta roja en la economía española. No era una exageración. El incremento de 37.542 desempleados en abril no hace más que confirmar la tendencia iniciada en junio del año pasado, cuando se puso fin a una larga etapa ininterrumpida de creación de puestos de trabajo.

El dato es tan malo que ni siquiera tiene precedentes: ningún otro mes de abril desde 1977, fecha desde la que se contabiliza estadísticamente el paro, había sido tan nefasto. El último año en el que había crecido el paro en abril era 1984, hace la friolera de un cuarto de siglo.

El PP acusó ayer a Solbes de estar «callado», pero por primera vez el vicepresidente segundo del Gobierno admitió que «el paro se está acelerando algo» por encima de la previsión oficial y, además, que será «muy difícil» que la inflación baje al 3% si los alimentos siguen subiendo, lo que puede suponer una merma del poder adquisitivo de las familias con menos ingresos. Sus palabras, aunque encierran el reconocimiento implícito de que las cosas no van bien y de que la situación se le está yendo de las manos al Gobierno, son un eufemismo porque el crecimiento del paro registrado se ha disparado desde el mes de diciembre y la inflación parece fuera de control, con el barril de crudo a 120 dólares.

En febrero y marzo de este año, el paro registrado interanual creció por encima del 11%. De abril de 2007 a abril de 2008, ha crecido un 15%, cifras que ponen de relieve que el incremento del paro se está acelerando mucho y no sólo «algo» como dice Solbes.

El paro registrado se sitúa ya en 2,3 millones de personas, ligeramente por encima de lo detectado por la Encuesta de Población Activa (EPA), lo que corrobora que hay ya aproximadamente un parado por cada nueve personas que trabajan.

El porcentaje es todavía soportable, pero la tendencia no lo es porque, según la EPA, el paro ha crecido desde octubre a finales de marzo pasado en 383.000 personas. Una elemental operación aritmética indica que el desempleo ha aumentado a un ritmo de más de 60.000 personas mensuales en el último semestre, o sea, unas 2.000 personas al día.

Para afrontar este fenómeno, el Gobierno se ha limitado a aprobar un descuento en las retenciones fiscales de 400 euros y otras medidas de carácter casi simbólico que no van a tener ninguna incidencia sobre la creación de empleo.

Ayer mismo, Celestino Corbacho, el ministro de Trabajo, decidió citar para hoy a patronal y sindicatos para analizar la situación e iniciar el diálogo social. Está prevista también la convocatoria de los representantes de las comunidades autónomas, que tienen transferidas muchas de las competencias sobre empleo.

El Gobierno de Zapatero quiere aprobar un plan consensuado de lucha contra el paro, pero el problema es que será muy difícil poner de acuerdo a todas las partes en un breve periodo de tiempo. Lo más razonable es que el Ejecutivo escuche a todos los agentes y ponga en marcha ese plan para reactivar el empleo antes del verano. Esperar más sería muy peligroso ante una coyuntura que se deteriora a marchas forzadas y que puede crear notables tensiones sociales entre los colectivos que van a sufrir con mayor intensidad esta crisis.


BIRMANIA: DE LA NADA A LA TRAGEDIA

Los últimos datos conocidos elevaban a última hora de ayer a 22.500 el número de muertos y a casi 45.000 el de desaparecidos en Birmania, como consecuencia del devastador ciclón Nargis que arrasó el pasado sábado el sureste asiático. Resulta imposible no estremecerse ante la magnitud de la tragedia. Sin embargo, no estamos sólo ante una catástrofe humana provocada por un desastre natural. Es éste también un drama agrandado por la pésima gestión de la Junta Militar que gobierna con puño de hierro el país desde hace 46 años.

Desde la ONU se ha denunciado que el número tan elevado de víctimas -imposible de establecer aún- se ha debido a la ausencia de un sistema de alerta precoz de tifones. Este hubiera permitido evacuar a gran parte de la población ya que un ciclón como el Nargis se puede predecir con 48 horas de antelación. La falta de este sistema resulta especialmente sangrante ya que la Bahía de Bengala es una de las regiones del planeta donde se forman los ciclones tropicales más destructores.

Pero si nulos han sido los esfuerzos del Gobierno birmano por evitar una catástrofe así, execrable está siendo su actuación posterior. Primero, por no desplegar al Ejército para realizar tareas de rescate y de reconstrucción urgente de infraestructuras básicas. A pesar de que las Fuerzas Armadas cuentan con 375.000 efectivos -cifra que sólo se corresponde con el carácter totalitario del régimen-, ayer los damnificados seguían gritando, indignados: «¿Dónde están los soldados?», porque ninguno había sido desplazado al epicentro de la tragedia. Como cualquier dictadura militar, ésta también demuestra mayor capacidad para ejercer la represión contra la población que para defenderla. Y segundo, porque la Junta, que ha hecho de Birmania uno de los países más cerrados y aislados del mundo, sigue entorpeciendo la llegada de ayuda humanitaria. Apenas permite la entrada de personal de rescate y sólo a cuentagotas da el visto bueno a la de alimentos, que deben pasar férreos controles gubernamentales.

Así las cosas, la ONU ya ha advertido que el número de víctimas podría multiplicarse en las próximas horas si el país no se abre

Nos cuentan que...

Rita Barberá aprovechó la última reunión que mantuvieron las autoridades valencianas, el dueño de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, y los gerentes de la empresa que gestiona la preparación de la prueba del mundial de automovilismo en Valencia para invitar al magnate a comprar el Levante. El club, que acaba de bajar a Segunda División, atraviesa graves dificultades económicas. El multimillonario británico recordó a la alcaldesa que ya tiene su propio equipo de fútbol, puesto que en septiembre adquirió el histórico club londinense Queens Park Rangers junto a sus socios Alejandro Agag y Flavio Briatore. La propuesta de la primer edil valenciana subraya, en todo caso, una ligazón estratégica entre Ecclestone y la Comunidad Valenciana, que podría aumentar en breve si, tal como aseguran algunas fuentes, éste se decide a instalar un astillero de yates de lujo en Sagunto. El presidente Francisco Camps, fue testigo del órdago de Barberá, y con él, el vicepresidente de su Gobierno, Vicente Rambla, el empresario Fernando Roig y el ex piloto Jorge Martínez 'Aspar'. Ecclestone se ha convertido en uno de los promotores de la política de grandes eventos impulsada por Camps. De hecho, no hace tanto éste le animó a financiar una de las torres que el arquitecto Santiago Calatrava ha diseñado para el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El deterioro consentido de la Justicia

El Gobierno sabía cuáles eran los problemas y las necesidades de la Justicia Penal desde enero de 2006 y sin embargo no ha impedido que hoy, más de dos años después, haya 400.000 sentencias criminales no ejecutadas. Es decir, uno de los pilares del Estado de Derecho hace aguas por todas partes. Ayer se conoció un nuevo informe del CGPJ, que fue el que redactó en su día el documento de situación, en el que insiste en unas recomendaciones que podrían evitar, por ejemplo, que volvamos a tener casos como el de Mari Luz, la niña asesinada en Huelva por un pederasta que debía estar en prisión cuando ocurrió el crimen. La excesiva carga de trabajo que soportan los juzgados, la ausencia de un programa informático específico con alertas de las ejecutorias y la excesiva movilidad de los trabajadores (con gran cantidad de interinos) lastran el sistema. ¿Hasta cuándo durará la miopía del Gobierno?

Los conocimientos idiomáticos no curan las enfermedades

La subordinación del interés general a las imposiciones del nacionalismo es especialmente visible en la sanidad pública vasca. Según informa hoy EL MUNDO, los baremos de las ofertas de empleo público en el País Vasco evalúan el conocimiento del euskara con una calificación de 16 puntos, mientras que tener un doctorado sólo merece sumar 4 puntos. Es decir, para estos gestores, la competencia idiomática es cuatro veces más importante y definitoria de la profesionalidad de un médico que tener una formación adicional a la licenciatura. Aún hay más, en determinados empleos caracterizados por su emplazamiento o nivel de responsabilidad, la burocracia nacionalista eleva este listón, otorgando hasta 24 puntos a los profesionales que dominen la lengua vasca. Por más que la sobrevaloración de la competencia lingüística venga de largo, resulta esperpéntico que este tipo de filtros sigan funcionando en una comunidad en la que la falta de pediatras constituye un verdadero problema. Además, la exigencia de euskara no sólo ha convertido la sanidad vasca en un coto cerrado, sino que ha creado un problema de tintes surrealistas. Por un lado, propicia que muchos sanitarios prefieran optar a plazas en otras autonomías vecinas en las que se les valoran sólo sus conocimientos científicos, lo que ha llevado al Gobierno de Vitoria a buscar a profesionales extranjeros a los que, paradójicamente, no se les exige el euskara al contratarlos. Por otro, los interinos se ven obligados a consumir horas y horas -que no dedican a la atención pública- en cursos de inmersión lingüística. El PP vasco ha denunciado este absurdo. Cabe esperar que el PSE abandone los prejuicios de la corrección política y condene también con toda su determinación un sinsentido que perjudica el funcionamiento de un servicio básico.

DESAFIO NACIONALISTA
En la Sanidad vasca saber euskara vale 16 puntos y tener el doctorado 4

MIKEL SEGOVIA

BILBAO.- El euskara es una de las mejores inversiones para un médico o una enfermera, al menos en el País Vasco. Ni máster ni doctorados. Los conocimientos lingüísticos deberían ser la principal apuesta de cualquier aspirante a ocupar una plaza en la sanidad pública vasca (Osakidetza). Frente a los apenas dos puntos con los que se valora en una oposición acreditar un máster universitario, o los cuatro que se conceden por haber obtenido un doctorado, demostrar nivel de perfil lingüístico 1 (PL1), conocimientos básicos de euskara, permite obtener ocho puntos. Llegan hasta los 16 si se acredita PL2 (nivel medio), el más común, y a los 24 en los casos más excepcionales -habitualmente de carácter técnico-, en los que se presente un perfil lingüístico 3 (alto).

Unas exigencias que complican de forma importante el acceso a la sanidad pública de un elevado número de médicos y enfermeras que ven cómo los vascoparlantes tienen siempre unas condiciones más ventajosas para acceder a la plaza.

La tendencia a primar el conocimiento de la lengua autonómica se ha acentuado en los últimos años como consecuencia de la mayor euskaldunización promovida por el Gobierno vasco en todos los ámbitos de la Administración. En la sanidad pública amenaza con potenciarse aún más en los próximos años, con un incremento del 30% del presupuesto destinado a que sus casi 20.000 trabajadores puedan mejorar su nivel de conocimiento del euskara.

El peso preponderante del conocimiento de la lengua autonómica en la carrera por una plaza en la sanidad pública vasca llega a condicionar de forma muy importante las posibilidades de un candidato a un puesto de funcionario. Por ejemplo, certificar el máximo nivel de euskara (PL3) suma 24 puntos, aunque sólo se exige en algunas plazas concretas, y no a médicos, enfermeras ni técnicos en radioterapia. En cualquier caso, son más de lo que se pueden obtener por todos los méritos acumulados de carácter docente, formativo e investigador (un máximo de 20 en el caso de médicos y enfermeras). Y supone también más de la mitad de los 40 puntos que se llegan a alcanzar por toda la experiencia profesional que aporte un opositor.

Un baremo que podría repetirse en las próximas ofertas públicas de empleo (OPE) que el Departamento de Sanidad del Gobierno vasco tiene previsto convocar en menos de un año. En la última, el criterio aplicado por el Ejecutivo de Ibarretxe para poder obtener una plaza de médico permitía conseguir hasta 76 puntos, de los que 16 podían lograrse acreditando un PL2 de euskara. En cambio, aspectos como la licenciatura en medicina sólo permite sumar un punto; un master, dos; tener el doctorado, cuatro; ser catedrático de la Facultad de Medicina, otro 1,20, y hablar francés, alemán o inglés, 1,5 puntos.

Avanzar en la mayor euskaldunización de la sanidad pública ha sido uno de los objetivos prioritarios de la Consejería que dirige Gabriel Inclán. Hacerlo vía OPE permite al Gobierno vasco un importante ahorro, en tiempo y dinero, al reducir la liberalización de su personal para alcanzar los perfiles lingüísticos. Sólo en la última, convocada a finales de 2006, el 25% de las 4.621 plazas que salieron a concurso incluía acreditar un elevado perfil de euskara y en el resto se consideraba un mérito importante y bien valorado.

Una situación que ha provocado que muchos profesionales de probada experiencia no hayan podido acceder a la sanidad pública vasca al no poder demostrar un conocimiento suficiente de euskara. Y eso a pesar de que el sistema sanitario, según han reconocido reiteradamente desde el Gobierno vasco, requiere de la incorporación de un importante número de médicos especialistas, principalmente pediatras y enfermeras, especialmente para la Atención Primaria.

Más aún, Sanidad tiene previsto convocar una nueva OPE para satisfacer la demanda de más personal que se ha incluido en los recientes acuerdos alcanzados con el colectivo médico y de enfermería después de casi un año de conflictividad.

Esta situación está provocando que muchos titulados vascos en Medicina estén optando a plazas fuera del País Vasco, por la dificultad que les supone la acreditación de los perfiles lingüísticos. El caso más reciente es el de una convocatoria de plazas de la sanidad riojana a la que se presentará un buen número de aspirantes vascos.

La euskaldunización del personal de la sanidad pública fue una de las reivindicaciones principales realizada por los sindicatos durante el largo y duro conflicto que las centrales mantuvieron con la Consejería de Sanidad. Reclamaban una financiación estable y una política progresiva que permitiera la liberación de un mayor número de trabajadores para poder acceder a los cursos de aprendizaje del euskara y poder acreditar los perfiles lingüísticos.

El acuerdo suscrito con el Sindicato Médico de Euskadi, CCOO y el sindicato de Enfermería Satse establecía que el Servicio Vasco de Salud se comprometía a reforzar en los próximos años, con un incremento del 30% del presupuesto, los recursos destinados a esta materia. El compromiso establecía además que se realizarán dos convocatorias anuales para acreditar perfiles lingüísticos.

Ante esta situación, el PP presentó ayer en el Parlamento vasco una proposición no de ley por la que insta al Gobierno de Ibarretxe a «revisar la valoración del euskara» en próximas OPE. La parlamentaria popular Laura Garrido aseguró que este tipo de valoraciones está limitando notablemente el acceso a la red sanitaria de profesionales con acreditados conocimientos y experiencia «por privilegiar el euskara». Recuerda que en una situación de escasez de personal sanitario, como la que atraviesa el País Vasco, se hace necesario replantearse tanto la asignación de perfiles lingüísticos a los diferentes puestos «como la excesiva valoración que se le otorga».

El PP cree que la valoración que se hace de los conocimientos de la lengua autonómica en las OPE de la Consejería de Sanidad es «desmesurada» en comparación con otros aspectos como la formación médica, el conocimiento científico o la experiencia. En la citada proposición se insta además al Ejecutivo a modificar el decreto de normalización del uso del euskara en la sanidad pública «a fin de garantizar la igualdad y la no discriminación por motivos lingüísticos en el acceso a la plantilla». En su denuncia, Garrido apunta que mientras se está procediendo a la contratación de profesionales del extranjero a los que no se les exige el nivel de euskara pertinente, «a los de aquí sí se les limita por esta razón».

El PP ha presentado, además, una pregunta dirigida al consejero de Sanidad para requerirle su posición ante la política de euskaldunización que lleva a cabo. Garrido afirma que estas limitaciones «atentan contra el principio constitucional de igualdad en el acceso a la función pública, al encontrarse las personas que conocen el euskara en una situación privilegiada y de ventaja respecto a las que no lo conocen en grado suficiente al exigido».

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LOS BAREMOS DE LA SANIDAD PUBLICA VASCA

1. Categoría de Médico. Experiencia profesional: máximo, 40 puntos. Por cada mes de servicios prestados, entre 0,05 y 0,2 puntos. Formación, docencia e investigación: máximo, 20 puntos. Licenciatura, 1 punto; máster universitario, 2 puntos; grado doctor, 4 puntos; catedrático de Facultad de Medicina, otros 1,2 puntos; idiomas (inglés, francés o alemán), 1,5 puntos cada uno. Euskara: máximo 16 puntos. PL1, nivel bajo, 8 puntos, y PL2, nivel medio, 16 puntos.

2. Categoría de Enfermera/o. Experiencia: máximo 40 puntos. Por cada mes de servicios prestados, entre 0,04 y 0,18 puntos. Formación, docencia e investigación: máximo, 20 puntos. Formación especializada, 6 puntos; formación continuada, 9 puntos; formación académica, máximo 7 puntos; actividad docente, máximo 4 puntos; actividad científica, 5 puntos; conocimientos informáticos, 2 puntos. Euskara: máximo 16 puntos (PL1, 8 y PL2, 16).

3. Categoría de Técnico en Radioterapia. Experiencia: máximo, 48 puntos. Por cada mes de servicios prestados, entre 0,11 y 0,40 puntos. Formación, docencia e investigación: máximo, 12 puntos. Formación especializada, 6 puntos; formación continuada, 10 puntos; actividad docente, máximo 2 puntos; actividad científica, 3 puntos; conocimientos informáticos, 2 puntos. Euskara: máximo 16 puntos (PL1, 8 y PL2, 16).

EDITORIALES del día:

EDITORIALES DEL DÍA
ENTRE LA DIGNIDAD DE ACEBES Y LA ALARMA DE MAYOR OREJA


Mariano Rajoy no olvidará fácilmente el día de ayer: a primera hora de la mañana, el líder del PP recibía una llamada telefónica de Angel Acebes, su número dos, que le comunicaba su decisión de anunciar de inmediato que no continuará en ningún caso en la dirección del partido. Pocos minutos después, Rajoy tenía que tragarse los duros reproches formulados por Mayor Oreja en un programa televisivo.

Tras hacer público un comunicado, Angel Acebes -persona muy querida en el partido y víctima frecuente de injustos ataques en los que servía de parachoque a Rajoy- compareció ante los medios para confirmar que no volverá a ocupar cargos de responsabilidad en el PP tras el Congreso de Valencia. «Le he dicho a Rajoy que no cuente conmigo», subrayó con una contundencia muy poco habitual en él.

La textualidad de sus palabras y la forma cómo informó ayer de su decisión a Rajoy revelan el profundo malestar del secretario general del PP, que, una semana después del fichaje de Zaplana por Telefónica, abandona la dirección.

Acebes se había sentido probablemente humillado tras las declaraciones de Rajoy 48 horas después de las elecciones, cuando éste afirmó que había decidido presentar su candidatura en Valencia con su «propio equipo». Todo el mundo interpretó que la frase significaba que no iba a contar con Zaplana y Acebes y Rajoy ni siquiera lo matizó.

Cabe interpretar, por tanto, el portazo dado por Acebes como una respuesta a aquellas manifestaciones de Rajoy y, sobre todo, como un gesto de dignidad para a poner fin a las muchas especulaciones que habían surgido en los pasados días sobre su futuro en el partido.

Acebes era el único superviviente del aznarismo -con la excepción del propio Rajoy y del contratado Arriola- que quedaba en el aparato del PP, lo cual podría ser utilizado para intentar demostrar la renovación del partido. El argumento podría ser válido si no fuera porque quien permanece y pretende permanecer al frente del PP fue puesto a dedo por Aznar.

Al anuncio de la inminente salida del número dos del partido, se sumaron ayer las declaraciones de Mayor Oreja, en las que reprochaba veladamente a Rajoy estar prescindiendo de la generación de «las personas que ahora cumplen 50 años».

Mayor Oreja señaló que «Aznar, Cascos y Rato tienen que ser parte de la solución» en la crisis que atraviesa el partido y enfatizó que no se puede permitir «el despilfarro político» de la pérdida de una experiencia como la suya.

El diagnóstico de Mayor Oreja pone el dedo en la llaga al criticar la decisión de Rajoy de prescindir de muchas de las mejores cabezas del PP y del peligro que esta estrategia encierra. Lo que está diciendo el ahora eurodiputado es que un congreso ganado por aclamación, gracias al respaldo de unos compromisarios controlados por los barones regionales del partido, no sólo no va a servir para cerrar las heridas abiertas sino que además contribuiría a acentuar la actual crisis. Rajoy no debería desdeñar la advertencia de Mayor Oreja, pues sigue siendo una sólida e indiscutible referencia moral para los militantes, al igual que Alvarez Cascos que también se pronunció en un sentido similar.

BOFETADA POPULAR A EVO MORALES


Los ciudadanos de Santa Cruz, la provincia más grande y próspera de Bolivia, escenificaron el domingo un puñetazo en la mesa acudiendo a votar mayoritariamente un estatuto de autonomía ilegal pese a los llamamientos en contra del presidente del país. La decisión de desafiar a Evo Morales no tiene una única causa, pero quizás no se hubiera producido si hace seis meses éste no hubiera aprobado unilateralmente una nueva Constitución a lo Hugo Chávez (aún pendiente de ratificar en referendo) que otorga a la población indígena derechos que no tendrá el resto de bolivianos, que restringe la propiedad privada y que declara al Estado propietario de todos los recursos naturales. Santa Cruz, con yacimientos de gas y petróleo y con una población que reivindica sus raíces españolas, genera un tercio del PIB nacional y en su territorio el Estado recauda el 40% de los impuestos.

Aunque la consulta, que en teoría permitiría un autogobierno casi total a la provincia, no tendrá grandes efectos en la práctica, los dirigentes autonomistas no ocultaban ayer su satisfacción por el éxito de la convocatoria y su resultado arrasador. Que Evo Morales haya respondido de forma moderada a la rebelión de Santa Cruz, haciendo un llamamiento al diálogo, limitándose a discutir la veracidad de los resultados que ofrecen las urnas y obviando el discurso populista y antiestadounidense de otras ocasiones, es la mejor prueba de que el episodio es causa de seria preocupación para el Gobierno. Hay que tener en cuenta que otras tres provincias (Beni, Pando y Tarija) votarán también en las próximas semanas sus propios estatutos, si bien, son menos ambiciosos que el de Santa Cruz.

A las acusaciones de Morales de que las peticiones de autogobierno esconden un trasfondo soberanista que amenaza con romper la unidad nacional, los federalistas responden que, lejos de ello, su modelo es el Estado de las Autonomías español y que no persiguen la independencia. Pero lo cierto es que la consulta ha creado una tensión institucional que amenaza con fracturar el país, sumido desde hace tiempo en la crisis y con un 60% de pobres.

El conflicto contribuye además a escenificar de puertas adentro y de cara al exterior que el socialismo de Evo Morales estrangula las pocas zonas prósperas del país -cuyos habitantes reclaman otras recetas económicas- y que tampoco es capaz de mejorar la situación de los territorios más subdesarrollados. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Más de dos años después de la llegada de Morales al poder, no hay signos de mejora en el país, sino todo lo contrario.

Nos cuentan que... algunas de las grandes compañías españolas están importando el modelo americano para sus convenciones de directivos. Tal es el caso de Repsol YPF. Su presidente, Antonio Brufau, guarda una sorpresa para los 300 altos directivos de la petrolera en todo el mundo, que se reunirán el 12 y 13 de mayo en Madrid. Será el encuentro previo a la junta de accionistas y Brufau ha contratado a Matías Prats para moderar y conducir las dos jornadas. El plato fuerte se reserva para el martes, día en que el conocido periodista moderará una mesa redonda en la que intervendrán el propio Brufau, Felipe González y Rodrigo Rato. El ex presidente del Gobierno hablará sobre la situación política internacional y los problemas sociales en un entorno de globalización. El ex director gerente del FMI y asesor áulico de Santander y Criteria (La Caixa), de las perspectivas económicas mundiales, en un acto que estará abierto a los medios de comunicación.

Yahoo!, en el ojo del huracán

Las acciones de Yahoo! han caído casi un 25% desde el pasado viernes, cuando Microsoft anunció que retiraba su oferta de 46.000 millones de dólares por esa empresa. Ayer se hizo pública la carta de Steve Ballmer, presidente de Microsoft, a su colega de Yahoo!, Jerry Yang. En ella se dice que la oferta de Microsoft de 33 dólares por acción era muy generosa, puesto que suponía pagar un 60% más sobre la cotización del día en el que fue formulada. Ballmer expresa una serie de temores sobre la operación, entre los que cita el éxodo de los mejores ingenieros de Yahoo!, el vaciamiento de activos y posibles problemas con las autoridades de la competencia. Microsoft estaba muy interesada en hacerse con el mercado de la publicidad que maneja Yahoo y consolidar su posición en el segmento de buscadores, pero la compra sólo hubiera sido posible mediante un acuerdo amistoso, según subraya Ballmer en su carta. La fuerte caída de sus acciones obliga a Yahoo!, según muchos analistas, a estrechar sus lazos con Google o a plantearse una fusión con AOL, que también ha estado negociando una posible fusión con Microsoft. Quien peor parado ha salido es Jerry Yang, el presidente de Yahoo!, al que muchos accionistas acusan de haber dejado pasar una ocasión que jamás se volverá a presentar porque Microsoft podría intentar comprar la empresa dentro de unas semanas por mucho menos dinero de lo que ofrecía esta vez.

'Caso Taguas', un escándalo legal

A pesar de que en el Gobierno se multiplican las críticas en voz baja a la rapidez con que David Taguas, ex asesor del presidente Zapatero, ha aceptado la Presidencia de la patronal de las constructoras, el Ejecutivo está elaborando un informe para disipar toda duda legal sobre la compatibilidad del que fuera director de la Oficina Económica de La Moncloa. Administraciones Públicas declarará que Taguas no viola la Ley de Incompatibilidades -que prohíbe a un alto cargo trabajar con una empresa sobre la que haya tomado decisiones- al aceptar el puesto que le ha ofrecido Seopan, por lo que podrá percibir, durante un año y medio más, el 80% del sueldo que cobraba del Estado como ex alto cargo además del salario que decidan darle los empresarios, que podría estar en torno a los 300.000 euros. El argumento es que no va a trabajar para una empresa constructora concreta, sino para la asociación que las agrupa; lo cual resulta una burla, porque Taguas era un secretario de Estado y porque la actividad de la Oficina Económica sí afectaba al sector para el que va a trabajar. Se repetirá así el caso de Timermans, el ex secretario de Estado de Aznar que fue contratado por una filial de Telefónica para bordear la ley. También se hizo un informe ad hoc. No dudamos de que el documento del Ejecutivo esté fundado en criterios legales -estaría bueno-, pero eso sólo demuestra que el caso Taguas es un escándalo legal. Por eso, el propio Taguas debería reconsiderar su decisión.

EDITORIALES del día:

EDITORIALES DEL DÍA
EL GOBIERNO TIENE EN SU MANO ECHAR A ANV DE LOS AYUNTAMIENTOS

Rosa Díez presentará en el Congreso una iniciativa instando al Gobierno a disolver los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV), el partido tapadera de la ilegalizada Batasuna. La diputada de Unión Progreso y Democracia invoca para ello el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local, que permite actuar así en el caso de que una corporación perjudique «gravemente» los intereses generales. Basándose en esta norma, por ejemplo, el Gobierno disolvió hace dos años el Ayuntamiento de Marbella y puso al frente a una comisión gestora.

Pero no es sólo que haya precedentes del recurso a esta ley, es que el artículo en cuestión prevé en su apartado segundo que se actúe específicamente contra los ayuntamientos «que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares». Es decir, el legislador quiso tener una herramienta para poder intervenir en casos que encajan perfectamente con la situación que viven hoy algunos municipios del País Vasco y Navarra por la cortedad de miras del Estado de Derecho, que permitió que la marca blanca de ETA concurriera a las elecciones y obtuviera más de 400 concejales.

La disolución de los ayuntamientos proetarras (más de 30) permitiría revocar las recientes humillantes derrotas de los demócratas en corporaciones como Mondragón, Hernani o Vergara, donde las denominadas «mociones éticas» de condena a los respectivos alcaldes fueron derrotadas.

Es seguro que el PP apoyará la medida de Rosa Díez, dado que su grupo ya presentó hace menos de un año esa misma propuesta, rechazada entonces por todos los grupos de la Cámara con el argumento de que la iniciativa buscaba «la división». El PSOE, por boca de su diputado Pedro Muñoz, pidió entonces al PP su vuelta «al consenso» en la lucha contra ETA.

Dado que con el asesinato del ex concejal Isaías Carrasco y la negativa de los cargos públicos de ANV a condenar el atentado ha cambiado el escenario, y dado también que el PSOE ha modificado su estrategia contra ETA y se ha acercado a las posiciones de los populares (la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, acaba de entrar en prisión a petición de la Fiscalía), lo lógico sería que la iniciativa de Díez tuviera también el apoyo de los socialistas.

«Es hora de que vayamos a por todas», asegura la diputada, que reta al PSOE a que demuestre que con sus «mociones éticas» no pretende simplemente cubrir el expediente, mientras en el fondo trata de ganar terreno de cara a las elecciones autonómicas en el País Vasco.

Cuando el Gobierno de Zapatero disolvió el Ayuntamiento de Marbella, la vicepresidenta Fernández de la Vega justificó la intervención asegurando que permitía «devolver la dignidad» al Consistorio. No se nos ocurre mejor argumento que ése para aplicar ahora esa misma ley a los enemigos de la democracia.

MISION INCUMPLIDA EN IRAK

Cinco años después de que -el 1 de mayo de 2003- un exultante George W. Bush aterrizara en la cubierta del portaaviones Abraham Lincoln para proclamar el final de las operaciones militares en Irak, EEUU y la comunidad internacional siguen empantanados en un conflicto sin visos de solución. Aquella pancarta que sirvió de frontispicio al absurdo triunfalismo del presidente de EEUU -«misión cumplida»- se ha revelado, con el paso del tiempo, como un auténtico aforismo de la fatalidad.

De hecho, la inacabada Guerra de Irak ha provocado decenas de miles de muertos y desplazados, ha prendido el enfrentamiento entre suníes, chiíes y kurdos, ha complicado más la pacificación de Oriente Próximo, ha servido de coartada al terrorismo internacional y de estímulo al fundamentalismo islámico, y ha generado dificultades añadidas a las ya de por sí procelosas relaciones entre Occidente y los países musulmanes.

Hace pocos días, el presidente Bush y sus asesores en la Casa Blanca se esforzaban por matizar qué había querido decir exactamente aquello de «mission accomplished», pero lo cierto es que la Guerra de Irak se ha convertido en un auténtico problema tanto para la comunidad internacional como para los Estados Unidos. Más de 4.000 soldados muertos y 30.000 mutilados constituyen el trágico balance del Vietnam de Bush, una guerra por otro lado insostenible para la maltrecha economía del país.

Con motivo del quinto aniversario del veredicto de Bush, hoy reproducimos el análisis de nueve expertos en asuntos militares y de política exterior, publicados en las páginas del New York Times. Algunos animan a Bush a llevar a cabo «una retirada de tropas ordenada», otros -por contra- creen que es necesario que EEUU «mantenga una presencia en Irak que infunda respeto». También los hay que apuestan por abrir las puertas de EEUU a los refugiados iraquíes y quienes, desde una posición muy crítica con el presidente estadounidense, le reprochan la creencia «arrogante» de pensar que «nosotros podíamos reconstruir la devastada sociedad iraquí». Se trata de opiniones variadas y fundamentadas sobre una de las encrucijadas de la política internacional.

No es de extrañar que -según el último sondeo de la cadena de televisión CNN-, George W. Bush se haya convertido en el presidente más impopular de la historia moderna de EEUU. Ni sorprende tampoco que el 68% de los estadounidenses estén en contra de la guerra.

Nos cuentan que... un día después de los fastos del Dos de Mayo, el alcalde de Madrid hizo un hueco en su apretada agenda para casar a María, la hija menor del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El oficiante y los invitados se dieron cita el sábado, festividad de San Felipe, en un complejo próximo a Madrid: el Somontes, en la localidad de El Pardo. Alberto Ruiz-Gallardón, que accedió a celebrar la ceremonia por petición expresa de Garzón (no acostumbra a prodigarse en estos menesteres) hizo gala de su fama de buen orador e hilvanó un emotivo discurso que conmovió a los contrayentes, a los numerosísimos invitados (cerca de 500) y especialmente a la madre de la novia, Rosario. El día, primaveral, contribuyó a que la jornada fuera una auténtica fiesta para la familia Garzón. María, de 26 años, es la tercera de los tres hijos del juez y se haya muy vinculada a su padre. Con él leyó un manifiesto en la Puerta de Alcalá contra la Guerra de Irak en abril de 2003, en un acto multitudinario organizado por la Plataforma Cultura contra la Guerra, donde estaban desde los sindicatos CCOO y UGT, al PSOE e IU o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la coordinadora de ONG. El juez tuvo aquel día una de las intervenciones más duras y, a raíz de ello, el Poder Judicial le abrió un expediente por el contenido político de las mismas, que luego cerró sin consecuencias.

Descrédito para la Fiscalía Anticorrupción

Justicia ha autorizado la vuelta al Ministerio Público del ex fiscal Daniel Campos, quien hace dos años pidió la excedencia para defender como abogado a los acusados de un caso investigado por Anticorrupción. A finales de 2003, la Fiscalía acusó a varios accionistas de la empresa Abengoa de un delito de administración desleal en la compra de la operadora Xfera. El ahora readmitido no llegó a ser fiscal del caso, pero tuvo acceso a los detalles de la investigación y, meses después, pedía la excedencia y pasaba a coordinar la defensa de los imputados, lo que molestó enormemente al juez. Tras lograr el archivo del caso, Campos vuelve a Anticorrupción, un regreso en el que algunos de sus compañeros advierten un «conflicto de intereses». Aunque legalmente la readmisión se ajusta a la ley, desde un punto de vista ético y estético su viaje de ida y vuelta perjudica la imagen de la Fiscalía.

Una vigorosa imagen del triunfo de la democracia en España

El funeral de Estado por la muerte del primer ex presidente del Gobierno desde la Transición alumbró ayer imágenes de alto significado simbólico, alguna incluso extraordinariamente reveladora del triunfo de nuestra ya no tan joven democracia sobre las tensiones internas que intentaron hacerla fracasar. Si fue muy significativo cómo cientos de personas aguardaron junto al Congreso a que la capilla ardiente con los restos de Leopoldo Calvo-Sotelo fuera instalada, más aún lo fue el modo en que el estamento militar participó en las exequias. El cadáver del ex presidente del Gobierno fue introducido por la Puerta de Los Leones y velado por soldados de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil con sus armas reglamentarias. Como bien subrayó a sus hombres el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz, se trataba de un acontecimiento «histórico». Militares con armas largas volvían al Parlamento, 27 años más tarde, para rendir honores ante el féretro del mismo hombre que sufrió la intentona golpista del 23-F durante su debate de investidura como presidente. Esta imagen constata como pocas la victoria de la democracia en España, gracias en muy buena medida al esfuerzo personal, al trabajo discreto y al espíritu de renuncia de Leopoldo Calvo-Sotelo, «un gran español, un hombre de Estado, un demócrata y una persona muy querida», en sentidas palabras del Rey Juan Carlos, quien le impuso el Collar de la Real Distinguida Orden de Carlos III. Los restos mortales del ex presidente del Gobierno saldrán hoy a las 9 horas de la capilla ardiente con dirección a la localidad lucense de Ribadeo, donde recibirán sepultura en un acto abierto al público por expreso deseo de la familia. Las exequias concluirán con un Funeral de Estado el jueves en la Catedral de la Almudena.

EL FUTURO DEL PAIS VASCO
Rosa Díez pide que el Gobierno disuelva 33 ayuntamientos con alcalde de ANV

Invoca el artículo 61 de la Ley de Régimen Local que permite disolver las corporaciones que apoyen el terrorismo «Ya es hora de que vayamos a por todas. No hay motivo para que el Gobierno esté devolviéndonos, píldora a píldora, nuestra libertad»

LUIS ANGEL SANZ

MADRID.- La portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, presentará «inmediatamente» en el Congreso de los Diputados una iniciativa para instar al Gobierno a que proceda a la disolución de los 33 ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV). Según un artículo que la parlamentaria publica hoy en EL MUNDO, existe la posibilidad legal de hacerlo mediante la aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que permite disolver «las corporaciones locales que den cobertura o apoyo» al terrorismo, como reza el punto dos del citado artículo.

Díez exigirá así al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que vaya «a por todas» y le pedirá que termine «esta ceremonia en la que el Gobierno pretende lavar su cara a plazos, como si no quisiera romper todos los puentes con ese mundo del terror». «Ya es hora de que vayamos a por todas. No hay motivo para que el Ejecutivo esté devolviéndonos, píldora a píldora, nuestra libertad», remacha. La diputada argumenta que el Ejecutivo «tiene en su mano la competencia para evitarnos esta situación de indignidad y de riesgo continuado». Sigue en

La portavoz de UPyD y diputada en el Congreso argumenta, en la explicación de la iniciativa que presentará próximamente, que «no hay disculpa alguna para que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no utilice todos los instrumentos que tiene en su mano para expulsar de las instituciones democráticas a los terroristas». «Dejémonos de mociones éticas o de declaraciones grandilocuentes y utilicemos la ley que nosotros mismos nos hemos dado», concluye.

El citado artículo 61 de la Ley de Régimen Local faculta al Consejo de Ministros a disolver «los órganos de las corporaciones locales» cuando éstas incurran en una «gestión gravemente dañosa para los intereses generales».

Y para más claridad, el punto dos del artículo 61 especifica (ver el recuadro de esta misma página) que se considerarán «decisiones gravemente dañosas» los «acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».

Precisamente, cuando el PP y el PSOE aprobaron la Ley de Partidos que permitió ilegalizar Batasuna, introdujeron también esta previsión en la Ley de Bases de Régimen Local para poder disolver las entidades locales que den cobertura al terrorismo.

ANV gobierna actualmente en 33 municipios del País Vasco y Navarra, dos comunidades en las que tiene 437 concejales. El pasado miércoles, la Fiscalía solicitó prisión sin fianza contra la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, y el juez Baltasar Garzón dictó la orden correspondiente para que la edil que se ha negado a condenar el asesinato del ex concejal socialista Isaías Carrasco ingrese en la cárcel.

Díez denuncia, en este sentido, que «no se puede consentir que en una estrategia de diseño propagandístico, el Gobierno apriete o afloje la presión sobre el entramado del terror» según «aconseje la jugada», dice, citando al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. De hecho, resalta también que los concejales de ANV están en los plenos de los ayuntamientos porque «la estrategia del Gobierno de Zapatero pasó, cuando se celebraron las elecciones locales y forales de mayo de 2007, por dejarles entrar».

Como la misma diputada se encarga de resaltar, esos cargos públicos -junto con los del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV)- reciben al año seis millones de euros «para mantener su infraestructura del terror y para tener más a tiro a los demócratas».

El pasado mes de septiembre, el Grupo Popular en el Congreso que dirigía Eduardo Zaplana presentó una proposición no de ley (PNL) que instaba a la disolución de ANV y «de las corporaciones locales en las que gobierna». En noviembre, se debatió en el Pleno y se rechazó por 176 votos en contra, 128 a favor y tres abstenciones.

Ayer, este diario preguntó a la actual portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, si piensa volver a presentar una proposición similar y respondió que, de momento, no lo ha contemplado. De hecho, ni siquiera supo confirmar si el PP la presentó y defendió en la pasada legislatura.

Sáenz de Santamaría aprovechó para pedir al Gobierno que aplique la Ley de Régimen Local en los ayuntamientos vascos y navarros que ANV hace «ingobernables». La dirigente popular aseguró que su partido apoyará e impulsará «cuantas medidas sean necesarias» para sacar a ANV de los ayuntamientos, si bien recalcó que no será a través de «mociones éticas» que calificó de «invento».

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ARTICULO 61 DE LA LEY DE BASES DE REGIMEN LOCAL

1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.

3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.

EDITORIALES del día:

EDITORIALES DEL DÍA
DOS AÑOS DEL CHIVATAZO A ETA

Dos años después de que un chivatazo policial alertara a ETA de que iba a producirse una operación contra su red de extorsión a empresarios -caso único conocido en la historia de la lucha contra el terrorismo en nuestro país-, se ha echado un manto de silencio sobre el caso y ningún agente investiga los hechos.

Tal día como hoy del año 2006, Joseba Elosua, recaudador de la banda, fue avisado en un bar de su propiedad en Irún, el Faisán, de que sería detenido si iba a Francia con el dinero de los extorsionados. ¿Qué pudo llevar a las Fuerzas de Seguriad del Estado a ponerse, por una vez, del lado de los asesinos? Una posible respuesta a esa pregunta la dio el propio beneficiario del chivatazo, que en una conversación personal que le grabó sin su conocimiento la Policía aseguraba que, quien le avisó, justificó que lo hacía «para no fastidiar el proceso». Cabe recordar que en esa época el Gobierno y ETA estaban en plena negociación política.
Pero tan sorprendente como que se produjera el chivatazo ha sido la actuación posterior de la Justicia. En un primer momento, en ausencia de Baltasar Garzón -que disfrutaba fuera de España de uno de sus famosos permisos-, Grande Marlaska se hizo cargo del caso. Es revelador que una de las decisiones del juez fuera apartar de las pesquisas al comisario general de Información, Telesforo Rubio, que se mostró poco colaborador desde el principio; baste decir que tardó tres días en informar a la Audiencia Nacional del soplo a ETA. Trascendió entonces que, cuando se avisó a la banda terrorista, el jefe de Seguridad del PSOE, un ex comisario, telefoneó desde la sede central del partido en Ferraz al comisario jefe de San Sebastián, presente en las inmediaciones del bar Faisán.
Pero ese primer interés por averiguar los hechos se acabó aparentemente en cuanto Garzón regresó a su puesto. La Guardia Civil, que Grande Marlaska había puesto a trabajar en la investigación, fue apartada. Además, el juez estrella determinó que la llamada desde el PSOE no tenía relación con los hechos.
Dos años después de que alguien, desde dentro de la Policía, desbaratara una operación antiterrorista, estamos como al principio. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? La sola sospecha de que el Gobierno hubiera podido poner el Estado de Derecho al servicio de su estrategia debería ser acicate suficiente para volcar el mayor interés en aclarar todos los detalles de este episodio, gravísimo, de cualquier manera, por sí solo. En cambio, la desidia oficial sigue alimentando todas las suspicacias de un caso que nos resistimos a dar por cerrado.


LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA PIERDE A UNO DE SUS SIMBOLOS

El inesperado fallecimiento de Leopoldo Calvo-Sotelo, ayer en su domicilio de Madrid, es una noticia triste, al tiempo que un acontecimiento histórico. España ha perdido a su primer ex presidente del Gobierno desde la Transición y ello significa que la democracia española ya no es tan joven, puesto que Calvo-Sotelo ocupó la Jefatura del Ejecutivo hace ya 26 años. A pesar de que ha sido el presidente más breve, sus 21 meses en La Moncloa fueron trascendentales en la consolidación de la democracia. Calvo-Sotelo recibió una España traumatizada por el 23-F -Tejero irrumpió en el Congreso durante su debate de investidura-, que dudaba de sus instituciones democráticas y entregó a Felipe González un país más seguro de sí mismo. Bajo su mandato, los golpistas fueron juzgados y cuando el tribunal les condenó, el Gobierno recurrió la sentencia para lograr penas más acordes con el delito cometido.
La brillantez y el encanto de su predecesor, Adolfo Suárez, y de su sucesor, Felipe González, le convirtieron en un ex presidente casi invisible durante bastantes años. No fue nunca un político al uso -se definió a sí mismo como «alto pararrayos de desgracias»-, aunque en su haber figuran acontecimientos tan decisivos para España como el ingreso en la Alianza Atlántica o las negociaciones para la incorporación a la Comunidad Europea. De hecho, ha sido el único presidente del Gobierno que sabía idiomas. Años después, vería reivindicada su apuesta histórica cuando el mismo Felipe González que en el debate parlamentario le había dicho que si UCD «metía a España en la OTAN por mayoría simple, el PSOE la sacaría por mayoría simple», empleó todo su capital político como presidente pidiendo el sí en el referéndum de 1985. Tal y como ayer subrayaron los líderes de todos los partidos sin excepción, se comportó durante su mandato como un auténtico «hombre de Estado». Su logro político más destacado -aunque poco reconocido- es la creación de la UCD, reclutando a una serie de personalidades importantes de la sociedad civil.
Años después de abandonar La Moncloa, los españoles pudieron conocer a través de su libro de memorias al hombre culto, refinado, elegante, irónico y lúcido que era Leopoldo Calvo-Sotelo. Un político capaz de desmitificar muchas cosas -«los que empezamos la Transición éramos, en materia política, poco más que modestos pescadores de Galilea»- y de hablar sin eufemismos del síndrome de La Moncloa: «El complejo físico y arquitectónico agrava el otro complejo psíquico y espiritual que aqueja a los presidentes».
Por todo ello, resulta especialmente acertado que el presidente del Gobierno haya dado órdenes de celebrar sus exequias con todos los honores de Estado. Su capilla ardiente será instalada en el Congreso y se abrirá la puerta de Los Leones para que los ciudadanos puedan rendirle homenaje. Especialmente simbólico es el hecho de que José Bono, aquel joven secretario cuarto de la Mesa que asistió a la intentona golpista durante su debate de investidura, sea ahora el presidente de la Cámara que reciba el féretro del ex jefe del Ejecutivo. Es la mejor prueba de que la democracia se impuso sobre sus enemigos.