La reivindicación de la nación española centró ayer dos importantes discursos conmemorativos del bicentenario del Dos de Mayo. En Móstoles, el Rey Juan Carlos homenajeó el levantamiento espontáneo de los madrileños contra las fuerzas napoleónicas en una jornada -dijo- «cuyo protagonista no fue otro que el pueblo español, verdadero titular del ser y del destino de la nación». Asimismo, el monarca vinculó aquel día de lucha que dio inicio a la Guerra de Independencia «con la toma de conciencia de una nación basada en las ideas de libertad, unidad, igualdad y solidaridad». Es decir, los mismos principios recogidos por las Cortes de Cádiz en 1812 y cuyo reconocimiento y defensa han sido eje central en la historia del constitucionalismo español, incluida la Carta Magna de 1978.
También Esperanza Aguirre resaltó durante los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid la vigencia de los mismos valores que hace dos siglos fraguaron la identidad nacional. La presidenta subrayó que los hombres y mujeres que lucharon y murieron hace 200 años «sabían muy bien que eran españoles y no tenían dudas de lo que era España; sabían que era una nación muy antigua, que era su patria y que compartían una cultura, unos valores y unas creencias con los otros 12 millones de los entonces españoles», por lo que recordar y honrar su sacrificio y heroísmo -añadió- «es un deber de todos los que nos consideramos sus herederos».
No deja de llamar la atención que la presidenta de la Comunidad de Madrid y Mariano Rajoy aprovecharan los fastos de ayer para intentar escenificar en público el final de la polémica interna en el PP. Aunque el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, apostilló con oportuna ironía que «es importante que nos llevemos bien, incluso los políticos de un partido con los políticos del mismo partido», el debate de fondo en el PP sólo quedará zanjado cuando se pongan en marcha los mecanismos democráticos necesarios para resolver los grandes temas de futuro del partido. No es casualidad que, entre los asistentes a la conmemoración, los compromisarios del PP que promueven la enmienda de primarias se convirtieran en centro de atención mediática. Anécdotas al margen, el modo en que se han comprometido en la celebración del bicentenario quienes, como Aguirre, se proclaman «herederos» de los patriotas del Dos de Mayo ha contrastado vivamente con el silencio y la escasa implicación del Gobierno central.
Aun así, es indudable la exitosa proyección que ha merecido y tenido el aniversario de un acontecimiento que fue el germen indiscutible de la toma de conciencia nacional, gestada durante varios siglos atrás. Y reivindicarlo en el momento presente adquiere una gran significación. Sobre todo, si finalmente -como aseguran algunas filtraciones- el Tribunal Constitucional se inclina por aceptar que Cataluña sea definida como una «nación» en el preámbulo del Estatut, aduciendo que este reconocimiento no tendría efecto jurídico alguno. El TC cometería un grave error -y pertrecharía de argumentos a los nacionalistas- si, por lavarle la cara al Gobierno, consagra un dislate incompatible con la unidad del Estado reconocida en todas las constituciones de España desde hace dos siglos.
Gordon Brown ni siquiera lleva un año en Downing Street, pero acaba de entrar en la historia del laborismo después de guiar a su partido a la mayor debacle electoral desde 1968. Hay que remontarse a los tiempos de Harold Wilson para hallar una derrota comparable a la de las municipales del jueves, que colocan al Laborista como el tercer partido británico y 20 puntos por detrás de los conservadores de David Cameron.
Ni siquiera la comparación con las municipales que anunciaron en 1995 la caída de John Major hace justicia a la formidable magnitud de la derrota. Los laboristas perdieron votos y ediles en todas las regiones y sucumbieron al empuje tory en feudos tradicionales como Southampton, North Tyneside, Nuneaton o Reading. La caída de Ken Livingstone en Londres a manos del extravagante Boris Johnson no fue sino la rúbrica de las dimensiones del naufragio. Un naufragio que es especialmente lacerante si se compara con el resultado de las municipales de 2004. Con las mismas circunscripciones en juego y en plena resaca de Irak, Tony Blair logró nueve ayuntamientos y 331 ediles más que Brown y la brecha entre los dos grandes partidos fue mucho menor.
Con el primer ministro en horas bajas, es inevitable que empiece a extenderse dentro y fuera del laborismo una especie de nostalgia de Blair. Máxime cuando la derrota es el fruto evidente de la gestión errática del primer ministro. Brown tuvo un inicio prometedor, gestionando la oleada de crisis que asoló el Reino Unido el verano pasado. Sus problemas empezaron en octubre, cuando se echó atrás en su intención inicial de adelantar las generales al otoño, infundiendo en el electorado una impresión de debilidad y titubeo constante que lo ha ido acompañando luego durante su mandato.
Pero al margen del carácter hamletiano de Brown y de los problemas que se han sucedido durante su primer año en el cargo, hay algo que lo distingue de su rival, el exitoso líder tory David Cameron. A Brown nadie le disputó en junio de 2007 el liderazgo laborista. Cameron ganó sin embargo el suyo después de unas duras primarias y tiene ahora la legitimidad interna necesaria para devolver a su partido al poder en las próximas generales.
El Gobierno vasco condenó ayer en un mismo comunicado los atentados que ETA perpetró el pasado jueves en Arrigorriaga y en San Sebastián y el encarcelamiento de la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, a la que el juez Baltasar Garzón acusa de colaboración con banda armada, desobediencia a la autoridad judicial y quebrantamiento de la suspensión de actividades de ANV. El tripartito vasco abunda así en la espuria estrategia de la equidistancia, al equiparar la violencia terrorista con el funcionamiento del Estado de Derecho. El Ejecutivo de Ibarretxe denuncia la «supeditación de la Justicia a impulsos políticos» y asegura que el encarcelamiento de la alcaldesa batasuna, por un lado, y los atentados de ETA, por otro, impiden la paz en el País Vasco y conforman «una espiral de la que tenemos que salir». Con su previsible -pero no por ello menos iaceptable- comunicado, el Gobierno de Vitoria vuelve a alinearse con los radicales. Parece que ante la crisis política que atraviesa el PNV, Ibarretxe ha optado por huir hacia afuera y hacer gestos para ganarse al electorado de la izquierda abertzale. La incapacidad de las fuerzas democráticas para cerrar filas frente a quienes amparan a los terroristas, como se vio en las votaciones de las mociones contra ANV en Mondragón, Hernani y Eskoriatza, le sirven de coartada para tratar como mártires de un sistema represor a los compinches de ETA.
La celebración del bicentenario del Dos de Mayo de 1808 que hoy se conmemora tiene una significación histórica y política primordial para España. La trágica jornada en la que el pueblo de Madrid se levantó en armas contra los soldados del general Murat para impedir la marcha del último infante -la Familia Real se hallaba secuestrada en Bayona- marcó el inicio de la Guerra de la Independencia contra el invasor francés y contagió al resto de ciudades del país en ese empeño.
Aquella revuelta, espontánea, surgida entre las masas ante la pasividad de unas instituciones políticas rendidas al invasor, fue sofocada a sangre y fuego por los soldados imperiales, que un día después arcabucearon en Monte Pío a 410 personas, entre ellos 57 mujeres y 13 niños. La guerra de liberación, inmortalizada entre otros por Goya, había comenzado.
En palabras del historiador Fernando García de Cortázar, la insurrección popular en las calles de Madrid prendió un auténtico «seísmo patriótico» que recorrió todos los rincones de España para diluir las viejas barreras históricas y culturales y para fraguar la unidad nacional. Por primera vez en nuestra historia, los ciudadanos de a pie querían ser protagonistas de su destino. Aquella sublevación contribuyó de forma decisiva a forjar nuestra conciencia nacional, moldeada ya siglos atrás, que luego plasmarían los constituyentes en Cádiz. La Constitución de 1812, referente ineludible de todas las que vinieron después, configura un Estado unitario donde los derechos de los ciudadanos son iguales para todos, sin privilegios de quienes viven en unos territorios sobre los de otros.
Dos siglos después
No deja de ser paradójico que, dos siglos más tarde de aquella guerra, Francia sea hoy uno de nuestros principales socios comerciales y aliado político en Europa y en el mundo y, sin embargo, nuestro propio proceso de construcción nacional y democrático haya servido de coartada a derivas rupturistas impensables hace 200 años.
Más allá de las cuitas academicistas, la conmemoración del bicentenario del Dos de Mayo brinda una oportunidad ineludible para reivindicar el hecho nacional y la idea de España con serenidad constructiva. Sobre todo, en un momento crucial en el que nuestra historia como pueblo está sometida a graves tensiones, cuyos ejemplos más claros y urgentes son el pulso soberanista del lehendakari Ibarretxe -determinado a celebrar una consulta inconstitucional de autodeterminación el próximo mes de octubre-, la entrada en vigor de un Estatuto como el catalán -inspirado en derechos territoriales propios del medievo, más que en el concepto moderno de igualdad entre todos los ciudadanos al que ya se apuntaba en 1812- y la marginación y discriminación del idioma común en algunas comunidades autónomas, como ocurre en el País Vasco, Galicia, Cataluña o Baleares. Todo ello ha obligado a la sociedad civil a organizarse para defender sus derechos ante la inacción de los políticos.
El asentamiento de la conciencia nacional requiere de la disposición de los ciudadanos, pero también de la implicación de todas las administraciones, principalmente del Gobierno central. Lejos de ello, durante la pasada legislatura el presidente Zapatero abonó la cizaña separatista con una visión de España donde la ambigüedad y el relativismo promovieron equívocos letales: empezando por convertir la «pluralidad» del país en una suerte de comodín con el que justificar la reversión del actual modelo de Estado mediante engendros como los surgidos de las reformas estatutarias y terminando por hacer de la idea de nación un concepto «discutido y discutible», dando así una baza más a los independentistas.
Oportunismo y frivolidad
Un complejo indisimulado, cierto oportunismo y grandes dosis de frivolidad han dado lugar a estos errores del Gobierno. Fruto de esa ligereza al tratar asuntos que en cualquier país son considerados clave, es el ejemplo que nos dejó María Teresa Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al penúltimo Consejo de Ministros. En plena víspera del bicentenario, la vicepresidenta regaló a los periodistas el libro de Miguel Artola Los afrancesados y, a modo de glosa, celebró la ideas de los colaboracionistas, identificando el espíritu reformista que alentó a éstos con el que inspira hoy al Gobierno. Se le olvidó decir lo primordial: que los constituyentes de 1812, reunidos bajo el tronar de cañones, demostraron que podía lucharse por ideas progresistas desde el patriotismo, sin necesidad de pasarse al bando del invasor. La anécdota resulta ilustrativa de la ligereza con la que el Ejecutivo socialista utiliza la Historia de España para defender sus posiciones. Resulta así paradójico que Zapatero se haya preocupado más por rescatar y revivir aquellos hechos de nuestro pasado que nos separan y enfrentan -a través de la controvertida Ley de Memoria Histórica-, que de reivindicar aquellos otros que nos unen y definen como nación.
Sea como fuere, Zapatero tiene una nueva oportunidad para enmendar muchos de los errores cometidos durante la anterior legislatura. Podía comenzar, sencillamente, por abanderar, como presidente del Gobierno, la misma idea de nación española por la que, hace hoy 200 años, cientos de patriotas dieron su vida en las calles de Madrid y, paulatinamente, muchos miles en el resto de España.
Si la economía española continúa por los actuales derroteros y la crisis sigue estrangulando el mercado laboral, posiblemente el de ayer haya sido el último 1 de Mayo tranquilo para Zapatero. Hasta ahora, sus gobiernos han vivido cómodos esta jornada, al abrigo de una etapa de bonanza económica, con tasas elevadas de crecimiento y creación de empleo. Ayer, los dirigentes de CCOO y de UGT ya avisaron de que no aceptarán recortes de los derechos sociales de los trabajadores como consecuencia de la desaceleración, sin embargo, una cosa es decirlo con la boca pequeña, cuando se ve venir la ola pero aún se confía en salvar los muebles, y otra bien distinta gritarlo a pleno pulmón, chapoteando cuando aquélla lo ha inundado todo. Asimismo, aunque José María Fidalgo y Cándido Méndez advirtieron de que no aceptarán que se combata la crisis a base de moderar los salarios de los trabajadores, ya veremos si a la hora de la verdad ésta obliga a que haya flexibilidad por parte de todos. De cualquier forma, más que una jornada reivindicativa, la de ayer volvió a ser una celebración, con la recurrente y extemporánea exhibición de banderas republicanas, sólo que la mayoría de los trabajadores prefirió festejarlo una vez más huyendo de las grandes ciudades y llenando las playas, aprovechando el buen tiempo y el puente. Hasta la representación política -y particularmente la del PSOE- fue mínima, en contra de lo ocurrido el año pasado, cuando había comenzado la cuenta atrás electoral.
Si la economía española continúa por los actuales derroteros y la crisis sigue estrangulando el mercado laboral, posiblemente el de ayer haya sido el último 1 de Mayo tranquilo para Zapatero. Hasta ahora, sus gobiernos han vivido cómodos esta jornada, al abrigo de una etapa de bonanza económica, con tasas elevadas de crecimiento y creación de empleo. Ayer, los dirigentes de CCOO y de UGT ya avisaron de que no aceptarán recortes de los derechos sociales de los trabajadores como consecuencia de la desaceleración, sin embargo, una cosa es decirlo con la boca pequeña, cuando se ve venir la ola pero aún se confía en salvar los muebles, y otra bien distinta gritarlo a pleno pulmón, chapoteando cuando aquélla lo ha inundado todo. Asimismo, aunque José María Fidalgo y Cándido Méndez advirtieron de que no aceptarán que se combata la crisis a base de moderar los salarios de los trabajadores, ya veremos si a la hora de la verdad ésta obliga a que haya flexibilidad por parte de todos. De cualquier forma, más que una jornada reivindicativa, la de ayer volvió a ser una celebración, con la recurrente y extemporánea exhibición de banderas republicanas, sólo que la mayoría de los trabajadores prefirió festejarlo una vez más huyendo de las grandes ciudades y llenando las playas, aprovechando el buen tiempo y el puente. Hasta la representación política -y particularmente la del PSOE- fue mínima, en contra de lo ocurrido el año pasado, cuando había comenzado la cuenta atrás electoral.
La patronal de grandes constructoras Seopan ha contratado como presidente al hasta hace unos días ex director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, David Taguas, un fichaje que constituye una violación evidente de la Ley de Incompatibilidades de 2006, si no en su textualidad sí en su espíritu. Desde el caso Timermans -el nombramiento en 2005 como delegado de Telefónica en EEUU del secretario de Estado de Comunicación de Aznar- no se evidenciaban de forma tan flagrante las conexiones y trasvases -¿o deberíamos decir conducciones?- que a veces conectan las almenas del poder político con las sinecuras del económico y empresarial.
El Gobierno y el lobby de los constructores han aprovechado la contratación de Zaplana en Telefónica para dar a conocer esta designación. Pero no se puede comparar el caso del ex portavoz del PP, que pasa a la empresa privada después de cuatro años alejado de toda responsabilidad institucional, con el de quien pasa sin transición de ser fontanero de Moncloa a conseguidor de los constructores.
La Ley de Incompatibilidades, una garantía para preservar el interés general de los aprovechamientos privados, establece que un alto cargo debe esperar al menos dos años para poder trabajar con una empresa sobre la que haya tomado decisiones. La incompatibilidad afecta también a quienes hayan formado parte de órganos colegiados, cuyas resoluciones afectaran a intereses de la empresa en cuestión. David Taguas sustituyó como director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno a Miguel Sebastián en 2006 y ha permanecido como consejero áulico de Zapatero hasta el pasado viernes.
Resulta una burla alegar que Taguas no ha podido incurrir en ninguna incompatibilidad porque era un asesor sin capacidad ejecutiva. Primero, porque mantenía rango de secretario de Estado. Y segundo, porque aunque la Oficina Económica del Gobierno no adopta oficialmente ninguna resolución -funciona como una estructura paralela al Ministerio-, su actividad condiciona y predetermina toda la política económica del Ejecutivo.
Desde un punto de vista general, es escandaloso que quien ha cocinado las grandes decisiones del Gobierno en materia, por ejemplo, de infraestructuras, se beneficie en el sector privado de las apuestas que ha promovido desde su situación privilegiada en el sector público. Y desde un punto de vista particular, no se aprecian en el currículo de Taguas -un reconocido economista pero sin conocimientos técnicos sobre construcción- mayores razones para justificar su colocación al frente de la patronal de las constructoras que su proximidad a Zapatero. Es muy significativo que la contratación de Taguas se produzca justo cuando los planes del presidente para reactivar el sector pasan por involucrar a la iniciativa privada en la ejecución de obra pública, VPO y rehabilitación de ciudades mediante grandes inversiones del Estado.
El PSOE presidirá 18 comisiones en el Senado, mientras que el PP se quedará sólo con cuatro, a pesar de que esta formación es la mayoritaria en la Cámara Alta. Políticamente, el asunto no tiene una gran trascendencia, pero es un símbolo del momento de debilidad por el que atraviesa el PP. En los últimos 50 días -desde el 11 de marzo en el que Rajoy anunció que se quedaba al frente del partido- el PP ha renunciado a hacer oposición y aparece ante la opinión pública como un partido más ocupado en sus luchas intestinas que en cumplir con su obligación de controlar al Gobierno.
La ausencia de dirección -el secretario general del PP está desaparecido-, la inexperiencia de las personas de confianza que el líder popular ha situado al frente del grupo parlamentario y la incertidumbre sobre quiénes llevarán el peso del partido -ahora suena con fuerza el nombre de González Pons- son las causas fundamentales de los resbalones cometidos en estos 50 días. Como ejemplo, cabe citar lo sucedido el martes: Rajoy presentaba su Gobierno en la sombra para marcar estrechamente a Zapatero. Pues bien, la noticia prácticamente pasó desapercibida por el anuncio de que Zaplana había fichado por Telefónica. Además, el PP votó con el PSOE a favor del trasvase del Ebro a Cataluña y Luisa Fernanda Rudi rompió la disciplina de voto.
Un repaso a algunos acontecimientos pone en evidencia esta falta de pulso político de la oposición. Primero fue el silencio del líder sobre los nombramientos, después el malestar de casi todo el mundo por la forma en la que fue designada Soraya Sáenz de Santamaría, más tarde la caída en desgracia de dos de los fichajes estrella de Rajoy para la campaña electoral: Manuel Pizarro y Juan Costa. En este clima, Rajoy convulsionó al partido lanzando un ataque sin precedentes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, después de que Esperanza Aguirre pidiera la apertura de un debate ideológico. Sin embargo, dos días más tarde rectificó, al igual que lo hizo esta semana al anunciar que asistiría a la recepción del 2 de Mayo tras haber comunicado que no iría. A raíz de estas tensiones internas, algunas personalidades del partido -en sintonía con el 71% de sus votantes- han pedido que se celebren unas primarias para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno en 2012.
Mientras tanto, el PP ha cometido errores de bulto, como el de abstenerse en la moción de Mondragón contra la alcaldesa de ANV, que más tarde rectificó el propio Rajoy anunciando que votarían a favor en las siguientes. Lo más relevante, sin embargo, es que el Gobierno está saliendo políticamente indemne en asuntos tan escandalosos como la recomendación de no consumir aceite de girasol, la negociación con los piratas somalíes después de no haber protegido el barco pesquero o la debilidad del plan de choque para la economía.
El argumentario utilizado por la Consejería de Educación andaluza para fijar los contenidos que ha de tener Educación para la Ciudadanía «rebasa» el principio de neutralidad ideológica. Así de claro lo deja un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hecho público ayer, sólo un mes después de que reconociera en otra sentencia el derecho de los alumnos a objetar contra esta materia. La nueva resolución establece que los padres «tienen derecho a educar a los hijos en la concepción de la sexualidad que resulte confirme a sus convicciones» y que, tal y como queda definida la asignatura por las autoridades andaluzas, ésta «violenta la libertad ideológica de las personas y el mismo principio de pluralismo político». El tribunal apela además al Supremo para que resuelva si los decretos aprobados por el Ministerio en los que se fundamenta la normativa autonómica incurren en el mismo vicio. Este fallo, la contestación social con la que ha sido recibida Educación para la Ciudadanía, los reproches de la comunicad educativa y las críticas fundadas del principal partido de la oposición deberían ser suficientes para llevar al PSOE a recapacitar y replantearse la implantación a la trágala de esta asignatura. Zapatero tiene una buena oportunidad para poner en práctica su talante y para demostrar que son sinceros los llamamientos a los grandes consensos que ha realizado tras ganar las elecciones.
La alcaldesa de Mondragón de la ilegalizada ANV ingresó anoche en prisión incondicional. Así lo decidió el juez Garzón atendiendo la solicitud de la Fiscalía, que acusa a Inocencia Galparsoro de colaboración con organización terrorista, desobediencia judicial y quebrantamiento de las medidas cautelares impuestas en febrero contra los miembros de ANV que les prohíben realizar cualquier actividad que no sea estrictamente individual. Galparsoro habría incurrido en delito por haber actuado «en nombre de ANV» en actos como ruedas de prensa en las que rechazaba las mociones «éticas» promovidas por casi todos los partidos, y comportarse como «la voz institucional que le queda a ETA», según la fiscal Dolores Delgado. La relación entre los terroristas y la alcaldesa no pudo quedar más clara anoche, cuando dos explosiones sacudieron San Sebastián, previo anuncio de un comunicante etarra, y otra más se registró en Arrigorriaga (Vizcaya). Nos felicitamos por que la Justicia haya acabado con la burla insoportable de que una alcaldesa que nunca ha condenado el asesinato del concejal Isaías Carrasco siguiera al frente del Consistorio. Pero contrasta lo sucedido con el patético espectáculo político de una moción de censura que la iba a desalojar y que no salió adelante. Y con la sonrojante doctrina del fiscal general, Conde-Pumpido, de que conviene adaptar la ley al momento político. Malabarismos así han permitido que Mondragón tenga una alcaldesa presunta colaboradora de ETA.
Nos cuentan que...a Sonsoles Espinosa, esposa del presidente del Gobierno, le une una gran amistad con la hasta hace unos días directora del Gran Teatre del Liceu, Rosa Cullell. Al parecer, cuando la mujer de Zapatero pasó unos días en Barcelona para participar en una de sus representaciones musicales, Cullell actuó de anfitriona. Esta ha sido noticia en los últimos días al ser elegida para dirigir la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, la entidad encargada de controlar los principales medios públicos de la comunidad, como TV3 y Catalunya Ràdio. La elección de Cullell ha sido muy controvertida. El encargado de tomar la decisión era el Consejo de esta corporación, del que forman parte personas afines a los principales partidos catalanes, pero que cuenta con una mayor representación de simpatizantes de CiU y del PSC. Entre los primeros estaría el periodista Eduard Berraondo y entre los segundos la ex diputada en el Congreso Anna Balletbó. Los socialistas del Consejo insistieron en que Cullell fuese la directora, pero los nacionalistas se oponían al nombramiento. Al final, fueron los políticos Felip Puig (CiU) y José Zaragoza (PSC) quienes consiguieron un acuerdo que desempantanó las cosas y convirtió a Cullell en la máxima responsable de TV3.
El Gobierno que preside el socialista Francesc Antich está impulsando una política de normalización lingüística que pretende expulsar al español de la vida pública e imponer el catalán en todos los ámbitos políticos y administrativos de la sociedad balear. Un folleto que resume la política del Gobierno balear informa de que el uso del catalán es de obligado seguimiento en la Administración, las relaciones laborales y profesionales y las instituciones y relega al español «al ámbito personal e informal», sugiriendo que es un idioma para hablar en casa. En lo que respecta a la calle, el Gobierno anuncia que todos los carteles, rotulaciones y señalizaciones públicas serán exclusivamente en catalán, lo que obligará a cambiar las que ahora están en los dos idiomas, que son la mayoría. La ilustración del folleto en la que se tacha la señalización en ambas lenguas lo dice todo, al igual que cuando se advierte que «no es poden fer versions bilingües». El catalán será también la lengua de atención al público en la Administración autonómica -excepto si alguien se empeña en usar el español-, todas las publicaciones oficiales deberán ser en catalán, los altos cargos de la comunidad sólo podrán expresarse en catalán y cualquier empresa que aspire a un contrato oficial deberá presentar su oferta y su material en catalán. Ni siquiera el Estatuto de Cataluña había llegado tan lejos en esta política de normalización, que pretende también que para ejercer la medicina en un hospital público haya que hablar un perfecto catalán, cerrando las puertas a quienes no se expresen en esta lengua. Hay que reconocer que algunas de estas obligaciones que ahora se quieren imponer ya estaban en un decreto de 1990, aprobado en la etapa de Gabriel Cañellas, que dio los primeros pasos para la implantación de un bilingüísmo que pretendía paliar el dominio del español. Los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE apostaron por un modelo de equilibrio entre el español y el catalán que ahora quiere romper la coalición de seis partidos que apoya al Gobierno de Antich, entre los que figuran ERC y el PSM, dos fuerzas independentistas. Las tesis nacionalistas más radicales se han impuesto en este Gobierno, que apuesta ya sin disimulo por eliminar el castellano de los colegios públicos y establecer un modelo único de enseñanza en catalán, en el que el español es equiparado al inglés. La situación ha llegado a ser tan grotesca que las Juventudes del PSM han llegado a pedir la dimisión de Margarita Nájera, portavoz del Gobierno del que forman parte, por el hecho de que habitualmente se expresa en castellano, como lo hace una parte importante de la población balear. El principal opositor a esta política que sigue los pasos de Cataluña y el País Vasco es Carlos Delgado, alcalde de Calviá y dirigente del PP, que ha denunciado estos abusos sin el respaldo de un sector de su partido, que prefiere no significarse en este asunto. Decía recientemente Antich que los médicos que no sepan catalán tendrán que «aprenderlo por el camino». La frase ilustra sobre la mentalidad autoritaria e inquisitorial que hay detrás de una política que debería dar vengüenza a quien todavía se llama socialista. Antich está siguiendo los pasos de Montilla y Touriño en Cataluña y Galicia, lo que suscita la incógnita de qué quiso decir Zapatero el pasado sábado cuando afirmó que «gobernar España es cohesionarla».
La marcha de Eduardo Zaplana a la empresa privada supone una pérdida para la política española en su conjunto y muy en particular para su partido. Incluso hasta sus mayores detractores reconocen en él a un político brillante, tenaz y coherente con sus ideas. Además, su notable trayectoria y experiencia -ha sido alcalde, presidente autonómico, ministro y, la pasada legislatura, portavoz del primer partido de la oposición- le permitían tener una visión de conjunto muy necesaria en un momento en el que los partidos están perdiendo referentes. Sus declaraciones en la despedida esconden algunas claves. En primer lugar, manifestó que ahora «se acaba una etapa», dando a entender que, a sus 52 años, no quiere cerrarse definitivamente las puertas de la actividad pública. «Creo que es lo mejor para mí y para el partido en este momento», añadió, lo que es una forma elegante de decir lo que era un secreto a voces: que Rajoy lo consideraba más un estorbo en la nueva etapa que ha querido abrir, apostando por caras nuevas, un estilo de oposición más light y por la fidelidad dócil antes que por la suma de talentos. Es muy probable que a una persona con la vocación política de Zaplana le hubiera bastado un ofrecimiento medianamente atractivo por parte del presidente del PP para rechazar cualquier oferta del sector privado. Pero es evidente que eso no ha ocurrido. Ahora pasa a ser el delegado de Telefónica para Europa, y representará en los próximos años a la primera multinacional española ante las instituciones y los gobiernos del continente. La realidad viene a demostrar que la renovación de los partidos, cuando no está bien gestionada, puede llegar a ser un problema. Es el caso del PP, que se ha descapitalizado en poco tiempo con bajas tan sensibles como las de Josep Piqué, Jaume Matas, Rodrigo Rato y ahora Zaplana. Además, es probable que el arrinconamiento de otras personas provoque que ese goteo continúe. La incómoda situación en la que, por ejemplo, ha quedado Manuel Pizarro -al que hace sólo tres meses se presentó como el fichaje estrella y hoy se margina como un juguete roto- parece alimentar esa posibilidad. Es probable que Telefónica haya incorporado con Zaplana a un magnífico directivo, pero no podemos sino lamentar el empobrecimiento y la pérdida de talento que su marcha causa en la política española, en una legislatura crucial en la que van a dirimirse asuntos que requerirán de una visión de Estado de la que no anda sobrado nuestro Parlamento.
A riesgo de ser considerados «antipatriotas» por cuestionar la efectividad de las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la desaceleración económica -Zapatero reiteró el apelativo en su comparecencia en 59 segundos-, tenemos que advertir de que los ciudadanos no tienen garantizada la gratuidad del alargamiento de los plazos de sus hipotecas. El Consejo de Ministros, en su reunión del 18 de abril en el que se aprobó el plan de medidas económicas, aseguraba que «las familias podrán alargar los plazos de amortización de su crédito hipotecario sin coste alguno durante los próximos dos años». Pues bien, en el acuerdo firmado ayer por los ministros Solbes y Bermejo con la banca se descubrió que las cosas no son fan fáciles como las pintaba el Gobierno. Según el acuerdo, será el banco o la caja de turno la que decida si amplía o no la hipoteca a sus clientes. Y aún hay más. En contra del compromiso adquirido por el presidente en su debate de investidura, tampoco el Ejecutivo se hará cargo de la ampliación de los plazos de hipotecas para aquellas familias con dificultades. Ya dijimos en estas páginas que las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar la gravedad de la situación económica pecaban de voluntarismo y que no eran eficaces para remediar la enfermedad. Lo que no sabíamos es que además algunos de los compromisos ni siquiera se iban a poder cumplir.
Ciudadanos es a día de hoy un partido varado en su propia descomposición. El enfrentamiento abierto entre sus tres diputados autonómicos -Albert Rivera (líder de la formación), Antonio Robles y José Domingo- se ha convertido en un vodevil absurdo y desilusionante. El último episodio de este culebrón político se vivió ayer en Barcelona. Robles y Domingo acusan a Rivera de ser excesivamente presidencialista y de haber fracasado en la estrategia electoral. Los dos referentes de la oposición interna a la dirección actual convocaron una rueda de prensa conjunta en la que, supuestamente, iban a sellar el fin de su rivalidad para unir fuerzas y provocar la convocatoria de un congreso extraordinario. Los objetivos: hacer autocrítica tras el batacazo del 9-M, revisar las líneas políticas del partido, votar una nueva dirección y revisar la estrategia de pactos. Sin embargo, ni siquiera fueron capaces de emitir un comunicado sino dos, porque sólo Robles apuesta por una unión con la UPyD de Rosa Díez. Las luchas de poder, una escasa cultura democrática interna y una incapacidad manifiesta para dejar de mirarse al ombligo y atender la voz de la calle han convertido a esta pequeña y joven formación en una burda caricatura de los peores defectos de los grandes y viejos partidos. Lo cierto es que si Ciudadanos se uniera a UPyD podrían constituir una auténtica tercera opción, entre el PSOE y el PP, de centroizquierda y españolista.
Nos cuentan que... la mala situación de la economía española hace mella en el estado de ánimo de algunos miembros del Gobierno, que evidencian un notable nerviosismo. Es el caso del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Ayer, en una comparecencia pública junto al presidente de la patronal de la banca, Miguel Martín hizo una breve intervención, pero, tan mala era la calidad del sonido, que los periodistas audiovisuales tuvieron que poner sus micrófonos y grabadoras en la mesa. Tras su alocución, Pedro Solbes empezó una animada conversación con el representante de la banca. Cuando un informador fue a recoger la grabadora, el vicepresidente, en un tono airado, se dirigió a él y le espetó: «Espero que no haya estado grabando una conversación privada». Acto seguido, conminó a su servicio de prensa a hacerse con la grabación. Tan preocupado estaba el vicepresidente por lo que esa grabadora hubiese podido captar, que no cayó en la cuenta de que otros cinco micrófonos de otras tantas televisiones seguían recogiendo sus palabras. Sorprendidos, contemplaron la escena otros de los presentes, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, o el director adjunto de la CECA, José Antonio Olavarrieta.
«Los andorranos en edad escolar tienen la inmensa suerte de poder elegir entre tres sistemas diferentes como son el suyo propio, el francés o el español, y tener más opciones educativas, culturales y profesionales donde poder elegir de cara al futuro». No podemos estar más de acuerdo con esta alabanza dedicada al sistema educativo andorrano por la ministra española de Educación, Mercedes Cabrera. El elogio del modelo educativo del Principado de Andorra, en el que se puede elegir entre estudiar en catalán, castellano o francés, está contenido en un artículo firmado por la titular de Educación en la revista Pirineos, editada por la embajada española en el pequeño país pirenaico.
Acierta Mercedes Cabrera cuando dice que los andorranos en edad escolar tienen una «inmensa suerte» al poder elegir el idioma en el que quieren estudiar. Es una lástima que los escolares de Cataluña, comunidad limítrofe, no tengan la misma suerte que los de Andorra, ya que la ley impone que el idioma vehicular de la enseñanza sea exclusivamente el catalán. Y más que una lástima, resulta vergonzoso que el Gobierno carezca de voluntad para garantizar la enseñanza en castellano en todas las comunidades autónomas españolas, incluidas Cataluña, País Vasco, Galicia y Baleares. La mejor prueba de que el Gobierno central no cumple con su obligación de dar a los padres la posibilidad de elegir en qué lengua quieren que estudien sus hijos -como en Andorra- es la constitución hace pocos días de una plataforma de asociaciones ciudadanas de las comunidades afectadas por la inmersión lingüística para hacer frente a la discriminación que sufre el castellano en algunas partes de España.
Si bien las políticas de inmersión se han ido intensificando paulatinamente -también bajo los gobiernos de González y de Aznar-, ha sido durante la pasada legislatura, al amparo de la particular visión de Zapatero sobre la pluralidad del Estado, cuando la marginación del español ha alcanzado cotas más alarmantes. En el fondo, a la ministra de Educación la ha traicionado el más puro sentido común, al señalar que cuantas más opciones para elegir tengan los escolares, más oportunidades de futuro se les abrirán.
Sin embargo, y a pesar de que todos los sondeos de opinión recogen que la inmensa mayoría de los españoles está a favor de que en Cataluña se pueda estudiar también en castellano, Zapatero ha mantenido una actitud incompatible con su teórica defensa de los derechos civiles. Comenzó defendiendo que la ley de normalización no impedía a los padres escolarizar a sus hijos en castellano y terminó por asumir la práctica discriminación de los castellanohablantes en Cataluña cuando Mariano Rajoy se lo planteó en el segundo debate de campaña. La ministra y el presidente tendrán que explicar por qué lo que es bueno para los estudiantes de Andorra no lo es para los alumnos de Cataluña.
Bernat Soria demuestra su incompetencia El Ministerio de Sanidad decidió ayer levantar la prohibición de la venta de aceite de girasol. Bernat Soria compareció ante los medios de comunicación para afirmar que todo el aceite disponible en el mercado es «seguro para la salud». El ministro justificó las medidas adoptadas por la necesidad de proteger la salud de los ciudadanos y aseguró que la Unión Europea ha aprobado la actuación del Gobierno español. El Ministerio de Sanidad facilitó además ayer un listado con 200 marcas libres de sospecha, aunque reconoció que existen otras 600 marcas de aceite de girasol en España cuya calidad no ha podido ser acreditada por falta de tiempo. A partir de hoy, esas 600 marcas deben acreditar ante Sanidad que su producto es seguro para poder ir entrando en la cadena de distribución. El asunto resulta difícil de entender e ilustra las contradicciones que han surgido en las decisiones que ha ido tomando Bernat Soria en esta crisis alimentaria. El ministro afirmó desde el primer momento que no había riesgo para la salud, pero tomó la drástica medida de prohibir la venta de todas las marcas. Tres días después, vuelve a permitir la comercialización, afirma que se puede consumir aceite sin problemas, pero reconoce a la vez que hay 600 marcas de las que no responde. No sabemos si Bernat Soria quiere volver locos a los consumidores, pero lo que ha demostrado con creces es su incompetencia para manejar este asunto, que ha creado una alarma innecesaria y un grave perjuicio para el sector.
Apenas una semana después de su viaje a Afganistán, la ministra de Defensa se desplazó ayer a la base de las tropas españolas en el Líbano. Mientras Carme Chacón observaba un vehículo blindado BMR, el general Juan Bautista García Sánchez realizó el siguiente comentario: «Esto lo pilla una mina y lo revienta, señora ministra». Ante la previsible sorpresa de la titular de Defensa, el general matizó que los BMR son «fantásticos, pero ya tienen muchos años». Se da la circunstancia de que, el 24 de junio del año pasado, seis soldados españoles que iban en un BMR murieron en el Líbano al estallar una bomba a su paso. La oposición y los medios de comunicación criticaron entonces la vulnerabilidad del blindaje de estos vehículos y el hecho de que muchos de ellos carecieran de inhibidores de frecuencia. Defensa ya ha iniciado un programa de renovación y ha instalado inhibidores de frecuencia, pero el comentario del general García Sánchez da a entender que nuestros soldados no cuentan en esta peligrosa misión con material adecuado para proteger sus vidas. Si los BMR tienen «muchos años», Defensa debería sustituirlos de inmediato por el material más moderno y más seguro, ya que nadie puede aceptar que cientos de soldados se estén jugando la vida sin disponer de unos medios que están perfectamente al alcance del Estado español. Defensa debe una explicación a la opinión pública.
¿Puede cometerse un delito continuado durante 24 años en una casa sin que ningún vecino se percate? ¿Es posible que la Policía de una pequeña ciudad de 20.000 habitantes no detecte nada anormal en una vivienda en la que sus propietarios adoptan a tres nietos supuestamente abandonados en el jardín por su hija? ¿Cómo explicar que las autoridades no indagaran el paradero de una joven que desapareció a los 18 años como tragada por la tierra y dieran por buena la teoría paterna de que huyó con una secta? ¿Podemos creer que ninguno de los allegados del criminal llegara a sospechar en cinco lustros? Aunque parezca increíble, esto es lo que ha sucedido en el corazón de la civilizada Europa, a una hora de automóvil de Viena, la capital del vals.
Austria, como el mundo entero, aún no sale de su estremecimiento cuando empiezan a conocerse los detalles del secuestro que un electricista, Josef Fritzl, cometió sobre su propia hija, a la que ha mantenido encerrada durante 24 años y con la que llegó a tener siete hijos fruto de las violaciones a las que la sometía. Mientras en la vivienda llevaba una vida normal con su esposa, con la que tuvo otros siete hijos, abajo, en el zulo construido en el sótano, mantenía encerrados a su hija y a tres hijos de ésta. Un cuarto murió y se deshizo del cadáver quemándolo, y los otros tres son los que adoptó cuando cumplieron un año.
El caso todavía es más horroroso que el de Natascha Kampusch, la adolescente que huyó en 2006 de su zulo tras ocho años de secuestro a manos de un psicópata, que la retuvo desde que la raptó, cuando tenía 10, y que también ocurrió en Austria. La joven, que se ha recuperado del trauma mejor de lo que habían pronosticado los psicólogos, ya se ha ofrecido para ayudar moral y económicamente a las nuevas víctimas. Los afectados están ahora bajo tratamiento psiquiátrico y aislados de los medios de comunicación. Al margen de los daños físicos, que en el caso de la hija mayor, de 19 años, parecen irreversibles (ha entrado en coma tras no haber visto jamás la luz del sol), se teme que todos puedan sufrir trastornos psicológicos de por vida.
El suceso es en cierto modo una truculenta metáfora de la sociedad actual, del creciente individualismo y desinterés por los otros y de la privacidad mal entendida, que permite que en una casa ocurran cosas ciertamente extrañas sin que nadie se tome la molestia de intentar esclarecerlas. Y así, mientras en la superficie todo sucede con apariencia de normalidad, al levantar la trampilla tropezamos con la peor de las pesadillas. Sólo el hecho de que el monstruoso padre y abuelo aceptara llevar a la joven de 19 años al hospital, debido a su estado crítico, y que sus mentiras levantaran las sospechas de los médicos, ha permitido que se descubriera el caso. Pero a las víctimas nadie las podrá resarcir ya de su vida en el infierno.
POLITICA LINGÜISTICA / La titular de Educación elogia que en Andorra existan 10 centros de Sistema Educativo Español en un artículo que escribió para la revista 'Pirineos', editada por la Embajada española en este país Cabrera aplaude que se pueda elegir estudiar en castellano... en Andorra
En una revista publicada en el Principado, la ministra de Educación elogia el modelo educativo que el Estado no garantiza en Cataluña y en otras comunidades - «Los andorranos en edad escolar tienen la suerte de poder elegir entre tres sistemas educativos [...] y tener así más opciones culturales y profesionales»
LEONOR MAYOR
BARCELONA.- «Los andorranos en edad escolar tienen la inmensa suerte de poder elegir entre tres sistemas educativos diferentes como son el suyo propio, el francés o el español, y tener así más opciones educativas, culturales y profesionales donde poder elegir de cara al futuro».
La frase no es ni del PP, ni de Ciutadans, ni de Rosa Díez, sino de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, quien se muestra «orgullosa y satisfecha» de que los escolares andorranos puedan estudiar en español en un artículo que escribió para el número 3 de la revista Pirineos, editada por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Andorra.
En el artículo, titulado La unión hace la fuerza, Cabrera se congratula de que los alumnos andorranos «puedan elegir entre diez centros del Sistema Educativo Español, en los que trabajan más de 390 docentes». «Lo han hecho las familias de más de 3.500 alumnos, familias a las que agradezco su confianza», añade.
Las opiniones de la ministra sobre el modelo educativo andorrano contrastan con las del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien durante el reciente debate de investidura defendió el sistema de inmersión que se aplica en Cataluña y que es opuesto al del Principado.
La inmersión supone que el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza y, por tanto, todas las asignaturas se imparten en este idioma, excepto las dos horas a la semana de lengua castellana que, si se aprueba la nueva ley de Educación presentada ayer por el conseller del ramo, Ernest Maragall, podrán ampliarse a tres horas semanales a voluntad del centro escolar.
Este es el sistema que defiende Zapatero, pues, según explicó durante su investidura, «ha conseguido evitar uno de los peores fenómenos que podríamos haber vivido: la creación de comunidades lingüísticas separadas y enfrentadas». Para el presidente del Gobierno español, la inmersión es «un gran éxito colectivo».
En cambio, en la revista Pirineos, Mercedes Cabrera se muestra defensora del sistema andorrano, que es opuesto al anterior, pues se estructura a través de tres líneas diferentes. Los padres de los alumnos pueden escoger que éstos estudien en catalán, único idioma oficial del principado, francés o español.
En el caso de que se elija el castellano las posibilidades son también variadas, pues el sistema educativo de Andorra ofrece tres modalidades: por un lado, «las escuelas españolas que siguen el modelo educativo central de España»; por otro, «las congregaciones que ofrecen los mismos contenidos, pero en lengua catalana»; y «finalmente una escuela privada bilingüe, el Col.legi del Pirineu».
«Tal como establece la Constitución [andorrana], los tres sistemas educativos son reconocidos por la ley», indica la ministra de Educación de Andorra, Roser Bastida, en un artículo contenido en la misma publicación.
En cualquier caso, es decir, sea cuál sea la línea educativa que se escoja, y sea el alumno de nacionalidad andorrana o no, siempre se cursarán estudios de Lengua y Literatura Catalanas, así como Historia, Geografía e Instituciones de Andorra «para que todos los alumnos tengan conocimiento de la lengua y cultura del país donde están estudiando y viviendo», explica la propia Cabrera en el artículo.
Este modelo educativo andorrano parece haber dado buenos frutos en lo relativo al conocimiento de idiomas, pues, a pesar de que casi el 64% de la población andorrana es foránea, «un 96% de la población entiende el catalán, lo habla sin dificultad el 80% y el 60% puede escribirlo», indica Tálida Ruiz del Arbol, profesora de Lengua Castellana y Literatura, también en la revista Pirineos.
Según cuenta esta docente, el nivel de escolaridad es del 100% en el Principado y los alumnos se distribuyen casi a partes iguales entre las tres líneas que se les ofrecen.
En el curso 2005-2006, el 33,7% de los estudiantes estaba matriculado en la línea en francés, lo que se traduce en 3.636 estudiantes. La escuela catalana contaba en ese curso con 3.612 alumnos (un 33,48%) y la española, con 3.541, es decir, el 32,82% del total de los estudiantes de enseñanza obligatoria del país.
«Las diferencias totales en cuanto a número de alumnos matriculados en los distintos sistemas educativos no parecen relevantes, pero, teniendo en cuenta la diferencia de ciudadanos franceses y españoles que residen en Andorra, parece que el sistema educativo español debería tener una presencia mayor», indica la profesora Ruiz del Arbol, habida cuenta de que el 34% de los residentes en Andorra son de nacionalidad española, frente al 6,3% de franceses.
Además, en Andorra vive una importante comunidad de portugueses, el 15,7% de la población total. Los niños de esta nacionalidad no pueden escoger su idioma para estudiar, pero el Gobierno de este país ha establecido que en las tres líneas educativas se incluya como asignatura extracurricular y fuera del horario lectivo Lengua y Cultura Portuguesa para que los alumnos de esta procedencia puedan mantener y completar el estudio de su propio idioma.
Curiosamente, Andorra es, desde hace mucho tiempo, el espejo en el que al nacionalismo catalán le gusta mirarse, al ser el único país del mundo cuya lengua oficial es exclusivamente el catalán. En la campaña electoral para las autonómicas de 2003, el candidato de CiU, Artur Mas, llegó a proponer que Cataluña participase bajo la bandera de Andorra en las competiciones deportivas internacionales para conseguir así las ansiadas selecciones deportivas catalanas que España niega. También se ha barajado en alguna ocasión que Cataluña participe en Eurovisión con la marca andorrana.
Sendas cartas de Concapa y UDE denuncian la disparidad de posturas entre Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana o Castilla y León y piden al líder del PP que aclare cuál es la que él defiende
PEDRO SIMON
MADRID. - Inconmovible el Gobierno, los opositores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía giran ahora sus cañones hacia el propio Partido Popular.
El descontento viene al caso porque en unas comunidades autónomas del PP se dejará objetar (Madrid), en otras no (La Rioja o Castilla y León) y en otras se habilitará una solución intermedia (Valencia).
La Confederación Católica de Padres (Concapa) y la Unión Democrática de Estudiantes (UDE), ambas con representación en el Consejo Escolar del Estado, han remitido sendas cartas al presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que critican la falta de uniformidad del primer partido de la oposición con respecto a la materia, demandan un posicionamiento más claro e instan a Rajoy a que «imponga un mismo criterio» en las comunidades gobernadas por los populares.
La asignatura, que está impartiéndose en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremedura y Navarra, tendrá que darse en las autonomías del PP a partir del curso que viene. De ahí el trasiego epistolar.
Las misivas llaman la atención porque, en la estrategia de contestación a la asignatura, estas dos asociaciones siempre han ido de la mano del Partido Popular. Fue el PP quien recogió sus quejas, fue Rajoy quien señaló en su día que la asignatura era «adoctrinante» y fueron los populares los que incluyeron en su programa la eliminación de la materia si ganaban las elecciones.
La cifra de familias objetoras a Educación para la Ciudadanía suma ya 28.705 en todo el Estado. Tras el empujón del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (que avaló el rechazo a la materia), los opositores esperaban más combustible del lado del PP. Pero ahora hay quien ve a Rajoy como un aguafiestas.
«Sería conveniente que, de tener el Partido Popular una opinión en relación a la objeción de conciencia, ésta fuera conocida por la opinión publica», escribe Alvaro Vermoet, presidente de la UDE. «Los estudiantes desconocemos qué criterio tiene usted».
La andanada se sustenta en la distinta solución que han abordado las autonomías gobernadas por el PP a la hora de resolver la patata caliente de la objeción a Educación para la Ciudadanía.
A raíz de la sentencia del tribunal andaluz, la Comunidad de Esperanza Aguirre fue la única que se pronunció prístinamente a favor de los padres que objetaban y ofreció una salida: la alternativa de un voluntariado social. Valencia, en cambio, no permite la objeción y sí da la posibilidad de hacer un trabajo trimestral sustitutivo sobre algún contenido de la materia, siempre con supervisión paterna. Murcia está por definirse con claridad. La Rioja y Castilla y León no son partidarias de la insumisión a la norma.
«En representación de la única organización de estudiantes contraria a esta asignatura», señala el portavoz de la UDE, «le solicitamos que defienda el derecho a objetar a una materia considerada adoctrinante por su propio partido y que imponga un mismo criterio al respecto en todas las autonomías gobernadas por su partido».
En similares términos se expresa Luis Carbonel, presidente de la Concapa (1,2 millones de familias), que insta a Rajoy a un posicionamiento más belicoso. «Es necesario que todo el PP, en todas las comunidades autónomas, demuestre con claridad su forma de pensar en relación con Ciudadanía», escribe. «Solicitamos que haga llegar a los gobiernos autonómicos sustentados por su partido la necesidad de mostrar su rechazo a una imposición como la que sufren nuestros hijos y que, al menos quienes viven en sus CCAA, no sean obligados a cursar una materia contraria a sus convicciones».
LAS MISIVAS DE LOS 'ANTI-CIUDADANIA'
«Madrid anunció que respondería favorablemente a las solicitudes de objeción [...] Valencia y Murcia no han expresado con total claridad qué sucederá con los alumnos objetores [...]. Castilla y León y La Rioja han denegado el derecho a la objeción, pronunciándose como las comunidades del PSOE».
«Sería conveniente que, de tener el PP una opinión en relación a la objeción de conciencia, ésta fuera conocida por la opinión pública». «Dijo que retiraría la asignatura si ganaba, pero los estudiantes desconocemos qué criterio tiene usted en relación con la objeción de conciencia».
«Solicitamos que defienda este derecho e imponga un mismo criterio en las autonomías gobernadas por su partido».
«Es necesario que todo el Partido Popular, en todas las comunidades, demuestre con claridad su forma de pensar en relación con Educación para la Ciudadanía».
Dice que, pese al «pequeño repunte del paro», la «situación es razonable» y la inflación va «a bajar ya» - Asegura que la crisis del PP no es de liderazgo sino de que Rajoy no tiene «un proyecto político sólido»
MARISA CRUZ
MADRID.- José Luis Rodríguez Zapatero sigue defendiendo con coraje numantino su política económica y rechaza de plano que se hable de crisis o recesión. El mantiene que se trata sólo de un periodo de «desaceleración» o de «menor crecimiento» y vuelve, pese a que los datos no han hecho sino empeorar en los últimos meses, a calificar de «antipatriotas» a quienes, en su opinión, «exageran» los males de la economía. El presidente del Gobierno, en respuesta a las preguntas cruzadas de grupo de periodistas en el programa 59 Segundos de TVE, llegó a afirmar que España sufre ahora «un pequeño repunte del paro, pero la situación es razonable». También vaticinó que el crecimiento «volverá a tener fuerza» en la segunda mitad de 2009 y que la inflación «va a empezar a bajar ya». Zapatero negó tajantemente que haya habido, por parte de su Gobierno, «engaño o falta de previsión», y atribuyó la rebaja de previsiones presentada la semana pasada a la lógica de «incertidumbre» a la que está sujeta la economía.
El PP, «sin proyecto político».
Para el presidente, la crisis que atraviesa el primer partido de la oposición hunde sus raíces en la «falta de un proyecto político sólido». No se trata, aseguró, de una cuestión de liderazgo. El mantiene que, cuando existe un buen proyecto cohesionador, el «liderazgo emerge solo» y que, para dirigir, es necesario «tener autonomía». Zapatero, dijo, espera tener enfrente, esta legislatura, a un PP que se aleje de la crispación. Anoche manifestó que «con Rajoy no es difícil dialogar». Con él tiene previsto reunirse en Moncloa antes de que concluya el actual periodo de sesiones.
La Justicia «no funciona».
La mejora de la Administración de Justicia no es, en su opinión, «una cuestión de dinero». «Dinero hay», dijo, pero lo que se necesita es mejor gestión y más eficacia. Entre las prioridades, el presidente citó la creación de un sistema informático unificado.
Se mostró también «moderadamente optimista» respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y llegó a decir que éste es un asunto de la «máxima gravedad, de la máxima importancia».
El jefe del Ejecutivo reconoció que «la administración de Justicia no funciona a la altura del país y ahí entran en juego libertades y derechos».
'Hoja de ruta' de Ibarretxe.
Zapatero se mostró tajante. En la reunión que espera mantener antes de finales de junio con el lehendakari le reiterará la máxima «diálogo sí, aventuras nunca». «Le repetiré», aseguró, «que no se pueden romper las reglas del juego».
ETA.
«No habrá ningún diálogo con ETA; su único destino es abandonar las armas», aseguró contundente. En su opinión, es posible «un cierto entendimiento» con todos los partidos políticos en relación con la política antiterrorista, pero con «objetivos razonables y limitados».
'Playa de Bakio'.
Expresó su deseo de que «todo el mundo actúe con responsabilidad» y recordó que en otros países en situaciones similares «la oposición ha estado siempre apoyando al Gobierno».
Eludió responder a la pregunta de si se ha pagado un rescate por la liberación del atunero vasco -«no voy a entrar en ese debate», dijo- e insistió en que el Ejecutivo ha hecho «las cosas bien». Anunció también que los ministros de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, comparecerán en el Congreso para detallar la resolución del caso.
MADRID.- Hoy se va a celebrar el primer Pleno del Congreso de los Diputados de esta nueva legislatura, y hoy mismo se van a ver las primeras discrepancias entre el PSOE y el PP.
En este Pleno van a ser convalidadas las medidas que ha aprobado el Gobierno para impulsar la actividad económica, por una parte, y el real decreto que regula la conducción de agua desde Tarragona hasta las cercanías de Barcelona.
Los populares van a solicitar que esos dos decretos sean tramitados como proyectos de ley, lo que permitiría que los grupos parlamentarios pudieran incorporar enmiendas para modificarlos. Izquierda Unida también lo pedirá, y probablemente algún grupo más.
Esta petición no va a prosperar debido a que el PSOE se opone a ello. Pero los dos decretos serán convalidados porque sólo se necesita la mayoría simple.
Además de ese debate, la primera sesión plenaria del Congreso acordará reformar su Reglamento para acomodar las comisiones que van a funcionar durante esta legislatura a la nueva estructura del Gobierno. Es necesario, por ejemplo, crear una Comisión de Igualdad porque existe un Ministerio de Igualdad.
El Pleno también elegirá, mediante votación en urna, a los diputados que van a integrar la Comisión de Secretos Oficiales, que es la que conoce las materias que no pueden ser debatidas en el Pleno por razones de seguridad.
Las 'limpias' son las que no importaron el producto de Ucrania y están hoy disponibles en el mercado Aduce que las otras irán certificando su inocuidad y que publicar las contaminadas «llevaría semanas»
RAFAEL J. ALVAREZ
MADRID.- La crisis del aceite de girasol ha terminado, pero sólo para 200 de las 800 marcas que compiten en el mercado por el líquido elemento. Y es que el Ministerio de Sanidad ha publicado una lista con dos centenares de etiquetas libres de sospecha de contaminación. Las 600 restantes duermen en el limbo oficial, ya que el Ministerio -que dice que en el caso de que estuvieran afectadas tendrían un grado muy bajo de toxicidad- no facilita el nombre de las que han presentado problemas, si es que ha descubierto alguna, «porque dar la lista completa de las marcas con aceite adulterado nos llevaría semanas». Sanidad sí es tajante en insistir en que cualquier botella que usted compre hoy «es segura» y en que «la alerta sanitaria ha terminado».
Lo dijo todo ayer Bernat Soria en una masiva, expectante y caótica rueda de prensa de la que fue rescatado por su equipo en medio de las dudas a mano alzada y a grito pelado de medio centenar de periodistas.
La lista de marcas limpias es la de las que han comunicado a Sanidad que el aceite puesto ayer en el mercado no proviene de Ucrania, el país del que llegó la partida contaminada que causó la alerta del viernes y que ha durado 72 horas. Se trata de Acesur, Borges, Grupo Sos, Coreysa, Sovena, La Masía y Oleomartos, un manojo de productores que comercializa unas 200 marcas concretas.
En una nota posterior a la rueda de prensa, Sanidad matizó que después de que durante el fin de semana todas las empresas hayan retirado su mercancía y la hayan sustituido por aceite no importado de Ucrania, la lista «acredita que los productos de esas marcas son seguros».
El Ministerio sostiene que a partir de ahora se empezará a reponer en el mercado el aceite retirado procedente de Ucrania que demuestre ser seguro, un documento que deberán aportar las empresas y que será evaluado por Sanidad, con lo que se supone que la lista de 200 marcas irá creciendo. «Por ello, es imposible saber aún qué marcas y lotes han estado afectados por la contaminación, y por eso, el Ministerio no ha podido hacer pública hoy [ayer] una lista de marcas y lotes afectados. Esta información, como se ha dicho en la rueda de prensa, estará disponible en varias semanas, una vez comprobado todo el producto que ha sido retirado estos días de las tiendas».
La nota de Sanidad trató de completar la noticia con la que se convocó a los medios a las 17.00 horas, cuando un satisfecho Soria anunció que todo el aceite -el sospechoso de adulteración con hidrocarburos y el inocente- había sido retirado del mercado y sustituido «en un tiempo récord» por otro con «garantías» para el consumo. «Se levanta la recomendación de no consumir aceite».
Sin embargo, fue el propio Soria quien insistió en que no ha habido riesgo para la salud. Y antes de que la tribu periodística le atacara, justificó la inmovilización de todo el aceite de girasol: «El criterio ha sido proteger la salud ciudadana. España se ha adelantado al resto de países. La Comisión Europea nos da la razón. Hemos puesto la salud por delante de cualquier otra cosa». O, en palabras de Félix Lobo, presidente de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), «rebajar radicalmente el riesgo de intoxicación desde el punto de vista epidemiológico».
Flanqueado por la representante oficial de los consumidores, el portavoz de las empresas aceiteras y los responsables de la Aesan, el ministro explicó por qué las partidas adulteradas no son peligrosas. «En el peor de los casos, los niveles de contaminación están seis veces por debajo del riesgo para la salud. Por eso no es una sorpresa no haber encontrado ni un caso de intoxicación».
La relación entre la ausencia de peligro y la prohibición del producto revoloteó por la rueda de prensa hasta que un periodista preguntó a Soria si consumiría una botella adulterada. «No existe ninguna botella tóxica. Le invito a que me traiga una para compartirla con usted», contestó el ministro con la sonrisa puesta.
¿Y por qué no se da la lista de marcas sospechosas en lugar de lo contrario?, quiso saber otro informador. «Porque eso nos llevaría de dos a tres semanas. Sería una lista hacia el pasado y la prioridad es que los ciudadanos sepan que el aceite que encuentren ya hoy tiene toda la garantía», terció Lobo ante un Soria que cada vez contestaba a menos cosas.
Como la cantidad de aceite sucio que se detectó. Lobo contó que de las 15.600 toneladas de aceite ucraniano que España importó desde enero, 7.000 toneladas son sospechosas. De ellas, 3.500 se han retirado este fin de semana y de 125 que llegaron por carretera se tiene la constancia de que presentaban alguna adulteración.
elmundo.es Documento: Consulte la lista de las 200 marcas que no se han visto afectadas.
Debate: ¿Cree que el Gobierno ha gestionado bien la crisis del aceite de girasol?
POLITICOS, CONSUMIDORES Y PRODUCTORES
PP. La diputada Dolors Nadal dijo que Soria «no ha despejado» la «enorme preocupación» y que ha generado más «confusión» por «pasar de una alerta sanitaria al 'no pasa nada'». Pidió de nuevo que comparezca el ministro.
CiU. También pidió ayer la comparecencia de Soria.
Consumidores. OCU reclamó información «del riesgo real, por pequeño que sea», y de «cómo se pudieron superar los controles». Facua añadió que la alerta no ha terminado.
COAG y UPA dijeron que al Gobierno se le ha vuelto a ir de las manos una crisis alimentaria (como la del aceite de orujo en 2001) y que la situación actual evidencia problemas de trazabilidad en las importaciones.
ASAJA-Sevilla pidió la dimisión de Soria porque «el cúmulo de contradicciones e incoherencias desde que se detectaron las partidas de aceite contaminadas es impropio de un cargo en algo tan delicado como la seguridad alimentaria».
LA CASA DE LOS HORRORES Las dos vidas del monstruo Josef Fritzl era un educado electricista jubilado de 73 años, «buena gente», «un tipo normal», «algo reservado» y «de buen porte», según coinciden sus vecinos de la ciudad de Amstetten, en el este de Austria.
